Cárcel en Islas del Cisne no tiene licencia ambiental para su construcción y empresa que realiza estudios ambientales está vinculada a Grupo Emco

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) está en la última fase en el proceso de selección de la empresa que construirá una cárcel de máxima seguridad para 2,000 privados de libertad en Islas del Cisne, pese a no tener una licencia ambiental para la fase de construcción. Contracorriente tuvo acceso a un informe ambiental y varios testimonios de expertos involucrados que desaconsejan la construcción de esta cárcel. Los informes «serán saneados» por la empresa que contrató el INP para avanzar en el proceso de licitación. Esta empresa consultora ha realizado estudios ambientales para el Grupo Emco y ha compartido apoderado legal con la empresa Inversiones Los Pinares, ambos propiedad de Lenir Pérez, vinculado a diversos proyectos señalados por corrupción y daños ambientales en Honduras.

Por: Contracorriente

La comunidad científica de Honduras se opone a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Se pronunciaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) —la máxima institución rectora de los estudios superiores en Honduras—, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Ambientales, el Colegio de Abogados, y una amplia comunidad de profesionales de diversas ciencias que se aglutinan en una coalición. 

El gobierno ha respondido por medio del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), coronel Ramiro Muñoz, y el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, quienes han dicho que los que se oponen a este proyecto están ligados al crimen organizado y defienden pandilleros. Así, el INP ha continuado el proceso de licitación para llevar a cabo el «Plan solución contra el crimen», que contempla comenzar a construir el 2 de agosto la cárcel en Islas del Cisne para albergar a 2,000 presos, y un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) entre Olancho y Gracias a Dios, para 20,000. 

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El anuncio más reciente del avance del proyecto en Islas del Cisne —un archipiélago en el Caribe hondureño entre la isla de Guanaja y La Moskitia— lo hizo el ministro de la Serna, Lucky Medina, quien dijo en redes sociales y a través de medios de comunicación que la licencia ambiental para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne ya estaba aprobada. Según el periódico gubernamental Poder Popular, el ministro declaró que con esta licencia se completaba la fase 1 del proyecto, el cual debía continuar con una serie de estudios y el diseño de la cárcel. 

Contracorriente solicitó a la Serna el expediente de dicha licencia y esta institución respondió que la licencia se encuentra en reserva a petición de la Secretaría de Defensa, e indicó lo siguiente: 

Se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el proceso de acompañamiento en la revisión previa de los documentos técnico-ambientales concernientes a la Islas del Cisne de Honduras para dar paso a la primera fase del proyecto para la construcción de la Cárcel. Esta primera fase consiste en avanzar hacia los detalles del diseño final de estudios geológicos, biológicos, marino costeros, así como la ampliación en datos científicos y el diseño estructural y arquitectónico del Centro Penal en Islas del Cisne.

Así mismo, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario, esta Secretaría de Estado elaboró Términos de Referencia y Medidas de Control Ambiental para reducir al mínimo los impactos ambientales, las cuales anticiparon las 

1) Condiciones Preliminares previo al establecimiento del campamento y la realización de las actividades de estudio y diseño
2) Disposiciones Generales
3) Características del Campamento
4) Requisitos durante las actividades de Estudio y las
5) Actividades Post Estudio y Desalojo del Campamento, estas se adjuntan para su revisión y análisis completo.

Estas Medidas de Control Ambiental fueron cumplidas en su totalidad por el Proponente y según el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) en su Artículo 24, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en uso de sus facultades delegadas, procedió en fecha veintiuno (21) de junio del 2024, a emitir Licencia Ambiental Operativa SLAS-00074-2024, correspondiente al proyecto de la «Construcción de Centro Penal de Máxima Seguridad en Islas del Cisne (Fase I).

A pesar de que la licencia ambiental otorgada solo habilita la primera fase del proyecto, el INP convocó a licitación para la fase de construcción desde el 1 de julio y, según declaraciones del coronel Muñoz a Contracorriente, el proceso se ha acelerado al punto en el que ya están cerca de firmar contrato con la empresa constructora que cumplió los requisitos, y que quizá los trámites estén concluidos a finales de julio. Muñoz se negó a decir el nombre de la empresa, pero aseguró que es extranjera. 

La consultora 

Para realizar los estudios descritos en la licencia ambiental, el INP contrató a la empresa Asesores y Consultores Ambientales de Honduras S. de R. L. (Asecoah), inscrita como proveedora del Estado en temas de «electrónica de interfaz del avión, servicios de evaluación de impacto medioambiental (EIA), y servicios de auditoría medioambiental para empresas».  

