A tres militares en condición de retiro, entre ellos el general y exjefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez, se les dictó arresto domiciliario por el homicidio simple de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala. Ambos jóvenes se manifestaban el 5 de julio de 2009 en contra del golpe de Estado dado en junio de ese mismo año en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, acontecimiento que desencadenó una crisis sin precedentes en Honduras. Ahora, en un país que sigue militarizado pese a las promesas de campaña del actual gobierno, las víctimas y sus familias claman por justicia.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
David Murillo y Silvia Mancía rinden homenaje a su hijo en la misma plaza donde fue asesinado hace 15 años, en un evento donde están otras víctimas y familiares de la represión y de las muertes violentas de opositores al golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
Su hijo, Isy Obed Murillo, un joven de 19 años, fue asesinado en una manifestación el 5 de julio, mientras esperaba en las afueras del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado el 28 de junio y posteriormente expulsado hacia Costa Rica.
Los familiares de las víctimas asesinadas en ese contexto y varios simpatizantes del Partido Libre sostienen letreros con los rostros y nombres de las víctimas. En la jornada conmemorativa, la ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, pronuncia un discurso en el que asegura que que no se trata de tomar venganza en contra de quienes estaban al mando en ese momento, sino de que este gobierno está del lado correcto de la historia y que por eso en las próximas elecciones el partido de gobierno vencerá de nuevo.
Para Silvia Mancía, madre de Isy, lo importante no es enfrentarse a altos exjerarcas militares, sino la búsqueda de justicia. Después de 15 años, esa justicia parece haber llegado. «Yo solo doy gracias a Dios porque después de 15 años, en mis debilidades, a veces perdía la esperanza de justicia, pero ya estamos aquí, viviéndola. Lo demás contra Romeo Vásquez y los implicados, eso no me corresponde a mí, le corresponde al fiscal», apuntó.
Un juez falló en contra de los tres militares en condición de retiro que fueron claves en el golpe de Estado de 2009 y que ahora se enfrentarán al enjuiciamiento por la muerte de Isy Obed Murillo: El general Romeo Vásquez Velásquez, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto en el mandato del expresidente José Manuel Zelaya; Venancio Cervantes Suazo, subjefe de la institución en ese momento; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, comandante del Comando de Operaciones Especiales en ese entonces.
A los tres exmilitares se les dictó auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario por la muerte de Isy Obed Murillo y por la tentativa de homicidio a Alex Roberto Zavala, otro manifestante. Inicialmente el Ministerio Público acusó a los exmilitares de cometer lesiones graves en contra de Zavala, pero esto cambió luego de que su abogado, Marlon Duarte, solicitara al ente acusador reclasificar el delito, argumentando que en el lugar se hallaron más de 200 casquillos de bala, lo que pudo haber causado múltiples muertes.
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) sostiene que Isy Obed Murillo perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, provocado por un proyectil de arma de fuego disparado por las Fuerzas Armadas con fusiles de alto poder y grueso calibre. En cuanto al caso de Murillo, la Fiscalía solicitó que el delito de homicidio fuera reclasificado como asesinato; sin embargo, el juez denegó esta solicitud en el requerimiento en contra de los militares.
El Ministerio Público presentó 14 medios de prueba en la audiencia inicial, dentro de los cuales se encuentra el dictamen de la autopsia de Isy Obed Murillo, un dictamen balístico de los hechos y la certificación de los nombramientos de los tres militares en condición de retiro. Además, presentó cuatro testigos y tres peritos.
La defensa de los militares presentó constancia del arraigo familiar de los militares y constancias médicas que acreditaron la edad de los mismos y su condición de salud, por lo cual el juez dictó medidas sustitutivas de prisión.
En agosto del año pasado el fiscal general, Johel Zelaya, reveló que los protocolos de autopsia en el caso de Isy Obed Murillo habían sido robados, y que el Ministerio Público tendría que reconstruir los acontecimientos de ese día. Anteriormente, la exdirectora de Medicina Forense y actual viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, desmintió las acusaciones de perder ese expediente que, según dijo, le habían hecho. Sin embargo, el médico forense Dennis Castro Bobadilla declaró en los medios recientemente que Villanueva fue quien retiró el expediente en 2020, durante la pandemia por Covid-19.
