Tras casi dos meses del asesinato del líder ambientalista Juan López en Tocoa, Colón, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó por primera vez el Bajo Aguán. La comisionada Andrea Pochak expresó su preocupación por la deficiente presencia estatal en la zona, la operación de grupos paramilitares y los altos niveles de peligro que enfrentan defensores de derechos humanos, campesinos y líderes ambientales. En ese contexto, en lugar de adoptar medidas de protección para los defensores y defensoras, el Gobierno ha iniciado la implementación de salvoconductos para la portación de armas.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Juan López, asesinado el 14 de septiembre, fue una de las víctimas más recientes del conflicto en el que empresas extractivas, apoyadas por las fuerzas de seguridad del Estado, se han enfrentado a campesinos y defensores de derechos humanos. López se enfrentó a los intereses de Inversiones Los Pinares, una empresa de Grupo EMCO, que instaló un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras y amenazó con dañar permanentemente las fuentes de agua de varias comunidades en el municipio de Tocoa.
Tras el crimen cometido contra Juan, y las demandas por justicia de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la CIDH realizó una visita a esa región del país.
La delegación fue liderada por la comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión. Pochak destacó que es una visita que tenían pendiente desde hace mucho tiempo, ya que constantemente están monitoreando las medidas cautelares dictadas a causa de los hechos de violencia, persecución y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, campesinos y referentes de la zona.
«Los factores de riesgo permanecen activos debido a la presencia de grupos armados fuera de control, que no están regulados ni juzgados, y existe impunidad por los crímenes cometidos. Aunque a veces se investiga a los eslabones más bajos, en la mayoría de los casos faltan los autores intelectuales, aquellos que de alguna manera vinculan todos estos hechos de violencia. La persecución y criminalización de defensores continúa, y muchas causas arbitrarias de años anteriores siguen abiertas, obstaculizando la lucha y buscando dividir a los activistas», explicó.
A finales de octubre de 2024, el Consejo de Ministros de Honduras derogó el decreto 117-2012 que prohibía la portación de armas en el departamento de Colón, ubicado en la costa norte del país. A su vez, la Secretaría de Seguridad anunció que comenzaría a emitir salvoconductos o autorizaciones para permitir la portación de armas de fuego en esta región, que ha enfrentado una crisis de violencia durante la última década, con múltiples asesinatos de campesinos, líderes ambientales y defensores del territorio, atribuidos, según organizaciones, a grupos de sicariato y paramilitares.
En contraste con la derogación del decreto de desarme en la zona, Pochak destacó que como medida urgente para garantizar la protección de defensores y defensoras, que han quedado en una grave vulnerabilidad tras el asesinato de Juan, el Estado tiene que solucionar su deficiente presencia en la zona con el objetivo de «derrumbar a los grupos criminales, parapoliciales y paramilitares» que operan en la región. En ese sentido, destacó la necesidad de implementar la política de desarme para reducir la violencia, y controlar a las agencias de seguridad privada que operan al servicio de las empresas.
«Si hay algunos agentes policiales en la zona, no puede ser que la mayoría estén dedicados a proteger a las empresas y no a proteger a los campesinos o las cooperativas; esas son medidas urgentes que se pueden tomar para proteger de manera inmediata a los defensores y defensoras, y por supuesto evitar que la gente esté armada. Para eso está el Estado, para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, que deben controlar que se reduzca la violencia en la zona y desmantelar a los grupos paramilitares que están operando», apuntó la relatora.
Sobre la visita de la comisión, la abogada Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), apuntó que obedece a la gravedad de la situación y lo alarmante que ha sido internacionalmente el asesinato de Juan López, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH que fueron otorgadas hace un año, y que,hasta el momento de su muerte no se habían implementado.
Cejil es una de las organizaciones encargadas de velar por las medidas que se dictaron en favor de los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al que pertenecía Juan. La organización ha señalado en una serie de comunicados el «profundo riesgo» al que se enfrentan los defensores y defensoras tras el asesinato de López, y denuncia que, un año después, las medidas aún no han sido implementadas.
«Creemos que es muy grave por parte del Estado de Honduras [que no se hayan implementado las medidas], y creemos que el mecanismo de protección para personas defensoras debe fortalecerse en este momento en el que se está por elegir a su nuevo director o directora (…). Que se nombre a una persona técnicamente preparada y suficientemente independiente para desempeñar su labor», señaló la abogada Paz y Paz.
La directora del Cejil también apuntó que el mecanismo no puede funcionar si no cuenta con los recursos necesarios, por lo que el presupuesto que está por aprobarse es muy importante. El Mecanismo Nacional de Protección ha atravesado una serie interminable de crisis desde el inicio del Gobierno de Xiomara Castro en enero de 2022. La más reciente fue la renuncia en agosto de 2024 del entonces director Rodolfo Zamora, quien, según informes de medios de comunicación, habría renunciado debido a la falta de apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos.
En abril de 2024, Contracorriente publicó una investigación en la que reveló que hasta abril de 2023, el 83 % del presupuesto del Mecanismo se destinó solamente a seis casos con medidas cautelares, y que los principales beneficiarios eran funcionarios públicos del gobierno.
La relatora Pochak afirmó que la Comisión Interamericana ha decidido no limitarse a emitir informes y recomendaciones; en su lugar, se enfocará en garantizar que las recomendaciones previas se cumplan de manera efectiva, prestando especial atención a la persistente violencia en el Bajo Aguán. Explicó que, junto con el Estado de Honduras, la Comisión ha decidido crear un mecanismo de seguimiento para estas recomendaciones, para el cual se busca contar con la participación y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
«El crimen de Juan marcó un límite, poniendo en evidencia la insostenibilidad de esta situación en la que defensores, defensoras y campesinos tienen el derecho a reclamar por su tierra y el medio ambiente. Su muerte expuso el contraste entre quienes luchan por sus derechos y los criminales que intentan impedirlo. Ante esta situación de violencia, ya no basta con compromisos o actas; es necesario implementar medidas concretas y urgentes», apuntó finalmente la relatora.