Esta consultora actualmente es propiedad de Elvin Yassir Reyes Nieto, Ramón Ernesto Vásquez Portillo y Karla Lorena Reyes Nieto, y como apoderado legal tiene a José Ernesto Vindel Wainwright, quien ha actuado también como apoderado legal de la empresa minera Los Pinares, la cual ha desarrollado proyectos denunciados por corrupción y daños al medioambiente. En LinkedIn, Elvin Yassir Reyes Nieto se presenta como gerente propietario de Asecoah «de Grupo Emco», el conglomerado empresarial del que forma parte Los Pinares y cuyo dueño es Lenir Pérez, un empresario del sector minero y aeroportuario que ha generado varios conflictos socioambientales y que está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos. En la cuenta de Instagram de Asecoah se puede ver que esta empresa consultora ha realizado varios estudios para Palmerola International Airport (PIA), que también es parte del conglomerado de Pérez. 

Esta empresa fue constituida en 2016 por el ingeniero agrónomo Elvin Yassir Reyes Nieto, el ingeniero industrial Ronald Edmundo Medina Aguilar, el biólogo Dennys Edgardo Canales Cruz y la ingeniera ambiental Fabiola Hetsabel Mendez Rivera. Sin embargo en 2023 aparecen otros socios propietarios, el ingeniero agrónomo Ramón Ernesto Vásquez Portillo y Karla Lorena Reyes Nieto. En ese año también hicieron un cambio en su razón social para agregar «la comercialización, compra y venta, Servicios de Importación, Reexportación y Distribución de Productos Derivados del Petróleo y Gas Licuado del Petróleo (Gas LPG)». 

Según el informe de ejecución física y financiera del INP, en 2023, esta institución del Estado desembolsó L 18,871,965.00 en estudios y análisis para dar inicio al proceso de licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Aunque en este informe no se establece que se haya pagado esta cantidad a Asecoah por sus servicios, Contracorriente pudo verificar que uno de los informes de expertos que realizaron estudios para comenzar con la primera fase del proyecto de la cárcel en Islas del Cisne, se entregó a Asecoah como consultora principal.  

Contactamos a la empresa consultora para conocer más sobre su papel en estos estudios, el contrato que tiene con el Estado y su vinculación con Grupo Emco, pero al cierre de esta nota su única respuesta fue negar que ellos estuvieran a cargo de este proyecto. Según varias fuentes consultadas por este medio,  Asecoah no ha culminado su trabajo de estudios para la primera fase del proyecto, incluida la promoción de un cabildo abierto en Guanaja para consultar a la población más cercana a las Islas del Cisne si está de acuerdo o no con la construcción.  

Según Muñoz, las licitaciones y el proceso de contratación han avanzado con el visto bueno de los expertos científicos que han realizado los estudios de impacto ambiental, y afirmó que como INP no están actuando al margen de las recomendaciones de los consultores. Sin embargo, Contracorriente tuvo acceso a estudios ambientales que ya se comenzaron a hacer en el marco del contrato de Asecoah y ninguno de ellos avala la construcción de la cárcel; por esta razón deben sanearse por parte de la consultora mientras el INP y la Serna avanzan aceleradamente con las siguientes fases del proyecto. 

Los autores de los informes se negaron a hablar con este medio para ampliar la información.

Inviabilidad de la cárcel en Islas del Cisne

El coronel Muñoz aseguró a Contracorriente que todo se ha hecho de acuerdo con las normas ambientales, y que su objetivo principal es cumplir el mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que determinó como una de sus prioridades la construcción de esta cárcel en 2024.

Además, aseguró en varias ocasiones que el INP no habría seguido adelante con la licitación y contratación si no tuviera el visto bueno de la Serna y la licencia ambiental. «Es una isla, así como usted se mete a internet y la puede ver en vivo, qué es lo que hay ahí. Ya han habido en el tiempo un montón de actividades en esa isla, como pistas, con muelles, con habitaciones, con tanques de combustible, todo eso ha habido antes, entonces la mayor parte del lugar donde se va a trabajar es donde está esa parte más afectada. Sería imposible tener una licencia ambiental si no tuviéramos las condiciones para poder dar la construcción, la licencia lo que me dice es “construya” y la licencia me dice “construya con estas y estas y estas condiciones”», sostuvo. 

