El 19 de diciembre de 2023, el ministro de seguridad, Gustavo Sánchez firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras para la contratación directa de servicios de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación destinados al mantenimiento de los helicópteros de la Secretaría de Seguridad. El contrato fue adjudicado a la empresa Distribuidora de Vehículos S. A. de C. V. (Divesa), relacionada en 2019 en el caso «Narcopolítica». Según el Ministerio Público, en 2010, el cartel de Los Cachiros compró a esta empresa paquetes de vuelos en helicóptero como parte de un esquema de lavado de dinero en beneficio de exfuncionarios gubernamentales.
Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera
En octubre de 2023, con el estado de excepción como justificación, la presidenta y el consejo de ministros emitieron el acuerdo ejecutivo 245-2023 con que se autorizó una serie de compras directas en la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía, Gustavo Sánchez. Entre las contrataciones aprobadas, destacaba la adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales marca Bell.
Documentos obtenidos por Contracorriente mediante solicitudes de a/cceso a la información, y documentos publicados en portales de transparencia, revelan que, a través de contrataciones directas, el gobierno ha hecho tratos con una empresa vinculada en procesos judiciales a la narcopolítica hondureña.
La empresa seleccionada mediante invitación directa por el general Gustavo Sánchez fue Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa), la cual tuvo un papel clave en el caso Narcopolítica, presentado en mayo de 2019 por la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público, que la vinculó a una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que operaba mediante contratos con el Estado.
La presidenta Xiomara Castro autorizó en octubre de 2024 un nuevo lote de compras directas, esta vez a la Secretaría de Defensa que preside la precandidata presidencial oficialista Rixi Moncada. La implementación de este mecanismo, al que organizaciones de sociedad civil han señalado por facilitar la corrupción, es cada vez más común en un gobierno que llegó con la promesa de combatir la falta de transparencia en la administración pública.
Caso «Narcopolítica» y los tratos de Divesa con el Gobierno de Libre
El 19 de diciembre de 2023, Gustavo Sánchez en representación de la Secretaría de Seguridad, firmó un contrato por 10.3 millones de lempiras (alrededor de 411 mil dólares) con Divesa. En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas a las que señaló de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas.
Entre los acusados están Miguel Pastor, político nacionalista y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014, y el exdirector de Carreteras en ese mismo periodo, Walter Noé Maldonado, por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.
Según el requerimiento fiscal, Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel del narcotráfico conocido como Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor, Walter Maldonado y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.
La acusación detalla que el mecanismo de soborno incluyó pagos mensuales de entre 40,000 y 600,000 dólares para la campaña presidencial de Miguel Pastor como precandidato en 2012. Estos funcionarios otorgaron 21 contratos de Soptravi que permitieron lavar dinero a través de la empresa (INRIMAR). Los contratos estaban destinados a la ejecución de obras en Olancho y Colón, pero nunca se realizaron, aunque se pagaron por un monto de 68 millones de lempiras.
La investigación de los vuelos que Los Cachiros le pagaron a la empresa Distribuidora de Vehículos S.A. de C.V. (Divesa) llevó a la fiscalía a decomisar reportes de los vuelos de helicóptero adquiridos por la temida familia Rivera Maradiaga.
Aunque Divesa fue señalada como receptora de dinero proveniente del narcotráfico, ninguno de sus representantes enfrentó cargos por este caso.
En seguimiento, en enero de 2022, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitieron sentencia a favor de los implicados. Ante esto, la Uferco presentó un recurso de reposición.
Luis Santos, titular de la Uferco, dijo a los medios de comunicación que la resolución eximió de responsabilidad a varios de los acusados, pasando por alto las pruebas presentadas en su contra. No obstante, confirmó el auto de formal procesamiento contra Miguel Rodrigo Pastor.
En septiembre de 2023, apenas unos meses antes de que la Secretaría de Seguridad contratara de forma directa a Divesa, la fiscalía presentó una segunda línea de investigación en el caso Narcopolítica, emitiendo seis órdenes de captura más en contra de nuevos involucrados.
