Este mes, el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, debe abandonar la titularidad del Ministerio Público, pero en el Congreso Nacional no hay señales de consensos ni de diálogos entre el oficialismo y la oposición para elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto. No existe normativa complementaria que establezca un procedimiento para la elección de estos funcionarios. A todo esto se suma que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe emitir resoluciones sobre recursos de amparo interpuestos por cuatro aspirantes que fueron apartados del proceso y el llamado a protestas por parte de la presidenta Xiomara Castro.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
El Congreso Nacional afronta una nueva crisis justo cuando le toca elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, las cuales son claves para decidir el rumbo en temas como la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) para abrir y procesar a imputados en casos relacionados con la corrupción, la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Distintas cosas generan incertidumbre: la insurrección legislativa a la que se ha llamado el partido de oposición, el llamado de la presidenta Xiomara Castro a realizar protestas para exigir la elección del fiscal general en un «Congreso bajo ataque» —lo cual violenta el principio de independencia de poderes— y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no resuelve los recursos de amparo interpuestos por cuatro aspirantes a fiscal general y adjunto: Juan Rafael Soto, Omar Bonilla, Luis Javier Santos y Mario Urquía.
Entre rótulos, silbatos y consignas de «¡Libre nunca más!», la bancada del Partido Nacional protestó frente a la Junta Directiva durante toda la sesión legislativa del miércoles 9 de agosto. En esta sesión, mientras el caos ocurría frente al estrado principal, se aprobó la Ley para la creación del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN para la investigación criminal, civil o humanitaria y la identificación de personas desaparecidas y restos humanos.
Los diputados del Partido Nacional se declararon en insurrección legislativa luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no dio trámite a la moción de orden presentada por el congresista Erasmo Portillo, en la que se solicita discutir en el pleno la derogación del inciso a) correspondiente al artículo 4 del decreto de amnistía política (04-2022).
Recomendamos leer: El retorno del clan Zelaya
El Congreso concedió una amnistía «a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 y que fueron víctimas del Golpe de Estado». Entre los beneficiados de esta amnistía política están Enrique Flores Lanza —actual asesor presidencial—, Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel y condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula y acusado por el delito de malversación de fondos públicos.
Para los diputados nacionalistas, la vigencia de este decreto obstaculizará la llegada de la CICIH y la investigación a funcionarios actuales, entre ellos, el expresidente y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya, quien, según los nacionalistas, «se encuentra gozando de dinero robado».
Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, asegura que, si bien no se tienen los votos para derogar el artículo 4 del decreto de amnistía, es un deber del presidente del Congreso Nacional dar la palabra a los parlamentarios que quieren presentar mociones durante la sesión legislativa.
«Es muy importante que un presidente de un poder del Estado, independientemente de que haya llegado de forma ilegal con el resto de la junta directiva, tenga la capacidad de poder conversar con todas las bancadas. Él [Luis Redondo[ no es conciliador, no quiere platicar, actúa con prepotencia y con soberbia, y está actuando de una forma dictatorial», dijo Jorge Zelaya a Contracorriente.
Lo mismo opina Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, quien manifestó que es necesario someter a discusión la derogación de parte del decreto de amnistía para el combate a la corrupción. Además, el congresista señaló que la crisis de gobernabilidad del Congreso Nacional viene desde la elección de la Junta Directiva que está actualmente en el poder, la cual carece de liderazgo y de legitimidad.
Para entender las múltiples crisis y convulsiones del Congreso Nacional, Josué Murillo — abogado y analista político—, opinó que es necesario recordar la elección de la Junta Directiva actual, lo que aún sigue siendo tema de debate por constitucionalistas y expertos de gobernabilidad y democracia, y cómo dentro del partido de oposición se ha potenciado la retórica de que ésta es ilegal.
Además, Murillo señaló que, si bien el decreto de amnistía política favorece a defensores del ambiente que han sido criminalizados y perseguidos por causas justas y legítimas, también ha sido un escudo de liberación de personas que fueron juzgadas por actos de corrupción.
«Cuando se le aplica a defensores de derechos humanos y campesinos criminalizados por el gobierno de Juan Orlando Hernández yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de medidas, pero cuando se mete en un mismo saco y se trata de justificar poniendo como escudo las causas que verdaderamente son legítimas a personas que han sido condenadas por actos de corrupción, ahí no lo veo correcto», explicó a Contracorriente el analista político.
