La defensa del Río Grande o Petacón le ha costado mucho al municipio de Reitoca, al sur de Francisco Morazán, dos de sus defensores están procesados judicialmente desde el 2018. Los miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) esperan que estos queden en libertad definitiva.
Texto y fotografía: Fernando Destephen
Luisa Flores Reyes, de 74 años, lleva siete años defendiendo el río Grande, conocido como Petacón, ubicado en el municipio de Reitoca, al sur del departamento de Francisco Morazán. Actualmente ella está apoyando a los defensores del ambiente Wilmer Alonzo y Orlando Rodas, criminalizados desde el 2018 tras ser acusados de los delitos de daños agravados y usurpación al proyecto hidroeléctrico Río Petacón, desarrollado por la empresa Progelsa en dicho municipio.
Reitoca es uno de los municipios más pobres de Francisco Morazán, con un índice de pobreza del 77 %, según el Censo de Necesidades Básicas Insatisfechas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013. De 10,649 habitantes, el 91 % tiene una cobertura educativa hasta el nivel primario.
A Luisa le dicen la reina, y yo le pregunto porqué. «Porque no hay otra», contesta y vuelve a ocupar su lugar en la calle, en el recorrido que se hizo desde el edificio del Ministerio Público hasta la Corte Suprema de Justicia exigiendo justicia para los ambientalistas.
Lo que ella no dice es que fue reina de Las Flores y del Petacón, una celebración en el municipio de Reitoca de la que Luisa formó parte y ganó, aunque no recuerde con exactitud las fechas de esos tiempos, los que sí tiene bien grabado en su memoria son sus procesos como ambientalista, recuerda muy bien que hace siete años inició su proceso de lucha y defensa del río de su comunidad.
Luisa, una mujer pequeña, de tez trigueña y arrugada por la edad, corre, camina, grita y ordena las filas, sin dejar de cargar una pancarta con la leyenda: «protejamos y conservemos el medio ambiente». Sin desacomodar una diadema (de reina) que lleva en su cabeza, pintada por algunas canas que sobresalen en su cabello oscuro que lleva amarrado y que le cae a la nuca.
«He sufrido siete años», gritó frente al portón cerrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el martes 31 de octubre, fecha en la que se suponía era la última audiencia y la lectura de la sentencia, pero no hubo, se reprogramó hasta el 8 de noviembre.
«Ellos (Wilmer y Orlando) son inocentes, no deben nada», gritó de nuevo, justo en el momento cuando cuatro policías se formaron dentro del portón del palacio de justicia. Los uniformados hicieron un muro simbólico, protegiendo las instalaciones de un sistema de justicia hondureño que ha criminalizado a Wilmer y a Orlando, y que mantiene sedienta de justicia a Luisa y a casi un centenar de personas del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), que esperan que sus compañeros queden en libertad definitiva.
Llegaron en la tarde del lunes 30 de octubre a Tegucigalpa y acamparon. A pesar de la lluvia, permanecieron un rato en las afueras del Ministerio Público (MP), pidiéndole al ente acusador que detenga los actos represivos, demandando que sus compañeros queden en libertad definitiva y que el juicio no se atrase más.
En la Corte Suprema de Justicia demandaron sobreseimientos definitivos para ambos imputados, resoluciones que les permitirán continuar con sus vidas sin tener que viajar al juzgado de Comayagüela un día a la semana para firmar un libro donde queda constancia de que siguen en Honduras.
Luisa, que tuvo ocho hijos, dos de los cuales murieron siendo militares, reveló que seguirá luchando por Wilmer y Orlando, porque está convencida de que la acusación es injusta y que ambos «son inocentes». «Con la fe en el de arriba«, dice, sin dejar de sostener la pancarta y viendo hacia el edificio de las salas de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia.
