Texto: Fernando Destephen y Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen
«Buenas tardes, Juan López», saludó el sacerdote Carlos Orellana al iniciar la misa de cuerpo presente en la catedral de Tocoa, Colón. «Buenas tardes, Juan López», repitió, y todos en la iglesia respondieron a coro alrededor del ataúd. A Juan López lo asesinaron el 14 de septiembre; salía de la iglesia cuando un sicario se acercó a su vehículo y disparó.
Juan fue criminalizado en 2019 por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal. Él, junto a más de 30 ambientalistas, fueron procesados y encarcelados por oponerse a la instalación de una mina de la empresa Inversiones Los Pinares que estaba contaminando el río Guapinol y el río San Pedro, principal fuente de agua de varias comunidades en Tocoa.
En las últimas semanas, Juan había denunciado nuevos procesos de criminalización en contra de él y sus compañeros defensores del ambiente.
«Sabías muy bien que el sistema extractivista y minero es un sistema que mata y destruye a todo el mundo, junto con la corrupción de los falsos políticos y los narcogobiernos. Pero sobre todo, entendiste que la lucha por la vida de los pueblos no termina jamás», fueron las palabras del obispo de Trujillo, Jenry Ruiz.
El padre Ismael Moreno, reconocido líder eclesiastico y social en Honduras, en su intervención en la misa dijo: «El asesinato de nuestro hermano Juan López, desde su plena y absoluta identidad inicial, fue un asesinato político», y agregó que lo que buscan con este crimen es infundir miedo en la comunidad y en la lucha por la defensa de los territorios.
López desde 2023 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que debía garantizar el Estado, pero nunca se cumplieron.
«¿Qué queremos en el Aguán? ¡Justicia para Juan!», se oía dentro de la iglesia, consigna que exige una verdadera justicia, una investigación seria y que los autores tanto materiales como intelectuales no queden en las sombras de la impunidad.
El martes 17 de septiembre, el director de Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Godoy, dijo que la investigación está avanzada, pero que «existe una profunda preocupación por una mayor incidencia que se pueda dar en el sector, porque están muy caldeados los ánimos». La lógica de la fuerza de seguridad es asegurar que no pase nada, cuando ya ocurrió.
Juan solía escribir textos de reflexión sobre lo que ocurría en nuestro país y los enviaba por Whatsapp. El último que escribió y compartió fue del 14 de septiembre, en el cual se refirió a la independencia de la «patria rota», haciendo un análisis histórico de todas las industrias que han abusado de la tierra en Honduras, desde las compañías bananeras hasta las minas.
Juan era regidor de la alcaldía de Tocoa, Colón, una tarea nada fácil y muy hostil. Enfrentaba al lobo en su madriguera, por lo que sus palabras y acciones incomodaron, y su gestión en favor de los bienes comunes ofendió al poder político y criminal en esa zona.
«Admito que la lógica de Adán Fúnez y su equipo cercano es incompatible con los principios que rigen mi orientación política», escribió el 14 de septiembre, horas antes de ser asesinado, y condenó que «ser pueblo es el mayor delito ante quienes se obstinan en dominar y explotar».
Juan fue sembrado la noche del 16 de septiembre. Algunas de las nubes que ocultaban la luna llena quedaron amarradas a las montañas que Juan cuidaba, como una despedida de la naturaleza, que perdió un defensor, pero conserva su legado.
«Este es un crimen político, y esperamos que la policía y la fiscalía investiguen quienes son los responsables de la muerte de Juan», dijo el diputado de Libre Juan Barahona, quien acompañó la caminata desde la funeraria hasta la iglesia, y agregó que «el Estado tiene medios de cómo investigar esta muerte para que el pueblo sepa quienes son los asesinos». Lo que no dice Barahona es que su partido tiene el poder sobre las instituciones del Estado, y en lugar de «esperar la justicia» debe ejecutarla.
Tras el anuncio de que el «equipo multidisciplinario» creado y propuesto por la Secretaría de Seguridad para investigar el crimen sería integrado por la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, al que pertenecía Juan, emitió un comunicado en el que manifiestan que no confían en la capacidad de estas instancias de investigar de forma objetiva e independiente lo que calificaron como «crimen político».
Además, en una conferencia de prensa del 18 de septiembre, el Comité exigió la protección inmediata de los defensores y sus familias, así como la cancelación definitiva del megaproyecto de Grupo Emco, al que pertenecen la mina de la empresa Los Pinares, y la planta peletizadora de la empresa Ecotek. También han pedido la sanción inmediata de «funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido la escalada de violencia y criminalización en el municipio de Tocoa».
