Un decreto aprobado por el gobierno de Xiomara Castro devuelve al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía la protección de la que careció durante la explotación minera de la empresa Inversiones Los Pinares, le regresa la esperanza a los defensores del ambiente de Tocoa, Colón, y compromete a las autoridades a cumplirlo. Después de 10 años desprotegida, la zona núcleo de este parque nacional fue destruida por un proyecto minero que trajo más problemas que beneficios a las comunidades.
Texto y fotografías: Fernando Destephen
Lo que hay ahora en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras Montaña de Botaderos es la huella destructora de la empresa minera Los Pinares y los resabios de su poder que aún se expresan en el control de ese territorio.
El miércoles 3 de julio, el gobierno de Xiomara Castro entregó en un acto simbólico al pueblo tocoeño el decreto 18-2024, que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. El decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo.
Recordemos que en 2013, el Congreso Nacional reformó de manera irregular el decreto 127-2012 para reducir la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. La reducción fue de 217.34, hectáreas que luego fueron otorgadas a la concesión minera de inversiones Los Pinares, bajo los nombres de ASP1 y ASP2. El nuevo decreto derogó esa irregularidad e impide nuevas explotaciones mineras en zonas protegidas, pero más de diez años en desprotección le pasaron factura no solo al área protegida sino a las poblaciones de las comunidades aledañas.
Ese 3 de julio llegaron Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna); Malcolm Stufkens, viceministro de la misma Secretaría, el diputado Ariel Montoya, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional; el subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos, Longino Becerra; y la representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo, quienes se comprometieron en la asamblea a asegurar el cumplimiento del decreto.
Pero esa promesa se hace en medio del ruido. El ministro de la Serna, Lucky Medina, ha estado envuelto en una polémica desde que a finales de 2023 manifestó su apoyo a la instalación de un proyecto de generación de energía que pertenece a la empresa Tocoa Energy, del Grupo Emco el conglomerado del cual la empresa Los Pinares es parte. Con el proyecto de energía, los líderes ambientalistas de Guapinol han dicho que se daría continuidad al proyecto extractivo del conglomerado en la zona. Habitantes del municipio e integrantes de diversas organizaciones han expresado su rechazo a este proyecto en numerosas ocasiones, a pesar de los esfuerzos de la alcaldía de Tocoa por aprobarlo mediante cabildos realizados de forma irregular.
Pero ese día, el gobierno se mostró comprometido con la conservación del parque nacional. Después del acto simbólico en el colegio Dr. Ramón Rosa, y después de los discursos de los funcionarios, unos 25 carros pick-up iniciaron el camino hacia el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escalera Mejía.
La montaña aún está bajo el control de la minera, tanto así que para subir a la zona núcleo quienes resguardan el camino que construyó la empresa no permitieron el uso de la calle a las autoridades y visitas y éstas tuvieron que rodearlos.
El primer intento fue por la entrada principal de la empresa, un camino recto y árido, donde los guardias, al ver al grupo y a los representantes de Naciones Unidas, escondieron sus armas. La mayoría del grupo se fue en un pick-up a pedir «permiso» para que la comitiva de carros con funcionarios, periodistas, miembros de organizaciones, personal de las Naciones Unidas y el Comité de Bienes Comunes y Municipales de Tocoa pudiera entrar al parque por la entrada principal, que la empresa mantiene cerrada.
Los intentos de negociación continuaron y los ánimos ya estaban muy caldeados. Veinte minutos después, llegó en un turismo blanco el apoderado legal de la empresa para exigir que se cerrara el portón, y aseguró que íbamos a entrar, pero de forma ordenada y solo después de un chequeo rutinario de seguridad. El ejecutivo de la empresa pidió que todos nos apuntáramos en una lista, pero Johny Rivas, de la Plataforma Agraria, se negó, diciendo: «Después, con ese listado, nos van a mandar a matar».
Esperamos durante 35 minutos a que nos autorizaran a pasar, y al cabo de ese tiempo ni el ministro Lucky Medina, ni su viceministro Malcom Stufkens, salieron de su carro para interceder y que pudiéramos entrar al parque por el camino que atraviesa las instalaciones de la empresa, aunque supuestamente eran ellos quienes encabezaban la comitiva. Finalmente, el grupo tomó la decisión de subir a la montaña por el camino de la aldea Guapinol.
Después de que las calles de tierra de Guapinol se acabaron, inició la subida a un cerro en conflicto al que pocos han llegado desde 2018, cuando inició la persecución y criminalización contra defensores y defensoras del ambiente. A medida que subíamos, la carretera se hacía más pequeña; allí los caminos son exclusivamente para carros de doble tracción o camiones.
Mientras pasábamos al lado de una pequeña pulpería con rótulo caído, la única en muchos kilómetros, los pocos habitantes de la zona nos miraban pasar con sospecha.
Luego bajamos una cuesta empinada y llegamos a un brazo del río San Pedro, fuera del área de la concesión de la empresa minera. Allí se encuentra una galera abandonada que, según Limbor Velásquez, de la Fundación San Alonso Rodríguez, es un signo de la explotación de minerales en la zona, incluso fuera del área de concesión.
Casi a las cinco de la tarde llegamos a la entrada de la zona núcleo, bloqueada por algunas ramas y barriles. El área aún estaba vigilada por un grupo de hombres con uniforme negro, pasamontañas y armas largas, quienes al ver al grupo de vehiculos y personas comenzaron a tomar fotos. Son empleados de la empresa, los últimos, porque legalmente ya no tienen una función en la zona núcleo del parque nacional protegido.
Para llegar al botadero, parte de la concesión de la zona ASP2 que es utilizada para tirar los residuos del trabajo minero, incluyendo material arcilloso y metales pesados que contaminan el río San Pedro, teníamos que cruzar ASP1. Al final, solo unos cuantos vehículos lograron llegar hasta el área, donde se constataron los daños en la quebrada debido al vertido de materiales de la mina.
Ya en el lugar, Johny Rivas comenzó a buscar algo entre los cerros. «Por allá está la otra calle, por donde están sacando el material», dijo, mientras señalaba una zona del cerro más cercana al departamento de Olancho, donde se sospecha que la empresa sigue con la explotación minera, a raíz de la publicación del decreto 18-2024.
De acuerdo con la abogada Rita Romero, representante del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, las mineras ya tendrían que estar en el proceso de cierre de toda actividad en cualquier zona protegida. «No se pueden permitir más derechos mineros en las zonas protegidas», recalcó.
