Este reportaje fue producido, editado y publicado originalmente por Reporteros de Investigación. Este medio lo reproduce con autorización de sus autores.
El lunes 11 de diciembre, de forma sorpresiva, Casa Presidencial anunció en su cuenta X que la presidenta Xiomara Castro había “oficializado” el nombramiento de José Jorge Fortín como subsecretario de Defensa, en sustitución del coronel Elías Melgar Urbina, quien hasta este nueva designación se mantuvo como segundo al mando en esa oficina ministerial. Durante las últimas semanas, los periodistas encargados de esta investigación preguntaron por la situación de Melgar Urbina, pero hubo pocas respuestas. De hecho, constatamos que Melgar seguía siendo subsecretario en agosto de 2023, y que la supuesta renuncia verbal que él había interpuesto tras la masacre en la cárcel de Támara nunca fue efectiva. Cuando el gobierno anunció la destitución, solo faltaban 48 horas para publicar esta investigación que hoy adelantamos por la sorpresiva decisión. Esta madeja la empezamos a desenredar en marzo de 2022 al iniciar la pista de los cerebros de la extorsión y decidimos seguir documentando el caso en marzo de 2023 con un equipo de periodistas en distintos países.
Diseño de investigación: Jared Olson, Estados Unidos | Wendy Funes, Honduras | Héctor Silva, El Salvador | *Reporteo y redacción: Wendy Funes y Jared Olson | *Edición: Héctor Silva Ávalos |Esta es una investigación transnacional pues hubo reuniones con diversas fuentes en diferentes países entre marzo y diciembre de 2023.
Un trabajo difundido por: Infobae, Argentina | Prensa Comunitaria, Guatemala | Criterio.hn, Pasos de Animal Grande, Reportar sin Miedo, Diario en Altavoz, Contracorriente, Honduras |
La matanza de mujeres en la cárcel de Támara fue parte de un complot armado por militares para forzar el relevo de las autoridades de seguridad pública en el gobierno hondureño. Elías Melgar, un coronel señalado por nexos con escuadrones de la muerte, es uno de los implicados.
Un reportaje de Reporteros de Investigación*
PARTE. El coronel Elías Melgar Urbina
El subteniente de artillería Kevin Edgardo Vargas Meza aprovechó un viaje a Tegucigalpa para comprar dos uniformes de fatiga en los almacenes del ejército. Eran días difíciles: el oficial recién había informado a investigadores de inteligencia que el coronel Elías Melgar Urbina, comandante de uno de los batallones de la Policía Militar de Orden Público, estaba implicado en asesinatos extrajudiciales. Cuando el alto oficial se enteró de las acusaciones no dudó en reclamar y amenazar al subteniente: “Pedazo de mierda, vos quién putas te crees, cerote, yo soy un coronel y vos sos un cerote… Ya vas a ver”.
Habían pasado dos días de aquella amenaza, Vargas Meza fue a comprar sus uniformes al almacén militar, cerca del aeropuerto de Tegucigalpa. Cuando salió de su compra, la policía lo detuvo. Poco después las autoridades lo presentaron a la prensa junto a 20 pandilleros del Barrio 18 y lo acusaron de proveer de equipo militar y armas a la pandilla. Un juez dejó libre al subteniente a los pocos días tras no encontrar mérito en las acusaciones, pero el joven militar tuvo que dejar el ejército hondureño para siempre. Confrontarse a Melgar le había costado su carrera y buena parte de su salud mental, según dijo a Reporteros de Investigación un abogado que lo conoció y habló con él.
El coronel al que el subteniente Vargas Meza se atrevió a señalar, Elías Melgar Urbina, es un hombre poderoso en Honduras desde hace años. Su hoja de vida es larga y problemática. Su nombre empezó a sonar primero en el Bajo Aguán, el amplio territorio agrícola en el norte del país salpicado por ejecuciones extrajudiciales de campesinos y cooperativistas que han protestado contra proyectos mineros y de otra índole en la zona. Esta entrega especial de Reporteros de Investigación ahonda en los vínculos de Melgar y una de sus empresas con esos asesinatos en el Bajo Aguán, de algunos de los cuales el subteniente Vargas Meza informó a la inteligencia policial de su país. No está claro de cuántas muertes, estaba el tanto Vargas, pero informes de organizaciones internacionales de Derechos Humanos cifran los asesinatos por arriba de los 40.
Elías Melgar es un coronel retirado y, según documentos a los que esta investigación tuvo acceso, era el segundo al mando en las fuerzas armadas de Honduras y por dos años viceministro de Defensa de la presidenta Castro. Ha sido, dice un perfilador estadounidense que conoce el caso del militar, un hombre ambicioso siempre, tanto que ha sabido cómo relacionarse con los principales grupos de poder político en Honduras, tanto con el Partido Nacional como con la coalición política que gobierna en la actualidad, encabezada por LIBRE. La frialdad para negar, una y otra vez, cosas de las que es acusado con multitud de pruebas e indicios, como su relación con grupos de exterminio y el Bajo Aguán, parecen ser rasgos característicos de su personalidad.
