Durante 26 años, el Estado de Honduras contrató los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal exclusivamente a una sola empresa: Diálisis Honduras. En el 2022, el Gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Salud (Sesal), abrió estos servicios a un proceso de contratación para permitir la participación de otras empresas. Al final del proceso, Diálisis de Honduras y la recién creada Nefrocentro se quedaron con los contratos, pero en el camino hubo incumplimientos de la ley y acusaciones de ambas empresas.
Texto: Allan Bu y Luis Escalante, con reportes de Fernando Destephen
Fotografías: Fernando Destephen y Persy Cabrera
Portada: Persy Cabrera
Para los pacientes renales, la vida depende de una máquina a la que tienen que conectarse durante cuatro horas, dos o tres veces por semana. Este procedimiento, que les mantiene con vida, es muy costoso, y la mayoría depende de la atención del Estado de Honduras, que subcontrata estos servicios, los cuales se han convertido en un negocio millonario. En el 2023, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), había en el país 4,700 pacientes renales, pero la cifra continúa en crecimiento. Para el 2024 se espera que el Gobierno destine unos 1,000 millones de lempiras en servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
Estos servicios, durante más de dos décadas, permanecieron en manos de una empresa, pero ahora están siendo disputados por un nuevo actor que ha entrado al negocio forzando puertas y doblando la ley.
Vayamos un poco atrás. La atención de estos pacientes durante los últimos 30 años había sido manejada por un único proveedor: Diálisis de Honduras S. A. Sin embargo, el 8 de agosto de 2022, el doctor José Manuel Matheu, entonces ministro en la Secretaría de Salud, convocó a la socialización del pliego de condiciones para el proceso de licitación de los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
Además de Diálisis de Honduras, surgió durante ese proceso un nuevo oferente: Tecnología, Comunicaciones y Servicios de Honduras S. A. (Technoss), empresa creada el 7 de diciembre de 1993, en aquel entonces con la finalidad de realizar inventarios a terceros, representar firmas extranjeras, adquirir acciones o participaciones de empresas, entre otras. El 29 de julio de 2022, Edgard Castellanos, un antiguo socio de Diálisis de Honduras, adquirió el 100 % de las acciones de Technoss.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2022, dos meses después de la reunión para socializar el pliego de peticiones de la licitación de los servicios, Technoss cambió el rubro, de tecnología y comunicaciones a la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes con enfermedades renales, realizar diálisis peritoneal, trasplantes renales, hemodiálisis y estudios de hipertensión arterial. En su acta de constitución reza que la sociedad podrá dedicarse a toda actividad de lícito comercio.
Un año después de que Technoss pasara a ser propiedad de Castellanos, el 15 de agosto de 2023, la empresa creó la marca Nefrocentro, orientada a proveer servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes renales. De acuerdo con su sitio web, Nefrocentro es «un centro de diálisis humana moderna que ofrece un ambiente agradable, confortable y cuenta con la tecnología más avanzada para beneficio de nuestros pacientes y sus familias». Sus servicios son hemodiálisis y diálisis peritoneal. Están ubicados en Tegucigalpa y está por inaugurarse un centro de atenciones en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
El 6 de diciembre de 2023 se otorgó a Technoss una contratación directa por 10,079,844 lempiras, según la resolución de adjudicación 875-2023-SESAL derivada del proceso de contratación directa CD-15-2023-SESAL. Bajo ese proceso, a esta empresa y a su marca Nefrocentro se les asignaron cinco lotes de atención a pacientes renales: el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, dos lotes en Tegucigalpa, uno en el hospital de San Marcos en Ocotepeque y uno en Olanchito, Yoro. Los otros 16 lotes fueron otorgados a Diálisis de Honduras, S. A.
Posteriormente, Technoss y Diálisis de Honduras también participaron en el proceso de contratación directa del servicio de atención médica a pacientes renales correspondiente a 2024. El proceso estaba contemplado en el expediente CD-06-2024-SESAL; sin embargo, el 7 de mayo de 2024 fue declarado desierto por la ministra Carla Paredes, tras un dictamen del Departamento de Licitaciones de la Sesal que estableció vicios de nulidad, ya que los pliegos tenían como base los utilizados en 2023, en los que aparecía como autor Edgard Castellanos.
Recientemente hubo otro proceso de contratación directa, bajo expediente CD-18-2024-SESAL, en el que participaron como oferentes Diálisis de Honduras y Nefrocentro a través de Technoss. Según el acta de recepción de ofertas, la primera empresa ofertó por 467,228,868.00 lempiras y la segunda por 318,961,616.00 lempiras para ocupar los 23 lotes de atención a pacientes renales existentes en el país.
