El pasado 1 de agosto, la Junta Proponente presentó la nómina con los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto ante la secretaría general del Congreso Nacional. Previo a esto, cuatro postulantes apartados del proceso presentaron amparos —que después fueron declarados con lugar sin suspensión del acto reclamado por parte de la Sala de lo Constitucional— señalando que el proceso fue irregular, un punto de vista compartido por algunas organizaciones de sociedad civil. La elección de las máximas autoridades del Ministerio Público pasa a un Congreso Nacional en el que no existen los consensos y que atraviesa una crisis de gobernabilidad.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
La Junta Proponente entregó el pasado 1 de agosto a la secretaría general del Congreso Nacional el listado de los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto de Honduras, después de esto la junta se declaró disuelta. Dicha nómina contiene los siguientes nombres: Jenny Almendares Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore. Solo dos serán seleccionados por el Congreso Nacional para liderar el Ministerio Público.
Antes de esto, cuatro postulantes que fueron retirados del proceso, presentaron recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Junta Proponente. Los casos más sonados son los de los abogados Mario Urquía y Luis Javier Santos.
Mario Urquía, expresidente de la Junta Nominadora que escogió a los candidatos para integrar la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedó fuera del proceso luego de que se declarara con lugar una tacha en su contra. La tacha señaló que existe conflicto de interés con Urquía, porque éste, al fungir como presidente de la Junta Nominadora, participó en la selección de dos de los magistrados de la CSJ que estaban liderando a la Junta Proponente y que serían los encargados de decidir si él avanzaba para convertirse en Fiscal General: se trata de los magistrados de la CSJ Wagner Vallecillo y Rebeca Raquel, ésta última es la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia y además era la presidenta de la Junta Proponente.
El otro caso polémico fue el de Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quien trabajó junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en la presentación de 12 casos de corrupción, entre ellos «Red de Diputados», «Caja Chica de la Dama», «Arca Abierta», «Narcopolítica», entre otros.
Mientras se revisaba el perfil ideal de los postulantes una vez finalizada la etapa de las tachas y denuncias, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el postulante Luis Javier Santos era demandante del Estado y que también -en otro proceso- estaba demandado por el Estado de Honduras, lo cual contaba como una inhabilidad si no constataba por medio de una declaración jurada esta información. En este caso, se informó que el abogado Santos solo constató que tenía demandado al Estado hondureño, —según su expediente— no viceversa. Ante esto Luis Javier Santos argumentó que nunca fue notificado de la demanda del Estado de Honduras contra él.
En 2013 la PGR demandó a Luis Javier Santos —y otros 7 fiscales del Ministerio Público, entre ellos el director de fiscales, José Mario Salgado—, luego de que la Corte Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH) condenara al Estado de Honduras en 2009 por ineficiencia en la investigación del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas.
Sin embargo, cuando este caso fue asignado a los abogados en 2004, Luis Javier Santos presentó pruebas en contra de uno de los sospechosos del asesinato de Kawas mientras se desempeñaba como fiscal titular I en el municipio de Tela, Atlantida. Los únicos miembros de la Junta Proponente que se posicionaron en contra de excluir del proceso al abogado Santos fueron Julio Raudales y José Ramón Ávila, representantes de sociedad civil.
En el caso de la demanda en contra del Estado, se trata de una demanda colectiva en contra del Ministerio Público por 23 millones de lempiras en la que participó Luis Javier Santos. El abogado sí constató la existencia de esta en su expediente.
Antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar pero sin suspensión del acto reclamado los cuatro recursos de amparo presentados por cuatro postulantes el 3 de agosto, Julio Raudales, miembro de la Junta Proponente, señaló que estos no tendrían validez al encontrarse disuelta la Junta Proponente.
#ActualidadCC | «La Junta Proponente ha quedado disuelta después de haber entregado de forma oficial a la Secretaría General del Congreso la lista de los candidatos», aseguró Julio Raudales, representante de las universidades privadas ante la Junta Proponente. pic.twitter.com/SHuRXwBjU2
— Contracorriente (@ContraC_HN) August 1, 2023
Ahora la elección del fiscal general y fiscal general adjunto pasa a un Congreso Nacional que se encuentra en una permanente crisis y en el que no existen los consensos para lograr 86 votos que se necesitan para escoger a estas autoridades. El partido gobernante solo cuenta con 50 votos (con una bancada que ha mostrado signos de fraccionamiento en el pasado), frente a 43 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del Partido Salvador de Honduras, y otros tres votos correspondientes a los congresistas de la Democracia Cristiana, el Partido Anticorrupción, y el diputado independiente que antes formaba parte de la bancada del Partido Nacional, Rolando Barahona.
