Este es un grito o un murmullo. Viene de las personas abusadas, robadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas por supuestos policías en el marco del estado de excepción en Honduras. Las autoridades alegan que no son ellas las culpables, sino las bandas delictivas que usan imitaciones de sus chalecos y armas. Sin embargo, las víctimas apuntan al Estado como responsable, y tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentan cientos de quejas contra miembros de la seguridad del Estado.
Texto: Célia Pousset
Edición: Jennifer Ávila
Fotografía: Fernando Destephen
En las noches, cuando logra dormir, Heidy* sueña con el regreso de su hijo desaparecido. En esos sueños, él siempre le pide: «mamá, dame de comer porque tengo gran hambre», pero cuando ella le da el plato, vuelve a desaparecer. Ella se queda sola con el plato lleno. Después se despierta y recuerda. Recuerda muy bien. Las fechas, las horas, las placas de las patrullas, los gritos soeces, las tajadas y el pollo frito comprado antes del evento… Cuenta meticulosamente una y otra vez los detalles, como los de una película que pasa en bucle por su cabeza. Es una manera de aferrarse a lo que perdió, y seguir de pie.
Primero contó los días, después las semanas, y ahora cuenta los meses. El día en que la conocimos en persona, en una ciudad de Honduras, Heidy cumplía exactamente un año sin saber nada de su hijo, después de que un grupo de hombres con uniformes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) se lo llevaron.
La noche de aquel día, Heidy estaba en el baño de su casa, alistándose para ir a la iglesia, cuando escuchó que tocaron el portón muy fuerte. Su hijo de 18 años preguntó: «¿Qué pasa, oficial?», y un hombre del otro lado le contestó: «Abrime, hijo de tantas». Después se oyeron golpes. Su hijo mayor salió del cuarto y trató de interponerse para proteger a su hermano. De nuevo hubo insultos, y una voz masculina dijo que «a las autoridades nadie les puede hacer nada». Heidy estaba petrificada y no se atrevía a salir del baño porque no había traído su ropa. Escuchó un forcejeo y la voz del supuesto oficial: «Vámonos porque este hijo de la gran… nos reconoció». Un carro arrancó. «¡Mamá, se llevaron a Julio*!», gritó entonces el hijo de 18 años. Salió del baño: un hijo faltaba, otro tenía las manos quebradas, y el de siete años se había escondido y manoseaba nerviosamente el cuello de su camisa.
Los vecinos contaron que cuatro hombres vestidos con chalecos café, con insignias amarillas de la Dipampco, se bajaron de un pick up gris sin placa, y que, dos minutos antes, una patrulla de la Policía Nacional pasó por la calle y se detuvo en la esquina de la casa. Su hijo afirmó haber reconocido a un oficial cuando se le cayó el pasamontañas. Heidy fue a buscar a su hijo a la posta policial de su sector, a la Dipampco, e interpuso una denuncia ante la Dirección Policial de Investigación (DPI). Nadie supo decirle nada de este operativo. En la posta de su colonia, los policías se burlaron de ella a sus espaldas: «Que lo vaya a buscar a las cañeras, ¿verdad, loco?», se dijeron entre sí.
Heidy ensanchó el parámetro de búsqueda, visitando hospitales y morgues, sin resultados. Al mismo tiempo, empezó un hostigamiento de la policía hacia su familia. Las patrullas pasaban en frente de la casa, buscando al hijo que fue testigo. Un día el esposo de Heidy les gritó, furioso: «¿No les bastó con desaparecer a uno de mis hijos?». Un policía le contestó: «Ya vas a ver». Tres meses después de la desaparición de Julio, al esposo lo mataron dos sicarios en la casa, y posteriormente la policía capturó al hijo que había quedado con las manos quebradas; a él lo enviaron a un centro penal acusado de formar parte de una estructura criminal, y está en espera de un juicio.
Desde diciembre de 2022, Honduras está viviendo un estado de excepción que se renueva cada 45 días. La Secretaría de Seguridad presume buenos resultados como la reducción de homicidios en un 17 %, pero en la suspensión de garantías constitucionales —como la inviolabilidad de domicilio— se están dando una serie de arbitrariedades y crímenes que el gobierno pretende ocultar bajo estas cifras.