En julio pasado, luego de la masacre de mujeres perpetrada en la cárcel de Támara, voceros del gobierno aseguraron que Melgar había renunciado, pero fuentes consultadas para esta investigación indican que eso no es así: un alto oficial militar confirmó que Melgar seguía trabajando como viceministro.
A la pregunta de si la presidenta Castro rechazó la supuesta renuncia del coronel, esta fuente respondió: “Eso es lo que tengo entendido”. Otro alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que Melgar sigue apareciendo en reuniones. Un funcionario de alto nivel consultado para este reportaje, relacionado con el gabinete de seguridad, aseguró que el plan último de Melgar era que lo colocaran a la cabeza de todo el ramo, pero eso no ocurrió. El Memorando RR-HH SDN-547-08-2023 confirma también que su renuncia no fue aceptada.
Una investigación reciente de The Intercept, publicada en agosto pasado, confirmó los vínculos de Melgar con el narcotraficante hondureño Giovanny Fuentes y los nexos de Melgar con compañías de seguridad privada implicadas en asesinatos de campesinos y cooperativistas en el Bajó Aguán.
Melgar ha sabido navegar esos señalamientos, tanto que durante el gobierno de Xiomara Castro fue nombrado viceministro de Defensa y miembro de un consejo permanente gubernamental que debe velar por la seguridad de los campesinos en el Bajo Aguán.
“Se ha disfrazado como defensor de derechos humanos… de luchador contra el crimen, como cuando se tomó una foto llevando a Juan Orlando Hernández hacia un avión de la DEA, tal como si él lo hubiera capturado, como si no estuviera mencionado en el caso de Giovanny Fuentes, o por sus actos de represión en el Bajo Aguán”, dice un exfuncionario del Ejecutivo que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad personal y quien ha conocido de cerca cómo ha funcionado la cartera de seguridad pública durante el gobierno de Xiomara Castro.
Lo de los asesinatos en el Bajo Aguán es solo el principio. Sobre el coronel Melgar pende, también, el asunto de la masacre de Támara.
Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro, quien habló para esta investigación bajo condición de anonimato, aseguró que después de los asesinatos de 46 presas el 20 de junio en la cárcel de mujeres de Támara se abrieron varias hipótesis sobre las causas detrás de la masacre. Las primeras versiones filtradas a la prensa apuntaron a una venganza entre pandillas y a la complicidad de custodios, policías y militares. Hay, sin embargo, otra hipótesis: que la masacre fue parte de una conspiración de líderes militares para sacar del aparato de seguridad de la presidenta Xiomara Castro al general Ramón Sabillón e instalar, tras bambalinas, a oficiales ligados con el narcotráfico, como el mismo coronel Melgar Urbina.
“En eso (la masacre de Támara) hubo confabulación policial y militar”, dice el alto cargo del gobierno de Xiomara Castro.
PARTE II. La 43 mujeres asesinadas y el secreto en el relevo del aparato de seguridad
Pocas horas habían pasado de la masacre cuando la presidenta Castro destituyó a Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que dirigió la década pasada los operativos para capturar a varios cabecillas de los clanes de narcotráfico de Honduras y que llevó la batuta en los últimos trámites para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y del diputado Midence Oquelí Martínez Turcios. Este último pone a temblar a políticos de los tres partidos mayoritarios que dominan el espectro electoral en Honduras. Tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de Castro han relatado para esta investigación como ambos hechos, la masacre y la destitución, se relacionan.
Las tres fuentes señalan a Melgar Urbina como uno de los militares que participó, antes de la masacre, en un complot para desbaratar la nueva configuración del aparato de seguridad público tras el ascenso al poder de la presidenta Castro, quien había decidido dar la batuta a oficiales de la policía y no a los militares, de quienes ella y su entorno desconfiaban por el golpe de Estado que en 2009 depuso a su esposo, Manuel Zelaya.
La primera alerta llegó el 6 de diciembre de 2022, cuando, empujada por el aumento en las extorsiones, la presidenta decretó estados de emergencia parciales en varios municipios del país y dio, con ello, más poder a la cúpula militar. Cuando aquello ocurrió solo habían pasado tres días desde que la Policía, bajo el liderazgo de Sabillón, había capturado al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien en su momento fue aliado político de Manuel Zelaya.