Divesa ahora fue beneficiada con una contratación directa en el marco de la «Guerra contra las maras y pandillas» iniciada por el Gobierno de Xiomara Castro desde diciembre de 2022, con la implementación del estado de excepción. Este contrato, sin embargo, no es el único que la empresa ha recibido durante la actual administración.
Según información del Portal de contrataciones abiertas de Honduras, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, Divesa fue beneficiaria de 15 contrataciones por parte de la Secretaría de Seguridad, y recibió un total aproximado de 3.8 millones de lempiras. Entre los servicios contratados se encuentran el alquiler del hangar que utilizan los helicópteros del escuadrón aéreo policial, adquisición de repuestos, alquiler de helicópteros para supervisiones aéreas en eventos especiales como la instalación de la segunda legislatura y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el alquiler de aeronaves para misiones confidenciales de las diversas direcciones de la Policía Nacional.
Divesa es una sociedad mercantil constituida en 1963, que pertenece a la familia Nufio Fléfil. El presidente del Consejo de Administración es el empresario Héctor Nufio Fléfil. En noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, cuyo propietario es Jesús Nufio Fléfil, quien también ocupa el cargo de vocal en Divesa.
El documento de constitución del consorcio detalla que su objetivo era participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. Este documento destaca un posible beneficio competitivo para Divesa: se identifican como representantes de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.
Contracorriente envió un correo a representantes de la empresa para solicitar una entrevista sobre los contratos que han firmado con el Estado y su mención en el caso Narcopolítica; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.
Pero esta no es la primera vez que esta empresa recibe beneficios con la familia Zelaya en el poder. Según información en poder de Contracorriente, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el entonces ministro del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Roland Valenzuela, utilizó en múltiples ocasiones los servicios de Divesa para movilizarse en helicóptero a reuniones en el interior del país.
En junio de 2010, Valenzuela fue asesinado por Carlos Alberto Yacamán, quien según los medios de comunicación era un supuesto socio de Valenzuela. Yacamán también era socio en la empresa Gastronómicas de Honduras S. de R. L.. con el mexicano Óscar Orlando Nava Valencia, líder en ese entonces del cártel del Milenio, quien fue el principal testigo en el caso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por recibir sobornos del narcotráfico.
Según un reporte de la Prensa Gráfica de El Salvador, en 2015 Nava Valencia adoptó el nuevo nombre de Marco Antonio Ortiz Morales, y bajo esa identidad fundó la empresa Gastronómicas de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula, junto a Carlos Yacamán.
Los otros contratos de Divesa con el Estado
Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.
Contracorriente envió mensajes a Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, para consultar sobre las contrataciones a esta empresa; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.
La vigencia del acuerdo ejecutivo 245-2023, mediante el cual la presidenta y el consejo de ministros autorizaron compras directas en la Secretaría de Seguridad en el marco del estado de excepción —incluyendo la contratación de Divesa—, estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, en abril de 2024, tras una publicación de este medio que evidenció contradicciones entre la adquisición de equipo de seguridad a Israel, como los vehículos tácticos Black Mamba Sandcat, y la postura oficial del Gobierno hondureño frente a la guerra en Gaza, el canciller Eduardo Enrique Reina emitió una carta pública anunciando la suspensión de dicho acuerdo y que, desde ese momento, las compras tendrían que ser autorizadas por la presidenta.
El pasado 25 de octubre se publicó en el diario oficial La Gaceta el acuerdo ejecutivo 190-2024, mediante el cual la presidenta autorizó a Rixi Moncada, precandidata presidencial de Libre y titular de la Secretaría de Defensa, la contratación directa para la adquisición y suministro de bienes y servicios, los contratos de consultoría y los contratos de construcción de obras públicas. La decisión se justificó en la implementación del Plan de Solución contra el Crimen, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta.
En junio de 2024, la presidenta y los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunciaron «acciones radicales» en el marco del Plan de Solución contra el Crimen, entre las que destacan la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia con capacidad para 20 mil privados de libertad, que se proyecta construir entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Además, se contempló el inicio de la licitación, adjudicación y construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Dicho proceso ha sido declarado fracasado en tres ocasiones por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y ha quedado en la incertidumbre.
