Según la abogada y congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos no responde al «intervencionismo de los Estados Unidos a través de la Embajada», sino, a una acción que desde el gobierno ya se tenía contemplada para proteger a personas vinculadas con el crimen organizado que pertenecen o son afines al partido de gobierno.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Archivo CC
El 28 de agosto se convirtió en un día histórico en Honduras luego que la presidenta Xiomara Castro ordenara al canciller de la República, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición de Honduras con los Estados Unidos por la «injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos» en la política de Honduras.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X como respuesta a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu quien expresó su rechazo hacia la visita del ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, a Venezuela, como invitado a los Cuartos Juegos de Cadetes Militares en este país. En fotografías y videos se ve al ministro de defensa -hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y sobrino de la presidenta Xiomara Castro-, junto al ministro de Defensa y Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino a quien la embajadora Dogu se refirió diciendo que le sorprendía ver a miembros del gobierno de Xiomara Castro sentados con «narcotraficantes».
El canciller Reina, que no respondió a las solicitudes de entrevista de Contracorriente, dijo en un primero momento a un medio televisivo que esto no significaba que el tratado de extradición quedaba sin validez de inmediato y que «habría que revisar el procedimiento de denuncia» que está contemplado en el tratado.
«Yo creo que no es nada malo que asumamos una posición digna, nosotros vamos a seguir trabajando sobre la base del respeto mutuo, es una decisión de la presidenta y hay que acuerparla (…) en las veces que hemos viajado a Estados Unidos a reunirnos y advertir que la relación no debe encarecerse por las opiniones de la embajadora lo hemos dicho, a todos los niveles», dijo en este foro el canciller, sin embargo, posteriormente, Enrique Reina publicó en X una nota dirigida al gobierno de Estados Unidos, en la que señalan que, conforme a los artículos 1, 15 y 245 de la Constitución de la República, y al artículo XIV del tratado de extradición entre las dos naciones, Honduras decide dar por terminado el tratado de extradición.
Presidenta @XiomaraCastroZ he procedido a cumplir su orden de inmediato, remitiendo la Nota No. 111-DGAJTC-2024 mediante la cual comunicamos oficialmente la denuncia al Gobierno de los EEUU del tratado de extradición entre Honduras y EEUU. pic.twitter.com/aNhT9RduT3
— Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) August 28, 2024
En el Artículo XIV (14) del tratado de extradición se estipula que «cualquiera de las partes contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así».
Para la abogada y congresista conocida por su lucha anticorrupción en Honduras, Fatima Mena, la instrucción de la presidenta Xiomara Castro no responde a las injerencia del país norteamericano en los asuntos nacionales, como ha denunciado la mandataria y distintos funcionarios, más bien, sin que es una excusa para proteger a quienes son parte o son afines al partido de gobierno.
«Venir a querer justificar la decisión política de denunciar un tratado de extradición es un pretexto, me parece que esta es una acción que ya tenían contemplada de protección a personas vinculadas con el crimen organizado por parte del partido o personas afines al partido de gobierno, no tiene nada que ver las declaraciones de la embajadora con la acción de la presidenta, lo que atenta con el acceso a la justicia que el pueblo hondureño ha tenido gracias a ese proceso de extradición», manifestó Mena.
Con esto, la congresista recordó que ha sido gracias a este tratado que personas como el expresidente Juan Orlando Hernandez y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, han sido enjuiciados y finalmente condenados por delitos ligados al narcotráfico en Estados Unidos, y que además, altos funcionarios vinculados al poder político y económico han enfrentado la justicia, ya que en Honduras no se han dado esas condiciones.
El Estado comenzó a extraditar a hondureños hacia los Estados Unidos después de la adhesión de un artículo a la Constitución de la República que permite la extradición de ciudadanos señalados por casos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado, y que invoca al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos desde 1912.
Carlos Arnaldo Lobo, conocido como «El Negro» Lobo, fue el primer hondureño solicitado en extradición por narcotrafico por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida en 2014. Después de esta, han ocurrido al menos 40 extradiciones más de hondureños señalados por narcotráfico, tráfico de migrantes y lavado de activos.