Sin embargo, el 25 de octubre de 2024, la Sesal declaró fracasado este tercer proceso de contratación y argumentó que ninguna de las empresas subsanó la información requerida.
Sesal allanó el camino a Technoss
Antes de realizar la contratación directa CD-15-2023-SESAL, la Secretaría de Salud emitió una circular con número 15-2023 en la que decía que «si las unidades de compras, contratación y licitación de la Sesal obviaran la verificación de la idoneidad y capacidad del proveedor o contratista que manda la Ley de Contratación del Estado e instruye la guía única de Contrataciones Directas en Situación de Emergencia emitida por la Oficina de Contratación y Adquisición del Estado (Oncae), se omitirá la contemplación del requisito de que la empresa oferente requiera contar con experiencia previa en el rubro y solo será necesario que cumpla con el requisito de la constancia de la PGR de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado».
Esta condición allanó el camino para oferentes sin experiencia en el rubro, ya que en Honduras estos servicios prácticamente han sido un monopolio de Diálisis de Honduras. En la circular se indica que no haya discriminación y que se favorezca la competencia y la igualdad entre los potenciales oferentes. «No podrán imponerse restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no fueran técnicamente indispensables», dice la circular.
La revisión previa de las condiciones ofrecidas por las empresas detalló que los equipos de Diálisis de Honduras datan de 2008 y 2010, cuando en el pliego de peticiones se pide que sean de los últimos dos años.
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Además, esta empresa operaba sin licencia sanitaria en nueve clínicas a nivel nacional, mientras que a Technoss se le señaló que para el lote de pacientes en San Pedro Sula no tenía instalaciones físicas. La resolución le solicitaba al ministro de Salud en aquel entonces, José Manuel Matheu, que se otorgara un tiempo prudencial a ambos oferentes para que pudieran cumplir con los requisitos que les fueron solicitados y que no fueron subsanados.
En la resolución final se hace ver que el contrato entre la Sesal y las empresas tenía efectividad solo por 17 días, del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2023. A Diálisis de Honduras le asignaron servicios renales por 338,515,560 millones de lempiras y a Technoss por 75,000,776 millones de lempiras.
El exministro José Manuel Matheu, en una conversación con Contracorriente, mencionó que para la adjudicación de los servicios se colocaron especificaciones muy generales para que cualquiera pudiera participar, pero sí había un requisito no negociable: «Era que las máquinas fueran nuevas o con al menos dos años de uso. Teníamos reportes de máquinas que tenían 20 años y estas deben ser cambiadas cada cinco o siete años. Ahí comenzaron los problemas con la empresa que ya daba el servicio, porque no quería jugar con las reglas que se le ponían».
Matheu afirmó que escuchó a todas las asociaciones de pacientes renales antes de la contratación directa, y dijo que hubo quejas sobre el tratamiento que daba la empresa contratada, que provocó en algunos pacientes infecciones y calambres. Incluso mencionó que le dijeron «que se morían mucho y que el servicio que estaban recibiendo no era el mejor».
Matheu aseguró que, al revisar, se enteró de que Diálisis de Honduras ya tenía 23 años prestando servicios a los pacientes renales y que desde 2018 no había habido una licitación, pero de todos modos, cuando se había hecho, la única que participaba era la empresa ya mencionada. El exfuncionario declaró que le pareció «raro» que nadie participara siendo un mercado tan lucrativo, pues se pagan más o menos 1,000 millones de lempiras anualmente. Incluso afirmó que desde Casa Presidencial lo alentaron a terminar con el monopolio de hemodiálisis.
«Dividimos el país en 21 lotes, para que hubiera regiones donde diferentes proveedores pudieran ofrecer el servicio. Le agregamos algunos detalles, que hubiera un control digital», dijo el exministro. Afirmó que esto se hizo porque al final el Estado pagaba las facturas, sin tener información para contrastar. De seis empresas que se presentaron al inicio del proceso, al final solo Diálisis de Honduras y Nefrocentro recibieron contratos.