El día del lanzamiento del estado de excepción, el entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que la medida tenía como finalidad debilitar las estructuras criminales y que se iba a aplicar con apego a los derechos humanos, sin afectar al «99 % de la población». Ahora, Sánchez es ministro de Seguridad y sigue sosteniendo que la suspensión de garantías afecta solamente «a los delincuentes». Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó a Contracorriente, por medio de una solicitud de información, que desde diciembre de 2022 ha recibido 2,147 quejas en contra de fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo abusos de autoridad, incriminaciones con medios falsos de prueba, amenazas de muerte, tratos inhumanos y crueles, desapariciones forzadas, robos, asesinatos.
A eso se suma la fallida depuración de la Policía Nacional y un discurso ambiguo de las autoridades sobre la presencia de delincuentes entre sus filas. Así, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez declaró a mediados de marzo en una conferencia de prensa que «hubo una instrumentalización de las instituciones por el narcotráfico» en la era de Juan Orlando Hernández, y que era «grave no decirlo». Informó también que entre 2022 y 2023 se depuró a 2,531 miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, no respondió a Contracorriente sobre el tipo de faltas o delitos por los cuales esos policías fueron apartados de sus cargos, ni si estos tenían que ver con los actos violentos denunciados por la población; al contrario, se quejó de que no es justo que se culpe a la policía de toda la corrupción y los problemas del país.
«Casi todos los días llegan a casa para golpearnos»
Las que hablan son dos mujeres de 25 y 23 años. Las llamaremos Sofía y Carmen, y solo diremos que viven en el Distrito Central. Hace seis meses, supuestos agentes de la Dipampco empezaron a llegar regularmente a su domicilio para golpearlas e incitar a Sofía a vender droga para ellos. Amenazan con «venderla» al Barrio 18 o meterla presa para que muera «como las de PNFAS», haciendo referencia a la masacre que ocurrió el 21 de junio de 2023 en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, donde fallecieron 46 privadas de libertad, la mayoría de ellas identificadas por la policía como integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13.
En la casa solo viven mujeres y menores de edad. Las visitas de agentes de la Dipampco solían suceder una vez a la quincena, pero ahora es un día de cada dos. Pueden ocurrir en la mañana, en la tarde o en la noche, y pueden durar horas.
«Llegan más de ocho hombres. Llevan la cara tapada. El chaleco es café y las letras amarillas. Nos enseñan las placas cuando entran. Nos dicen que nos quitemos toda la ropa, que nos desnudemos hasta el blúmer, y que hagamos sentadillas para abajo. Nos da vergüenza. Al bebé, nos piden que le quitemos el pañal para ver si escondemos droga allí. Nos ponen bolsas negras en la cara y las socan entre dos para torturarnos. Dicen que si gritamos nos van a llevar presas, y que a los menores los van a llevar a la Dinaf» (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). “Allí violan a los niños”, les dicen. Entonces, los niños lloran cuando escuchan eso», cuenta Sofía, con una voz cansada.
Sofía tiene grandes ojeras, pues desde hace meses no duerme bien. La persecución que vive la ha llevado a la indigencia, ha tenido que dormir en las calles para no poner en peligro a su familia. Porque es a ella que la policía busca en particular, como en un juego macabro de gatos buscando a un ratón, sin capturarla, pero sin soltarla. A las mujeres de la casa las identifican como miembros de la MS-13, porque tienen familiares que murieron en la masacre del 21 de junio: «Perras, hijas de puta –nos dicen–, van a ir a la cárcel donde sus hermanas murieron quemadas».
Cuando los vecinos tratan de interponerse –«dejen de golpearlas o llamamos a HCH»– los policías empiezan a registrarlos para asustarlos. Sofía y Carmen no saben por qué ese grupo de policías tiene tanta saña contra ellas, ni dónde pueden ir para escapar de ellos, pero creen que su conexión con víctimas de la masacre en la cárcel de mujeres podría ser una motivación; otra que también han pensado es que en su barrio los policías cumplen las cuotas de detención que exige un estado de excepción.
