El Poder Judicial renovará su flota de automóviles con un gasto de 344 millones de lempiras, destinados a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. Aunque el 81 % de los vehículos registrados hasta febrero de 2022 tenían menos de 10 años, el Poder Judicial considera necesaria una renovación. Magistrados de la Corte Suprema aseguran que sus predecesores les dejaron los carros en «mal estado» y «se llevaron los mejores».
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
El Poder Judicial está decidido a renovar su flota de automóviles. Un gasto de 344 millones de lempiras (más de 13.8 millones de dólares) será destinado a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Contracorriente, este millonario gasto responde a la necesidad de renovar una «flota antigua», a pesar de que el 81 % de los automotores registrados hasta febrero de 2022 no contaba con más de 10 años de antigüedad.
Dentro del Código Único de Bienes y Servicios (CUBS) número 78111808 y objeto de gasto número 22220 del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente a 2024, se consigna la adquisición «PJ-SERV_GEN-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA», con un monto estimado de 154 millones de lempiras (cerca de 6.2 millones de dólares) y como contratación directa.
En el mismo documento, en el CUBS número 25101905 y objeto de gasto número 42310, otro ítem establece «PJ-SERV_GEN-ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES PARA FLOTA DEL PODER JUDICIAL», con un monto estimado de 150 millones de lempiras (más de 6 millones de dólares) y bajo licitación pública como modalidad de contratación.
Un tercer ítem, contenido en el CUBS número 92121800 y con el mismo objeto de gasto 42310, indica «PJ-SERV_GEN-BLINDAJE DE AUTOMÓVILES DEL PODER JUDICIAL», a un monto estimado de 40 millones de lempiras (más de 1.6 millones de dólares) y bajo la modalidad de licitación pública.
Para el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría de Finanzas le asignó al Poder Judicial un presupuesto de 3,897,386,234 lempiras (más de 156.7 millones de dólares), de los cuales 344 millones, el 8.82 %, serán destinados a adquisición de nuevos vehículos.
En ese contexto, una fuente dentro de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial confirmó a Contracorriente que existe la necesidad de renovar la flota de automóviles y que, para ello, ya iniciaron con la subasta de 317 vehículos que estaban en «condición de chatarra».
De acuerdo con el documento de Estados Financieros del Poder Judicial, correspondiente a junio de 2024, dicha subasta dejó ingresos por 2,124,000.00 lempiras, lo que supone que, en promedio, cada vehículo fue subastado en 6,700.32 lempiras.
La fuente consultada también defendió que la adquisición de nuevos vehículos será «la primera en muchos años».
«Recordemos que la mayoría de vehículos que están asignados a magistrados y jueces habían sido adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional. Ahí ninguna dirección del Poder Judicial podía hacer compras, solo se recibía», indicaron.
Entre 2014 y 2021, según los entonces administradores del liquidado Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, se compraron 2,202 automóviles por una suma de 720 millones de lempiras (29 millones de dólares al cambio de entonces) que fueron destinados al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, en una nota del 15 de junio de 2021, Contracorriente reveló que varios de estos vehículos —algunos de ellos blindados— habían sido asignados discrecionalmente a funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, y no a operadores de justicia.
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Contracorriente identificó que, en el caso del Poder Judicial, se recibieron vehículos adquiridos con este fondo en los años 2014, 2016 y 2018. Las entregas quedaron consignadas en los documentos TSP/CD-012-2013, TSP-006-2016 y TSP/CD-062-2017.
En el caso de la renovación de la flota de automóviles del Poder Judicial, programada para 2024, y con la cual se pretende también renovar los vehículos asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se nos informó que el proceso de licitación para la adquisición, que ascenderá a 150 millones de lempiras, y para el blindaje de algunos de ellos, a un costo de 40 millones de lempiras, todavía no ha comenzado.
Por otra parte, el arrendamiento de automóviles para la seguridad de la Corte Suprema, que asciende a 154 millones de lempiras, se efectuará a través de contratación directa bajo un presunto amparo en el artículo 63, numeral 4, de la Ley de Contratación del Estado.
«La adquisición de esos vehículos es una necesidad y por ello aparece en el PACC. Ahora bien, a nosotros no se nos ha autorizado iniciar todavía con las licitaciones, eso primero debe pasar por la aprobación de la Dirección Administrativa y la Presidencia», agregó la fuente del Poder Judicial.
El 13 de agosto de 2024, Contracorriente entregó a la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial un cuestionario dirigido a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, con el fin de obtener mayores detalles en relación con el arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos del Poder Judicial. Dos días después se nos comunicó vía telefónica que la funcionaria judicial había recibido el documento, pero que no podían garantizarnos una fecha precisa de respuesta.
El artículo 15, literal A, del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia faculta a la magistrada presidenta para «realizar la función administrativa del Poder Judicial de conformidad con la Constitución de la República y demás leyes».
Adicionalmente, el 12 de agosto de 2024, a través de solicitud de información pública, mediante número SOL-PJ-3011-2024, pedimos las resoluciones a través de las cuales se aprobó el arrendamiento, la adquisición y el blindaje de estos vehículos. Hasta la fecha de publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.
