Una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, indica que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su entorno familiar estaban siendo investigados en un caso de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. La fiscalía colombiana envió a las autoridades hondureñas un material con escuchas telefónicas de investigaciones relacionadas con acontecimientos que vinculan a miembros de la familia Zelaya con el tráfico de drogas y compras irregulares de propiedades. Hasta el momento no se ha presentado requerimiento fiscal ni se ha comunicado avances en esta investigación por parte del Ministerio Público hondureño.
Texto: Contracorriente
Una serie de documentos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y una solicitud de asistencia legal a los que Contracorriente tuvo acceso detallan cómo, en el contexto de un caso por lavado de activos en contra de Grupo Fluir S.A. (Fluirsa) en 2012, el Ministerio Público de Honduras solicitó a la Fiscalía General de la Nación en Colombia apoyo en una investigación en la que también señalan a miembros de la familia Zelaya por presuntamente adquirir propiedades de manera irregular y amplían la investigación a un presunto involucramiento de Marco Zelaya, hermano del expresidente, en una operación de tráfico de drogas. La Fiscalía requirió específicamente información sobre José Manuel Zelaya, expresidente y actual asesor presidencial, sus hermanos, Marco Antonio Zelaya y Carlos Armando Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro.
El caso comienza en noviembre de 2010, después del golpe de Estado en el que fue derrocado Manuel Zelaya Rosales. Medios de comunicación hondureños reportaron la incautación de tres propiedades ubicadas respectivamente en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, zona central de Honduras, que según el representante de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en ese entonces, pertenecían a Grupo Fluirsa, una empresa acusada por lavado de activos. El caso de privación de dominio fue presentado por la fiscalía en el departamento de Santa Bárbara, donde previamente había sido incautada una hacienda en el municipio de Petoa, posteriormente esta hacienda sería vinculada con el expresidente Zelaya en la investigación.
Según el acta de constitución de Fluirsa, que data del 27 de abril de 2006, sus socios eran Aldo Asfura Laca — un empresario vinculado al lavado de activos que, en febrero de 2018, fue capturado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) por este caso, pero que fue liberado una semana después por falta de pruebas — y Elmy Valladares Ruiz, quien también figuraba en representación de los dos hijos que procreó con Sergio Neftaly Mejía Duarte, un narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en la Corte del Distrito Sur de Florida en 2018 por conspirar para distribuir droga hacia los Estados Unidos.
Cuando este caso se procesó, el Ministerio Público estaba liderado por Luis Rubí, un fiscal general señalado por malversación de recursos públicos e incompetencia, algo por lo cual renunció de su cargo en 2013. Luego el Ministerio Público pasó a manos de Oscar Chinchilla, un fiscal general señalado por proteger a narcotraficantes ligados a las operaciones del expresidente Juan Orlando Hernández. Actualmente, el MP está liderado por el fiscal general Johel Zelaya quien ha prometido ser implacable con quienes abusan del poder para cometer actos de corrupción o narcotráfico incluso dentro del mismo gobierno o del mismo partido con el que comulga, el Partido Libre. Johel Zelaya ha llamado a declarar al exdiputado Carlos Zelaya al MP por su participación en una reunión con narcotraficantes en 2013 en la que negoció un soborno para la campaña del Partido Libre, sin embargo hasta el momento no ha llamado públicamente a declarar a más miembros de la familia Zelaya.
Consultamos al Ministerio Público hondureño, a través de su vocero, sobre el caso y el seguimiento del mismo tras la solicitud de apoyo a la fiscalía colombiana, sin embargo al cierre de esta nota no respondieron sobre el estatus actual del mismo.
Fiscalía de Colombia entregó grabaciones que involucrarían a los Zelaya en negocios ilícitos
Dos años después de las primeras incautaciones contra Grupo Fluir, el Fiscal General de la República de ese entonces, Luis Rubí, solicitó la asistencia jurídica internacional de Colombia para determinar la participación de miembros de una organización criminal ya previamente investigada en Colombia.
El entonces fiscal general no sólo señaló a Aldo Asfura Laca, Elmy Valladares y Sergio Neftaly Mejía –quienes constituían Fluirsa– como culpables, sino que también extendió la investigación al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, a su hijo José Manuel Zelaya Castro y a los hermanos del expresidente Carlos Zelaya y Marcos Zelaya. El expresidente fue vinculado por la supuesta adquisición de una parte de los bienes incautados a Fluirsa y uno de sus hermanos fue vinculado por una supuesta llamada que ordenaba detener un cargamento de droga en Honduras previo al Golpe de Estado en 2009, según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Los socios de Grupo Fluirsa estaban siendo señalados por adquirir de forma irregular propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, y una hacienda con caballeriza, helipuerto y cabezas de ganado en Santa Bárbara, y que, según las autoridades, había sido adquirida en dólares en efectivo. Estos bienes, según la fiscalía, estaban vinculados a personas investigadas por lavado de activos. Según un oficio al que este medio tuvo acceso, hasta mayo de 2024, tres de las propiedades incautadas en la zona central de Honduras continuaban aseguradas, en manos del Estado de Honduras.
