Durante dos días, el movimiento campesino y popular de Honduras se movilizó en una Tegucigalpa colapsada por el tráfico. Los manifestantes exigieron justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre, un alto a la criminalización de la protesta social y mayor acceso a la tierra para los campesinos.
Texto y fotografía: Fernando Destephen.
El movimiento campesino de Honduras, articulado en unas 25 organizaciones, se movilizó durante el martes 24 y miércoles 25 de septiembre en Tegucigalpa; donde acamparon los dos días en los bajos del Congreso Nacional, para movilizarse desde ahí un día hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el otro frente a Casa Presidencial, en demanda de acceso a tierra, la derogación del artículo 93-2021 que criminaliza la protesta social, y la revocación del decreto 31-92 de la Ley de la Modernización del Sector Agrícola, porque permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales.
La jornada de protesta también se realizó para exigir justicia en el caso del asesinato del ambientalista de Tocoa, Colón, Juan López, a quien unos sicarios le quitaron la vida el pasado 14 de septiembre. En los bajos del Congreso Nacional instalaron colchonetas, cocinas y baños portátiles, mientras la sesión ordinaria se llevaba a cabo en el hemiciclo.
El martes 24 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez y varios exfuncionarios públicos vinculados a las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, por «supuestos daños al parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Juan López fue un importante opositor de los proyectos extractivistas de estas empresas.
Los campesinos y defensores de la tierra que protestaban en los bajos del Congreso Nacional celebraron la acción del MP. Las investigaciones de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) revelan que las empresas habrían causado deforestación no autorizada, alteración de suelos y daños a las comunidades locales por la explotación minera en zonas protegidas.
Luego de haber pasado la noche en los bajos del congreso, los campesinos desayunaron en una de las cuatro estaciones de cocina improvisadas alrededor del edificio del poder legislativo, para luego responder al llamado de Jonny Rivas, de la Plataforma Agraria, que los convocaba para continuar la movilización, que se dirigió el segundo día hacia Casa Presidencial.
Los manifestantes solicitaban una reunión con la presidenta Xiomara Castro, pero al llegar al frente de Casa Presidencial, sus gritos chocaron contra una barrera de agentes de la Policía Nacional que los recibió con escudos antimotines.
Víctor Fernández, abogado del bufete Estudios Para la Dignidad, expresó que es el alto nivel de impunidad en el país lo que ha generado una persecución penal en contra de los defensores y campesinos: «Cuando quienes tienen como norma ejecutar crímenes, y sobre todo tienen garantía de que los ejecutan sin problema; cuando existen grupos económicos, empresariales y agroindustriales que entienden que esa dinámica les tiene garantizada impunidad, pues entonces van a seguir existiendo muertos».
Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria del Aguán, se sumó a las exigencias a la CSJ: «Estamos exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con los recursos de inconstitucionalidad que hemos interpuesto como bloque campesino».
Da la impresión de que la institucionalidad no escucha a los campesinos; tal vez los observan, pero han dejado de escucharlos. La manera de disolver una manifestación o movilización es hacerles integrar una comisión para ser «atendidos» por funcionarios o emisarios de los poderes del Estado, pero no por las autoridades que sí podrían dar respuesta a sus solicitudes. En la CSJ se reunieron con la magistrada presidenta, Rebeca Raquel Obando, quien recibió los planteamientos de los campesinos por escrito, pero diplomáticamente encargó a las magistradas integrantes Aída Martinez y Martha Merino Ponte que conversaran con la comitiva.
Durante su discurso en la 79.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se refirió al sesinato de Juan López: «Repudio y condeno el vil asesinato y he ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen», dijo.
El miércoles 25 por la tarde, siempre desde los bajos del Congreso Nacional, las organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa, e invitaron a los congresistas a que se les unieran. Solo respondieron al llamado la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y el diputado oficialista Jari Dixon, del Partido Libre. Gerardo Aguilar, de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), del sur de Honduras, expresó sentirse solo, sin el acompañamiento de los diputados de su departamento, Valle. Ya casi al final de la conferencia llegaron los diputados oficialistas Rafael Sarmiento, Bartolo Fuentes, Rasel Tomé, Rafael Barahona, y el diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya.
El jueves a mediodía los campesinos salieron del Distrito Central, otra vez sin soluciones, con muchas promesas y cargando el recuerdo de los compañeros caídos en la defensa del ambiente y de los territorios enfrentando a grandes empresas, a la corrupción y la impunidad de un país que los reconoce hasta que los asesinan.
