En 2023, una comitiva de altos mandos de la Policía Nacional de Honduras viajó a Israel para concretar la adquisición de equipo tecnológico de seguridad, incluyendo 15 vehículos blindados Black Mamba Sandcat para su uso en operaciones de alto impacto. Según documentos oficiales, esto le costará al Estado de Honduras casi 200 millones de lempiras. Este modelo de vehículo ha sido señalado por organizaciones en México por participar en operaciones en las que se han cometido abusos a los derechos humanos, y en Estados Unidos por su participación en la guerra en Gaza y los ataques cometidos contra civiles. En Honduras, en pleno estado de excepción, la policía ha usado los Black Mambas en comunidades marginadas; sus habitantes denuncian que estas operaciones no han mejorado su situación de riesgo ni disminuido el control de las organizaciones criminales.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
El pasado 30 de enero, en una presentación ante numerosos medios de comunicación, el ministro de seguridad Gustavo Sánchez anunció la compra de una flota de vehículos, motocicletas y diez Black Mamba Sandcat para la «lucha contra el crimen». Los Black Mamba Sandcat son vehículos tácticos blindados «para potenciar [la] operatividad y combatir el crimen organizado», dijo, y anunció que se comprarán cinco más en 2024.
Sánchez no especificó el precio de los vehículos, y cuando los periodistas le preguntaron aseguró que no lo recordaba. Tiempo después, algunos medios de comunicación reportaron que el costo de cada vehículo había sido puesto en reserva por parte de la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, un documento oficial de la Secretaría de Seguridad presentado a finales de enero de 2024 ante la Secretaría de Finanzas confirma que en 2023 se compraron las 15 unidades anunciadas por Sánchez, por un costo total de 195,787,500 lempiras, es decir, cada Black Mamba Sandcat le costó a Honduras un total de 13,052,500 lempiras (526,573 dólares).
Sánchez tampoco especificó dónde fueron comprados; sin embargo, el embajador de Israel en Honduras anunció que había sido parte de una colaboración con su gobierno. Una colaboración que se da en el contexto de las tensiones diplomáticas entre ambas representaciones, tras la posición oficial de Honduras en favor de Palestina con respecto a la guerra en Gaza.
Desde su presentación, seis de estos vehículos han sido desplegados en diferentes puntos del país en operaciones policiales; una de las primeras acciones fue en la colonia Los Laureles, un barrio de Comayagüela, en la capital hondureña. Es importante recordar que Honduras se encuentra en estado de excepción desde finales de 2022, y las fuerzas policiales enfrentan múltiples denuncias por abusos en el marco de esta medida.
A pesar de la promesa de combatir el crimen organizado con estos vehículos, los habitantes de una de las colonias donde llegaron los Black Mambas manifestaron tener miedo. Una de las escenas con las cuales la policía alardeó de su lucha contra el crimen fue la de un Black Mamba remolcando los portones de acceso a los callejones del barrio, supuestamente colocados por las pandillas; sin embargo, los habitantes señalaron que estos portones fueron puestos por ellos mismos, como medida de seguridad ante la presencia de pandillas, y que quitarlos suponía ponerlos en mayor vulnerabilidad.
Las dicotomías de la relación entre Honduras e Israel
El pasado 3 de febrero, a través de redes sociales, el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, presumió en redes sociales la adquisición de los vehículos blindados por parte de la Secretaría de Seguridad de Honduras, como parte de «otra exitosa colaboración». La publicación pretendía mostrar que las relaciones entre el gobierno hondureño y el gobierno israelí siguen siendo sólidas.
Sin embargo, aunque Israel ha sido uno de los principales proveedores de equipo militar y de seguridad para las fuerzas armadas hondureñas, este intercambio para la adquisición de los Black Mambas Sandcat no fue directamente con el país hebreo. El embajador Eldad Golan accedió a otorgar una entrevista con Contracorriente para explicarlo.
El piso donde se encuentra la Embajada de Israel en Honduras no aparece en el directorio del Centro Cívico Gubernamental. Solo es accesible haciendo cita previa, con escolta de un oficial de la policía y tras un exhaustivo registro en el que revisan hasta los zapatos de quien ingresa. El personal asegura que es parte de un protocolo implementado tras los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que alrededor de 1,200 ciudadanos israelíes resultaron asesinados.