La agitación política dentro del Congreso Nacional se aceleró luego de que el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, enviara al Poder Ejecutivo la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (conocido como CAF), sin que el acta de sesión fuese ratificada por mayoría de votos, diputados nacionalistas (que representan 43 votos dentro del Congreso) se han declarado en huelga en plena sesión legislativa.
Además, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) —liderada por la congresista Maribel Espinoza—, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del secretario de este poder del Estado, Carlos Zelaya, por abuso de autoridad y por no cumplir los procedimientos entorno a la adhesión de Honduras al CAF.
El Congreso Nacional tiene hasta el 1 de septiembre para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, de lo contrario, el actual fiscal y quien además fue reelecto anteriormente, Oscar Chinchilla, podría continuar siendo el fiscal general de la República.
Jenny Almendares, la única mujer seleccionada y la candidata mejor evaluada
Una mujer resultó como la mejor evaluada por la Junta Proponente para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, se trató de Jenny Almendares Flores, quien se ha desempeñado mayormente como asesora legal en proyectos relacionados a derechos humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Prevencion, Tratamiento y Rehabilitacion de Victimas de la Tortura (CPTRT), encabeza la nómina con una calificación de 95 %.
Jenny Almendares se desempeña como consultora independiente, y ha trabajado realizado consultorías para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID), entre otros.
Almendares cuenta con experiencia en el Ministerio Público, en donde se ha desempeñado como Fiscal Contra la Corrupción (1994-1995), Fiscal de medio ambiente (1995-2001), Supervisora de fiscales centro-suroriente (2005-2006), Fiscal jefe de Asesoría Jurídica de Fiscales a nivel nacional (2007-2009), Fiscal jefe de Supervisión y desempeños de la gestión fiscal del Ministerio Público (2012-2013). También ha colaborado en la elaboración de protocolos de investigación criminal, protocolos para la investigación del delito de lavado de activos, y sobre derechos humanos de mujeres y privados de libertad.
Fue viceministra de Derechos Humanos en 2011 y ha diseñado y asesorado iniciativas de Ley y protocolos para la defensa de los derechos de las mujeres, niñez, población Lgtbiq+, personas privadas de libertad y la Ley de Alerta Morada para búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
Jenny Almendares es hija del reconocido defensor de derechos humanos Juan Almendares, quien fue condecorado en el Congreso Nacional con la «Cruz Comendador» en octubre de 2022. Este reconocimiento, según el Congreso, es entregado a hondureños «cuyo aporte haya enaltecido a la patria en la ciencia, la cultura y en el ejercicio de virtudes ciudadanas».
En cuanto a su experiencia en el área penal tiene una especialidad en derecho penal, máster en derecho penal y procesal penal y ha sido colaboradora en la creación de los módulos de atención especializada integral (MAIE) para niñas, niños, adolescentes y mujeres que resulten víctimas de delitos. También ha sido capacitadora en la creación de sistemas integrados de justicia penal, y creó el anteproyecto de Ley sobre justicia restaurativa para las víctimas de delitos en materia de niñez infractora. También fue docente en derecho penal en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).
La candidata fue tachada por un supuesto informe de 2013 del equipo evaluador de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de la Comisión de reforma de la Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se constatan supuestas amenazas y obstrucción de la labor tendiente a encubrir prácticas corruptas a lo interno del Ministerio Público por parte de la postulante. Ante esto, la abogada Almendares presentó 48 folios dando constancia de su idoneidad y 8 constancias de no tener ningún proceso en su contra. Además, la secretaría técnica de la Junta Proponente dictaminó que no existe una línea de tiempo coherente que indique cómo sucedieron los hechos que la denunciante plantea. La Junta Proponente declaró la tacha sin lugar por unanimidad.
De alcanzar la titularidad del Ministerio Público, indicó que sus objetivos estratégicos serían: brindar a la sociedad respuesta en plazo razonable, reducir los índices de impunidad en los casos concretos, abrir las puertas a la ciudadanía ante la demanda social de hermetismo de los últimos años que permitan crear fiscalías importantes como la Fiscalía Especial de Mujeres Desaparecidas y la Fiscalía Especial de Investigación del Establecimiento Penitenciario.
Mario Morazán, el candidato con más cercanía a los Zelaya
El abogado Mario Alexis Morazán Aguilera resultó ser el segundo mejor evaluado por la Junta Proponente con un 87 %. Actualmente se desempeña como secretario general de la Procuraduría General de la República (PGR) y también es profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Antes de tomar el cargo como secretario general de la PGR en el Gobierno actual, el abogado Morazán fue director de política multilateral y responsable de temas en materia de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, también fue condecorado por la «Defensa del estado de derecho y la democracia en contra del Golpe de estado» por parte de la presidenta Xiomara Castro.
