Fotografías y texto: Fernando Destephen
Después de seis años de haber sido presentada, el Congreso Nacional aprobó, al anochecer del 7 de marzo de 2024, la Ley de Casas Refugio, que ha sido una demanda constante de las organizaciones de mujeres de Honduras. Por la mañana, la Asociación Calidad de Vida, el Movimiento Visitación Padilla y la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza organizaron una movilización que terminó en los bajos del Congreso Nacional.
Ana Cruz, directora de Calidad de Vida, expresó al ser entrevistada en esa ocasión que había un buen ambiente para la aprobación de la Ley de Casas Refugio. Sin embargo, recalcó que irían «a hacerles el recordatorio a los diputados, de que se cubra esta deuda histórica que tienen (…). No vamos a quitar el dedo de la llaga y vamos a estar pendientes de todo lo que diga la ley para que se cumpla», expresó.
Desde el 2018, la ahora ley fue dictaminada como anteproyecto por el Congreso Nacional, pero no hubo debate o voluntad política para la aprobación sino hasta el 2024, con la emergencia no declarada de muertes violentas de mujeres, 386 al cierre del 2023 y más de 40 en lo que va del 2024.
Algunas de estas muertes se siguen declarando como homicidios. De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 29 de febrero de 2024 se han registrado como homicidios las muertes de 34 mujeres a nivel nacional
La ley busca que las diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional, como ha venido ocurriendo a pesar de que en agosto de 2020 el Gobierno aprobó un decreto de emergencia contra la violencia de género, en respuesta al incremento de casos observado durante la pandemia por COVID-19.
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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones se movilizaron desde la Plaza Cuba en el
bulevar Centroamérica hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir un alto a la impunidad y a la violencia contra niñas y mujeres en Honduras, justicia efectiva para las mujeres y que el Estado realice acciones para solventar los altos niveles de impunidad en los feminicidios.
Muchas defensoras coincidieron en que no solo se trata de la aprobación de la ley. Katia Cooper, representante de Mujeres Socialistas de Honduras, indicó que la Ley de Casas Refugio no debe quedarse solo en la aprobación «porque la violencia contra las mujeres es la manifestación más grosera del patriarcado».
Indira Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, compartió el entusiasmo por la aprobación de la ley, pero apuntó que desde su publicación en el diario oficial La Gaceta se debe «inmediatamente presionar a finanzas, si hay que dar presupuesto que ya empiecen inmediatamente a ejecutar los fondos».
María Elena Colindres, perteneciente a Mujeres Socialistas en Yoro, andaba en Tegucigalpa en trámites, pero se enteró de la movilización y se unió a su grupo. Sobre la aprobación de la ley opinó que «es todo un reto lo que viene, porque no solo es que estén en espacios seguros, sino que sean integrales, (…) que podamos abarcar a la mayor cantidad de mujeres posibles, porque la demanda a nivel nacional de mujeres padeciendo condiciones de violencia es bastante fuerte».