Allí, en la única embajada extranjera funcionando en el edificio donde opera la mayor parte de instituciones del Estado, el Centro Cívico Gubernamental, Golan explicó que, aunque hubo voces que aseguraban que el cambio de gobierno en 2022 iba a perjudicar las relaciones entre ambos países, finalmente «eso no sucedió, y en el primer año hemos venido intensificando aún más las relaciones con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ofreciendo una gama bien amplia de proyectos».
El embajador explicó que en el transcurso de la actual administración de la presidenta han estado enviando a varios policías hondureños de alto rango para recibir capacitación técnica y teórica en Israel. En ese contexto, a finales de 2022, una delegación de alto nivel asistió a una feria de tecnologías de seguridad donde escogieron equipo de seguridad, con el objetivo de «luchar contra narcotraficantes, la delincuencia, las maras y con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado», y entre esos equipos se encontraban los Black Mambas.
«Se pudo concretar más cooperación y proyectos de adquisición de tecnología de seguridad, varios contratos de compra, y uno de ellos fue el contrato de compra de las Mambas», explicó Golan.
Contracorriente contactó a Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, y a Juan Aguilar, director de la Policía Nacional, para profundizar en los términos de dicho contrato; sin embargo, no hubo respuesta. En ese contexto, la información oficial se contradice. Por un lado, el titular de la Secretaría de Seguridad asegura que compraron 10 vehículos blindados y se está gestionando la compra de otros cinco, mientras que el informe de seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaría del 2023 indica que ya se compraron los 15 Black Mambas Sandcat.
Israel ha sido uno de los socios más importantes de Honduras para la compra de equipamiento de seguridad. Datos de School of the Americas Watch indican que solo entre 2013 y 2019, durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández, Honduras le compró a Israel alrededor de 342.8 millones de dólares (unos 8,344 millones de lempiras) en concepto de equipo bélico y de espionaje.
En ese contexto, fue fundamental la relación que el expresidente hondureño –encontrado culpable por narcotráfico en Estados Unidos– desarrolló con la representación de ese país, incluyendo el traslado en 2021 de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en uno de los cuatro países que han tomado esa decisión.
Golan aseguró que vendrá al país más equipo de seguridad israelí para «ganar la batalla contra el narcotráfico», y que seguirán equipando a la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Nacional. Asimismo, apuntó que la venta de estos vehículos no es exclusivamente israelí, sino que estuvieron involucradas empresas de otros países, específicamente México; sin embargo, es Israel quien regula el alcance de estos contratos y recibe el beneficio de los impuestos recaudados por la venta.
En tal sentido, la licencia para la producción de los vehículos blindados Sandcat es de la empresa israelí Plasan, quien en 2008 vendió sus derechos sobre el diseño a la empresa Oshkosh, basada en los Estados Unidos, que en 2011 se encargó de una de las ventas más grandes de vehículos blindados de este tipo en el continente, entregando 250 Sandcat al ejército mexicano en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente de ese país, Felipe Calderón.
Tras el éxito de los vehículos blindados, las empresas mexicanas Transportadora de Protección y Seguridad (TPS Armoring) y Epel Tácticos obtuvieron la licencia para manufacturar en su territorio versiones del equipo de seguridad, entre ellos el modelo Black Mamba Sandcat, y fue justamente la empresa TPS Armoring la que vendió el equipo a Honduras.
Todo este proceso de intermediación en la compra y cooperación entre Israel y Honduras parece contradictorio, considerando las posiciones del Gobierno hondureño con respecto a la guerra en Gaza, a la que abiertamente el asesor y expresidente Manuel Zelaya ha llamado genocidio en repetidas ocasiones.
De hecho, Plasan, como empresa matriz para la producción de todos los Sandcat en el mundo, es un actor relevante en la guerra de Gaza, como socio importante del Ministerio de Defensa de Israel. La compañía ha llevado a cabo una serie de proyectos de emergencia para el Ministerio de Defensa de Israel, acelerando la producción de sus vehículos Sandcat, proporcionándolos de forma gratuita al ejército israelí y reabriendo su línea de producción de armaduras corporales. El ejército israelí ha usado todo ese equipo en los ataques a Gaza en 2023.
El embajador Eldad Golan arremetió contra quienes utilizan la palabra genocidio en el contexto de esta guerra, diciendo: «Nosotros rechazamos contundente el uso de vocabulario inadecuadas aplicadas en el conflicto actual, tales como genocidio. El que usa esa palabra, hay dos posibilidades: es una persona antisemita disfrazada de criticar a Israel de forma supuestamente fundamentada o intelectual, siendo el antisemitismo es una enfermedad crónica, lamentablemente. O es un ignorante que no maneja el significado verdadero de esa palabra».