La próxima extradición será de Mario Cálix, conocido como «Cubeta», el 4 de septiembre. Cálix estaba dentro del listado de 16 extraditables revelado por la secretaría de Seguridad, entre los cuales están Henry Fernandez del clan de los Valle Valle, Juan Carlos Montes Bobadilla, y Alexander Mendoza, conocido como «El Porkys», cabecilla de la MS-13 en Honduras.
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Tratado de extradición debe ser derogado mediante reforma constitucional en el Congreso Nacional
El abogado constitucionalista y analista político, Raul Pineda Alvarado, opina que para dar por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos se debe reformar el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establece que «ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero» exceptuando los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado «cuando exista tratado o convenio con el país solicitante».
Pineda recuerda que en la sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó el decreto para hacer esta reforma constitucional se restringió el acceso a la prensa, y que mediante mayoría calificada se aprobó la adhesión del artículo y, por lo tanto, la reforma a la Constitución. En ese momento Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en 2022 y posteriormente condenado a delitos de narcotráfico en 2024, era presidente del Legislativo.
«Solo el Congreso puede reformar la Constitución y para establecer que el Estado de Honduras no pueda extraditar ninguna persona de nacionalidad hondureña habría que reformar nuevamente el artículo, no basta la denuncia de la presidenta, porque la presidenta no tienen facultades de reformular la Constitución», indicó Pineda, quien además señaló que para esto se necesita la mayoría calificada en el Legislativo, es decir, 86 votos a favor, y que esta reforma debe ser aprobada en dos legislaturas.
Ley de extradición representa un retroceso para enjuiciar a criminales
Sobre la posibilidad de que al Congreso Nacional regrese la discusión de la Ley de Extradición -un proyecto de Ley que ha permanecido engavetado desde marzo del año pasada-, Mena plantea que esto no tendría efectividad, considerando que este proyecto vendría a entorpecer la celeridad con la que se han dado las extradiciones a los Estados Unidos gracias al auto acordado aprobado en junio de 2013.
«Sabíamos que dentro de Libre habían sectores que querían obstaculizar los procesos de extradición pero ya llegar a un nivel de denunciar un tratado que ha sido tan efectivo para poder llevar a criminales vinculados con narcotráfico de un país donde el sistema operativo gira alrededor de los capos de la deroga y los capos de corrupción y quitar esta herramienta para que la justicia alcance a estas personas, me parece inconcebible, lamentable y peligroso porque le estaría dando impunidad a las personas que no se han podido llevar de cara a la justicia del país», manifestó Fatima Mena.
En febrero del año pasado, después de ser electa la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando dijo en una conferencia de prensa que existía la posibilidad de reglamentar la extradición en Honduras.
Lo anterior revivió un debate alrededor de esta Ley en el Congreso Nacional, por la que hasta el momento existían dos propuestas para ser reglamentadas: una por parte del diputado Jorge Calix, precandidato presidencial por el Partido Liberal y quien ahora está en contra de la cancelación del tratado de extradición, y otra por parte del Odir fernandez, rector de la universidad Nacional Autónoma de hOnduras (UNAH).
Sin embargo, después de esto, la comisión especial designada para el diseño de este proyecto no ha vuelto a pronunciarse y tampoco ha mostrado avances en la reglamentación o discusión de esta Ley.
Un mes después de las declaraciones de Rebeca Raquel, y luego de regresar de Venezuela en un viaje para formalizar acuerdos sobre el petróleo y sus derivados con funcionarios de este país y con el presidente Nicolas Maduro, el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, expresó que en ningún poder del Estado existía la posibilidad de cancelar los tratados de extradición.
El expresidente @manuelzr, aclaró que el gobierno de la presidenta @XiomaraCastroZ no tiene ninguna intención de cancelar, retrasar, obstaculizar o entorpecer el tratado y los procesos de extradición. pic.twitter.com/WM2opXzGMB
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) March 7, 2023
«Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición», repitió tres veces el exmandatario, quien añadió que, además, tampoco existía la intención de añadir obstáculos o trabas el proceso de la misma, y además dijo que todo lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación en ese momento era «bla, bla, bla».