Murillo también mencionó que la junta directiva del Congreso no ha podido generar un diálogo multipartidario que avance la agenda legislativa en los temas que sí son prioritarios para el país, y que, en su lugar, «se han priorizado temas que son prioridad para las élites que han gobernado y que ahora gobiernan».
El diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, opinó que no existe una crisis de gobernabilidad en el Congreso Nacional y que —antes de la protesta de la bancada del Partido Nacional dentro del Congreso—, todas las sesiones se han llevado a cabo con normalidad. Además, Barrios argumentó que la moción de orden para derogar parte del artículo 4 del decreto de amnistía política no ha sido presentada de forma correcta por parte de los nacionalistas, y que «tienen que esperar el momento adecuado» para presentar la moción.
Sin embargo, contrario a lo que expresó el diputado Ramón Barrios, el Congreso Nacional estuvo más de un mes —tomando en cuenta el receso legislativo de 20 días—, sin sesionar debido a la controversia sobre la ratificación del acta de sesión en la que se aprobó la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (conocido como CAF).
Fátima Mena, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) e integrante de la Junta directiva del Congreso, también señaló que la moción de orden para derogar el artículo 4 del decreto de amnistía política no fue presentado en el momento correcto, y que, al no ser un tema de urgencia, no es tomado en cuenta dentro de la agenda legislativa.
La congresista reconoció que existe una crisis de gobernabilidad y un ambiente de polarización en el Congreso, y que ésta se da tanto por la falta de capacidad de diálogo político como por la división de poderes dentro de este poder del Estado, lo cual hace difícil coordinar y gobernar.
«Tenemos dos problemas torales, una ley orgánica que no representa una democracia multipartidaria, sino que es una ley orgánica de corte presidencialista, y que fue aprobada por el partido que hoy tiene insurrección legislativa y la falta de capacidad de diálogo político», explicó la congresista a Contracorriente.
Dinero en vísperas de elecciones
El Partido Nacional también tenía contemplado mocionar para la derogación del artículo 81 del Decreto Legislativo 363-2013 de la Ley Orgánica del poder legislativo para derogar la facultad de este poder del Estado con el fin de entregar subvenciones o subsidios a congresistas para realizar proyectos sociales.
En diciembre de 2022, antes de elegirse la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), trascendió que el presidente del Congreso Nacional estaba entregando subvenciones por 100 mil lempiras al mes para congresistas propietarios y suplentes que quisieran realizar proyectos sociales. Las condiciones para acceder a dichas subvenciones —que son de forma voluntaria— son liquidar la subvención correspondiente al mes anterior y así acceder a la del mes siguiente respectivamente.
Además, en la moción presentada por el Partido Nacional, se establece que «los diputados solo deben recibir la pagaduría de este poder del Estado su sueldo y viáticos, teniendo también los diputados la prohibición de recibir subsidios o subvenciones del Poder Ejecutivo u otras entidades del Estado».
En la ejecución presupuestaria de diciembre de 2022 del Congreso Nacional, en la cual se erogaron más de 16 millones de lempiras en concepto de «Ayuda social a personas», este poder del Estado confirma que estos fondos corresponden a la subvención entregada a cada congresista.
Recomendamos leer: Falta de transparencia predomina en entrega de subvenciones a congresistas en Honduras
La congresista Fátima Mena manifiestó que ella no está de acuerdo con la entrega de subvenciones a congresistas, debido a que «los diputados están para legislar y no para ejecutar», y también recuerda que la entrega de fondos a diputados y diputadas es una práctica vieja del Congreso Nacional aprobada por la administración anterior. Sin embargo, Mena asegura que existen fondos provenientes de otros poderes del Estado entregados a los parlamentarios.
«Hay otros recursos, que desconozco cómo operan, pero que se otorgan por parte del Ejecutivo, en eso sí debería de profundizar y realizar una investigación porque tengo entendido que esos son los Fondos Departamentales y que sí son fondos millonarios, no de 100 mil lempiras como son las subvenciones del Congreso, sino muchísimos más recursos, que desconocemos quién los otorga, a quiénes y cuál es el criterio de estos. Sobre esto debería de haber un informe sobre rendición de cuentas y con mayor auditoría social», indicó la congresista.
