Han pasado nueve años desde que Diario Tiempo cerró su edición impresa, después de que varias empresas de la familia Rosenthal fueran señaladas por la justicia de Estados Unidos como parte de una organización de lavado de activos. Desde 2022, los exempleados del diario esperan el cumplimiento de un fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia por los despidos que sufrieron en 2015 tras el cierre del medio de comunicación. Ahora, tras la resolución de la Sala de lo Penal de devolver los bienes incautados a varios miembros de la familia Rosenthal, los afectados reclaman que por fin se les haga justicia.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Cortesía
La tarde es húmeda en San Pedro Sula. Hay amenaza de tormenta este miércoles 10 de julio, y la conversación se arropa a la sombra de un frondoso árbol en la cafetería del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de los Zorzales. El fotógrafo Gerardo Mazariegos (75) y Carlos Umaña (71) recuerdan la época en la que fueron empleados de Diario Tiempo. Han pasado nueve años desde que los Rosenthal fueron acusados por lavado de activos en Estados Unidos, su edición impresa salió de circulación y más de 300 trabajadores quedaron sin empleo, sin nadie que respondiera por sus derechos laborales.
Mientras recuerdan a los que se han ido al descanso eterno esperando justicia, se comen un pastelito de harina de maíz con carne y arroz, acompañado con agua. Ambos son diabéticos y no quieren comer demasiado. La plática se desvía de la demanda, y se centra por un rato en hablar del sabor que tienen los pasteles.
Cuando la conversación vuelve al tema laboral, Mazariegos hace una reflexión respecto al fallo favorable que recientemente obtuvieron los Rosenthal en Sala Penal de la CSJ, que les devolvió todos los bienes que les habían sido incautados. «Ellos obtuvieron justicia, nosotros también necesitamos justicia, no es posible que la justicia sea selectiva», dicen. En septiembre de 2022, la Sala Laboral ordenó a Editorial Honduras (razón social de la empresa) pagar las prestaciones y salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación laboral en 2015. A pesar de tener la sentencia a su favor, los empleados siguen esperando que se cumpla.
Mazariegos se pregunta cómo es posible que hayan pasado dos años y que no haya ninguna institución que pueda obligar a esta familia a cumplir con la sentencia. «Nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos. Por eso ya estamos llenando los requisitos para entablar una demanda internacional contra el Estado, que es el garante de los derechos laborales de los trabajadores», explica.
Carlos Umaña, presidente del sindicato de trabajadores, también aguarda por una respuesta de la familia Rosenthal: «Esperamos que ahora, que ya les regresaron todo, no pueden decir que no tienen nada. Ellos decían que no tenían nada porque el Estado se los había quitado».
El fotógrafo de los cumpleaños de los Rosenthal
Décadas atrás, cuando era empleado de Diario Tiempo, Mazariegos era enviado frecuentemente a la casa de la poderosa familia Rosenthal con la misión de capturar con su lente momentos especiales del clan para la posteridad. Así presenció, entre otras fiestas, los cumpleaños de los hijos de don Jaime Rosenthal y doña Miriam Hidalgo: Yani, Patricia, César y Carlos.
«Maza» –como es conocido en el gremio periodístico– nunca imaginó que muchos años después volvería a esa casa, pero esta vez para reclamar los derechos laborales que la empresa le adeuda tras nueve años desde que Diario Tiempo cerró su edición impresa. Desde entonces los exempleados reclaman justicia, y a pesar de contar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a su favor, se les ha negado.
Gerardo Mazariegos llegó a Tiempo cuando tenía 24 años y fue fotógrafo de planta durante 43 años. Después de un tiempo en el oficio, comenzó a escribir y publicó pequeñas notas; sin embargo, dejó de hacerlo cuando un editor intentó asignarle una cobertura como si él tuviese una plaza de periodista.
También fue motorista del periódico por algunos años, pero dejó de hacerlo después de que le hicieran una audiencia con presencia de un inspector del Ministerio del Trabajo, tras haber abandonado un carro en la carretera entre El Progreso y Tela. Contó que él había reportado que el vehículo estaba averiado y no fue reparado. Al final salió bien librado del llamado de atención y nunca más volvió a conducir un carro del diario.
Pese a estos conflictos con sus patronos, Gerardo entregó más de cuatro décadas de su carrera profesional al medio de comunicación de los Rosenthal. Cuando el diario cerró sus puertas intempestivamente, se le fue de un plumazo una vida entera. El veterano fotógrafo no es el único sexagenario que exige sus derechos: «la mayoría de gente que está en esta demanda son de la tercera edad, por eso el Estado violenta los derechos», dijo Mazariegos.
