La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023.
Texto: Luis Escalante, con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
En el entorno de opulencia que rodea a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), surge una nueva «necesidad»: la construcción de dos renovados salones de sesiones para la presidencia. En mayo de 2024, el Poder Judicial publicó las bases de la licitación privada para este proyecto, cuyo costo podría superar los 13 millones de lempiras (unos 518,548.07 dólares), y dos empresas constructoras presentaron sus ofertas. Adicionalmente, las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema recibieron en agosto de 2024 un aumento salarial del 9 %, y en mayo de 2023 un aumento en los gastos de representación, del 24.17 al 26 %.
El proyecto contempla la edificación de dos salones de reuniones anexos al edificio principal del Poder Judicial en Tegucigalpa, con una superficie aproximada de 154.28 metros cuadrados cada uno. Según el Documento Base de Licitación Privada Nacional No. 04-2024, los salones serán repellados, pulidos y pintados, contarán con piso de porcelanato, puertas y ventanas de aluminio y vidrio corredizas, cielorrasos decorativos de tablones y losas. El interior incluirá núcleos de baños, cocineta y balcón con acabados de alta calidad.
Los dos salones se construirán en el área actualmente utilizada como estacionamiento para la presidencia y los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, con un área total del proyecto de 308.56 metros cuadrados.
La edificación estaba consignada en el Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC) correspondiente a 2024, aunque con un presupuesto inicial de 11.5 millones de lempiras. En ese contexto, el 24 de junio de 2024, la jefa de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial, Gisela Cáceres, invitó a cinco empresas constructoras a participar en la licitación.
Las empresas convocadas fueron JPS Construcciones S. de R.L., Ingeniería para el Desarrollo Terrestre S. de R. L. de C. V., Proyecto de Ingeniería Centroamericana S. de R. L., Sistemas de Construcción S. de R. L. y Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción S. A.
De esas empresas, únicamente JPS Construcciones S. de R. L. presentó su propuesta económica, según consta en el acta de recepción y apertura de ofertas fechada el 20 de septiembre de 2024. La otra empresa constructora que participó fue Servicios de Ingeniería S. de R. L.
La oferta de JPS Construcciones S. de R.L. asciende a 13,283,821.24 lempiras, incluido el Impuesto sobre Ventas (ISV), junto con una garantía de mantenimiento de oferta de 271,000 lempiras, válida hasta el 10 de marzo de 2025. Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. presentó una propuesta por 12,978,456 lempiras, también con el ISV incluido, y una garantía de mantenimiento de oferta de 260,000 lempiras, válida hasta el 8 de abril de 2025. Hasta el momento, el proceso se encuentra en revisión, según el portal HonduCompras.
Según el Poder Judicial, la justificación para la construcción de estos salones se debe a que el salón actual «ya no cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer sus demandas, ya que también se utiliza como sala de prensa, lo que provoca un amontonamiento de periodistas, fotógrafos y camarógrafos».
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El documento detalla que «este espacio tiene una capacidad para 40 personas y, además, se emplea como sala de audiencias para extraditables y para diversas reuniones, lo que limita su disponibilidad para las actividades de la presidencia y del pleno de magistrados. Actualmente, se requieren salones de mayor capacidad que los existentes».
La Corte Suprema de Justicia cuenta con tres salones: el destinado a examen del notariado, el salón de plenos y el salón de la presidencia, que se utiliza para conferencias de prensa, audiencias de extradición y audiencias de procesamiento a altos funcionarios. Los tres salones fueron construidos y equipados durante el período en que Jorge Rivera Avilés (2009-2016) se desempeñó como magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional.
Aunque en las dos administraciones anteriores de la Corte Suprema —la de Jorge Rivera Avilés y la de Rolando Argueta— no había surgido esta necesidad, ahora se ha decidido la construcción de dos salones con capacidad para al menos 50 personas cada uno, «con el fin de solventar esta limitación y proporcionar espacios físicos adecuados tanto para los funcionarios como para los usuarios».
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, consideró la construcción de estos dos nuevos salones como «una necesidad, más no una prioridad».
«Realmente el área que actualmente tenemos ya no responde adecuadamente a nuestras necesidades. Nosotras y nosotros también celebramos audiencias, como las de extradición, o las de la Sala Civil. A veces, no contamos con suficiente espacio para realizarlas, por lo que en ocasiones tenemos que llevarlas a cabo en nuestros propios despachos», manifestó a Contracorriente.
