A pesar del reconocimiento internacional al Estado de Honduras por la preservación de la moskitia hondureña, la deforestación, la violencia y el desplazamiento que viven los pueblos miskitos, tawahkas, pech y garífunas ubicados en esta región no se detiene. La comisión encargada de garantizar el proceso de recuperación de tierras para estos pueblos ha registrado pocos avances desde que se creó en 2019, mientras una nueva carretera ilegal amenaza con abrirse en una zona que debería estar protegida.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Una nueva carretera ilegal podría estarse abriendo paso entre la selva miskita, esta vez en la zona del concejo territorial Diunat. La carretera vendría desde el departamento de Colón hasta el municipio de Brus Laguna, atravesando la Biosfera del Río Plátano.
En 2021 trascendió la existencia de una vía popularmente conocida como «narcocarretera», que atravesaba desde Dulce Nombre de Culmí, Olancho, hasta Krausirpi, en Wampusirpi, municipio de Gracias a Dios, y que terminó siendo negociada en un pacto entre ganaderos y el actual gobierno,, representado por el asesor y esposo de la presidenta, Manuel Zelaya.
Los pueblos indígenas no participaron en la negociación, y tampoco se relacionó con el trabajo que supuestamente hacía una comisión de saneamiento de tierras, creada por decreto ejecutivo PCM del gobierno de Juan Orlando Hernández, en 2019.
En julio de 2019, el gobierno de Juan Orlando Hernández emitió un PCM en el que se creaba una subcomisión de saneamiento o recuperación de tierras en la Moskitia hondureña, coordinada por el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Conservación (ICF), y la Unión de Pueblos Indígenas y Negros de la Mosquitia Hondureña (UPINMH). El gobierno de Xiomara Castro continuó con este plan de saneamiento.
Aunque esta comisión también tiene como finalidad ejecutar acciones relacionadas con la protección de tierras y recursos originarios, y canalizar denuncias interpuestas por ocupaciones ilegítimas «por parte de terceros de mala fe», la invasión de ganaderos o «terceros» ha continuado, y prevalece el tráfico de drogas en zonas colindantes con los departamentos de Olancho y Colón donde se ubican la Biosfera Río Plátano y la Biosfera Tawahka Asangni.
Según cifras del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la deforestación en la región de la Moskitia aumentó en un 2.14 % en los años de 2019 y 2020, es decir, en el periodo de la creación de este decreto.
Si bien el director del ICF, Luis Soliz, reconoce que la invasión de ganaderos al territorio miskito ha ocasionado destrucción en la zona protegida y persecución y hostigamiento a los pobladores de la zona, quienes, según él, «han sido obligados a vender sus tierras», no descarta que en el proceso de saneamiento se llegue a un acuerdo con ellos y con quienes no han ocasionado daños a la zona y solo han llegado «con fines de establecerse».
«Ellos (la población miskita, tawahka, pech y garífuna) van a decidir quién debe de estar y quién no dentro de este territorio», aseguró Soliz a Contracorriente.
Entre los años 2012 y 2015, la Moskitia hondureña atravesó un proceso de titulación de tierras en el que se otorgaron títulos a 15 concejos territoriales: 12 miskitos, y tres a los pueblos tawahka, pech y garífuna, respectivamente. Estos títulos reconocen el derecho de los pueblos originarios como dueños del territorio y su propia autonomía, así como que son los líderes de los territorios quienes consultan a las comunidades para aprobar o no la instalación de proyectos o procesos en sus tierras.
Además, los títulos establecen que la propiedad y el uso de las tierras siempre será de las comunidades, por lo cual no pueden ser embargadas, confiscadas o quitadas por ninguna otra persona o institución, y tampoco se puede dividir el territorio para otro propietario u otros fines. La región de la Moskitia abarca todo el departamento de Gracias a Dios, pero la Biosfera de Río Plátano no está titulada a nombre de ningún pueblo originario en la zona, si bien todos ellos colindan con esa zona protegida.
Pero el conflicto territorial no termina aquí. Aunque los 15 concejos territoriales dentro de la Moskitia hondureña estén titulados, el despojo y violencia en contra de los pueblos miskitos, tawahkas, pech y garífunas continúa, aún con las promesas del actual gobierno de garantizar su integridad y el derecho a la tierra.
Shirley Caballero, integrante de la subcomisión por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), aseguró que ha sido difícil empezar un proceso de asignación de tierras, por ejemplo, en el concejo territorial de Diunat, considerando que es una zona de bastante conflicto en la que se está abriendo la nueva carretera ilegal.
Lo anterior también fue confirmado por otra fuente, la cual detalló que para empezar a abrir esta carretera, personas asentadas en el departamento de Colón (entre ellos ganaderos) firmaron un acuerdo con el líder del concejo territorial de Las Marías, perteneciente al pueblo pech; este, después de firmar, aseguró que no sabía de qué se trataba dicho acuerdo.
La comunidad miskita de Diunat y la alcaldía de Brus Laguna se oponen a la posible apertura de esta carretera por la depredación que ha ocasionado la ganadería extensiva en esta zona. Sin embargo, la fuente aseguró que la alcaldía de Palacios, en el municipio de Juan Francisco Bulnes —que colinda con el departamento de Colón y abarca parte de la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano—, dio la autorización para empezar a abrir este camino.
Hace un par de semanas, el director del ICF, Luis Soliz, dijo que la deforestación por la narcoactividad en la Moskitia asciende a 36 mil hectáreas en la Reserva del Hombre y Reserva de la Biosfera del Río Plátano, y que se han detenido las actividades en la carretera ilegal (también llamada narcocarretera) que va de Olancho a Gracias a Dios.