Posteriormente, en la solicitud de aseguramiento de bienes de esta sociedad, el juzgado de Santa Bárbara detalla que el terreno localizado en Santa Lucía, Francisco Morazán, fue comprado a Inversiones HU S. de R.L., específicamente al abogado Enrique Ortez Sequeira, cuando entonces era gerente de esta sociedad en marzo de 2007. Enrique «Kike» Ortez, — un politico liberal que ha sido cercano al expresidente Zelaya —, ya no es gerente de esta sociedad y en mayo de 2023 fue nombrado por el actual gobierno como embajador de Honduras ante Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés).
Luego de las incautaciones de los bienes de Grupo Fluir, la fiscalía señala al expresidente José Manuel Zelaya como uno de los posibles acreedores de una parte de los inmuebles y decide ampliar la investigación al propio ex presidente, sus dos hermanos y uno de sus hijos. Además, la fiscalía señaló a otras personas de varias nacionalidades al aparecer sus nombres en tarjetas de débito solicitadas por el «cliente titular» de Grupo Fluir.
«De las diligencias investigativas se obtuvieron algunos indicios de que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales era la persona que había adquirido parte de dichos inmuebles, razón por la cual se amplía la investigación hacia él, su hijo Jose Manuel Zelaya Castro, sus hermanos Carlos Armando Zelaya Rosales, Marco Antonio Zelaya Rosales y otras personas», indica el documento en poder de Contracorriente, que tampoco detalla la forma en la que Zelaya habría sido el acreedor de dichas propiedades.
En dicha solicitud de asistencia legal, la Fiscalía hondureña solicitó a la Fiscalía de Colombia en 2012 un expediente específico que contenía intervenciones telefónicas, grabaciones que supuestamente contenían la instrucción de un hermano del expresidente Zelaya — que después la fiscalía de Colombia identificaría como Marco Zelaya — para cancelar el envío a territorio hondureño de un cargamento de droga debido al golpe de Estado en 2009. Según la solicitud de asistencia, con estas grabaciones la fiscalía en Honduras podría identificar a las personas que recibían la droga enviada a Honduras y restablecer su vinculación con personas investigadas, según indica el documento.
Los documentos en posesión de Contracorriente indican que esa investigación contra Marco Zelaya, que estaba siendo llevada por la Fiscalía de Colombia, motivó la solicitud de apoyo del Ministerio Público de Honduras. El objetivo era «acreditar la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades ilícitas como ser el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas», en la que estarían involucrados el expresidente, sus hermanos y su hijo menor.
«Se brindará la colaboración internacional solicitada por la autoridad judicial de la república de Honduras, para lo cual se procederá a duplicar de manera íntegra el citado expediente y ubicar un investigador del caso para que reproduzca los CD que contienen las grabaciones de las intervenciones telefónicas que reposan en la investigación», respondió la Fiscalía General de la Nación en Colombia en mayo de 2013. Según el documento en poder de Contracorriente, en la respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación en Colombia, a la asistencia jurídica número 10016000098201200414 se entregaron a la fiscalía hondureña al menos 19 carpetas con centenares de folios. La respuesta de las autoridades colombianas a la Fiscalía hondureña puede verificarse en el portal de la Cancillería colombiana.
Escribimos y llamamos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales y a su hijo José Manuel Zelaya Castro para solicitar su versión de los hechos y preguntar si conocen sobre este caso que les implica, pero al cierre de esta nota no respondieron a nuestras solicitudes y el expresidente tampoco respondió al cuestionario enviado a su número de teléfono celular.
Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas
En 2017, cuatro años después de que la fiscalía colombiana hizo efectivos los envíos de CDs con las grabaciones que podrían implicar a Zelaya en un caso de lavado de activos y tráfico de drogas, una fiscal de la FESCCO solicitó a una jueza de jurisdicción nacional dar trámite a las mismas y nombrar a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para realizar el peritaje correspondiente.