Marlon Duarte, abogado de una de las víctimas, dijo en una entrevista que el dictamen de autopsia y acta de levantamiento son parte de los medios de prueba del MP, y que, así como lo indicó el fiscal general, lo que se extravió fueron las actas de protocolo elaboradas por los médicos forenses en ese momento.
El asesinato de Isy Obed Murillo vuelve al centro de la discusión. Por un lado, un sector opositor al Gobierno y figuras vinculadas al golpe de Estado lo consideran una persecución política contra Romeo Vásquez Velásquez; por otro, se exige justicia contra los militares por la represión, violencia y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis política en 2009.
La familia del general Romeo Vásquez Velásquez ha expresado en comunicados y en foros televisivos que la culpa del asesinato de Isy Obed Murillo no debería de recaer en estos exmilitares; sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado en julio de 2011 apunta a la responsabilidad individual del jefe y de los miembros del Estado Mayor Conjunto, por ser quienes estuvieron al mando y giraban las instrucciones de ese entonces.
La CVR se creó como resultado de los Acuerdos Tegucigalpa-San José, firmados a finales de 2009. En las negociaciones, los representantes del expresidente de facto, Roberto Micheletti Bain, y del depuesto exmandatario José Manuel Zelaya, con la mediación de la comunidad internacional, buscaban una solución al conflicto político.
«Evitar los muertos a toda costa»
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, conformada en el primer trimestre de 2010, interrogó al general Romeo Vásquez Velásquez sobre la muerte de Isy Obed Murillo y los acontecimientos de represión en la crisis derivada del golpe de Estado. Vásquez Velásquez respondió que en ese momento que él tenía el mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas, pero que sus acciones estaban derivadas de las órdenes y estrategia de Michelletti Bain, quien asumió como presidente de facto tras la expulsión de Zelaya.
«Vásquez declaró que su estrategia fue “evitar los muertos a toda costa”», señala el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, el exjerarca negó inicialmente la posibilidad de que las balas que terminaron con la vida de Isy Obed fueran de procedencia militar, y también negó la existencia de francotiradores en la zona. Sin embargo, después de que la comisión le mostró un video en el que se constataba la presencia de soldados con fusiles en las cercanías, Vásquez Velásquez reconoció la presencia de francotiradores, pero negó responsabilidad sobre la muerte de la víctima.
En esas declaraciones, el exmilitar aseguró que fue un error participar en los hechos violentos y represivos en la crisis post golpe de Estado, y reconoció que existieron planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas realizaron en apoyo al Gobierno de facto. La Comisión dijo en su informe que el general Romeo Vásquez Velásquez, en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto, jugó un papel esencial en la ejecución de los decretos que restringieron las garantías constitucionales en ese entonces, y, por consiguiente, tuvo responsabilidad por las órdenes que conllevaron a violaciones a los derechos humanos en ese contexto.
La CVR también indicó que la responsabilidad del exmilitar está «estrechamente ligada» a la de Micheletti Bain, destacando además su omisión al no denunciar ni sancionar los abusos cometidos por los militares. Asimismo, estableció que era pertinente conocer los documentos de inteligencia militar para evaluar con mayor precisión la responsabilidad de Vásquez Velásquez y de las Fuerzas Armadas.
Recuerdos dolorosos en un país que continúa militarizado
Oslin George, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, un proyecto que aglutina a seis organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, asegura que el enjuiciamiento de estos exmilitares ha sido tardío, pero ha significado «abrir de nuevo las heridas» de la represión vivida en 2009.
«La mamá (de Isy Obed Murillo) lo dijo bien clarito en una entrevista; es volver a abrir la herida, es casi como revictimizar a la familia otra vez, volviendo a ponerla en la palestra pública, pero también ha movido un poco el sentimiento de muchas de las organizaciones y las personas que fueron víctimas en ese momento», dijo George.
