Fotografía y texto: Fernando Destephen
Guido Eguigure, viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), renunció a su cargo el pasado 15 de enero y está esperando a que la presidenta Xiomara Castro acepte o rechace su renuncia. Por ahora, está acompañando a un grupo de sus compañeros y compañeras, que mantienen una protesta denunciando al propio Estado por violaciones a sus derechos y malos tratos.
Eguigure plantea tres escenarios para la salida a esta crisis: «El primero, aunque incierto, una negociación», expuso. El segundo, a su juicio, es que la Secretaría del Trabajo emita un dictamen y a partir de eso se produzca «la criminalización de algunos o todos los trabajadores» que están en protesta. Ese sería el escenario con mayores consecuencias políticas para Libertad y Refundación (Libre), aparte de las consecuencias legales, advirtió este alto funcionario, que a renglón seguido explicó el porqué.
«Podría ser en el futuro un caso emblemático en el Sistema Interamericano», apuntó Eguigure, y agregó que se convertiría en el caso de una institución obligada a velar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los hondureños, pero que estaría violentando derechos a sus mismos trabajadores.
El tercer escenario planteado por Eguigure es el desgaste de los trabajadores, aunque explicó que lo ve como poco probable porque por ahora observa mucho ímpetu y emoción en los empleados que mantienen la toma; no obstante, indicó que algunos de los manifestantes han denunciado intimidaciones desde carros sin placas y motos.
La SEDH cuenta con poco personal y presupuesto; apenas 150 millones de lempiras para el año 2024, y 170 puestos de trabajo, de los cuales 140 están en funciones, porque quienes desempeñaban los 30 restantes tienen demandado al Estado y las plazas no pueden ser ocupadas hasta resolver el caso.
De la SEDH depende el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En 2022 se dio una crisis en la SEDH tras la salida de varias personas que pertenecían a esa instancia, una polémica en la que se vio involucrada la ministra, Natalie Roque, quien fue denunciada en noviembre de 2022 por querer intervenir en la elección de los consejeros para el Mecanismo de Protección y tener un control absoluto.
En mayo del 2023 se produjo una protesta de empleados de la SEDH que exigían mejores tratos por parte de las autoridades. En esa ocasión, Guido Eguigure, quien estaba en su cargo como subsecretario, emitió un comunicado ofreciendo que se abriría una investigación sobre las denuncias, y a la vez haciendo un llamado al diálogo. La protesta se disolvió, pero las denuncias y el clima hostil continuaron hasta culminar con esta nueva toma, que comenzó el 18 de enero y en la que ellos dicen se perdió ese «miedo a la disciplina partidaria», como explicaron algunos de estos mismos empleados en un Space de X de Contracorriente.
El pasado miércoles 6 de febrero, la presidenta Castro nombró a Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica, como mediador para buscar un diálogo. Cabe señalar que Salgado fue incluido en la lista Engels de los EE. UU. en el apartado de «actores corruptos y antidemocráticos», y que él mismo ha reconocido estar al mando de una tropa de boots de Gobierno, mejor conocidas como tropas digitales.
Mientras tanto, los empleados en protesta están buscando que todo esto termine sin represalias por haber hecho públicas algunas situaciones internas, y que se respete la estabilidad laboral y su derecho al trabajo.
