El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, enfrenta un proceso judicial relacionado con supuestos actos de corrupción cometidos por él y otras personas entre 2017 y 2018. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó contra él un requerimiento fiscal el 10 de octubre por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación llega casi dos años después de que, el 26 de octubre de 2020, la Uferco presentó una solicitud de antejuicio en su contra por el mismo caso, pero este antejuicio fue desestimado en diciembre de 2020.
El requerimiento fiscal actual detalla que se emitieron 32 cheques a nombre del implicado y de personas asociadas a él, justificados como fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos. Sin embargo, se presume que estos recursos se utilizaron para cubrir gastos no oficiales, financiar campañas políticas y gastos personales.
Como parte del mismo entramado de corrupción se menciona a Mario Zerón, exdirector de Administración y Finanzas Municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC); Rony López, exasesor financiero de la alcaldía; así como a Wilmer Rodríguez y Roger Amador, ambos exempleados de Cosemsa, empresa vinculada a Asfura. También se incluye a Óscar Uriarte, socio fundador de Cosemsa y Decoesa, otra empresa también conectada con el exalcalde capitalino.
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La audiencia inicial contra Asfura, programada para el 4 de noviembre, se determinó después de que el juez le otorgara medidas sustitutivas a la prisión, tras pagar una fianza de 15 millones de lempiras el 21 de octubre.
1. No es la primera vez que se intenta someter a Nasry Asfura a la justicia
El 26 de octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra Nasry «Tito» Asfura, cuando todavía era alcalde de la capital hondureña, y las exregidoras municipales Nilvia Castillo y Cinthia Borjas, acusándolos de haber desviado alrededor de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía capitalina entre 2017 y 2018.
Sin embargo, el 26 de mayo de 2021, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «no ha lugar» la solicitud de antejuicio, a pesar de que había sido admitida por la Corte de Apelaciones Penal en Materia Anticorrupción. Posteriormente, el 3 de junio de ese mismo año, el Ministerio Público apeló esta decisión y solicitó la reposición de la resolución.
Finalmente, el 26 de diciembre de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió una acción de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de Asfura, lo que impidió al MP promover acción penal en su contra.
La Corte Suprema, basándose en el decreto 116-2019 —derogado por el Congreso Nacional (CN) el 2 de agosto de 2023—, ordenó que se suspendiera toda acción penal hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuara una auditoría y determinara en qué tipo de responsabilidad incurrió el exalcalde del Distrito Central.
2. Inédita cadena nacional
El fiscal general Johel Zelaya apareció el 21 de octubre de 2024 en una conferencia de prensa transmitida por cadena nacional, en la que descartó que las acciones emprendidas contra Nasry Asfura sean una persecución política, asegurando que perseguirá el delito sin distinguir la condición económica o de poder de los responsables.
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«El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos sin respetar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas; perseguimos el crimen, la corrupción y a todos aquellos que han sido cubiertos por el manto de la impunidad», indicó Zelaya.
3. Un ministro del actual gobierno, beneficiado por la corrupción de Asfura
Durante la cadena nacional en la que comparecieron el fiscal general Johel Zelaya y el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, salió a relucir el nombre de Octavio Pineda, actual secretario de Infraestructura y Transporte. Según la Fiscalía, 735,599.81 lempiras fueron pagados por un contrato entre la empresa Amahsa y Geo Construcciones S.A. de C.V., que era propiedad de Pineda Paredes, para la construcción del parqueo privado de la residencia del representante legal de Amahsa, Johnny Kafati.
El 28 de febrero de 2022, Octavio Pineda Paredes y su padre, Octavio Pineda Medina, cedieron el 100 % de sus acciones en Geo Construcciones, S. A. de C. V., a Alex Alberto Cálix Medina y Juan Carlos Cruz, según consta el registro público de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Contracorriente identificó además que parte de los protocolos de la empresa Geo Construcciones S. A. de C. V. fueron certificadas notarialmente por la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel.
4. Nasry Asfura asegura ser «perseguido político»
El 22 de octubre de 2024, en una conferencia de prensa, Nasry Asfura afirmó que nunca se apropió de recursos públicos, y cuestionó: «¿Para quién soy una amenaza?».
«No debo nada, no le temo a nadie, no soy una persona abusiva ni interesada en hacer maldades o apropiarse de algo indebido. Me he dedicado a trabajar durante 48 años para serlo», indicó Asfura.
#JuzgadoPenal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Medidas Sustitutivas al exalcalde de #Tegucigalpa, Nasry Tito Asfura. pic.twitter.com/s3RQ09nCPI
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 21, 2024
El día anterior, acompañado de su defensa legal y rodeado de simpatizantes del Partido Nacional, así como de algunos diputados como Tomás Zambrano, Asfura se presentó a la audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en Tegucigalpa.