En enero de 2023, Contracorriente solicitó al Congreso Nacional el registro y detalle sobre los fondos otorgados a diputadas y diputados del Congreso Nacional desde el Poder Ejecutivo para ejecutar proyectos de distinta índole desde febrero del 2022 hasta la actualidad (en ese entonces, enero de 2023).
Sin embargo, el Congreso Nacional respondió la solicitud argumentando que era «información de carácter inexistente en virtud de que los diputados y diputadas conforman el Congreso Nacionalno reciben fondos o subvenciones provenientes del Poder Ejecutivo; debido a la independencia y no subordinación de relación de poderes que conforman el estado de Derecho republicano, democrático y representativo».
Después de la derogación del decreto 116-2019, los diputados y diputadas nacionalistas —quienes votaron en contra de derogar el decreto a excepción del diputado Jorge Zelaya— argumentaron que este no había sido derogado porque sólo se consiguieron 82 votos a favor de su derogación, cuando el artículo 21 de este decreto señala que «sobre esta Ley procederá su reforma o derogación mediante una votación de dos tercios del total de los diputados del Congreso Nacional», es decir, con 86 votos.
Ante esto, la diputada Fátima Mena explicó que la única normativa que establece que se necesitan los 86 votos es la Constitución de la República, y que, al tratarse de una ley secundaria en la que no se obliga tener una mayoría calificada, esto no aplica para el decreto 116-2019.
Además, la diputada Fátima Mena consideró que la derogatoria de este decreto fue urgente, debido a que este decreto brindaba el delito de enriquecimiento ilícito «protegía a los políticos corruptos que habían drenado ondas del erario público a través de fundaciones, ONG con fondos del erario público y eso generó un enorme malestar lo cual nosotros creemos que es necesario que la agenda anticorrupción avance sin ningún tipo de distinción».
«No nos vamos a salir de esos cinco»
Otro de los temas que surge dentro del caos en el Congreso es la elección de las próximas autoridades del Ministerio Público. La lista de cinco candidatos que ya fue presentada por la Junta Proponente para la elección del fiscal general y fiscal adjunto fue presentada el 1 de agosto, sin embargo, aún se desconoce la fecha de la elección y el procedimiento que se llevará a cabo para esto.
Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, aseguró que su voto estará enmarcado en los cinco candidatos mejor calificados por la Junta Proponente. Sin embargo, el congresista señala que esta no puede ser la misma opinión de toda la bancada.
«Yo no puedo hablarle de la bancada, yo le hablo por mi voto, aunque sé que me genera algún problema a lo interno y con la base del partido, pero uno debe tener criterio. Si yo veo que a veces quieren alargar la elección para que continúe el actual fiscal, o si quieren hacerla fuera de la nómina que nos envió la Junta Proponente, yo creo que en ese aspecto no los voy a apoyar [a la bancada del Partido Nacional]», explicó Zelaya a Contracorriente.
Los diputados del Partido Libre, Ramón Barrios y Jari Dixon, también aseguran que su bancada no elegirá a otras personas que no estén dentro de los cinco candidatos seleccionados por la Junta Proponente. Sin embargo, aseguran que dentro de la bancada aún no han analizado a quienes escogerán.
«No nos nos vamos a salir de esos cinco», indicó Ramón Barrios, quien además señaló que en el Partido Libre no existen favoritos y que la Junta Directiva del Congreso debe nombrar una comisión de recepción de las hojas de ida y expedientes de los postulantes, para luego preparar un cronograma de audiencias públicas para que los congresistas entrevisten a los candidatos.
«Estamos en tiempo y forma todavía, pero el Congreso debe de conocer a los candidatos y debe de haber un calendario de audiencias públicas, ya está el formato para que sea en septiembre», expresó Barrios.
Mientras el Congreso Nacional aún no define el procedimiento para la elección del fiscal general y adjunto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto los recursos de amparo interpuestos por cuatro aspirantes a fiscal general y adjunto. Dentro de ellos está Mario Urquia, quien además fue presidente de la Junta Nominadora para la elección de la nueva CSJ, representando un conflicto de interés que los magistrados electos en la Sala de lo Constitucional tengan que resolver si es amparado o no.