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Según el último registro, actualizado hasta febrero de 2022, la flota operativa del Poder Judicial estaba integrada por 355 automóviles de las siguientes marcas: Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Tayo, Rosmo, Yamaha, Strick, Transglobal, Ajax, Bertolini, Alued, HYTR, Loadcraft, Titan, Dorsey, Trailbird y Jeep. La flota incluye camionetas, pick-ups, autobuses, motocicletas, remolques y camiones.
El artículo 6 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial establece que ese poder del Estado puede «comprar los vehículos automotores que estime conveniente, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria respectiva».
La Corte Suprema también estrenará «juguetes»
Desde el más alto órgano jurisdiccional del país, es decir, la Corte Suprema de Justicia, conformada por 15 magistradas y magistrados propietarios, y seis magistradas y magistrados integrantes (suplentes), confirmaron a Contracorriente que, desde que asumieron funciones el 17 de febrero de 2023, se puso sobre la mesa de debate la adquisición de nuevos vehículos para transportar a los jueces supremos y a su personal de seguridad.
Hasta esa fecha, la flota de vehículos del alto tribunal estaba conformada por 42 automóviles de lujo. De ellos, 17 eran Toyota Land Cruiser Station Wagon, con número de serie VDJ200LGNTEZ y color blanco, con un costo entre los 1,460,807.90 y los 1,692,405.00 lempiras. Todos estos vehículos, de años 2014, 2016 y 2018, fueron adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Adicionalmente, se contaba con 10 Toyota Land Cruiser Prado, avaluadas entre 528,679.50 y 1,124,558.00 lempiras, con números de serie KZJ120LGKMGT, KDJ150LGKAEY y GRJ150LGKTEK, y 15 Toyota Hilux, con números de serie KUN25LHRMDH y HN1818HLX021, valoradas entre 429,475.00 y 726,669.00 lempiras, y que estaban destinadas al personal de seguridad de las magistradas y los magistrados.
En total, la flota de vehículos de la Corte Suprema que presidió Rolando Argueta entre 2016 y 2023 estaba valorada en 47,331,811.30 lempiras.
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Una fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia dijo a Contracorriente que en febrero de 2023, a pocos días de haber asumido las actuales autoridades, la magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, nombró una comisión especial integrada por dos miembros del pleno y un representante de la Dirección Administrativa, a fin de revisar la flota de automóviles disponible y solicitar a las y los magistrados anteriores un informe acerca del estado en que entregaban los vehículos.
Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, una vez que concluyen su período constitucional de siete años, están habilitados para apropiarse de uno de los automóviles que les fueron asignados mientras ejercieron sus cargos, confirmó a Contracorriente otra fuente judicial.
Según la información que se nos proporcionó por parte de la fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia, la comisión que nombró la magistrada presidenta pretendía instar a las y los magistrados predecesores a que se quedaran con los vehículos más antiguos y que dejaran los más recientes, sobre todo los que fueron adquiridos en 2018, pero «no se logró».
El 16 de agosto de 2024, Contracorriente tuvo acceso al estacionamiento de los vehículos destinados a los magistrados y las magistradas de la Corte y su seguridad, y únicamente observó dos de las 17 Land Cruiser Station Wagon que se adquirieron en 2018. El resto de los vehículos estacionados eran Land Cruiser Prado y Hilux.
Contracorriente solicitó, vía acceso a la información pública, los registros vehiculares del Poder Judicial correspondientes a 2023 y 2024, así como los números de inventario de cada vehículo y el o la magistrada responsable, a fin de que se pudiera cotejar cuáles de los vehículos que estuvieron asignados al pleno de magistrados y magistradas que presidió Rolando Argueta ya no pertenecen más al Poder Judicial y quedaron en manos de las y los exmagistrados, pero se nos negó la información.
Dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz y Milton Jiménez Puerto, atendieron a Contracorriente y se refirieron a la adquisición de nuevos automóviles para el Poder Judicial y, específicamente, la Corte Suprema.
Mario Díaz, magistrado de la Sala de lo Penal, declaró lo siguiente a través de un mensaje de texto: «No manejo la parte administrativa, pero, en mi caso particular, los vehículos que uso son de la administración anterior».
Por su lado, el magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto, aseguró que algunos de los automóviles que conforman la actual flota han reportado averías y otros problemas mecánicos.
«Sé que había problemas con los vehículos; algunos se entregaron en muy mal estado, y otros fueron llevados por los magistrados anteriores, con lo que yo no coincido, pero así está establecido. Cuando se fueron, se llevaron los mejores carros y se ha tratado de recuperar algunos, los que tienen mayor seguridad», dijo Jiménez Puerto.
El magistrado declaró que él tiene asignado un automóvil del año 2014 y que se encuentra, dijo, «un poco maltratado». «De hecho, el vehículo iba en marcha y de un momento a otro se paró, y no sabemos qué ocurrió. Se llevó a un taller y hasta el momento no se nos ha dado un diagnóstico. Sé que lo mismo les ha ocurrido a otros magistrados», agregó.
Milton Jiménez Puerto concluyó que no está en contra de que se adquieran nuevos automóviles, pero sí de que se cometan abusos con «bienes que pertenecen al Estado».