Irregularidades en el proceso de contratación de Technoss
Un aspecto que va en contra de la transparencia en el proceso de contratación es que Nefrocentro está vinculado a exfuncionarios de la Secretaría de Salud. Estos funcionarios estuvieron ligados a la unidad encargada de establecer los pliegos de peticiones para la contratación de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
En Nefrocentro funge como director médico el nefrólogo Rubén Galeas, quien fue empleado de Diálisis de Honduras y funcionario de la Unidad Renal de la Sesal, antes de que en septiembre de 2023 se presentara al proceso de contratación como parte de la sociedad mercantil Technoss S. A. Este hecho fue reconocido por el doctor Matheu, pero aclaró que él no conocía la relación de Galeas con Nefrocentro y que, cuando se enteró, lo suspendieron de inmediato. Aseguró que el médico no participó en el comité de contratación.
La empresa Diálisis de Honduras interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán contra el proceso de contratación, ya que la presencia de Galeas y Castellanos, quien era el socio mayoritario de Technoss, generaba un conflicto de interés, pues el primero fue miembro de la Unidad Renal de la Sesal antes de la contratación y tuvo acceso a información privilegiada y ventajosa sobre el competidor, mientras la persona que elaboró las bases para el proceso de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal de la Secretaría de Salud, según un documento del portal de información de la Oncae, fue el mismo Edgar Castellanos.
Sobre esta situación, la Sesal emitió la resolución 520-2024 en la cual reconoce que el departamento de licitaciones del 2024 utilizó como formato el pliego de condiciones en el que aparece como autor uno de los socios de la empresa Technoss, lo que el documento califica como «totalmente improcedente». Ante estas dudas, el 7 de mayo de 2024 se recomendó a la gerencia administrativa de la Sesal iniciar un nuevo proceso de contratación.
Otro de los vericuetos de este proceso fue el reclamo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de septiembre de 2024 por la Asociación Latina de Pacientes Renales (Alpar) contra el proceso de contratación de los servicios renales en el que participó por primera vez Nefrocentro. Solo seis días después, el 19 de septiembre, con una agilidad inusual para el tortuguismo con el que se mueve la justicia hondureña, se admitió el recurso en favor de Alpar; y el 19 de noviembre se admitió el recurso con suspensión del acto reclamado a favor de Alpar.
El 6 de diciembre, desconociendo el fallo de la Sala Constitucional, se adjudicaron los servicios a Diálisis de Honduras y Nefrocentro. Matheu explicó a Contracorriente que la notificación del fallo llegó cuatro días después de la contratación del proceso. «Se rumorea que hubo dinero de por medio [para emitir el fallo en favor de la empresa Diálisis de Honduras]. No puedo comprobarlo, pero ese documento nos llegó un lunes y nosotros habíamos adjudicado el jueves de la semana anterior. Entonces, ¿qué proceso va a parar ya cuando está adjudicado?», se preguntó.
«Ellos hicieron un escándalo diciendo que yo estaba acusado. Afortunadamente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló el amparo el 9 de enero del año siguiente (2024); dijo que el amparo no era admisible, que lo que habíamos hecho era lo correcto», sostuvo Matheu.
Matheu también desmintió que la Alpar no haya tenido participación, pues a la apertura del proceso asistieron 13 personas de esta asociación de pacientes, a la que el exministro de Salud señala como «la asociación de la empresa», basándose en información que aparece en el Registro de Corporaciones de Florida, donde Diálisis de Honduras y Alpar tienen conexiones en común.
«Ahí vas a encontrar que la representante legal de Alpar es la misma de la empresa que daba los servicios, y es la hermana de la presidenta de la empresa. Entonces, uno más uno es dos», dijo Matheu.
El extitular de la Secretaría de Salud y actualmente diputado del Congreso Nacional mencionó que mostró documentos según los cuales la representante de Alpar es una persona llamada Karla Molina, mientras que la representante legal y socia minoritaria de Diálisis de Honduras es Claudia Molina, hermana de Karla. Además, dijo que poseen una misma dirección en el registro. En San Pedro Sula, Alpar tiene su oficina en el edificio de Diálisis de Honduras.
Matheu, tras una charla de casi 40 minutos, expuso su creencia de que los monopolios no son buenos, que debe haber competencia y que en el caso de los servicios renales podría haber distintos proveedores, incluso en la misma ciudad, y que el paciente escoja dónde recibir la atención.
«La empresa Diálisis de Honduras tenía el 100 % del mercado. La otra empresa que participó le ganó el 20 % del mercado, ganó 6 lotes de 21, pero estos son tan avorazados que no querían compartir y se pusieron a decir que eran empresas de maletín y tenían relación con el Gobierno», dijo el exministro.
Contracorriente contactó a la oficina de Relaciones Públicas de Diálisis de Honduras para obtener su postura sobre las declaraciones del exministro; sin embargo, al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.