Según datos proporcionados por el Conadeh, desde el lanzamiento del estado de excepción se ha señalado a las fuerzas de seguridad del Estado por 10 desapariciones forzadas, 21 asesinatos, 18 homicidios, 2 femicidios y 14 casos de desplazamiento forzado. Además, en el informe sobre la violencia de género durante el estado de excepción, Conadeh establece que la primera institución señalada por violentar a las niñas, adolescentes y mujeres es la Dipampco. Da el ejemplo de una mujer que denuncia haber sido secuestrada por agentes de la Dipampco durante 24 horas. Según su relato, los policías la introdujeron en la patrulla y le exigieron dinero. Además, el informe revela que las peticionarias suelen solicitar ayuda para ubicar a familiares detenidos durante los allanamientos, de los cuales no saben nada.
Para Iliana Licona, investigadora del Conadeh, el estado de excepción expone particularmente a las niñas y mujeres a la violencia estatal por la suspensión de la inviolabilidad del domicilio: «En los allanamientos sin orden de captura los policías pueden entrar en las casas, y la mayoría de las veces las mujeres están solas por ser las encargadas de los hogares, o con menores de edad. La mayoría de las peticionarias que vienen a poner una denuncia son mujeres que viven solas y a quienes se les arrestó su pareja, y se quedan en un estado de desprotección. Una queja relata cómo después de la detención de su pareja, los policías regresaron al domicilio y abusaron sexualmente de la mujer en presencia de menores de edad».
Una trabajadora social de un juzgado para menores infractores, que accedió a hablar de lo que percibe en su trabajo con la condición de garantizar su anonimato, contó que ella ha visto a personas con signos evidentes de tortura, normalmente jóvenes capturados en el marco del estado de excepción. «Yo he visto a jóvenes sin uñas, con la piel quemada por cigarrillos. Parece existir un patrón de tortura, ya que muchos mencionan haber sido ahogados con una bolsa de basura, a veces con cal, mientras los golpeaban en el estómago», relató.
«Esos torturadores son policías, vienen a dejar a los jóvenes en el juzgado con un reporte de la fiscalía, que, a mi parecer, es cómplice también, porque nunca piden una revisión de la salud del menor acusado. No hay nadie que está parando esos abusos, esa violencia. Es como si fuera algo normal», expresó.
Los reportes sobre abusos en el estado de excepción continúan saliendo. Por ejemplo, en el Informe de Situación de Derechos Humanos presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) el pasado 19 de marzo de 2024, se puede leer que en 2023 se reportaron a esa oficina al menos siete casos de desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y uno de violencia sexual. También se han registrado quejas por detenciones ilegales, abusos durante allanamiento de morada sin orden judicial e implantación de pruebas, en particular en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
La trabajadora social que habló con nosotros en condición de anonimato confirma esos números con su propia experiencia. Según ella, observó «incongruencias» en las narrativas de la policía, sobre todo en las circunstancias de las capturas que le tocó procesar: «Tienen un modelo, como una plantilla. Siempre repiten lo mismo: “estábamos patrullando cuando de repente vimos a un sujeto sospechoso del sexo masculino que vestía de tal forma, y que al ver la policía salió corriendo”. Es mentira». De hecho, cuando la funcionaria del juzgado entrevista a los supuestos infractores, se da cuenta que fueron capturados en sus casas, en horas de la madrugada, después de que la policía rompiera las puertas.
Heidy experimentó también la mentira sobre las circunstancias del arresto de su hijo que vio la cara de un oficial el día del secuestro. En el informe que remitió la policía a la fiscalía, se menciona que lo capturaron a las nueve de la mañana, pero en realidad pasó a las tres de la madrugada.