Midence Oquelí fue extraditado el 30 de marzo pasado. Poco después de la extradición, entregó a la cúpula militar el control absoluto de las cárceles y de las investigaciones sobre crimen organizado, gracias al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, y con ello devolvió las rutas por las que circula la mayor parte de la cocaína, en el corredor hondureño, al control del ejército. Cuando Sabillón asumió, el ejército había perdido buena parte de su poder en esas rutas, pero con esta estrategia lo retomaban.
Al decretar los estados de emergencia, la presidenta Castro puso en remojo a Sabillón y a todo su gabinete de seguridad. El mando militar, en el que siempre estuvo Melgar Urbina, presionaba para dar plazos perentorios a las autoridades policiales. Una de las fuentes consultadas asegura que, en marzo de 2023, se concretó un plazo de 72 horas a Sabillón, lo cual fue el primer paso para la destitución.
El 6 de marzo, de hecho, fue la misma presidenta quien dio el plazo a Sabillón y a su gabinete de seguridad.
“Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto… No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios… ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!!, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter -hoy X- aquel día.
En el entorno de Sabillón sabían que era el principio del fin y que el plan de los militares era que el general de la policía estuviese fuera en junio. Lo que pocos sabían, entonces, era que el plan, de acuerdo con los funcionarios consultados y de una de las hipótesis investigativas posteriores, incluía a Támara.
Un mes después del ultimátum, el 11 de abril de 2023, la presidenta nombró en un Consejo de Secretarios de Estado una comisión interventora en las cárceles mediante el Decreto Ejecutivo PCM-16-2023. A partir de ahí, desde la exacerbación de diferencias internas en Seguridad hasta la matanza de 43 privadas de libertad, todo formó parte del mismo rompecabezas.
La Interventora fue nombrada luego de que el 8 y el 9 de abril hubo reyertas y hechos violentos simultáneos en cinco penales. Un informe en poder del gobierno, al que esta investigación tuvo acceso, dice: “Estos atentados evidencian el alcance de la organización, coordinación y comunicación que mantienen las estructuras criminales que todos los días operan, se alimentan y fortalecen desde las cárceles a nivel nacional para la comisión de delitos relacionados con la extorsión y conexos”. En ese informe, además, se habla de la posible complicidad de algunos mandos policiales y militares con el complot.
La Comisión Interventora, a la cabeza de la cual la presidenta Castro nombró a Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, empezó a hacer cosas que nunca se habían hecho en el sistema carcelario hondureño, como elaborar un padrón de presos, utilizar la inteligencia penitenciaria para detectar fugas de información y generar información sobre las estructuras criminales internas.
Hubo al menos 48 comunicaciones oficiales de la Interventora a las autoridades policiales pidiendo apoyo logístico, pero no obtuvieron respuesta. Con todo eso, el camino quedó allanado para la entrada, de nuevo, de las autoridades militares en los asuntos de las cárceles.
La retoma del control de parte de los militares coincidió, según un documento de inteligencia penitenciaria al que esta investigación tuvo acceso, con el abastecimiento de las armas y medios que luego serían utilizadas en Támara para la masacre. Así, el 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que es el nombre oficial de la cárcel femenina, 46 privadas de libertad fueron asesinadas. De ellas, 23 fallecieron calcinadas y 23 ejecutadas con armas de fuego y/o armas blancas.
Llegó luego la destitución de Sabillón, como estuvo previsto desde marzo de 2023. Entonces el coronel Melgar Urbina, convencido de que él podría ser el próximo ministro de Seguridad, apoyado por diputados oficialistas, interpuso su renuncia, dice una fuente de alto nivel. En las cárceles, el control del crimen organizado en Honduras pasó nuevamente a manos de las Fuerzas Armadas, gracias en parte al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023.
El plan, sin embargo, no salió según lo esperado por Melgar Urbina. En sustitución de Sabillón, la presidenta Castro nombró a Gustavo Sánchez, un oficial policial que hasta entonces había sido director de la Policía Nacional. En apariencia, el nombramiento truncaba el plan militar de retomar todo el aparato de seguridad y, en específico, las intenciones de Melgar. Sin embargo, uno de los altos funcionarios consultados en Honduras asegura que Sánchez tiene su propia agenda, que también incluyó sacar del camino a Sabillón. Se intentó conocer la opinión de Melgar Urbina en varias ocasiones a través de canales institucionales y mensajería electrónica pero no hubo respuesta.
En diversas coberturas observando tanto a Sánchez como a Sabillón, en los últimos meses, fue evidente que había una relación cordial entre ellos. Y diversas fuentes policiales señalaban que ambos estaban expuestos a un complot permanente que apuntaba a la destitución de uno y otro. Ese ambiente de tensión hizo sorpresivo el nombramiento de Sánchez.