Un informe de Transparencia Internacional de febrero de 2024 señaló evidencias «de ataques ilegítimos de Israel en Gaza que causan un sin número de víctimas civiles en un contexto de riesgo real de genocidio», y apuntó que los ataques directos contra la población civil deben ser investigados como crímenes de guerra, habiendo causado la muerte de al menos 95 civiles, entre ellos 42 niños y niñas.
Sandcats, entre los abusos en Ayotzinapa, El Salvador y Honduras
Apenas unas semanas después de la presentación de los vehículos, el 21 de febrero, se transmitió por noticieros de Honduras una operación en la que estos «armadillos policiacos» fueron utilizados para quitar varios portones en la colonia Los Laureles. La información oficial de las autoridades aseguraba que los portones habían sido instalados por miembros de «estructuras criminales» para limitar el acceso en la zona.
En diciembre de 2022, cuando el gobierno de Xiomara Castro decretó el estado de excepción focalizado en los barrios y colonias de alta incidencia criminal en Tegucigalpa y San Pedro Sula, una de ellas fue la colonia Los Laureles, controlada por la pandilla Barrio 18.
Ese estado de excepción se ha prolongado varias veces desde su inicio, siendo la última vez el pasado 8 de abril. Y es que la inseguridad en la zona es una realidad; sin embargo, ni el estado de excepción ni la visita fugaz de los Black Mambas ha solucionado el miedo en el que viven los habitantes de la colonia Los Laureles. Muy pocas personas hablan de lo que sucede en su comunidad. Una de ellas dijo: «La colonia es bien complicada. Sí nos sentimos inseguros, pero la verdad de las cosas es que yo no me atrevo a hablar más. Sería mejor otra persona, porque sí, fueron los portones de todas las cuadras que nos quitaron. Esos portones los pusimos nosotros. No quiero tener problemas con nadie y me da miedo».
Y es que en los barrios y colonias bajo estado de excepción, además de tener temor a las pandillas, las personas han sido víctimas de abusos policiales por parte de los entes de seguridad del Estado. Según datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde el lanzamiento del estado de excepción se ha señalado a las fuerzas de seguridad del Estado por 10 desapariciones forzadas, 21 asesinatos, 18 homicidios, 2 femicidios y 14 casos de desplazamiento forzado.
Tras la publicación de los videos en los que se ve a los Black Mambas removiendo los portones, las redes sociales se llenaron de críticas acerca de la mala utilización del millonario equipo de seguridad. Ante los cuestionamientos, la Policía Nacional anunció que estaba investigando «una campaña malintencionada liderada por las maras y pandillas, en particular la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que busca criticar el uso y adquisición de vehículos tácticos blindados Black Mamba por parte de la institución policial».
Esta no es la primera vez que los vehículos blindados de origen israelí son cuestionados por estar involucrados en posibles abusos. En El Salvador, en junio de 2022 –tan solo unos meses tras el inicio del régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele–, el gobierno anunció la adquisición de al menos cinco Black Mamba Sandcat, gracias al plan de control territorial que fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el contexto del régimen de excepción en El Salvador, organizaciones como Amnistía Internacional han reportado que «hasta febrero de 2024, movimientos de víctimas, organizaciones de derechos humanos locales y reportes de medios registraron 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad en el país, una situación de hacinamiento carcelario del 148 % aproximadamente, y al menos 235 muertos bajo custodia estatal».
En el caso de México, el primer país de la región que adquirió este tipo de vehículos, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reportó el involucramiento de un vehículo blindado Sandcat en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En Honduras, hasta ahora, los vehículos blindados han sido utilizados en operativos de decomisos de armas y drogas, captura de personas sospechosas de crímenes, y traslado de extraditables; sin embargo, el comisionado Mario Molina Moncada, director de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), no descartó que pueda ser utilizado en el desalojo de manifestaciones y protestas en el país.
Los vehículos blindados serán distribuidos en diferentes departamentos, con especial énfasis en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y algunos ya han sido entregados a las respectivas unidades departamentales, como es el caso de Unidad Departamental de Prevención n.° 15 en Olancho. En el evento de dicha entrega se presentó como invitado especial el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien en marzo de este año fue señalado por Devis Rivera, líder del cártel de Los Cachiros, por recibir sobornos del narcotráfico.