Technoss, hipotecada con la banca privada, ahora compite con Diálisis de Honduras
Entre 2023 y 2024, Technoss experimentó cambios significativos en su estructura societaria y financiera, incluyendo la constitución de una hipoteca con el Banco Atlántida S. A. Solo unas semanas antes de que se creara la marca Nefrocentro, el 28 de junio de 2023, Castellanos y Enrique Dávila —funcionario del Banco Atlántida S. A.— suscribieron una hipoteca mercantil a través de la cual Technoss cedió al banco su patrimonio, mercancías, mobiliario, instalaciones, maquinaria, inmuebles, contratos de trabajo y cuentas por cobrar. La hipoteca se extendió con un monto de hasta 275 millones de lempiras, más intereses, comisiones y gastos.
Con Technoss hipotecada, el 15 de agosto de 2023 se creó Nefrocentro y, solo cuatro meses después, esta empresa ganó su primera contratación para proporcionarle servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal a la Secretaría de Salud.
El 7 de mayo de 2024, Edgard Castellanos dejó su condición de administrador único y gerente general de la sociedad mercantil, posiciones que pasaron a ser ocupadas por Ramón Arístides Sagastume Paz. Además de eso, el 25 de abril de 2024, Castellanos transfirió todas sus acciones sobre Technoss a Sagastume Paz.
Contracorriente intentó contactar a Edgard Castellanos, pero no respondió a los mensajes enviados. Sin embargo, en una conversación de febrero de 2024, antes de dejar sus acciones sobre Technoss, el empresario dijo a este medio que su intención cuando creó Nefrocentro era ofrecer a los pacientes un trato respetuoso y «sin andarlos utilizando para presionar o exigir al Gobierno para que haga las cosas como uno quiere», aludiendo a Diálisis de Honduras, a la que han señalado de enviar a los pacientes renales a manifestarse para favorecer los intereses de la empresa. Este medio consultó a Diálisis de Honduras sobre estos señalamientos, y desde la oficina de Relaciones Públicas respondieron de forma escueta, asegurando que los pacientes se manifestaron en defensa de su salud y sus derechos.
Además, Castellanos sostuvo que Nefrocentro inició a operar con un equipo con fecha de fabricación de 2023, y que por «primera vez las especificaciones técnicas del equipo (en los procesos de contratación) no iban dirigidas a una marca específica, sino que estaban abiertas a que pudieran participar todas las empresas que están en el país».
Contracorriente tuvo acceso a una carta enviada el 28 de diciembre de 2022 por Castellanos a la Secretaría de Salud para solicitar al ministro de ese entonces, José Manuel Matheu, que le notificara por escrito si Technoss sería una opción para la contratación de los servicios una vez que las clínicas de su marca, Nefrocentro, estuviesen listas. Así, la empresa comenzó a acondicionar sus centros en Tegucigalpa, Olanchito, Yoro y San Marcos de Ocotepeque, unos meses antes de que se realizara la adjudicación de los servicios de hemodiálisis. En las bases de la contratación se pedía que la entrada en operación fuese inmediata.
El exministro Matheu afirmó que Nefrocentro ya tenía clínicas listas antes de obtener la adjudicación de los servicios, y que esto denotaba cierto arreglo. Castellanos, en defensa de la empresa, mencionó que exactamente de la misma forma comenzó Diálisis de Honduras. «Construía las clínicas primero y después se ofrecían los servicios a la Secretaría de Salud, porque este es un proceso donde una licitación normal conlleva sus riesgos», dijo.
Entonces, lo que se hace es invertir en condiciones tanto técnicas, médicas como legales, para luego decir: «Estoy disponible, tomame en cuenta».
Castellanos sabe de lo que habla. Él fue socio de Diálisis de Honduras e incluso dijo que fue el gestor para que esta empresa consiguiera contratos con la Secretaría de Salud en el 2000. Cinco años después, dejó la sociedad por diferencias con el socio mayoritario Donald Ray Swendener, a quien acusa de utilizar materiales vencidos y de mala calidad en los tratamientos que brindaban a los pacientes.
Ahora sostiene que hay una molestia de parte de Diálisis de Honduras, porque fue él quien vino a romper el monopolio que por 23 años habían tenido en los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. «Han tomado acciones, como queriendo decir “los pacientes son míos”», aseguró.