PARTE III. Los escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán
En una mañana luminosa y soleada del 20 de enero pasado, varios meses antes de los sucesos en Támara, en un funeral en un cementerio en las afueras de Tocoa, Natalie Roque, la Ministra de Derechos Humanos del gobierno de Xiomara Castro, tomó el micrófono para ofrecer algunas palabras de condolencia. Eran días complicados en el Bajo Aguán, una de las zonas más golpeadas en Honduras por ejecuciones extrajudiciales.
El coronel Elías Melgar es, a pesar de los señalamientos que pesan en su contra, miembro activo del consejo gubernamental formado por el gobierno de Xiomara Castro para dar seguimiento a decenas de asesinatos perpetrados por sicarios y escuadrones de la muerte. La investigación de The Intercept ya mencionada reveló, precisamente, que Melgar y compañías relacionadas con él han estado ligadas de forma directa con estos hechos.
“El gobierno de Xiomara condena activamente estos asesinatos”, dijo Roque con una voz fina; leía un documento en su teléfono mientras un asistente sostenía un paraguas sobre ella mientras todos sudaban bajo un sol opresivo. El asesinato por el que la funcionaria se lamentaba es el de Omar Cruz, un defensor de la tierra y presidente de la Cooperativa Los Laureles, un grupo de campesinos que ocupa una finca palmera del mismo nombre, la cual había sido tomada por un consorcio llamado Corporación Dinant desde abril de 2021. Durante los 18 meses que siguieron a esa toma, a los campesinos de Los Laureles les llegaron amenazas; denunciaron también espionaje con drones, intentos de infiltración en su movimiento, incursiones en la finca de policías encapuchados y guardias privados y arrestos arbitrarios entre otros intentos de criminalización.
El 11 de enero de este año, Cruz fue al Ministerio Público a denunciar una escalada de amenazas que atribuyó a la Corporación Dinant, la cual, según él, financiaba un supuesto escuadrón de sicarios radicado en un pueblo cercano donde, el 21 de diciembre de 2022, apareció el cuerpo de otro defensor de tierra, Mauricio Esquivel, miembro de una cooperativa que también tenía conflicto con Corporación Dinant. El grupo de sicarios, denunció Cruz, se llamaba “Los Cachos” y abiertamente nombró a Mauricio Facussé como “actor y cómplice” en su creación.
Una semana después, el 18 de enero, Omar Cruz y su suegro, Sandy Martínez, fueron asesinados. Los mató una ráfaga de metralla a unas cuadras de la entrada de la finca Laureles.
En el funeral de Cruz, antes de que terminaran los discursos, una mezcla amarga de recuerdos personales y proclamaciones políticas de lucha por la tierra, el padre del fallecido interrumpió las palabras de Natalia Roque, la funcionaria de Xiomara Castro: “¡Ni imaginan un dolor de un padre de perder su hijo!”, grita mientras sube al borde del ataúd y levanta, en un gesto triste e inútil de derrota, su sombrero en el aire. Las hermanas y la esposa de Cruz también gritan. Otros dan sus últimos adioses. Finalmente, unos hombres cubren el féretro para siempre con cemento. La multitud se dispersa. Reporteros de Investigación se acerca a Roque en busca de una entrevista sobre el coronel retirado Elías Melgar Urbina.
“¿Usted ha trabajado con Elías Melgar?”
Melgar ha ocupado varios sombreros en el gobierno de Xiomara Castro. No solo ha sido viceministro de Defensa, una asignación que nadie en la presidencia ha desmentido con claridad hasta la fecha, y el segundo al mando de las fuerzas armadas, también trabaja como representante del ejército en el Mecanismo de Protección, como parte de la Comisión de Derechos Humanos, según un documento de Agosto 2022 de la Corte Interamericana, testimonios recogidos, y las propias palabras de Melgar. En esa comisión también trabaja Natalia Roque.
“Sí, lo conozco”, responde Roque.
En el Bajo Aguán, de hecho, hay mucha gente que conoce al que fue, por dos años, viceministro de Defensa hasta hace 72 horas. Aquí, en las fincas palmeras de Colón, coinciden dos fenómenos: el sicariato, los asesinatos de defensores de tierra y agua en oposición a empresas extractivistas, y narcotráfico de gran escala. Las fuerzas armadas y la élite terrateniente han estado involucradas en ambas por años. La gente del Aguán no necesariamente recuerda a Melgar como una figura asociada a la “Refundación” del gobierno de Castro, sino como el dueño de una empresa de seguridad privada que, en la práctica, funcionaba como un equipo de sicarios, formado por exmilitares profesionales, que trabajaron a la par de uniformados activos del 15to Batallón y que asesinaron a decenas de campesino en la zona, que torturaron, violaron y desaparecieron a sus víctimas. Esos escuadrones de la muerte han sido condenados a nivel internacional, entre otros por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Los recuerdos sobre Melgar y los suyos han vuelto con fuerza, sobre todo porque los asesinatos en el Bajo Aguán han aumentado otra vez.
