Mientras en la comunidad de Sazagua, departamento de La Paz, defensores del territorio han sido criminalizados por oponerse al proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua, que ha amenazado su modo de vida y limitado su acceso a la tierra, empresas como Uber e instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han compensado su impacto ambiental comprando créditos de carbono generados por este mismo proyecto hidroeléctrico. El mismo BCIE financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica, y la venta de los créditos de carbono fue utilizada como garantía para el pago de una deuda adquirida con un banco nacional para financiar el proyecto. A pesar de todo el impacto en su forma de vida, las comunidades no han recibido compensación directa por la venta de estos créditos.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
Desde 2018, el programa Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha beneficiado a diversas empresas a través de la venta de créditos de carbono, entre ellas la gigante multinacional Uber, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una serie de empresas alemanas como la gasolinera Oil, una empresa dedicada a prestar servicios de reciclaje de residuos, servicios de tuberías y alcantarillado llamada Buhck Umweltservices GmbH and Co. KG. y el hotel Dekra en Berlín. También ha beneficiado a una tienda de accesorios artesanales en Honduras.
A pesar del aparente éxito en el mercado de créditos de carbono, el programa está conectado con la cuestionada hidroeléctrica Puringla-Sazagua, ubicada en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz. La hidroeléctrica ha sido señalada por afectar el acceso al agua y la forma de vida de dos comunidades, Las Lomas y Sazagua. Además, existen denuncias de que fue construida sobre tierras que, según el marco legal, estaban destinadas a procesos de reforma agraria. La población indígena también denuncia que no fue consultada ni para la instalación del proyecto hidroeléctrico ni para el proceso de certificación del proyecto de carbono.
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El financiamiento del proyecto hidroeléctrico fue gracias al mismo BCIE y al Banco Atlántida, instituciones que han sido señaladas por apoyar a proyectos de generación de energía altamente cuestionados.
Puringla-Sazagua forma parte del Guacamaya Small Scale Hydropower Programme, un programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que promueve el desarrollo de proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y permite a países o empresas que buscan reducir su contaminación acceder a la compra de créditos de carbono mediante proyectos como estos, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el protocolo de Kyoto, que fue firmado por Honduras en 1999 y ratificado en 2002.
Este mecanismo, según las Naciones Unidas, permite el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los países industrializados consiguen reducir la contaminación del ambiente accediendo a dichos proyectos que por lo general se ejecutan en países en desarrollo, como Honduras, en este caso. Es decir, fomenta la aplicación de fuentes de energía renovable en vez de de fuentes contaminantes, y la venta de créditos de carbono como compensación.
Dentro del Programa Guacamaya también están otras dos hidroeléctricas, una en Costa Rica y otra en Nicaragua. En el caso de la hidroeléctrica hondureña, se ha estimado recolectar más de 240 toneladas de carbono por un periodo de siete años desde 2015, con la posibilidad de ampliarlo hasta un máximo de 21 años.
Venta de créditos de carbono como pago de la deuda con la banca nacional
Al contrario de otros proyectos para la captura de carbono que no avanzaron después de la etapa de diseño, como el de La Moskitia hondureña, Guacamaya Small Scale Hydropower Programme ha vendido créditos de carbono a empresas nacionales e internacionales desde 2018 hasta la actualidad.
Pero el involucramiento del BCIE en este proyecto se remonta a mucho tiempo atrás. Este banco también financió los estudios de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica Puringla-Sazagua en 2009, un proyecto que costó alrededor de 15,953,129.00 dólares, es decir, 299,918,825.2 millones de lempiras en ese momento, según documentos oficiales de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto. El BCIE aportó 315 mil dólares para los estudios de factibilidad de este proyecto, aproximadamente 5,922,000 millones de lempiras en ese entonces.
El BCIE también ha financiado otros proyectos de generación de energía cuestionados por ejecutarse sin consultar a las comunidades y por la oposición que han manifestado líderes indígenas ante dichos proyectos. Por ejemplo, en 2012 este banco aprobó un préstamo para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el departamento de Intibucá, al que la lideresa indigena y ambientalista Berta Cáceres se opuso por atentar contra la cosmovisión de las comunidades lencas de esa zona del país. En 2016, Cáceres fue asesinada a causa de su oposición al proyecto.
Además, después de que el BCIE vendió la deuda de este proyecto en 2018, el banco financió al Gobierno de Honduras en 2019 para impulsar una ley que regularía la consulta previa, libre e informada, pero que no fue socializada con las organizaciones que tienen la representación directa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Según documentos internos del banco, este proyecto de ley tenía como objetivo final reactivar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, por el cual fue asesinada Berta Cáceres.