Jari Dixon, también diputado del Partido Libre, dijo a Contracorriente que, de amparar la Corte Suprema de Justicia a los cuatro aspirantes a fiscal general, no sería correcto integrarlos al Congreso Nacional para ser electos.
«No creo que sea un proceso correcto, porque a ellos los sacaron del listado antes de la lista de los cinco y ese proceso de los cinco ya pasó. Entonces, no veo en qué momento podrían integrar la lista de cinco cuando la ley dice que solo son cinco, tendrían que sacrificar a 2 o más personas», argumentó el diputado de Libre.
El abogado señaló que lo correcto sería esperar la resolución de la Corte, la cual tendría que retrotraerse al momento en que expulsaron a esos aspirantes, y que en este caso tendría que pronunciarse la Junta Proponente.
Fátima Mena también indicó que, de amparar a los cuatro postulantes, la CSJ debe establecer un proceso de viabilidad y detallar cuál será el procedimiento que seguirán estos postulantes, tomando en cuenta de que el proceso de elección no se ha detenido dentro del Congreso al haber sido declarados con lugar los recursos de amparo sin suspensión del acto reclamado.
«En el caso de que la CSJ ampare a los autopostulados, que es una posibilidad, aparte de amparados tiene la obligación de establecer en la sentencia y en su resolución cómo van a viabilizar este camino, es decir, tienen que ordenar que se vuelva a constituir la Junta Proponente con el único fin de realizar las evaluaciones y culminar el proceso a los dos autopostulados que fueron en este caso amparados, y contemplar el escenario de qué va a suceder si a estas personas están dentro de los cinco mejor calificados», explicó la abogada.
Además, la diputada recordó que el Congreso Nacional no puede esperar la resolución de la Corte debido a que la admisión del recurso se declara sin suspensión sobre el acto reclamado.
Mena también señaló la necesidad de una Ley para la elección de altos funcionarios que establezca los principios para la elección de, en este caso, el fiscal general y fiscal adjunto dentro del Congreso Nacional, debido a que la Ley del Ministerio Público solo establece el proceso hasta la entrega de la lista de cinco candidatos a la secretaría del Congreso Nacional.
«Urge una Ley que establezca principios claros como nombrar una comisión multipartidaria, que se establezca un cronograma de actividades, que se pueda elaborar un perfil del cargo para que sobre eso se haga una matriz de evaluación y que sobre eso se dé seguimiento un voto público en el que se establezcan las motivaciones por las cuales se está votando por ese candidato. Además, integrar temas novedosos como prohibir que voten en la elección del fiscal general aquellos diputados que tengan algún proceso judicial o un requerimiento fiscal porque claramente hay un conflicto de interés», destacó la abogada Fátima Mena.
Ante las protestas y falta de diálogo en el Congreso, la congresista concluyó diciendo que sí existe un interés en dilatar la elección del fiscal general y adjunto, y que aún no se tiene la certeza de que se vaya a elegir un fiscal que pueda dar trámite y que atienda los principales delitos que afectan a los hondureños.
Para el analista político, Josué Murillo, la falta de consensos en el Congreso Nacional no solo posterga la elección del fiscal general, sino también la instalación de la CICIH, debido a que aún no se han realizado reformas importantes para coadyuvar los esfuerzos de lucha contra la corrupción en Honduras.
Murillo opinó que es muy poco probable que el actual fiscal general Oscar Chichilla prevalezca en la titularidad del Ministerio Público, y además señala que, en el escenario de que el Congreso Nacional realice la elección del fiscal general con personas exteriores a la lista de los cinco candidatos, esto sería contrario a lo que el Partido Libre promueve y además sería una falta de respeto para los candidatos en el proceso y para la ciudadanía hondureña en general.
«El trato de votar por un nuevo gobierno no era ese —señaló Josué Murillo—, era que se hicieran las cosas distintas, que no se eligieran a autoridades por compadrazgos políticos sino por capacidad, por meritocracia, pero eso no es lo que está pasando, aunque se llenen la boca los diputados diciendo lo contrario».
