Texto y fotografía: Fernando Destephen
«La Libertad» es una marca que surgió de una iniciativa para que los centros penitenciarios de Honduras se vuelvan «centros de trabajo», que, según las autoridades militares que manejan los centros penales, servirán para cumplir con uno de los elementos claves: la rehabilitación. El dinero que generen los productos vendidos será aprovechado por los privados de libertad, han prometido las autoridades.
Los centros penales de Honduras están a cargo del comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fernando Rarmiro Muñoz, quien dijo que lo que se busca con este proyecto es crear oportunidades para los privados de libertad.
Durante la presentación de esta marca penitenciaria que se realizó en la plaza del Monumento a la Paz en el cerro Juana Laínez de Tegucigalpa el pasado 22 de septiembre, Muñoz dijo que este es el «inicio de la bendición para Honduras» y agregó que «si se puede cambiar maldición por bendición en los centros penales, ¿por qué no se puede hacer en Honduras?»
La operación Fe y Esperanza ha sido cuestionada por supuestas violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, por reproducir una narrativa similar a la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien implementó su plan de control territorial que ha supuesto torturas tal y como lo han denunciado familiares ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) exigió la renuncia del coronel Múñoz por un audio que circuló en el que se oye a Muñoz insultar, amenazar y exigir la detención sin el debido proceso de uno de sus subalternos.
En el caso de El Salvador, ha sido normal leer titulares de medios de comunicación que titulan textos como «Nayib Bukele pone a trabajar como obreros a miles de presos en El Salvador», sin embargo, tras estas narrativas se esconden denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles y en algunos casos se han denunciado muertes dentro de las mismas.
Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, explicó que parte de las ganancias son para el sostenimiento de la familia del privado de libertad y para seguir comprando materia prima. Lo único que harán las autoridades -explicó Aguilar- es controlar la cantidad de dinero, ya que a los privados de libertad se les permite acceder solamente a cierta cantidad.
En cuanto al proceso de seguridad para ingresar materias primas a los centros penitenciarios, Aguilar explicó que se hace mediante un listado que elabora el coordinador de cada taller con los productos que se necesitan, luego viene la fase de revisión que la ejecuta el director del centro penal, quien finalmente autoriza la compra mediante una llamada monitoreada.
«La Libertad» es el nombre de la marca escogida para enmarcar el trabajo de privados de libertad en la producción de muebles, closets, muebles de bar, artesanías, hamacas, zapatos, bisutería, entre otros. Mediante este programa, las autoridades a cargo de los centros penales prometen recorrer un camino hacia la rehabilitación y además buscar crear comercio interno y externo en las cárceles que ahora administran los militares a través de la Policía Militar del Orden Público.
«No importa cuánto o por cuánto tiempo esté privado de la libertad alguien, yo estoy convencido que algo puede producir», dijo Muñoz, en alusión al proyecto de marca que se desprende de su operación Fe y Esperanza.
Muñoz dijo que hay privados de libertad que tienen negocios propios y que en menos de un año estos negocios van a ser institucionales para que «ahí se capaciten todos aquellos que van a volver a la sociedad».
A pesar del control militar en los centros penales, siguen ocurriendo fugas, como la del 21 de septiembre en la granja penal de El Porvenir, Atlántida, de donde se fugaron dos privados de libertad en un motín registrado en el centro penal de Danlí porque no se permitían las visitas.
Además, continúan las denuncias de torturas y malos tratos, algunas de las cuales han quedado registradas en video, uno de ellos circuló y en éste se observan a elementos de la Policía Militar encerrar a un privado de libertad en una celda para luego lanzarle gas lacrimógeno, acción confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario en un comunicado.
Finalmente, Honduras registró este 2023 la mayor tragedia en el sistema penitenciario hondureño, la del 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Luego de eso, la administración de los centros penales pasó a la PMOP, que desde el 26 de junio arrancó con la operación Fe y Esperanza.