El asocio de Diálisis de Honduras y Nefrocentro con un exministro del Gobierno actual
Edgard Castellanos aseguró a Contracorriente que se alejó de Donald Ray Swendener en 2005. Previo a ese distanciamiento, el 21 de diciembre de 2004 creó la empresa Oxígenos y Gases de Honduras S. A., en la que ambos compartieron cargos dentro del consejo de administración. Esta empresa se constituyó con el objetivo de «fabricar, comercializar, exportar e importar oxígeno y gases de todo tipo».
Sin embargo, según el Registro Mercantil de San Pedro Sula, la sociedad mercantil finalmente no prosperó y solo quedó disponible su acta de constitución. En ella aparecen como socios Castellanos y Mauricio Ramos, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el Gobierno de Xiomara Castro, entre el 27 de enero de 2022 y el 1 de junio de 2024.
El exfuncionario y empresario confirmó a Contracorriente que fue socio de Edgard Castellanos y que compartió cargos con Donald Ray Swendener —socio mayoritario de Diálisis de Honduras— dentro del consejo de administración de Oxígenos y Gases de Honduras, pero señaló también que esa sociedad mercantil nunca se consolidó.
«Fue un intento hace más de 15 años. Se quedó en eso… solo un intento de muchas cosas que quise desarrollar», indicó Ramos, quien, además de haber sido alto funcionario del actual gobierno, es cercano a la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). También es dueño del canal de televisión Une TV, cuya política editorial gira alrededor de un apoyo rotundo al actual gobierno.
En el acta de constitución de la sociedad mercantil, Swendener aparece como consejero propietario y Ramos como consejero suplente.
Por su lado, el exministro de Salud, José Manuel Matheu, manifestó a este medio haber sabido por terceras personas que su antiguo compañero de gabinete, Mauricio Ramos, había sido socio de Edgard Castellanos, pero que «nunca existió una presión por parte de él para favorecer a Technoss». Lo que sí es un hecho es que tanto Castellanos, Swendener como Ramos compartieron intereses empresariales alguna vez.
La presidenta Xiomara Castro anunció la salida de Ramos y Matheu de su administración el 1 de enero de 2024, solo unas semanas después de la controversia que se generó entre la Sesal y Technoss, dueña de Nefrocentro, a finales de 2023.
El convenio de la Fundación Luz y Vida
Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) por el departamento de Cortés, ha señalado que el servicio de hemodiálisis le resulta muy oneroso al Estado y que, si se continúa con la tendencia, en unos años será impagable.
En 2023, Umaña declaró a medios de comunicación que, según datos de la Sesal, los tratamientos de hemodiálisis pasaron de costar 300 millones de lempiras en 2016 a 900 millones de lempiras el año pasado. Afirmó que esa cantidad en licitación es solo para el tratamiento por hemodiálisis, pero que, en suma, cada paciente renal le cuesta al Estado 1,400,000 lempiras anuales. «Pronto serán cinco mil millones. Hay que prevenir que el Estado quiebre, no vamos a poder sostener esta enfermedad», manifestó en esa ocasión.
Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este medio indicarían que el doctor Umaña ha sido parte de los nuevos procesos para la atención de los enfermos renales en el país. El diputado del Congreso ha sido parte de la trama de estas empresas por medio de su participación en la Fundación Luz y Vida (Funluvi), en la cual él, su esposa y otros familiares forman parte de la junta directiva. Funluvi, el 15 de agosto de 2023, firmó un convenio con la Sesal para la supervisión del centro renal en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, aún no construido, y otro centro renal en Tegucigalpa, operado por Nefrocentro.
El convenio con Funluvi se firmó pese a que una unidad técnica de la Sesal, encabezada por el doctor Hernán Cruz Mendoza, concluyó que en la justificación no estaba clara la participación de la ONG en el funcionamiento del centro, aun cuando se mencionaban diversas actividades como la participación en la habilitación y creación del centro, acciones de veeduría social, contribuir con el manejo integral del paciente renal, brindando servicios de apoyo médico, psicológico, social y familiar, además de cualquier apoyo en la gestión financiera del proyecto, que finalmente no ha arrancado.
«No se recomienda la suscripción del convenio, sin tener antes la claridad en la definición y objetivo del nuevo centro que se pretende crear», se concluyó en el análisis sobre la suscripción del acuerdo. Sin embargo, esta recomendación no fue atendida por el doctor José Manuel Matheu, pues se firmó el acuerdo con Funluvi, en cuya junta directiva han figurado Marco Antonio Pinel, coordinador de la Unidad Renal de la Sesal; Gaspar Rodríguez, exdirector del IHSS; Carlos Umaña y su esposa Milady Mejía.