Heidy no confía en el discurso de la policía desde hace mucho tiempo, pero cuando su esposo fue asesinado, sus sospechas crecieron. Está convencida de que la Policía Nacional está involucrada. En la noche del homicidio había salido con sus hijos a comprar dulces a la pulpería, dejando solo a su esposo. A media cuadra, escuchó los disparos. Los vecinos gritaron: «¡Mataron a X!», refiriéndose al hijo que había visto la cara de un oficial. Pero este contestó «¡aquí estoy!». Entonces volvieron corriendo a la casa, y encontraron al esposo y padre muerto. Dos minutos después llegó la Policía Nacional, «como ángeles de la guardia queriendo auxiliar» dice Heidy, con ironía. Los policías afirmaron que estaban patrullando cerca y que escucharon los disparos. Hicieron el reporte y se quedaron en la casa, mientras que Heidy y sus hijos llevaban al hombre al hospital. A su regreso, Heidy se dio cuenta de que algunas cosas de la casa habían sido robadas.
¿Un chaleco para muchos delitos?
En la sede de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de Tegucigalpa, el vocero de la institución, Mario Fu, se puso de pie para enseñar su chaleco antibalas: «Mire, el nuestro es diferente, se parece, pero no es el mismo». Acaba de reproducir un vídeo de junio de 2023 en el que se ven hombres saliendo de un pick up con chalecos de la Dipampco para asaltar un negocio en la colonia 21 de Febrero en Tegucigalpa. «También se nota que no tienen entrenamiento de policías», dijo, refiriéndose a la forma torpe de moverse de los asaltantes.
Mario Fu niega firmemente cualquier involucramiento de miembros de la Dipampco en actos violentos denunciados por la población: «Desde hace varias semanas venimos alertando de una banda que usa uniformes parecidos a los de la Dipampco. Lo que pasa es que los miembros de las estructuras criminales tienen una campaña de desprestigio en contra de nosotros», dijo Fu, quien lleva varios años como vocero, incluso cuando esta dirección se llamaba Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) y estaba al mando de los militares, creada por el expresidente Juan Orlando Hernández dentro de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina). Fu asegura que en un año recibieron seis denuncias en Tegucigalpa reportando allanamientos de moradas por supuestos miembros de la institución: un caso en La Laguna, dos en la aldea La Cuesta, tres en el sector de la Emmanuel y Río Abajo. «Todas esas denuncias están en curso de investigación, pero en ningún caso estuvo involucrada la Dipampco», aseguró.
El vocero compartió que, en uno de los casos, las víctimas mencionaron que llegaron supuestos policías y que «aplicaron un grado de agresividad» durante el allanamiento mientras buscaban a un miembro de la familia «sin presentar orden de captura». Insistió en la presencia de grupos delictivos en las zonas donde se dan ese tipo de hechos. Según él, conseguir indumentaria policial o militar es muy fácil en tiendas especializadas, y rentar carros pick up parecidos a los que usa la policía está al alcance de las estructuras criminales. Aseguró que están investigando de qué forma «estos individuos adquieren indumentaria a la cual le elaboran un tipo de bordado artesanal para hacerla ver como si fuese de los cuerpos de seguridad del Estado».
En la tienda Police Honduras, en la colonia Kennedy, cuyo dueño es un oficial de la DPI, se venden prendas y accesorios policiales. Una vendedora aclara que los productos están a la venta para los civiles, pero que para conseguir gorras de policía, insignias y ficheros exigen el carné de pertenencia a la institución policial. Lo que sí puede comprar el ciudadano común son pantalones, botas, manoplas, escudos de la cultura popular como el Punisher (usado en Honduras por la Fuerza Especial Tigres) y chalecos antibalas, pero estos últimos son muy delgados, escotados, y no son como los de la policía.
El silencio de las autoridades y la explicación sistemática de una «imitación de la indumentaria para delinquir» resisten mal al estudio de los casos que se multiplican, difundidos en la prensa, como el asesinato de Wilson Pérez en San Pedro Sula, el secuestro de una mujer trans en San Pedro Sula por supuestos miembros de la Dipampco, o el caso de la masacre en un billar en Choloma, Cortés, atribuida a miembros de la Pandilla 18, en donde a los perpetradores que fueron capturados les encontraron indumentaria de esta fuerza policial.