Tras haber conocido de cerca la cotidianeidad de la familia Rosenthal, Mazariegos sostiene que siempre tuvo un buen concepto de Yani, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien comenzó a trabajar con mucho entusiasmo cuando don Jaime le encargó la gerencia de Tiempo. «Me gustó cómo comenzó a trabajar», dijo Mazariegos, aunque señaló que después de una temporada el entusiasmo del empresario se acabó, y fue enviado a trabajar a la cementera propiedad de la familia.
Su lugar fue ocupado por su hermano Carlos, quien llegó directamente a confrontar al sindicato, e incluso presentó una demanda contra la personería jurídica de la organización y trató de enviar a alguno de sus miembros a la cárcel. La última época de Tiempo, con Carlos al frente, fue la peor de ese periódico. Les retrasaron los salarios a los trabajadores hasta tres meses, y eso ocurrió frecuentemente.
Cuando el periódico cerró su edición impresa —en la web sigue al aire— ya no era una empresa saludable económicamente, y para rematar, los 232 trabajadores despedidos en ese momento se encontraron con que Editorial Honduras no tenía ningún activo, pues todos habían sido traspasados a otras empresas y sociedades del Grupo Continental. Todo este contexto, más las influencias que se presume que los Rosenthal aún tienen en los impartidores de justicia, han causado una prolongada espera en la que ya murieron 13 personas de las que demandaron a la empresa.
En septiembre de 2018 murió la periodista Farah Robles, colaboradora en diferentes medios de comunicación, especializada en la fuente de sociales en Honduras y una de las editoras de confianza del diario. Tras el cierre de Tiempo, Farah fundó una plataforma digital denominada El Diario.Hn, y también fue editora de sociales del diario El País en San Pedro Sula. Farah era de origen nicaragüense, pero vivió en San Pedro Sula desde su adolescencia.
Meses antes, también en el 2018, falleció el exdirector de Tiempo, Manuel Gamero, quien fue el primero y único director que tuvo el diario durante su existencia; aun así, murió esperando justicia. En octubre de 2022, en su casa de habitación, producto de un infarto fulminante murió el periodista progreseño Lenín Berríos, recordado en El Progreso y en el gremio por ser un buen contador de historias, y por su personalidad alegre. Durante más de 25 años se desempeñó en el área de publicidad de La Prensa y Tiempo. Al momento de su fallecimiento, Berríos trabajaba en la sección deportiva de El País.
El camino
Diario Tiempo operó en Honduras desde noviembre de 1970, pero en el 2015, después de que los Rosenthal fueron acusados por la justicia estadounidense por lavado de activos provenientes del narcotráfico, su edición impresa salió de circulación, dejando a más de 300 trabajadores sin empleo, sin nadie que respondiera por sus derechos laborales. Jaime, el patriarca de la poderosa familia, prometió en un comunicado que honrarían las deudas y compromisos; pero esto no ha pasado, a pesar de que ha pasado casi una década desde el cierre del diario, y cinco años de la muerte del patriarca, en enero del 2019.
Aunque Diario Tiempo no fue una de las empresas aseguradas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), estaba ligado al Banco Continental, y por eso inició el calvario. Las promesas de don Jaime de cumplir con las obligaciones se convirtieron en palabras lanzadas al viento.
En octubre de 2015, luego que Tiempo se despidiera de sus lectores con una leyenda en portada que decía «Hasta pronto», el jefe de redacción, German Quintanilla, explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), a través del Gobierno de Honduras, les había congelado las cuentas y no podían hacer ninguna transacción. «Ninguna empresa que nos debe dinero, ni el propio Gobierno, nos paga, porque no tenemos una cuenta en el sistema bancario. Los que deben publicidad no pagan. Estamos sin fondos», dijo Quintanilla, hablando con mucho sentido de pertenencia.
Después del cierre, en los meses subsiguientes y previo a los procesos legales que enfrentaron Yani y Jaime en EE. UU., los dueños del periódico desaparecieron y los empleados quedaron en la incertidumbre. «El diario estaba en total abandono y si a los dos meses nosotros no hacíamos ninguna acción legal [interponer la demanda], nos dábamos por perdidos», recordó Mazariegos. Contó, además, que con una comisión del Ministerio del Trabajo intentaron entregar el equipo que tenían, pero no había ningún representante de la empresa.