Según expertos, Islas del Cisne ya sufrió un impacto ambiental hace casi cincuenta años, cuando EE. UU. usó la isla más grande como sitio de aterrizaje y pequeña base contrainsurgente. En el lugar aún hay vestigios de armas, contenedores para aguas lluvia y algunas especies invasoras que quedaron porque fueron llevadas en ese tiempo. El agua dulce de la isla está contaminada, los huracanes que se forman en el Caribe se elevan a categoría cinco cuando pasan por estas islas, y la capacidad de carga del terreno es muy baja para soportar la construcción de un edificio. 

En uno de los informes entregados a la consultora, al INP y a la Serna se indica: «[…] Siempre la principal recomendación estará en desestimar el desarrollo de infraestructura en el archipiélago tanto por su inminente impacto ambiental y costo […] si bien el sitio no es prístino a consecuencia de elevadas cantidades de basura flotante a la deriva e intervenciones históricas masivas en la cobertura boscosa a través del tiempo. […] Las islas del Cisne presentan una diversidad biológica terrestre elevada, codependiente de la cobertura boscosa. […] Desarrollos permanentes de infraestructura a gran escala en el archipiélago pueden ser catastróficos en el mediano y largo plazo».

Algunas personas que tuvieron acceso a estos informes y ocupan puestos de toma de decisión aseguraron a este medio que la opinión científica es unánime: la cárcel en Islas del Cisne es inviable. 

Según uno de estos funcionarios, el suelo no tiene la capacidad para soportar la construcción de la cárcel. A pesar de esa conclusión, la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras (Sedena) ya tiene los planos para comenzar con la fase 2. Según la fuente, la fase 1 son los estudios, la fase 2 el diseño, y la 3 y la 4 consiste en la preaprobación de la construcción. Parecen líneas de tiempo muy distintas a las que maneja el coronel Muñoz, quien ya tiene listo el contrato para la construcción. 

«Tenemos hasta el 29 de julio ahorita para que ellos [las empresas concursantes] nos presenten esa propuesta, después nosotros tenemos cinco días para evaluar esas propuestas y determinar qué compañía de las tres está apta para poder llevar a cabo el proceso, y después de eso solo nos queda hacer lo administrativo para iniciar la construcción», explicó Muñoz en entrevista con Contracorriente.

Aún se desconoce el costo exacto de la construcción de esta cárcel. Personas expertas han dicho que el costo podría elevarse mucho debido a la distancia, las condiciones del transporte y los recursos de la isla; sin embargo, en una nota del diario El Heraldo se estimó que la construcción podría estar valorada en 80 millones de dólares, que provendrán del presupuesto nacional. 

El gobierno de Honduras aprobó un presupuesto de 1,000 millones de lempiras (unos 40 millones de dólares) para ejecutar el «Plan solución contra el crimen» y el estado de excepción en 2023, pero en el presupuesto de 2024 se puede notar el incremento que tuvieron las Secretarías de Defensa, con L 12,080,000.00, y la Secretaría de Seguridad, con L 11,651,057.00; hasta este momento, ambas secretarías llevan el 50 % de su presupuesto ejecutado. 

Muñoz aseguró que «ninguna ley restringe a un país que tome decisiones sobre lo que ellos quieren, ninguna, nosotros no estamos torturando a nadie, ni le estamos violando los derechos de nadie, simplemente estamos colocando una prisión en un lugar que es alejado, al igual que lo han hecho muchos países a través de la historia». 

Sin embargo, el informe de biología terrestre que se elaboró en el marco de este proyecto es contundente: «La construcción tanto de una instalación penitenciaria o perseguir el potencial turístico del sitio vendrá en detrimento de su riqueza biológica en el corto plazo, conduciendo de forma asegurada a su extinción en el mediano y largo plazo».

El informe también explica que «las Islas del Cisne a pesar de su pequeño tamaño, presentan una riqueza endémica propia de parques nacionales inmensos de tierra firme. Este hecho si bien es loable, se encuentra en constante amenaza debido a una exuberancia de circunstancias como ser huracanes, colectas científicas, invasión de especies y actividades humanas que transforman la cobertura del bosque». Estos factores, sumados a la construcción de una cárcel como la planeada por el Gobierno de Xiomara Castro, representarían el fin de su riqueza biológica. Según el informe, plantas, insectos, reptiles y mamíferos de diversas especies serían eliminados a mediano y largo plazo de las Islas del Cisne.