Al momento de publicar este reportaje, en el Mario Catarino Rivas aún no hay centro renal, pero se está construyendo, y Funluvi hace veeduría social en Nefrocentro de Tegucigalpa.
A través de un mensaje de audio, el doctor Carlos Umaña le afirmó a este medio que, desde que asumió como diputado en el Congreso Nacional, renunció por conflicto de interés a la junta directiva de Funluvi, de la que fue fiscal por más de 15 años, pero que su esposa y cuñada siguen involucradas en esta fundación, que, según el congresista, es sin fines de lucro y ha gestionado más de 100 trasplantes renales.
Dijo además que Funluvi fue nominada por la Sesal para hacer la veeduría social en los centros de San Pedro Sula y Tegucigalpa de la nueva empresa Nefrocentro, pero aclaró que Funluvi no tiene ningún vínculo con esa empresa: «No es accionista, no existe ningún miembro de Funluvi que esté en esa empresa, es más, esta empresa pertenece al Banco Atlántida, nació con dos socios, y uno de ellos le vendió al banco», dijo.
Umaña aseguró que el acuerdo se ha cumplido, y Funluvi supervisa los centros de Nefrocentro en San Pedro Sula y Tegucigalpa. «Es un acuerdo legal. No existe nada oculto», dijo, y agregó que «si Diálisis de Honduras hubiera ganado esos dos contratos, también iba a ser supervisada. Los contratos anteriores de Diálisis de Honduras impiden a la Secretaría supervisar sus instalaciones, es más, no dejan entrar personal de salud».
Además, descartó que Funluvi esté recibiendo dinero del Estado por el acuerdo, pues funciona con donaciones: «No recibe ningún dinero por parte del Estado de Honduras, toda esta relación es completamente ad honorem; es más, Funluvi acaba de lograr, a través de una intermediación, un préstamo de 32 millones de euros para el Gobierno», dijo.
«La empresa que daba el servicio no quiere perder absolutamente nada de sus monumentales ganancias y, como fui miembro de Funluvi, y todavía mi esposa y cuñada pertenecen a la Fundación, es lógico que intenten desacreditar nuestro nombre, pero no hay ningún negocio, no hay ningún conflicto de interés. Hasta el momento el convenio sigue vigente», expresó.
Pacientes renales, en medio de esta disputa comercial
Los miembros de Alpar han realizado varias protestas contra el cambio de proveedor de los servicios para pacientes renales. Una de las más visibles fue la toma de la salida de Tegucigalpa que va al norte del país, realizada en julio de 2024, cuando hubo incluso personas desmayadas y golpeadas por la Policía Nacional. Daniel Mairena, dirigente de los pacientes renales en Tegucigalpa, aseguró a Contracorriente en octubre de 2023 que sus compañeros estaban siendo utilizados por Diálisis de Honduras, que proporcionaba fondos para realizar las acciones. La empresa negó cualquier injerencia en las manifestaciones de los pacientes.
De nuestro archivo: La eterna deuda con los pacientes renales en Honduras
Entre las acusaciones contra Diálisis de Honduras está la demanda ante la CSJ presentada a través de los pacientes, que de resolverse no habría afectado a la empresa en cuestión, ya que presta este servicio al Estado desde hace casi 30 años y habría seguido trabajando porque la atención a los pacientes renales no puede detenerse, pero Nefrocentro no hubiera podido entrar en operaciones.
En Honduras hay alrededor de 5,000 pacientes renales. La mayoría son ajenos a los juegos de poder detrás de la atención renal. Por ejemplo, en San Pedro Sula, desde hace dos años, María lleva tres veces a la semana a hemodiálisis a su madre, y participó en las manifestaciones para exigir que los pacientes no fueran trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas.
Contó que su madre es atendida regularmente en Diálisis de Honduras, pero que también recibió hemodiálisis en Nefrocentro en el hospital Mario Catarino Rivas, y en ambos lugares recibió un trato digno del personal de enfermería. Sin embargo, también confió que otros pacientes, que tienen muchos años asistiendo a las clínicas de Diálisis de Honduras, le dijeron que antes el trato no era bueno, pero que a su mamá siempre la han tratado bien. Contó que en agosto de 2024 llegaron máquinas nuevas a Diálisis de Honduras; ella reconoce que las anteriores fallaban mucho. Quizás las disputas por el botín de atención a pacientes renales están dejando algo bueno para los pacientes. «El trato ha mejorado bastante», afirmó María.