Para Oslin este proceso representa algo más profundo, no solo desde alguien que trabaja con victimas de represión, capturas arbitrarias o torturas en su trabajo en el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), sino también como alguien que vivió la represión del 2009.
El 12 de agosto de 2009 fue detenido junto a otras 23 personas que estaban presentes en una protesta en los bajos del Congreso Nacional. Los militares reprimieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas, y mientras Oslin tomaba fotografías, fue estrellado contra el suelo y golpeado por militares, quienes también lo privaron de su equipo fotográfico.
Aunque él y otras víctimas de ese día obtuvieron cartas de libertad en el 2019 después de que el Ministerio Público les imputó los delitos de sedición, robo, manifestación ilícita, daños a la propiedad y de atentar contra el Estado de Honduras, Oslin asegura que el proceso de detenciones a raíz de esos acontecimientos y el impacto emocional de ese día ha sido lo más difícil de superar. Además, recalca que la mayoría de los militares que proporcionaron golpizas y reprimieron a los manifestantes no han sido enjuiciados, a excepción de una policía militar.
«Muchos de los compañeros que fueron detenidos tuvieron que salir del país exiliados, otros dejaron de participar en las manifestaciones por temor; al final siempre hay un rompimiento de ese tejido social al que uno estaba acostumbrado», manifiesta Oslin.
A pesar de que pasaron más de 15 años desde el golpe de Estado que dejó al país lleno de violencia y represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la presencia y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas y la Policía sigue casi intacta. Aunque en su campaña política la presidenta Xiomara Castro prometió desmilitarizar el Estado, la implementación del «Plan solución contra el crimen» ha implicado el establecimiento de un estado de excepción desde diciembre de 2022 con constantes renovaciones, en el que se ha facultado a los militares la creación de batallones de emergencia y se les ha dado el control del sistema penitenciario.
Además, en el contexto ambiental, las Fuerzas Armadas están asignadas a «batallones verdes» con tareas de preservación de zonas protegidas, y, según Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, el 10 % de los militares están asignados a la protección de la naturaleza. Lo anterior contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que están los defensores del ambiente en Honduras.
Así lo evidencian casos como el de Juan López, defensor del ambiente que denunciaba el megaproyecto minero Los Pinares, en el Parque Nacional Carlos Escaleras, al norte de Honduras, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 y fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024.
Como alguien que vivió la represión en el golpe de Estado y ante un gobierno que prometió no dar protagonismo a las Fuerzas Armadas, Oslin opina que el papel de los militares ha sido nefasto en toda la historia, y que, en el contexto actual, resulta desesperanzador que continúen teniendo poder en el país.
«A mí me parece que (el papel de los militares) también tiene que ver con el debilitamiento de las fuerzas políticas, y que, al final, de una u otra manera, tienen que negociar con los militares con la intención de que no den más golpes de Estado, y en ese sentido tienen que ceder y ofrecerles espacios de poder, de incidencia y que se traducen, no solo en el poder frente a la sociedad, sino también en la cantidad de recursos a los que tienen acceso» asegura.
El Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras ha documentado, en los años 2023 y 2024, entre 110 y 120 casos de violaciones de derechos humanos a privados de libertad, en el marco del estado de excepción.
Además, entre 2022 y 2024 registraron 250 casos de violaciones a derechos humanos a ambientalistas, población penitenciaria y ciudadanía en general, causadas por agentes de la Policía Militar o la Dirección Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipamco) en acciones amparadas bajo la ejecución del estado de excepción.
Recomendamos leer: El uniforme del crimen en el estado de excepción de Honduras
Dina Meza, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), manifiesta que el enjuiciamiento de estos tres exmilitares podría representar un hecho histórico, siempre y cuando sean condenados por los acontecimientos violentos y la represión derivada del golpe de Estado. De no ser así, advierte que pudiera representar un recurso mediático en un año electoral.