Pero los vínculos de este candidato con la familia presidencial no terminan ahí. En 2006 fue nombrado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales —quien ahora es asesor presidencial de la presidenta Xiomara Castro— como ministro consejero de la embajada de Honduras en Costa Rica.
Según una nota de Diario Tiempo, en medio de la crisis por el Golpe de Estado en 2009 y como protesta en contra del recién nombrado presidente de Honduras de forma inconstitucional, Roberto Micheletti, el abogado Mario Morazán violentó el llavín de acceso a la embajada de Honduras en Costa Rica y también bloqueó la cuenta en un banco de ese país.
En cuanto a su trayectoria en el Ministerio Público, fue fiscal auxiliar en La Entrada, departamento de Copán (2005-2006) y fiscal de carrera de 2010 a 2011 y después de 2014 a 2016. Ya en el Poder Judicial fue juez de paz de lo criminal y civil en Copán en 2002 y sobre su experiencia en derecho penal tiene un doctorado académico con énfasis en derecho penal y cuenta con una especialidad en derecho penal y procesal penal.
Además, cuenta con una maestría en derechos humanos y fue director de derechos humanos en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de 2011 a 2014. Además, fue Asistente legal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 2001 y fue corredactor del anteproyecto que crea el tipo penal de femicidio.
Fue tachado por laborar como secretario general de la PGR en el mismo horario en el que imparte clases en la facultad de derechos de la UNAH. Ante esta denuncia él respondió que esta denuncia era parcialmente cierta, pero que «los horarios indicados [en la denuncia] están erróneos», por lo que no existe traslape de horario. Presentó constancias de ambos empleos y la tacha fue declarada sin lugar por unanimidad de la Junta.
Entre sus objetivos estratégicos para el Ministerio Público está impulsar las políticas públicas como la persecución penal y que esta se articule con el resto de la política criminal de Honduras.
Marcio Cabañas, el candidato tachado por supuesta obstaculización de investigaciones mientras fue asistente del fiscal general
Con 84 %, Marcio Cabañas Cadillo resultó ser el tercer candidato a fiscal general o fiscal general adjunto mejor evaluado por parte de la Junta Proponente. Cabañas actualmente se desempeña como Titular III en la Fiscalía Especial contra delitos tributarios y conexos en la Fiscalía general de la República. Previo a esto, el tercer candidato a titular del Ministerio Público se desempeñó como asistente de la Fiscalía general de la República de 2004 a 2010.
Previo a esto trabajó en la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción en el 2000, fue fiscal auxiliar en Choluteca (2001-2003), fiscal de delitos comunes en 2003, trabajó en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (2003-2004), fue fiscal especial de privación de dominio (2010-2013), fiscal titular en la unidad nacional de apoyo en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el 2014, fiscal jefe de la Unidad de debates y juicio oral y público (2014-2016), fiscal titular asignado a la Fiscalía de Protección de Etnias, Patrimonio y Cultura (2016-2017), fiscal titular asignado a la sección de juicios orales y públicos de la Fiscalía Especial de Protección del Menor (2017-2018).
Es especialista en derecho penal y procesal penal, tiene un diplomado en criminología y criminalística y también fue reconocido con un diploma por parte de la Secretaría de Seguridad en 2003 por colaborar en la «Operación Jaguar» al realizar el decomiso de «la plantación más grande de mariguana en la historia de Honduras.
No tiene experiencia en el Poder Judicial y tampoco tiene formación en materia de derechos humanos, siendo el Ministerio Público el ente en el que predominantemente se ha desempeñado. Además, es egresado de la maestría en políticas públicas y gestión de la seguridad en la Universidad de la Policía Nacional, tiene un diplomado en defensa nacional, y ha recibido varios seminarios relacionados a la investigación del lavado de activos y otros por parte de USAID.
A este aspirante también se le relaciona con Manuel Zelaya Rosales, pues en 2010, luego del Golpe de Estado, lideró las acusaciones en contra de la Junta de comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras por los cargos de abuso de autoridad y expatriación por la expulsión de Zelaya Rosales hacia Costa Rica.
La primera tacha en su contra menciona que este postulante se encuentra denunciado criminalmente ante la Fiscalía de Enjuiciamiento del Ministerio Público, sin embargo, el abogado Marcio Cabañas manifestó que, al no presentarse los medios de prueba necesarios, él no tiene conocimiento de dicha denuncia y aparte acompañó constancia del Ministerio Público, la cual constata que, hasta mayo de 2023 no existe denuncia ni investigación abierta en ninguna de las fiscalías en su contra.