A nuestra pregunta sobre los abusos policiales, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, respondió que los actos cometidos por policías depurados fueron de la responsabilidad de la FNAMP (bajo mando militar) y no de la Dipampco (bajo mando policial). Mencionó el asesinato del barrista Wilson Pérez en San Pedro Sula, aunque para ese entonces la institución ya estaba a manos de la Policía Nacional, y no de las Fuerzas Armadas.
Servir y proteger al crimen
El 12 de marzo de 2023, en frente de la Casa Presidencial, unos 150 expolicías alzaron pancartas y exigieron ser recibidos por la presidenta Xiomara Castro. «Comisión depuradora jugó un papel importante en la separación de oficiales que obstaculizaron operaciones del cártel de los Hernández», se podía leer en uno de los carteles. El grupo es tan solo un puñado de los más de 6,000 policías apartados de sus cargos en 2016 por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
La depuración policial se impulsó después de varios asesinatos en los que participaron elementos activos de la Policía Nacional, como el del hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, o el asesinato de Arístides González, el «zar antidrogas de Honduras», cuyo asesinato se planificó en una posta policial. Sin embargo, aunque necesario, este proceso estuvo viciado y ha sido cuestionado por no seguir los procedimientos establecidos para determinar correctamente las responsabilidades de los agentes separados. Por ejemplo, no se permitieron audiencias de descargo y pocos casos se remitieron al Ministerio Público para investigación. El actual ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, lo califica de maniobra para «apartar la competencia» por parte del Tigre Bonilla, el exdirector de la policía que se declaró culpable de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ahora, los miembros de la Organización de Policías Despedidos Ilegalmente (OPDI), aprovechando el contexto de la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, se declaran «víctimas directas» de las políticas de la policía ejecutadas por narcotraficantes. Solicitan a la Corte Suprema de Justicia resolver las demandas interpuestas, y al Congreso Nacional discutir un anteproyecto de decreto presentado por el diputado Eduardo Díaz Velásquez, que supuestamente garantizará el restablecimiento de sus derechos.
Ese grupo de policías depurados no es un colectivo de «santos», ellos mismos lo dicen, pero es quizás uno de los pocos grupos donde se admiten la corrupción policial y vínculos con el crimen organizado. Así llegamos a hablar con un excomisario, que tenía más de 22 años en la institución cuando lo despidieron. El excomisario cuenta que la policía presta sus uniformes y armas a grupos delictivos para que hagan la labor sucia que les interesa. Tiene un ejemplo interesante que involucra a dos monstruos del crimen organizado hondureño: Los Cachiros y el Tigre Bonilla.
Según el expolicía, en 2013, Juan Orlando Hernández planificó matar a los líderes de Los Cachiros, los hermanos Rivera Maradiaga. La Policía Nacional dio indumentarias y armas al cártel enemigo de los Cachiros (el cártel del Atlántico) para realizar el pedido. Pero el plan no salió como estaba diseñado porque en un departamento costero de Honduras, él y otros policías decomisaron una paila llena de uniformes policiales y militares de diferentes grados, y armas bélicas. Capturaron al chofer del vehículo, un miembro del cartel del Atlántico, alias el Misko. «A los tres días, el Tigre Bonilla me citó en su oficina en Tegucigalpa. Me preguntó si yo me creía el dueño de la Policía Nacional, si no tenía ganas de morir», recuerda el expolicía. Bonilla le preguntó también por qué no había sido informado de este operativo y por qué habían remitido el caso a la fiscalía sin tener orden de hacerlo.
Ese día, el comisario entendió que el Tigre Bonilla lo estaba amenazando. Dos policías que participaron en el operativo fueron asesinados, al Misko lo liberaron, y él pidió apoyo a la embajada de los Estados Unidos para que lo ayudaran a salir del país.
El Estado de protección criminal alcanzó su máxima forma bajo los mandatos de Juan Orlando Hernández, pero no desapareció. La penetración del crimen organizado en la Policía Nacional sigue vigente, aunque exista una resistencia para admitir la profundidad de un problema sistémico que rebasa las capturas puntuales del Tigre Bonilla, Mauricio Pineda Hernández, y demás expolicías encarcelados en Estados Unidos.