Le insistimos a Natalia Roque, la funcionaria del gobierno Castro que trabaja con el coronel Melgar Urbina en el Mecanismo de Protección. ¿Ha escuchado sobre el récord de Melgar en la zona? ¿Sobre los asesinatos y desapariciones? El cuestionario es largo: según documentos entregados por fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York, Melgar también formó parte de una clica de militares de alto rango que proporcionó chalecos, armas y protección al narcotraficante Giovanny Fuentes. Y está, también, la pregunta por la supuesta complicidad del militar en la masacre de Támara, la que provocó una renuncia falsa.
Roque contesta, escueta, mientras, cerca de ella, se escuchan los últimos sonidos del funeral de Omar Cruz:
“Pues me han dicho ciertas cosas… Pero no. No estoy segura”.
El grupo Orión y la Corporación Dinant
Wendy Castro se sorprende ante la noticia de que el coronel Elías Melgar Urbina forma parte del grupo estatal supuesto a velar por los derechos humanos de los habitantes en el Bajo Aguán: “No está bien que lo integre: él ha sido mencionado en varias partes con grupos criminales que operan en la zona… él ha integrado grupos criminales en el Bajo Aguán que se dedican a intimidar a matar defensores de derechos humanos”, dice esta activista agraria.
Pese a ser mencionado en los expedientes de Nueva y denunciado por liquidar gente en el Bajo Aguán, hace un año integra el Consejo Nacional de Protección de Periodistas, Comunicadores, Personas Defensoras y Operadores de Justicia. La gente del Bajo Aguán ha llegado al Mecanismo a pedir protección.
https://m.facebook.com/Canal8Honduras/videos/en-vivo-consejo-de-derechos-humanos/3357137001279207/ En el minuto 12:10 manifiesta su amistad y apoyo a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque. “Ahí juega un papel importante lo que es el apoyo de la Secretaria de Derechos Humanos, liderada por la secretaria Natalie Roque y todo su equipo”. Dijo que Roque apoya con capacitaciones a la Policía Militar del Orden Público.
Castro fue al Mecanismo en febrero de 2023 a denunciar persecución y acoso, pero no ha tenido repuesta. “Hicieron levantamiento de incidencias… No han dado ni una resolución sobre eso. Dicen que no hay respuesta porque no hay presupuesto, no solo por mi caso sino por un sinnúmero de compañeros de las cooperativas que están en alto riesgo por la lucha en la defensa de los derechos humanos frente a los agroindustriales”, cuenta Castro. Y, ocho meses de haber puesto su denuncia y tras saber que el coronel Melgar es parte del mecanismo, se pregunta: “¿Qué derechos humanos a defender él si él está a favor de los grupos criminales?”
El Bajo Aguán, la zona de influencia de la cuenca del Río Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario histórico de conflictividad social entre los campesinos e indígenas que habitan la tierra y los empresarios y terratenientes que la han explotado, sobre todo a través de la palma africana. Rica en recursos agrícolas y minerales, esta parte del país ha visto centenares de hechos de sangre provocados por esa conflictividad social. En tiempo recientes, la violencia recrudeció desde el golpe de Estado de 2009 y vio agregarse a un nuevo protagonista: el narcotráfico.
Después del golpe empezó una especie de guerra sucia. Unos 8,000 militares llegaron a la zona luego de que campesinos retomaron las fincas que, reclamaban, los agroindustriales les habían arrebatado. Las masacres empezaron a ser noticia frecuente. Al lado de los uniformados estaban siempre ejércitos de guardias privados. Una de las empresas particulares de seguridad más grandes entonces era Orión, contratada para vigilar las finas de la Corporación Dinant, uno de los monstruos agroindustriales del Aguán. Orión, de acuerdo con documentos en poder de esta investigación, está registrada a nombre de familiares del coronel Elías Melgar Urbina, quien ya en público ha reconocido que fue jefe de operaciones y jefe de inteligencia de Orión.
Jhonny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, dice que las últimas décadas han estado llenas de momentos difíciles
“El golpe de Estado se da precisamente en una coyuntura donde empezaba a haber una apertura para los empobrecidos de este país… había pequeñas luces, pues para que iniciara la devolución de los derechos violentados. A los grupos oscuros, fácticos, agroindustriales, empresariales, eso no les pareció y fraguaron el golpe de Estado y la confabulación con altos mandos policiales y militares”, dice Rivas.
El dirigente coincide con Wendy Castro y otros líderes campesinos entrevistados en que, durante el golpe de Estado, Elías Melgar era coronel en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y que fue él uno de los que participó, primero en el ejército, en la represión que siguió a la toma de fincas. Muy pronto, Melgar también empezó a comandar ejércitos privados.