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Otra de las fuentes de financiamiento para la construcción del proyecto Puringla-Sazagua fue la venta de créditos de carbono, utilizados como garantía de pago de una deuda de 22 millones de lempiras contraída con el Banco Atlántida. Este préstamo fue otorgado bajo la condición de que los ingresos generados por la comercialización de los créditos de carbono fueran destinados exclusivamente al pago de la deuda, según lo estipulado en el contrato firmado entre el banco y la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA).
«Los ingresos provenientes del carbono están descritos en el acuerdo de pago entre Banco Atlántida y el dueño del proyecto, por lo que se concluye que los ingresos provenientes de la captura de carbono ayudaron a superar el obstáculo de financiación del proyecto», indican los documentos de monitoreo del programa.
La entidad coordinadora del programa y responsable de certificar la reducción en las emisiones de carbono (Certified Emissions Reduction –CER– en inglés) fue Anaconda Carbon, una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía renovable y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con énfasis en Latinoamérica y con oficinas en distintos países de la región, en el caso de Honduras, en San Pedro Sula.
Gracias a este acuerdo y la certificación de Anaconda Carbon, la hidroeléctrica accedió a un préstamo de más de 22 millones de dólares (unos 429 millones de lempiras en ese entonces) con Banco Atlántida, ya que inicialmente solo disponía de 9 millones de dólares (175 millones de lempiras en ese momento) en fondos propios para poner en marcha el proyecto.
Un requisito fundamental para la certificación de los proyectos de carbono es que se realicen las consultas previas a las comunidades donde se instalan, y que además los proyectos no presenten irregularidades en su instalación y en la normativa nacional.
Personas entrevistadas por Contracorriente en las comunidades de Las Lomas y Sazagua, en Santiago de Puringla, La Paz, afirman desconocer que la hidroeléctrica Puringla-Sazagua esté asociada a un programa de venta de créditos de carbono actualmente en operación. Sin embargo, Cristian Giles, socio y director de Anaconda Carbon, sostiene que las consultas se realizaron conforme a los requisitos establecidos, y que la empresa ha llevado a cabo los monitoreos necesarios para garantizar que no existen irregularidades en el proyecto Puringla-Sazagua.
Los documentos relacionados con las actividades del proyecto (Component Project Activity –CPA– en inglés) incluyen listados de residentes de Las Lomas y Sazagua, en los que se registran los nombres y datos de al menos 21 habitantes de ambas comunidades, con constancias de asistencia a reuniones catalogadas como «de socialización» realizadas entre 2010 y 2012.
Según estos documentos, los habitantes expresaron preocupaciones como la falta de agua en el río que abastece a las comunidades, e incertidumbre sobre la venta de sus tierras para el desarrollo del proyecto. También manifestaron que la empresa no había cumplido la promesa de realizar la instalación eléctrica en sus comunidades.
A pesar de los listados y las afirmaciones de la certificadora de que todo se hizo según las regulaciones vigentes, testimonios recopilados por Contracorriente señalan que los beneficios se han concentrado en una parte de la población, mientras que quienes se han opuesto al proyecto han enfrentado procesos de criminalización bajo acusaciones de usurpación de tierras. Además, documentos en el expediente de licencia ambiental del proyecto indican que parte de la hidroeléctrica fue construida sobre tierras destinadas a la reforma agraria, mientras que otros terrenos fueron vendidos a sobreprecio a Boris Arévalo Canahuati, presidente de la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), desarrolladora del proyecto.
Giles explica que el rol de Anaconda Carbon, empresa que tiene su origen en Panamá pero también constituida legalmente en Honduras, es el de certificar que todo esté en orden con los créditos de carbono correspondientes a este proyecto, y que posteriormente la empresa alemana Carbonbay GmbH & Co. KG es la encargada de colocar estos créditos, es decir, de venderlos.
El director de Anaconda Carbon asegura que los procesos de auditoría del proyecto Puringla-Sazagua no han presentado ningún problema. Según sus declaraciones, no se han registrado irregularidades ni en las comunidades afectadas ni en el desarrollo del proyecto, y señala que, de haber existido alguna irregularidad, el proyecto no habría logrado obtener la certificación requerida para formar parte del programa de venta de créditos de carbono.
«Si, por ejemplo, hubiese algún problema donde hay una violación de derechos humanos, o que el proyecto no está operando con los requisitos legales del país donde está localizado, o si no está operando desde un punto de vista técnico con la tecnología que es permitida por las Naciones Unidas y por la Fundación Gold Standard, eso la auditoría no la pasaría, la empresa auditora diría “no, a este proyecto no le doy mi sello de validación”», aseguró Giles a Contracorriente en una entrevista telefónica.