La defensora de derechos humanos argumenta que Honduras «continúa más militarizada que nunca», y que, por ejemplo, altos mandos de esa institución, como el actual jefe del Estado del Mayor Conjunto, actúan como activistas políticos replicando un discurso a favor del gobierno.
«La presidenta nos ofreció desmilitarizar la sociedad y mandar a los militares a los cuarteles; eso nos daba esperanza. Eso es lo que nos despierta ahorita, porque llegamos a colocar denuncias por amenazas contra periodistas en el Ministerio Público y cierran los casos. Hay más de 100 colegas que han sido asesinados y no tenemos judicialización de casos, y tenemos defensores de derechos humanos que están en el Mecanismo Nacional de Protección y no encuentran protección; ahorita nos han dicho que no hay un presupuesto en el mecanismo» expresa la defensora.
Por otro lado, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, asegura que el estado de excepción implementado por la presidenta no representa un riesgo para la ciudadanía, que esta no es una política permanente y que eventualmente quedará sin vigencia.
No obstante, el pasado 7 de enero el estado de excepción fue ampliado por otros 45 días mediante el PCM 03-2025 aprobado en Consejo de Ministros, con la finalidad de «intensificar la lucha contra el crimen común y organizado en Honduras».
Esta medida ha generado el rechazo de organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos humanos, al señalar que su aprobación no pasó por el Congreso Nacional, poder del Estado en el que no se han alcanzado consensos para la discusión de leyes. Mientras tanto, el estado de excepción durante estos años en Honduras también ha representado abusos y desapariciones forzadas en las comunidades.
Recomendamos leer: Cristina y Josiris en Honduras, el país al que regresó la desaparición forzada
Micheletti Bain en el radar
El pasado 9 de enero de 2025, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), solicitó ante el Ministerio Público que el requerimiento en contra de los tres exmilitares sea ampliado para incluir la responsabilidad de otros miembros de las Fuerzas Armadas y del expresidente de facto, Roberto Michelleti, en otras 11 muertes registradas durante el golpe. Oliva destacó que Cofadeh tiene documentados alrededor de 167 asesinatos relacionados con la crisis de 2009.
«Presentamos la incorporacion de otros casos que en manifestaciones públicas habían hecho lo mismo, como el caso del profesor Roger Vallejo, en el que las Fuerzas Militares se movilizaron donde la poblacion se manifestaba, lo que tuvo como consecuencia el asesinato del profesor; por eso el CIDH tiene el conocimiento de este caso, por las violaciones a derechos humanos coordinadas y sistemáicas», explica Oliva.
Micheletti Bain, antes de tomar posesión como presidente de facto, era presidente del Congreso Nacional, y, desde ese espacio, estuvo en constante conflicto con el expresidente Zelaya, según lo detalla el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En rótulos y consignas de simpatizantes del Partido Libre, que se manifestaban en las afueras del Juzgado de Letras de lo Penal, también figura el nombre de Roberto Micheletti, como el próximo que podría ser enjuiciado por la persecución y represión a manifestantes en contra del golpe de Estado.
«Yo quiero ver a Micheletti acá», dice Dina Meza, mientras se desarrolla la audiencia en contra de los tres militares en los Juzgados de lo Penal en Tegucigalpa. «Yo recuerdo todas las atrocidades que cometió también, a los militares, a los policías, y cómo, en ese contexto, teníamos que ser buenos corredores, porque nos ponían toques de queda para que saliéramos corriendo a todos lados».
La continuación de la audiencia inicial en contra de Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez fue programada para el sábado 11 de enero, para conocer si el juez admite los 14 medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
La defensa del general Romeo Vásquez Velásquez podría presentar un informe acerca de cómo fueron los hechos ese día desde la perspectiva de los militares, información que la Comisión de la Verdad y Reconciliación apuntó como necesaria en 2011, y que la sociedad hondureña conocería 15 años después.
Los abogados defensores de los exjerarcas no han dicho si apelarán al fallo del juez. Por otro lado, el Ministerio Público dijo en un comunicado que presentarán una apelación, debido a que por los delitos que se les imputa a los señalados no se debería permitir una medida distinta a prisión preventiva.