El funcionario indicó que durante la administración actual se han realizado reuniones con las distintas partes del conflicto. Hasta el momento, solo se ha iniciado el proceso en el concejo territorial de Bakinasta, ubicado entre los municipios de Wampusirpi y Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, colindante con el concejo territorial Tawahka y con la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano.
Soliz detalló que en este primer acercamiento se planteó una ruta para empezar con el proceso de saneamiento con los habitantes de la zona y con los ganaderos que se han instalado en este territorio, y que posteriormente se definiría un reglamento con el consenso de las distintas partes.
Primer acercamiento de los ganaderos
Para Rafael Alegría, subdirector del INA, institución que lidera la comisión, el conflicto en la zona de la Moskitia no solo involucra a indígenas y ganaderos, sino a empresarios y terratenientes con gran poder en la zona. El funcionario aseguró que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha expresado interés en la recuperación de tierras a favor de los pueblos originarios.
«El Estado, por ser Estado, tiene una fuerza política y jurídica superior a cualquier otra fuerza, pero también es imposible desconocer la realidad que hay, de actores particulares que tienen mucho poder económico y político y se articulan en asociaciones [ganaderas]», señaló el subdirector, aunque no mencionó específicamente a quienes tienen poder en la zona.
Shirley Caballero, integrante de la subcomisión, refirió que desde finales de 2021 hasta el 2023 realizaron operativos en todo el departamento de Gracias a Dios, en los cuales identificaron los lugares donde se asentaban los invasores o terceros.
La técnica del INA detalló a Contracorriente que levantaron 106 declaraciones juradas de ganaderos en la zona, en compañía de agentes de la secretaría de Defensa y las otras instituciones que pertenecen a la subcomisión de saneamiento. Estas declaraciones, aseguró, son confidenciales.
Caballero explicó que, con la llegada del nuevo Gobierno, se ordenó desde Casa Presidencial continuar con los operativos, y además pedir un reglamento a cada concejo territorial indígena de la Moskitia, en el que ellos establezcan el protocolo para determinar si el tercero ha hecho daño en la zona o no.
«Ellos pensaban que íbamos a desalojar, y no es el objetivo principal de esta acción, sino ordenar un poco la casa, ya que, si bien se habían entregado los títulos [a cada concejo territorial] había personas dentro de las áreas que estaban ahí, y eso dificulta la situación porque no son nativos indígenas», apuntó Caballero.
En la región de la Moskitia, los territorios miskito, pech, tawahka y garífuna representan más de 1.5 millones de hectáreas, según un boletín de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) y la organización Forest Trends.
El proceso de socialización se inició en el concejo territorial de Bakinasta, considerando que en parte de este sector se sitúa la primera carretera ilegal, que hasta el momento recorre desde Catacamas, en el departamento de Olancho, hasta el pueblo de Krausirpi, en el municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios, dentro de la reserva de la biosfera tawahka Asagni.
Caballero también detalló que, además de la tala ilegal por la ganadería extensiva, que ha ocasionado escasez de agua en estas comunidades, en el conflicto también tienen participación jueces que han dictaminado la tenencia de tierras a favor de los terceros, desplazando así a pobladores nativos de la zona.
«Muchos se han casado o han estudiado junto a personas nativas de la zona y esto se debe tomar en cuenta en el proceso [de saneamiento], porque si bien es cierto es fácil decir “vamos a desalojarlos a todos”, pero ¿y después qué va a pasar?», cuestionó la técnica.
Sobre los avances en este proceso, la técnica del INA detalló que se ha abarcado al 100% el consejo territorial de Wamaklisinasta —al sur de la Moskitia, colindante con Nicaragua—, y en los otros se siguen realizando operativos. En el caso del concejo territorial de Diunat —más al norte y colindante con la Biosfera del Río Plátano, en donde comenzaría la nueva carretera ilegal—, están en proceso de elaboración del reglamento para dar inicio al proceso de saneamiento.
El Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Muskitia de Honduras (GAPIAMH) emitió una carta a inicios de este año dirigida al Gobierno de Honduras y a las entidades que conforman la comisión, en la que rechazan la injerencia del Estado en el proceso de recuperación de tierras miskitas, y aseguran que el ICF no tiene facultades para tomar decisiones dentro del territorio indígena.
«Las invasiones de nuestro territorio son por falta de políticas claras sobre territorios de los pueblos originarios. Para regular este problema, GAPIAMH está elaborando su propio reglamento; para este fin el Estado de Honduras debe acompañarnos», detallan en la carta.
Soliz señala que el posicionamiento del Gobierno Autónomo de la Moskitia en contra del proceso de saneamiento que lidera el Estado de Honduras responde a personas que ahora están en el extranjero y que han avalado acciones como la construcción de la carretera, algo condenado por «las fuerzas vivas que sí están en el sitio».
El director del ICF señaló que el GAPIAMH no tiene legitimidad en las comunidades, y que solo se posicionan en contra de temas como la venta de bonos de carbono o la concesión de petróleo en la Moskitia, pero obstruyen las alternativas para la resolución del conflicto ganadero por parte del Estado de Honduras.
El ministro Soliz dijo que, si bien han encontrado oposición al proceso de recuperación de tierras por parte de algunos líderes de la zona, las fuerzas vivas dentro de las comunidades han dado su respaldo para llevar a cabo este proceso.
«Hay una organización de parte de la población de las fuerzas vivas de la comunidad para impulsar estos procesos, donde ellos van a determinar quiénes están dentro de su territorio, la regulación de su territorio, y definir si [los invasores o ganaderos] han afectado o no han afectado», dijo el ministro del ICF a este medio.