En un café de Tegucigalpa encontramos a un miembro activo de la Dipampco. Viene vestido de civil, con gafas de sol y un poco de recelo. Su discurso oscila entre orgullo por su trabajo y resignación ante la «corrupción que se da en nuestra institución». Palmo a palmo se suelta y admite no poder confiar en sus colegas porque «no sabemos quiénes trabajan para las estructuras». Describe un ambiente de sospecha mutua: «yo mismo me hago pasar por uno que trabaja con una estructura, para saber cosas sobre mis propios compañeros…». No termina su frase. Parece buscar algo en su celular. No lo encuentra, pero continúa: «Hace unos meses, una foto de nosotros se filtró, la encontramos en el teléfono móvil de un pandillero que arrestamos». La foto fue tomada en las oficinas y mostraba a policías realizando tareas de aseo, con las caras visibles. La investigación abierta para saber quién filtró la foto no concluyó. El policía asegura que la mayoría de las veces, cuando sospechan de alguien, lo cambian de puesto. No pasa a más.
Antes de pertenecer a la Dipampco, el policía estaba en otra división y en otra parte del país. Allí tenía un cargo de jefe. Cuenta que un líder de la MS-13 le ofreció 40,000 lempiras semanales para no meterse con sus negocios. Nunca respondió a la propuesta. Meses después incautaron un laboratorio de cocaína en la zona que pertenecía a esa organización. «Siempre buscan a los jefes para ofrecerles dinero. Por eso, hay oficiales que pertenecen a las estructuras. Y cuando un jefe está metido en eso, no se puede hacer mucho. Estamos en la institución o sin trabajo. Seguimos las órdenes y a veces montan operativos en lugares que no tienen sentido, solo para que pasen mercancías», explicó.
La cadena de impunidad es larga. El policía de la Dipampco recuerda que hace un par de años dos policías y un oficial «se llevaron y mataron a un cipote» en San Pedro Sula. Cuenta que los culpables fueron encarcelados, pero no es siempre el caso, porque «a veces arrestan a un policía por un hecho y lo escuchamos decir que ya conoce a fiscales y jueces que lo van a ayudar a salir». Según él, sería necesaria una unidad del Ministerio Público que investigue a policías de manera independiente, y viceversa.
A nuestra pregunta sobre la colusión actual de miembros de la Policía Nacional con el crimen organizado, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez contestó: «No estamos negando la corrupción, pero la problemática es transversal y afecta a diferentes instituciones del país. Es un grave error señalar a la Policía Nacional como única responsable».
Los casos que se estancan en el Ministerio Público
El 12 de febrero de 2024, en frente de las oficinas del Ministerio Público se reunió un grupo de campesinos y campesinas. Eran más de treinta personas. En sus voces se escuchaba más indignación que miedo. Vinieron desde Río Abajo, una aldea cercana de Tegucigalpa, para interponer una denuncia en el Ministerio Público. Días atrás, personas con indumentaria de la Dipampco entraron en la cooperativa agrícola y robaron dinero a varias personas de la comunidad.
A las cinco de la mañana, los supuestos policías tocaron la puerta de la casa de María Helena. Ella les pidió que esperaran un minuto para vestirse antes de abrir, pero no le hicieron caso. Entraron y uno de ellos le dijo: «Vieja, hija de la gran…, ¿dónde tenés la droga?». Asumieron que ella era la «madre de la MS-13» y la sentaron en un mueble, con una toalla cubriendo sus piernas, para interrogarla. No encontraron nada. Se fueron a la casa de su hermana y a ella le robaron el dinero que reservaba para los útiles escolares de sus hijos. Después entraron a otra casa de la cooperativa agrícola y robaron más de 7,000 lempiras.