Sin embargo, las comunidades han denunciado sufrir criminalización por defender el río en el que fue instalada la hidroeléctrica. Miembros de la empresa desarrolladora han presentado acusaciones contra defensores del territorio, alegando usurpación de tierras que, paradójicamente, pertenecen legalmente a los mismos acusados.
A pesar de los señalamientos contra los defensores, una acusación del Ministerio Público indicaría que la empresa se benefició de las actuaciones irregulares de un funcionario público para hacer realidad el proyecto. En noviembre de 2024, se dictó un auto de formal procesamiento contra Diego Ernesto Cornejo, técnico del Instituto Nacional Agrario (INA) en Comayagua, quien según la Fiscalía de las Etnias, habría facilitado información falsa sobre los propietarios de las tierras para beneficiar a la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), por lo cual lo acusan de ser presunto responsable de los delitos de falsificación de documentos, violación de sus deberes como funcionario y falso testimonio en perjuicio del Estado.
En ese contexto, las comunidades siguen denunciando la falta de acceso al agua, un derecho humano fundamental que, según sus denuncias y preocupaciones registradas en los documentos de monitoreo del programa por el cual se gestionan los créditos de carbono, no se está garantizando. Esta problemática también aparece en los reportes de monitoreo del programa de venta de créditos de carbono asociado al proyecto.
Estos documentos también evidencian que las comunidades no reciben compensaciones directas derivadas de este mecanismo. Los ingresos generados por esta actividad se destinan a garantizar el pago al Banco Atlántida, financiador del proyecto, sirviendo así para mantener las operaciones de la hidroeléctrica, sin beneficios para los habitantes afectados.
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A pesar de todo esto, Giles asegura que el proyecto cuenta con una gran proyección social en las comunidades de influencia, y que se han pintado escuelas y entregado computadoras. Sobre el conocimiento que tiene la comunidad de la venta de créditos de carbono a través de este proyecto, señala que sí se hicieron las consultas pertinentes, pero que es imposible que todas las personas sepan de qué se trata.
«No puedo decir con certeza que el 100 % [de las personas en las comunidades] saben de este proyecto. Hay requisitos ambientales que pasan por una auditoría bastante rigurosa para que el proyecto llegue a este estándar. A las comunidades sí les impacta, podría decirse, que el proyecto pase por estas auditorías, pero no les impacta la venta de los créditos. Esta gente es bastante humilde, entonces, esto no es de pleno conocimiento por parte de ellos. Mucha gente incluso en Honduras, de cualquier nivel o estrato social, no conoce el tema de huella de carbono o créditos de carbono, entonces mucho menos uno lo esperaría de pobladores de estas aldeas», explicó.
Empresas millonarias y emprendimientos «comprometidos con las comunidades»
Uber, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por ofrecer servicios de transporte a través de una aplicación, ha promovido su producto Uber Planet como una alternativa para compensar las emisiones de carbono. Este servicio permite a los usuarios optar por vehículos que, por un costo adicional, contribuyen a mitigar la huella ambiental. A cambio, Uber promete promociones diarias, semanales o mensuales para incentivar su uso.
Esta empresa —que aumentó en un 15 % sus ganancias a nivel mundial a inicios de este año— asegura que este modelo es posible gracias a Anaconda Carbon, la empresa certificadora de créditos de carbono, y que estos créditos «apoyarán a diferentes proyectos sustentables», entre ellos Guacamaya, al que pertenece el proyecto Puringla-Sazagua en Honduras.
Contracorriente contactó a representantes de Uber en Honduras, quienes prometieron que la oficina regional de la empresa respondería a una serie de preguntas enviadas por este medio; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este reportaje, no ha habido respuesta.
Además de Uber, otras empresas internacionales también han adquirido créditos del programa Guacamaya. Entre ellas se encuentran compañías alemanas especializadas en calefacción, reciclaje y alcantarillado, así como un hotel en Alemania. En Honduras, Uber Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Casa Isabel, una tienda de accesorios artesanales, también figuran como compradores. Este medio también buscó a representantes del BCIE para consultarles sobre los créditos comprados a Anaconda Carbon, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Casa Isabel es una tienda de accesorios que emplea a mujeres rurales. Isabel Cahín, fundadora de la empresa, explicó en entrevistas que su interés de tener una marca sostenible viene de darse cuenta de los «procesos sucios» que afectaban la salud y bienes en las comunidades al interior del país.
«Casa Isabel siempre nació con la idea de ser un negocio que tenga un impacto positivo, no solo en mi estado de resultados de sus productos, sino que también en la comunidad donde se elaboran», dijo en la entrevista.