La magistrada también aseguró que, desde la Corte Suprema, está dándosele prioridad a «las personas a quienes atendemos, a proyectos en áreas como género, trabajo y derecho penal».
¿Quiénes son las empresas que presentaron sus ofertas?
Las dos empresas que están disputándose la adjudicación para la construcción de ambos salones, JPS Construcciones S. de R.L. y Servicios de Ingeniería S. de R.L., están certificadas como proveedoras del Estado ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).
Simultáneamente, JPS Construcciones S. de R. L. también participa en otro proceso de licitación para la remodelación del Juzgado de Paz de San Antonio, Copán, un proyecto que podría superar los 4.2 millones de lempiras, así como en la licitación para la restauración de fachadas y ventanales del antiguo edificio administrativo del Poder Judicial en Tegucigalpa, con un costo estimado de más de 3.7 millones de lempiras.
Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. ha sido un contratista habitual del Poder Judicial. En 2019, ganó una licitación para construir el Juzgado de Paz de Lepaterique, Francisco Morazán, y otra para un proyecto de remodelación en el edificio judicial de Santa Rosa de Copán, Copán.
No obstante, esta empresa recibió el 16 de agosto de 2021 una resolución de incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) tras ganar una adjudicación para la restauración de un centro logístico en San Pedro Sula, Cortés, a un costo de 1.5 millones de lempiras, e incurrir en una demora de 68 días. La empresa argumentó que la pandemia de COVID-19 provocó retrasos en la construcción y adquisición de materiales, por lo que terminó pagando una sanción económica.
Aumentos en salarios y gastos de representación para la Corte Suprema
La construcción de estos salones se suma a un reajuste salarial realizado para los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del 20 de agosto de 2024. La magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, pasó de ganar 198,288.94 lempiras mensuales a 216,134.94, es decir el aumento es de 17,846 lempiras mensuales, lo cual representa un incremento del 9 %; mientras que el resto de magistrados incrementó su salario de 171,218.17 a 186,627.81 lempiras, con un aumento de 15,409.64 lempiras mensuales, lo cual también representa un incremento del 9 %.
El salario mínimo en Honduras es de 8,581.45 lempiras y, según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), en 2021 vivían en el país alrededor de 2.8 millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario.
La magistrada Rubenia Galeano aceptó que se dio un incremento que no superó el 9 %, pero que se aplicó a todas y todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Sin embargo, descartó que haya existido un aumento en los gastos de representación para ella y sus colegas, y aseguró que desde la Corte Suprema se han abordado aspectos como el aumento en la asignación de viáticos a empleados de escalas básica.
«No se han aprobado aumentos en gastos de representación, eso no es cierto. En los últimos plenos, más bien hemos analizado los temas relacionados con los gastos a nivel nacional y los viáticos, pero enfocados en las escalas más básicas del personal», declaró la magistrada.
Aunque en 2024 no se han generado aumentos en los gastos de representación, sí fue una de las primeras acciones emprendidas por esta administración tras tomar posesión. El 20 de mayo de 2023 se aprobó un incremento en los gastos de representación mensuales, que para Ráquel pasaron de 69,000.00 a 87,000.00 lempiras, y para los demás magistrados y magistradas de 60,000.00 a 74,500.00 lempiras. Los incrementos fueron de entre 24.17 y 26 %.
El artículo sexto del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial señala que los «gastos de representación, tanto nacionales como internacionales, son cantidades determinadas por gastos no liquidables y solo se podrán asignar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia».
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De este modo, la magistrada presidenta percibe ingresos mensuales de 303,134.94 lempiras, mientras que los demás magistrados y magistradas reciben 261,127.81 lempiras al mes. Los aumentos salariales están contemplados en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria y se efectúan anualmente para todas las personas contratadas bajo acuerdo en el Poder Judicial; sin embargo, los incrementos en los gastos de representación exclusivos de la Corte Suprema son aprobados por resolución de las autoridades de la misma.
La actual Corte Suprema de Justicia asumió sus funciones el 17 de febrero de 2023, tras recibir más de 115 votos dentro del Congreso Nacional (CN), como parte de un acuerdo político entre los tres principales partidos representados en el órgano legislativo: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.
El 22 de agosto de 2024, Contracorriente también reveló que el Poder Judicial tiene contemplado un gasto de 344 millones de lempiras destinado a la renovación y blindaje de su flota vehícular, incluidos los automóviles oficiales que son asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema y su personal de seguridad.