La encargada de resolver y autorizar la juramentación del perito correspondiente para el caso que dio paso a la revisión del material enviado por la Fiscalía colombiana, fue la abogada Lisseth Vallecillo Banegas, jueza de letras con competencia territorial nacional. Vallecillo Banegas es una jueza que ha estado en el centro de varios señalamientos al haber sido parte del proceso criminalización que enfrentaron defensores del ambiente en Tocoa que se opusieron a la instalación de una mina en la zona de Guapinol; también fue señalada en un informe del TSC por irregularidades en la liquidación de viáticos durante su gestión pública. Además, es hermana del ex juez Marco Vallecillo, acusado en agosto de 2024 por utilizar su cargo para cometer presuntos delitos de extorsión.
Finalmente, en septiembre de 2017 se asignó a un perito encargado de inspeccionar y escuchar los 15 CDs y 11 DVDs proporcionados por la fiscalía colombiana; sin embargo, se desconoce el trámite o el estado actual en el que está la investigación. Contracorriente contactó a algunos de los fiscales, agentes y jueces mencionados en el documento de asistencia legal; sin embargo, expresaron que no están autorizados a hablar sobre los casos a los que han dado trámite.
«Foncho» Rodríguez otro presunto vínculo entre Mel Zelaya y el crimen organizado
La solicitud de aseguramiento de los tres bienes en la zona central de Honduras a Grupo Fluir S.A., también menciona a Rene Alfonso «Foncho» Rodríguez Valle, Wilfredo Humberto Hernández Herrera y a María Antonieta Mejía Serrano por el delito de lavado de activos.
«Foncho» Rodríguez Valle es un personaje que suena en el ámbito criminal desde hace tiempo.
En 2010, Marlene Banegas, entonces coordinadora de Fiscalías del Ministerio Público, lo mencionó diciendo que ya se había identificado que «Foncho» Rodríguez Valle era uno de los dueños de la primera hacienda incautada en Petoa, Santa Barbara; en ese entonces Rodríguez Valle enfrentaba un caso de lavado de activos. Banegas, quien fue asesinada en 2014, explicó también que Rodríguez estaba identificado como un testaferro ya que no podía justificar la existencia de los bienes que le incautaron.
Pasaron más de 13 años para que Foncho fuera de nuevo noticia en Honduras cuando el 27 de octubre de 2023, un juez le devolviera otros bienes que se le habían incautado (unas joyas, 60 mil dólares y varias cuentas bancarias) a pesar de que en el juicio, ante las preguntas de la fiscalía, no logró desvincularse de actividades del narcotráfico con hondureños ya extraditados a Estados Unidos.
En dicho juicio, una fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado le preguntó a «Foncho» Rodríguez Valle por supuestas transacciones hechas con el expresidente Manuel «Mel» Zelaya. Este contestó que sólo compartían el gusto por los caballos, pero que nunca había hecho negocios con él.
La fiscal le preguntaba eso porque, según una investigación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), entre 2008 y 2009, Mel compró una propiedad en Palos Blancos, Santa Bárbara, por 8 millones de dólares, terreno en el que supuestamente aterrizaron aviones militares y llegaron funcionarios de su Gobierno, aunque, según lo dicho por investigadoras de la DLCN en el proceso legal contra «Foncho», la propiedad siempre ha estado inscrita a nombre de Valle, señalado como «testaferro» del expresidente. El abogado defensor de Rodríguez catalogó la mención del expresidente Zelaya en este caso como «persecución política» y no se concluyó en este proceso alguna transacción directa entre Rodríguez y el expresidente.
La fiscal le preguntó a Rodríguez por el origen de sus activos — propiedades, cuentas bancarias, joyas — y él respondió que es ganadero, empresario y vende terrenos.
El piloto de confianza de Mel y del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina
Pero «Foncho» Rodriguez Valle y Manuel Zelaya no solo comparten el gusto por los caballos. A ambos los une el piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer.
En enero de 2007, René «Foncho» Alfonso Rodríguez Valle conformó la sociedad mercantil Helicópteros Turísticos S.A. junto al piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer, quien realizó vuelos para narcotraficantes en Guatemala y Honduras durante 2004: en Guatemala para Los Lorenzana y en Honduras para los Cachiros y los hermanos Valle Valle. Esto lo dijo el piloto cuando fue testigo de la Corte del Distrito Sur de Florida en el juicio en contra de Sergio Neftalí Mejía, un narco para quién Lozano Bahuer movilizó aproximadamente 6 mil kilogramos de cocaína en helicóptero entre 2007 y 2009, desde la Moskitia hondureña hasta San Esteban en Olancho y San Pedro Sula en Cortés. Sergio Neftalí, el mismo vinculado a Grupo Fluir.
En una auditoría entre 2006 y 2009 a Casa Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló una serie de irregularidades en pagos realizados por alquiler de aeronaves para la movilización del presidente de ese entonces, José Manuel Zelaya Rosales, dentro de los cuales figuraba Empresa Aeroservicios Centroamericanos (Aerocentro), que era representada por el piloto de los narcos: Guillermo Abraham Lozano.