Cahín comparte este negocio con su esposo, Christian Giles, y también es socia de Anaconda Carbon, la empresa encargada de certificar los créditos del programa Guacamaya. Al respecto, Giles niega que exista un conflicto de interés, argumentando que la adquisición de créditos de carbono fue una iniciativa destinada a fortalecer el compromiso ambiental de su emprendimiento. «Era una cantidad de créditos de carbono bastante mínima la que se colocó, pero no representa ningún tipo de conflicto de interés», asegura Christian Giles.
En la legislación nacional actualmente no existe una normativa que regule este posible conflicto de interés, pues hasta ahora en Honduras solo ha existido el mercado de carbono voluntario. En 2023, el Congreso Nacional aprobó una Ley para que el Estado sea quien regule este mercado en el país; sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances en la creación del reglamento para su implementación.
Por otra parte, representantes de la población indigena que se ha encargado de preservar el medioambiente y los bienes comunes sostienen que no fueron incluidos en la socialización de esta normativa.
Las hidroeléctricas en Honduras, como Puringla-Sazagua, suelen instalarse en territorios indígenas o áreas protegidas. Según datos del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), hasta 2020 existían 37 proyectos hidroeléctricos, principalmente en Intibucá, La Paz y Lempira, regiones habitadas por comunidades lencas.
Mientras tanto, negocios como Casa Isabel, que se presentan como ambientalmente responsables, prosperan gracias a recursos obtenidos de programas como Guacamaya. Esto contrasta con la realidad de las comunidades que enfrentan despojos, criminalización y la lucha por el acceso a sus tierras y ríos. Se prioriza a quienes buscan compensar el daño ambiental que han causado, mientras las comunidades que históricamente han protegido estos recursos enfrentan abandono y amenazas
La participación de un exfuncionario con múltiples señalamientos de corrupción
En 2010, el entonces ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Rigoberto Cuéllar Cruz, emitió una carta autorizando a Anaconda para realizar el trabajo de monitoreo del proyecto para la compensación de carbono. Sin embargo, Cuéllar es una figura controversial en Honduras.
En 2017, Cuéllar fue señalado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) como uno de los culpables por haber concedido licencias ambientales sin consulta previa libre e informada de las comunidades en donde se instalaron proyectos extractivos; uno de estos casos fue el de la licencia para la instalación del proyecto Agua Zarca, en el departamento de Intibucá.
La lideresa lenca y ambientalista Berta Cáceres, asesinada por su oposición a ese proyecto, denunció las irregularidades y el pacto político-empresarial corrupto que permitió su ejecución. Recientemente, tres de los imputados en este caso de corrupción, llamado «Fraude sobre el Gualcarque» fueron sentenciados a cinco años de prisión. Uno de ellos es David Castillo, presidente de la empresa desarrolladora del proyecto, quien ya había sido condenado a prisión por ser coautor del asesinato de Cáceres en 2021. Por este último caso, el Ministerio Público también presentó un requerimiento fiscal a finales de 2023 contra Daniel Atala, a quien se señala de ser autor intelectual del asesinato.
Los señalamientos en contra del exministro de la Serna no quedan ahí. En 2012, mientras aún fungía como secretario de Estado, fue acusado de participar en el proceso de venta de más de cinco mil transformadores de energía eléctrica con irregularidades, considerados «chatarra» por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Además, el Ministerio Público lo acusó por haber otorgado licencias ambientales para la operación de granjas camaroneras en el sur de Honduras, y extender permisos de operación a gasolineras y empresas que vendían equipos eléctricos.
Después de ser ministro de la Serna, Cuéllar se desempeñó como Fiscal Adjunto de Óscar Chinchilla, quien fungió como Fiscal General después de la renuncia de Luis Alberto Rubí y Roy David Urtecho en 2013. Mientras ejercía como una de las máximas autoridades del Ministerio Público, un fiscal denunció en 2016 que Rigoberto Cuéllar estaba siendo investigado por presuntamente recibir sobornos relacionados con el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, Cuéllar no ha enfrentado un proceso judicial.
Funcionarios, empresarios y bancos regionales o extranjeros figuran en la conformación de proyectos extractivos en Honduras, los cuales, como en este caso, han funcionado como una salvaguarda para empresas extranjeras o países que buscan compensar su contaminación al ambiente, mientras las comunidades locales y pueblos originarios, en cuya cosmovisión el cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes es esencial, continúan siendo desplazados.
El Gobierno ha promocionado su compromiso con el ambiente, asegurando que en lo que va de esta administración no han emitido concesiones de microcuencas para implementar proyectos extractivos. Sin embargo, el Estado no ha suscrito o ratificado herramientas fundamentales como el Acuerdo de Escazú, que podría proporcionar protección jurídica para los defensores y defensoras del ambiente en Honduras, los cuales, tal como en gobiernos anteriores, siguen siendo amenazados por proteger su territorio.