Al no obtener respuestas, y con los Rosenthal desentendidos, 232 exempleados interpusieron una demanda. En febrero de 2016 ganaron su caso ante un juez, pero su contraparte apeló, y la Corte de Apelaciones les negó la mayoría de las demandas que ya habían ganado en los juzgados. «La resolución de esa magistrada fue tan descabellada que por poquito nos declaran culpables de que Yani haya estado preso en Estados Unidos. Fue una aberración. Nos dejó solo con derechos, nos botó absolutamente todo y negó el principio de solidaridad», dijo Mazariegos, con marcada ironía.
El principio de solidaridad que menciona el fotógrafo era clave para determinar si se les pagaría o no a los extrabajadores del diario. Ya que Editorial Honduras y su marca Tiempo no poseían propiedades que pudieran ser embargadas, y el edificio, las maquinarias y otros bienes estaban a nombre de otras sociedades de los Rosenthal, pero con este principio, los demandantes tienen la posibilidad de cobrar, ya que el Grupo Continental tiene otras empresas relacionadas con el diario.
Finalmente, el 19 de agosto de 2022, tras el regresó de Yani al país, la Corte Suprema de Justicia otorgó a los exempleados de Tiempo la demanda de pago de prestaciones laborales y salarios caídos; «no queremos hablar de cifras, pero sí es bastante dinero», sostiene Mazariegos.
Con el fallo a su favor, los exempleados han intentado hablar con los dueños del diario para cumplir un formalismo, pues dicen que los Rosenthal saben hace mucho tiempo que perdieron el caso. «Hemos andado detrás de ellos para entregarles el requerimiento de pago y no hemos podido porque se esconden. Llegamos a las empresas donde sabemos que están y el guardia nos dice: “no han venido”. El asunto es que ellos no se han pronunciado, no han tenido la amabilidad de llamarnos y decir “vengan, miremos cómo resolvemos”. Es un silencio total», cuenta.
Mazariegos reconoció que, al principio del conflicto, a los extrabajadores se les ofreció la oportunidad de administrar el diario, pero al ser una empresa que no tenía bienes y que además necesitaba tener contacto con los bancos para comprar papel y tinta en el extranjero, no la tomaron. «Nos lo ofrecieron, pero nos estaban tendiendo una trampa porque desde el momento en que asumieramos el control del periódico, ya éramos socios y compartíamos las pérdidas, aunque solo lo administráramos por 15 días. Si lo hubiéramos agarrado, ahorita no estaríamos peleando nada».
«La Sala Laboral le ordena a Editorial Honduras (razón social de la empresa) pagar, basado en los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo, las prestaciones y salarios dejados de percibir desde la fecha que se produjo la terminación laboral (2015) hasta quedar firme el presente fallo», ordenó la sentencia emitida en septiembre de 2022 por unanimidad de los miembros de dicha sala. A pesar de esta resolución, dos años después, los empleados aún esperan que se cumpla la sentencia.
«Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes», donde «todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero». Estos versos del poeta hondureño Roberto Sosa siguen vigentes, pues quienes ya recibieron justicia son los Rosenthal.
El 20 de junio de 2024, la Corte de Apelación de lo Penal declaró sin lugar «la acción de privación definitiva de dominio promovida por el Ministerio Público sobre los bienes de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, César Augusto Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Edwin Mayer Rosenthal Coello, Edwin Mayer Rosenthal Oliva y otros titulares de derecho». Entre los bienes devueltos están los activos de Banco Continental y los de Empacadora Continental.
Después de nueve años de lucha, con la ley de su lado, pero sin recibir respuestas, Mazariegos baja un poco el tono de su discurso para pedirle a la familia Rosenthal que tengan la cortesía de reunirse con ellos.
En el Gobierno tampoco han encontrado respuestas; «se hacen los locos», dice Mazariegos cuando se refiere a las gestiones que han hecho en distintas esferas gubernamentales, sin que hasta ahora haya éxito. «No te imaginas cuánta gente ha ofrecido que nos va a ayudar, pero no sé con qué pegan. La justicia es selectiva porque no le dan el mismo tratamiento a políticos y empresarios poderosos de este país. Los descalzos no tienen la misma justicia. Lo que esperamos es que si, a los Rosenthal les cumplieron, nos cumplan a nosotros».
Mazariegos dejó de trabajar desde el 2015. Dice que él y otros compañeros han ido adquiriendo deudas, así que nos contó que con el pago de sus derechos espera cubrir estos compromisos; «no te voy a decir que lo ocupo para irme de vacaciones, pues lo más importante es pagar, deudas, gastos médicos y medicinas».