“Tuvimos información también de que el señor Elías Melgar lideraba la empresa de seguridad Orión que estaba al servicio de Corporación Dinant. Él, pues, daba órdenes en el Décimo Quinto Batallón de Infantería y también daba órdenes en la empresa de seguridad Orión, que era propiedad de un pariente suyo, pero él era el quien daba las órdenes. Quienes daban las órdenes a los sicarios se sentían poderosos, con total impunidad y con protección desde el poder de Elías Melgar”, dice el líder campesino.
Por eso la sorpresa de Rivas, como la de Wendy Castro, cuando Melgar apareció el 9 de febrero de 2022, ya en el gobierno de Xiomara Castro, como parte de una comisión de ministros que llegó al Bajo Aguán a discutir la conflictividad en la zona. “Fue de mucha preocupación… Aparece el señor Elías Melgar… Tuvimos la reunión con muchos temores y miedos sabiendo que alguien que ha estado vinculado con asuntos violentos para favorecer a corporación Dinant”.
Los liderazgos campesinos del Bajo Aguán entrevistados para esta investigación coinciden en que Melgar “está influyendo” en la estrategia de violencia en la zona, “al igual que en la estrategia pues de violencia que se ha generado a nivel del interior de las cárceles”.
En una investigación publicada en agosto pasado, el medio estadounidense The Intercept reveló que Elías Melgar es dueño, a través de testaferros, de una empresa de seguridad privada, Orión, que ha funcionado como un servicio de sicarios profesionales con entrenamiento militar. Este reportaje de Reporteros de Investigación va más allá: como lo denuncian las fuentes consultadas, lo que Melgar ha manejado es un consorcio de seguridad privada que es, en realidad, una firma de mercenarios que ofrece servicios de sicariato y ha estado involucrada, desde hace años, en crímenes de lesa humanidad.
Armados con ametralladoras y rifles automáticos, agentes de Orión, muchos de ellos ex-militares, patrullaban en fincas industriales y puestos de control viales en colaboración con tropas activoa del 15to Batallón del ejército Hondureño, en el Bajo Aguán, donde Melgar estuvo como jefe de inteligencia militar desde aproximadamente 2009 hasta 2014. Miembros de movimientos campesino, tres periodistas que huyeron de la zona y un exabogado confirman la presencia de Melgar en la zona, además de registros públicos de diversos medios de comunicación hondureños. Esas fuentes confirmaron que el coronel Melgar dirigía con frecuencia patrullajes y retenes formados por miembros del ejército y de los guardias privados de Orión. Muchas veces, según uno de estos testimonios, Melgar viajaba en un todoterreno Mazda marcado con el logo de Orión, la cual el coronel también lucía en su uniforme militar. A lo largo de esos años, agentes de Orión sistemáticamente asesinaron por lo menos 40 miembros del movimiento campesinos a sangre fría.
No eran choques en confrontaciones en igualdad de condiciones, como ahora sugieren empresas palmeras y algunos medios. El informe más completo que documenta la violencia de esa época, de Rights Action, establece que se trataba más bien de asesinatos selectivos y sistemáticos por parte de guardias en colusión con militares: víctimas emboscadas en calles solitarias, masacradas sin previo aviso, desaparecidos dentro de fincas que controlaban las guardias: “Soldados del 15to Batallón… y las fuerzas de seguridad privadas,” escribe la autora del informe, la reconocida investigadora estadounidense Annie Bird, “principalmente de la corporación de seguridad de Orión… han sido identificadas sistemáticamente como iniciadores de actos de violencia contra los movimientos campesinos en un lapso de tiempo que coincide con la ejecución de docenas de ejecuciones al estilo de escuadrones de la muerte.”
Esto coincide con el reporte de Human Rights Watch titulado “No hay investigaciones aquí”, que no identifica Orión por nombre pero describe asesinatos a manos de guardias privados de empresas palmeras. La mayoría de los asesinatos donde hubo sobrevivientes que presenciaron el crimen fueron ejecutados por sicarios con indumentaria militar o uniformes de guardias. Ya por 2014, había por lo menos 100 muertos a raíz de la conflictividad de tierra, unos 40 de los cuales se atribuyeron a guardias de Orión. Casi todos los asesinatos han quedado impunes.
Una de las peores masacres atribuidas a Orión es la de la finca El Tumbador. El 15 de noviembre de 2010, cinco campesinos fueron asesinados cuando guardias de Orión, acompañados por soldados del 15to Batallón, emboscaron a miembros de una cooperativa campesina en esa finca, en el extremo oriental del Aguán. “Nos emboscaron, nos estaban esperando”, cuenta Francisco Ramírez, sobreviviente de la masacre, mientras señala su rostro, desfigurado por una bala. “Me quitó todos los dientes superiores.”