«Señora presidenta, ¿quiénes son los policías que andan robando con el uniforme del Estado, con las armas del Estado? ¿Acaso no los paga? ¿Les paga para que anden robando lo que guardamos para sobrevivir, lo que ganamos con nuestro trabajo? Señora presidenta, tengo 53 años, y no aguanto eso. Las autoridades delincuentes dicen andar buscando extorsionadores y mareros, pero ¿qué más pandilleros quiere, señora presidenta, que los que tiene de autoridades? Le rogamos que depuren esos policías ladrones y torturadores, presidenta, nuestros niños están llenos de un terror horrible, no pueden ver a un policía sin temblar. Así que le pido eso de todo corazón. ¡Depure esa gente pícara y uniformada!», exigió María Helena, cuando la visitamos en su casa construida entre platanales y una milpa. Otras personas murmuran, pero ella grita. Y no es la única.
En el Ministerio Público se acumulan denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre 2023 y 2024, el Ministerio Público recibió 295 denuncias (243 en 2023 y 52 en 2024) que señalan a miembros de las fuerzas de seguridad como autores de delitos como «abuso de autoridad», «amenazas», «hurtos», «tortura», «tratos crueles y degradantes», «simulación de infracción inexistente», «tentativa de homicidio», «tentativa de violación»…
De estas 295 denuncias, la mayoría señala a policías de diferentes rangos y divisiones, pero encontramos también 63 denuncias contra militares. Dos funcionarias de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa dijeron a Contracorriente desconocer esas denuncias, y que tampoco están enteradas de las 125 quejas de la ciudadanía contra miembros de las Fuerzas Armadas, presentadas desde diciembre de 2022 en el Conadeh.
Rara vez esas denuncias dan lugar a un proceso interno en la policía o las fuerzas armadas, ni a un proceso judicial: en 2023, se presentaron tan solo 28 requerimientos fiscales contra miembros de las fuerzas de seguridad, y ninguno en 2024.
El año pasado, María Helena denunció otro abuso de supuestos policías, pero no recibió seguimiento. En el informe de la denuncia oficial, de enero de 2023, leemos un relato parecido a lo que le tocó volver a vivir un año después: «Narra la denunciante que el día de ayer a eso de las 05:40 de la mañana funcionarios de la Policía Nacional y Dipampco ingresaron por la fuerza ya que rompieron la puerta principal. Ingresaron a los dormitorios y revolvieron la ropa. La denunciante les preguntó si tenían orden de allanamiento, estos manifestaron que no ocupaban y podrían regresar a la hora que ellos quisieran». A esa denuncia se suma la del 12 de febrero de 2024. Ambos hechos ocurrieron durante el estado de excepción.
Mario Fu, el vocero de la Dipampco, conoce el caso de la cooperativa agrícola y sostiene firmemente que los asaltantes no son de la dependencia a la que pertenece, sino «imitadores». Explica que esta zona es estratégica para las «estructuras criminales» porque se encuentra en la única salida a Olancho, «donde pasan muchas armas».
Mientras tanto, sin respuesta clara de las instituciones, la percepción de María Helena sigue siendo la misma: los policías son delincuentes y los delincuentes son policías. O, al menos, actúan de la misma forma.
Hace poco Heidy se cambió de casa con su hijo de siete años. Vive ahora en una casa con paredes interiores pintadas de rosado. Allí se despierta todos los días, sin entender qué hizo Dios con su familia. A veces no quiere levantarse, pero tiene que cuidar de su hijo pequeño. Al niño le agarró el gusto de tirar del cuello de sus camisetas para calmar su ansiedad. Heidy le compró una decena de camisetas y las arruinó todas. Ambos empiezan duelos extraños que llevan tres nombres: desaparición forzada, homicidio y criminalización. En esta casa pintada de rosa se refugian para que la policía no los encuentre. Se esconden para no ser dos testigos en peligro de muerte, sino una familia desintegrada más en un barrio anónimo.
* Los nombres de estas personas fueron cambiados para proteger su identidad por su condición de víctimas.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
1 comentario en “El uniforme del crimen en el estado de excepción de Honduras”
Un relato valiente y muy necesario, contra los abusis y crímenes de la policía y militares corruptos..