Su defensa asegura contar con evidencia suficiente para ganar el caso. En la misma conferencia del 22 de octubre, Dagoberto Aspra, apoderado legal de Asfura, destacó que lograron vencer al MP en el intento de antejuicio entre 2020 y 2021 y que ahora están seguros de «ganar el caso».
Aspra argumentó que la misma evidencia presentada por el MP en el requerimiento fiscal les permitirá triunfar en la defensa. Según él, una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que únicamente señala a Asfura por una falta de carácter civil, será la «lápida» para la acción penal promovida por los fiscales.
«Ahora quiero ver qué van a hacer con esa auditoría del TSC; con los mismos medios de prueba que presentó el Ministerio Público, nosotros vamos a ganar el caso. Lo que la auditoría del TSC reveló es una responsabilidad civil por 114 mil lempiras», manifestó Aspra.
5. Uso inadecuado de recursos públicos
De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2017 y 2018 se emitieron 32 cheques a nombre de los imputados, justificados como «fondos rotatorios» y «reembolsos de gastos». Los fondos de estos cheques fueron depositados en cuentas personales y utilizados en beneficio de personas relacionadas con Asfura. Se acusa que parte del dinero desviado se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía y gastos personales, como el pago de tarjetas de crédito a nombre de las hijas de Asfura y la compra de joyas.
6. Empresas ligadas a Asfura, beneficiadas por cheques de la alcaldía
Óscar Uriarte, otro de los imputados por el Ministerio Público (MP), está relacionado con Asfura Zablah a través de las empresas Cementos S. A. y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A. Además, es socio fundador de las empresas Decoesa y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A., en las que Asfura ha tenido participación.
Uriarte también fue uno de los socios fundadores de Cosemsa, empresa vinculada a Nasry Asfura que durante décadas, junto a Amahsa, propiedad de Johnny Kafati —socio de Asfura—, ha compartido el monopolio de la recolección de desechos sólidos en el Distrito Central.
7. Nasry Asfura, parte de los Pandora Papers
El 3 de octubre de 2021, Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron la investigación Pandora Papers, en la que se incluyó a Nasry Asfura como accionista mayoritario de una sociedad offshore denominada Karlane Overseas, localizada en Panamá, mientras desempeñaba un cargo de elección popular.
La posesión de sociedades offshore por sí misma no es evidencia de actividades irregulares, pero el hecho de que Asfura figuraba como accionista mientras era servidor público abre interrogantes. Asfura no explicó para qué usó la empresa.
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8. Nasry Asfura, precandidato presidencial
Nasry Asfura es uno de los actuales precandidatos presidenciales por el Partido Nacional. Tras haber perdido las elecciones generales de 2021 frente a la presidenta Xiomara Castro, quien llegó al poder tras una alianza entre su partido, Libertad y Refundación, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), Asfura busca convertirse en el candidato del nacionalismo para los comicios del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, el proceso judicial que enfrenta podría complicar su candidatura.
9. Señalamientos a Asfura por haber negociado la elección del fiscal general
El 28 de febrero de 2024, el diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, acusó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de haberse reunido con Nasry Asfura para negociar la elección de Johel Zelaya como fiscal general, como parte de una componenda política a cambio de favorecer al socio empresarial de Asfura, Johnny Kafati.
El 6 de junio de 2024, el medio Criterio reveló que, años atrás, Johel Zelaya tuvo como clientes en su notaría a Asfura y Kafati, así como a las empresas Decoesa y Cosemsa.
Tras ser juramentado fiscal general interino por la Comisión Permanente del CN el 1 de .noviembre de 2023, al Partido Libertad y Refundación (Libre) le tocó negociar con las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, hasta conseguir los 86 votos que el 28 de febrero de 2024 convirtieron a Zelaya en el primer fiscal del país.
10. Los fondos rotatorios siguen vigentes
Los fondos rotatorios, un mecanismo caracterizado por su escasa transparencia y destinado a supuestas ayudas sociales al que acceden el alcalde, vicealcalde y regidores municipales, continúan vigentes. El 5 de agosto de 2024, en Contracorriente evidenciamos que en la Alcaldía Municipal del Distrito Central este fondo sigue ejecutándose sin suficientes estándares de transparencia. Entre 2022 y 2024, la Corporación Municipal capitalina ejecutó 67 millones de lempiras, y la mayoría del dinero se entregó en efectivo a los beneficiarios.
Durante un XSpace organizado por Contracorriente, el alcalde Jorge Aldana admitió que existen vacíos en la transparencia con que se liquidan estos fondos.