Las acciones de Orión atrajeron incluso condenas internacionales. En 2013, un grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios identificó a Orión como uno de los principales violadores de derechos humanos. “El grupo de trabajo se vio profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en el asesinato, desaparición, desalojo forzado e incluso violencia sexual a la que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y el ejército”, dice el informe.
Las acusaciones de violencia a manos de guardias de Orión provocaron una auditoría interna en el Banco Mundial, que en 2009 aprobó un préstamo de US$ 30 millones a Corporación Dinant para desarrollar sus fincas. El primer informe, publicado en enero de 2014, fue considerado por la ONG Británica Oxfam como “uno de los más condenatorios jamás emitidos por el organismo de control interno del Banco”. Una de las conclusiones fue que “la violencia contra los agricultores en las plantaciones de Dinant y sus alrededores ocurrió debido al uso inapropiado de las fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o la influencia de Dinant”. Dinant se vio obligado a dejar de contratar a Orión y a desarmar a sus guardias.
Pero ni Orión ni Melgar se dieron por vencido. Registros de propiedad y comerciales revisados para esta investigación dan cuenta de que se idearon dos estrategias para mantener activa la empresa, que sigue funcionando hasta la fecha.
Lo primero fue cambiar el nombre. El único empleado de Orión condenado por homicidio, Rigoberto Rodríguez Tomé, fue descrito en 2016 por el Ministerio Público como jefe de seguridad de la empresa. La solicitud de la Fiscalía para una sentencia de culpabilidad describe la escena, basada en testimonios de sobrevivientes, del doble homicidio en noviembre de 2011, donde Rodríguez Tomé fue descrito como alguien que vestía el uniforme de Orión mientras conducía un pick up con logos de la compañía. Sin embargo, constancias de trabajo entregadas a la corte que ahora se encuentran en el expediente del condenado lo describen como jefe de seguridad “Sión”; también hay descripciones de las responsabilidades de Rodríguez Tomé: hacer patrullajes armados a la par de la empresa palmera ACEYDESA, que se corresponden con la escena del doble homicidio descrito por la Fiscalía. Sión se encuentra registrada a nombre de familiares de Melgar en La Lima, su hogar natal.
El segundo paso fue nombrar a miembros de su familia para que no apareciera su nombre. En 2011, la hija del militar, cuyo nombre estamos dejando de lado para su seguridad, fue anexada como gerente general de Sión. La mujer, entonces, estudiaba para ser odontóloga en la UNAH en San Pedro Sula según registros empresariales en la Cámara de Comercio y en notas en redes sociales. En 2015, según esos mismos registros, la joven le otorgó poder de gerente general a su suegra.
Pero, a pesar de sus esfuerzos para no dejar su nombre en el rastro registral, el coronel Elías Melgar Urbina no era un hombre tímido cuando trabajaba en el Bajo Aguán. Le encantaba cortejar a la prensa, según un periodista que huyó de la zona y ofrecer fiestas para periodistas, policías y hombres de negocios locales. También organizaba descansos semanales para la prensa con donas y café el viernes por la tarde en la base del Xatruch, una fuerza conjunta de unidades de fuerzas especiales en las afueras de Tocoa.
Para los movimientos campesinos de la zona, la presencia del coronel Melgar siempre llevó miedo. Parecía, dicen, que tenía un deseo de venganza personal y profesional.
Un líder campesino, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que fue detenido en 2011 en un puesto de control vial, donde Melgar estaba parado con militares y guardias “Sé lo que tenemos que hacer con todos ustedes”, le dijo Melgar, indignado por las afirmaciones de que los campesinos estaban “robando fruta” de una plantación que habían ocupado. Al año siguiente, el granjero fue detenido en un puesto de control dirigido por agentes navales, quienes dijeron que se les había ordenado inspeccionar su vehículo bajo la sospecha de que transportaba armas. “Melgar me está dando la impresión de que tiene algo personal contra esta gente” recordó el campesino que dijo uno de los oficiales.
Fue un miembro de Orión el que cometió el asesinato de más alto perfil en Centroamérica en la actualidad. Henry Hernández había sido un francotirador de las tropas especiales en el 15to Batallón, en la misma época en que Melgar era un oficial. En 2013, Hernández ingresó a Orión, se supone que bajo las órdenes del coronel. En 2015 sería contratado para liderar el escuadrón de tres sicarios que asesinó a Berta Cáceres un año después, una operación en el que su jefe inmediato era Mariano Díaz, un excapitán del 15to Batallón, donde también estuvo activo durante los mismos años de Hernández y Melgar.