En la auditoría señalan el pago por más de 2 millones de lempiras a Aerocentro entre septiembre y diciembre de 2006, vuelos que no fueron solamente de uso de Zelaya Rosales, sino para otros funcionarios, empleados y personas particulares y por los cuales no se encontró un contrato por el servicio de alquiler.
En 2012, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) capturó en San Pedro Sula a Haward Suhr, uno de los socios de Lozano Bahuer en Aerocentro, y a Juan Luis Gonzalez, exdiputado guatemalteco, ambos pilotos de esta empresa a raíz de otro hallazgo que habían realizado en 2010, uno que vinculaba esta empresa al narcotráfico: el decomiso de un helicóptero de esta empresa con rastros de drogas en la moskitia que operaba en un vuelo ilegal y con posibles vínculos al Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2013, ambos fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
El Periodico de Guatemala también reveló que Lozano Bahuer fue un piloto de confianza para la familia presidencial de ese entonces en Honduras, tanto que después del Golpe de Estado en 2009, transportó a Manuel Zelaya Rosales y su familia hasta Guatemala, y luego regresó al expresidente a Honduras sin activar la detección de radares internacionales.
Guillermo Abraham Lozano declaró ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida que había volado para el expresidente José Manuel Zelaya, aunque dijo que nunca transportó drogas para él.
Desde 2007, Bahuer colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), y dijo en 2018 al juez Michael Moore de la Corte del Distrito Sur de Florida que negoció con los ejecutivos de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) un soborno de 30 millones de dólares a cambio de otorgarles el usufructo de un terreno para operar una terminal portuaria privada mientras volaba también para otro presidente centroamericano de ese entonces: el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El piloto y el expresidente fueron acusados por el Ministerio Público de Guatemala y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por haberse beneficiado de sobornos en 2016.
Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas
Algunos de los señalados en este documento han rendido cuentas ante la justicia, como Sergio Neftaly Mejía, sentenciado a cadena perpetua por una Corte de los Estados Unidos en 2018, o el caso de la familia Montes-Bobadilla, de la cual solo Juan Carlos Montes-Bobadilla se encuentra prófugo y por el cual Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares como recompensa.
El documento del Ministerio Público también relaciona — sin decir la razón — a Elmy Valladares (socia del Grupo Fluir) con Pedro García Montes, quien perteneció a la estructura de los Montes-Bobadilla, una familia que se dedicaba al cultivo de coca y tráfico de cocaína en el departamento de Colón. Esta familia trabajó estrechamente con Los Cachiros y Los Valle Valle. Pedro Montes, quien residía en Colombia inicialmente e introdujo a la familia al tráfico de drogas, fue asesinado en 2004 en ese país.
A Valladares — quien conformó Grupo Fluir S.A. junto a Aldo Asfura Laca — se le incautó una serie de bienes después de la sentencia de Sergio Neftaly Mejía, dentro de los cuales estaba un club social privado y apartamentos a su nombre en La Ceiba, al norte de Honduras, y un hotel en la Moskitia, Gracias a Dios.
Pero esta no fue la única vez en la que Elmy Valladares y Aldo Asfura, socios de Grupo Fluirsa, colaboraron en la adquisición y venta de bienes de origen ilícito.
En marzo de 2009, Aldo Asfura Laca vendió una de sus propiedades en Tegucigalpa, específicamente en la Colonia Florencia — donde en ese momento estaba la sede del club deportivo Necaxa según medios de comunicación — a Horizontes Turísticos de Honduras S.A. de C.V., una sociedad en la que él mismo figuró como ejecutor especial desde 2006 y que tenía un nombre casi idéntico con Horizontes Turísticos de Honduras S. de R.L., otra sociedad conformada por Elmy Valladares, Sergio Neftaly Mejia y Claudia Patricia Hernández.
La confirmación de una investigación del MP por narcotráfico y lavado de dinero contra los Zelaya, relacionados con Grupo Fluir, es un segundo indicio de los vínculos de la familia presidencial con estructuras del crimen organizado. El pasado 3 de septiembre, el medio Insight Crime reveló un video en el que se ve a Carlos Zelaya — hermano del expresidente José Manuel Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cacique del Partido Libre — reunido con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y con los narcotraficantes Ramón Matta Waldurraga y los hermanos Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, algo que ha generado un terremoto político sin precedentes en Honduras aunque de momento no hubo un paso contundente de la justicia hondureña para acusarlos.
Recomendamos leer: El tiempo perfecto de los Zelaya
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