Guardias de Orión también vigilaron lugares en los que aterrizaron aviones con droga. La finca de Farallones ha sido propiedad de Corporación Dinant y la familia Facussé por años, y Dinant todavía reclama la propiedad. En 2004, según cables del Departamento del Estado filtrados al público por Wikileaks en 2011, aterrizó, y luego fue incendiada, una avioneta cargada con más de 1,000 libras de cocaína ante la mirada de “guardias bien armados”. Los oficiales estadounidenses dudaron de lo que entonces dijo Miguel Facussé, el patriarca familiar, quien alegó que los narcotraficantes aterrizaron sin que él lo supiera, la cual parecía improbable a los agentes diplomáticos por la fuerte vigilancia que siempre había en la finca. En 2015, según el testimonio proporcionado a la DEA por el ex-policía Chriss Zelaya-Romero, una propiedad en “Farallones” de la “familia Faucussé” (sic) se usó para el aterrizaje un cargamento de droga, que fue recibido, según su testimonio, por militares y “hombres armados.” Y en 2017, en el juicio de Fabio Lobo en el Distrito Sur de Nueva York, el hijo del expresidente Porfirio Lobo describió como él frecuentemente recibía cargamentos de droga en “la finca de Farallones.” En todos estos casos representantes de Dinant han negado que los Facussé tuviesen conocimiento de que los aviones aterrizaron ahí, pero no niegan que la propiedad es de ellos.
Uno de los altos oficiales del gobierno de Xiomara Castro consultados para esta investigación aseguró que el coronel Melgar tuvo, en principio, buena relación con el expresidente Juan Orlando Hernández y su entorno. Los vínculos, sin embargo, se debilitaron y el militar empezó a acercarse al círculo político de la futura presidenta.
Otra fuente, de inteligencia militar, aseguró que fue Juan Orlando quien promovió el crecimiento de Melgar Urbina en el ejército y le facilitó cuotas de poder.
“Era parte de la Policía Militar de Orden Público. Era un hombre de confianza de los Hernádez, pero se peleó con JOH por conflictos de intereses con otros militares y ahí empezó a trabajar relaciones con la oposición y termina metiéndose en la alianza política con Libre a pesar de ser uno de los militares que participó en el golpe de Estado de 2009”, dice el oficial.
Lo cierto es que Melgar cayó bien parado en el gobierno de Xiomara Castro y que sus vínculos con Libre y el oficialismo actual han ido creciendo, la de él y la de sus empresas de seguridad privada. En junio de 2015, el instrumento público con el que se entregó poderes de gerente general de Sión a la esposa de Melgar, Waldina Pineda Dubón, fue notarizada por Lourdes Pamela Blanco, la cónyuge de Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación de Castro. En enero de este año, justo después del asesinato de dos miembros de un movimiento de defensa en Guapinol, en el Bajo Aguán, se reveló que el Bufete de Vaquero y Lourdes prestaba servicios legales a varias empresa de otro miembro de la élite terrateniente: Lenir Perez, dueño de la mina Pinares y el aeropuerto Palmerola y aliado cercano a Juan Orlando Hernández.
Hoy, justo como la época en la que Melgar trabajaba en la zona, la guerra sucia ha regresado al Bajo Aguán. Durante el tiempo en que el coronel ha sido funcionario del gobierno de Xiomara Castro, 11 defensores del agua y la tierra en conflicto con Dinant y Pinares han sido asesinados. Nadie ha sido arrestado por los asesinatos.
Lista de asesinatos en el Bajo Aguán
21 de diciembre, 2022: fue asesinado Mauricio Esquivel socio de la cooperativa Agropecuaria campesina Tranvio.
7 de enero 2023: el asesinato de Jairo Bonilla y Aly Domínguez ambos mantenían una lucha por la defensa del río Guapinol.
El 29 de enero, 2023: Ricardo Arnaúl Montero miembro del Comité de Defensas de Tierra en la comunidad de Triunfo de la Cruz- OFRANEH
18 de enero, 2023: asesinato de Omar Cruz Tomé presidente de la cooperativa Agropecuaria los Laureles y su suegro Andy Martínez.
12 de febrero, 2023: fueron asesinados Hipolito Rivas y su hijo Javier Rivas ambos miembros de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez.
18 de febrero, 2023: fue asesinado Benigno Maldonado era integrante de la lucha que lidera el sector de Paujile en Tela, Atlántida.
El 25 de marzo, 2023: fue asesinado Emerson Martínez, hijastro del vocero de la cooperativa los Laureles y miembro de la junta directiva de la Plataforma Agraria miAbraham, León.
22 de abril, 2023: asesinato de José Guillermo Martínez era socio activo de Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH).
22 de mayo, 2023: asesinato de Candelario Martinez excuñado del vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas.
24 de septiembre, 2023: asesinaron a José David Fortín era miembro de la junta directiva de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros.
14 de octubre, 2023: fue asesinado Kevin Meza joven campesino miembro de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI).
Fuente: Plataforma Agraria del Aguán