Esta tacha fue declarada sin lugar por unanimidad de los miembros de la Junta Proponente.
En la segunda tacha se señaló un conflicto de interés. La denuncia detalla que, durante 2004-2011, mientras Marcio Cabañas fue asesor del Fiscal General Leonidas Rosa Bautista, nació en el 2008 el Movimiento Amplio por la Dignidad y por la Justicia (MADJ) en una huelga de fiscales, y que en ese momento el abogado Cabañas, como asesor del Fiscal General, se encuentra coludido en el engavetamiento y la obstaculización de investigaciones que existían en ese momento contra funcionarios públicos por actos graves de corrupción. Además, la tacha menciona que el candidato Marcio Cabañas protegió a corruptos, por lo cual se pone en duda su idoneidad para el cargo. Ante esta denuncia el candidato a fiscal respondió que la denuncia no fue acompañada con ningún medio probatorio, por lo cual carece de fundamentación, y también aclaró que fungió como asistente del Fiscal General y no como asesor, por lo cual sus funciones no comprenden un cargo de jefatura a cargo de toma de decisiones para obstaculizar algún proceso de investigación.
La segunda tacha fue declarada sin lugar por la mayoría de la Junta Proponente, a excepción del representante de sociedad civil, José Ramón Ávila.
Sus objetivos estratégicos para el Ministerio Público son implementar una política penal pública en coordinación con instituciones de seguridad y defensa, el fortalecimiento de la investigación criminal por medio de equipamiento a laboratorios de medicina forense, la reestructuración técnica de la investigación criminal y dirección de lucha contra el narcotráfico, mejorar los espacios físicos para servidores del Ministerio Público, la consolidación de Escuela Fiscal, y ampliar el programa de protección de víctimas y testigos.
Johel Zelaya, actual regidor en Reitoca y candidato a fiscal reconocido por el pueblo lenca
El abogado y notario Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien obtuvo una puntuación de 80 %, dejó constatado en su expediente que actualmente se desempeña como regidor del municipio de Reitoca, Francisco Morazán, por el Partido Liberal. De los cinco postulantes, el abogado Zelaya es el único al que no tacharon ni denunciaron en el proceso por el hecho de ser un servidor público.
Ser parte de un ente descentralizado como es la alcaldía de Reitoca no impide que Johel Zelaya ostente la titularidad del Ministerio Público, según el artículo 38 del reglamento de la Junta Proponente y el artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, uno de los impedimentos para postular es «ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la Presidenta de la República y designados presidenciales, del Presidente del Congreso Nacional o de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del Estado Mayor Conjunto y comandantes de ramas militares, procurador y subprocurador general de la República y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas».
En sus labores actuales, este candidato también es representante técnico de ventas de la empresa Sherwin-Williams, es asesor del comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), es asesor legal y notarial de Corporación Flores, y es asesor legal externo de la Organización No Gubernamental «Acción Honduras».
No cuenta con experiencia dentro del Ministerio Público y tampoco tiene formación en materia penal. Sin embargo, ha sido defensor ad honorem en los juzgados de lo penal de Tegucigalpa y en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Trabajó en la Procuraduría General de Ambiente entre 2005 – 2006 y tiene varios reconocimientos por parte del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) y la Organización Nacional Indígena Lenca (ONIL).
Fue abogado defensor de Orlando Rodas, defensor del territorio en el municipio de Reitoca y miembro del Consejo indígena Lenca de Reitoca, quien fue acusado de quemar una posta policial y ha liderado la defensa del Río Grande en el municipio contra la empresa Progelsa, la cual pretendía instalar la hidroeléctrica Petacón sin realizar la correspondiente Consulta Previa Libre e Informada.
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Entre sus objetivos planteados para mejorar el Ministerio Público están: mejorar autonomía del Ministerio Público, coordinar el Ministerio Público con los demás poderes del Estado, la sociedad civil y defensoría del pueblo, mejorar la supervisión en tiempo y forma de los recursos de apoyo a la gestión fiscal y que de garantía del acceso a la justicia, definición y ejecución de una política criminal coherente que priorice acciones vinculadas en cuestiones institucionales, evaluar y aumentar el recurso humano en el Ministerio Público, y mejorar el acceso a la justicia.
Pablo Reyes, el abogado de sector privado que busca la titularidad del Ministerio Público
Con una puntuación de 75 %, Pablo Emilio Reyes Theodore, quinto candidato, se ha desempeñado mayormente en el área privada del derecho. Actualmente es director de la firma legal «Consultus abogados y notarios», y ha trabajado en el Bufete Herrera y Asociados (2008-2010), fue asesor de la UNAH (20210-2012) y asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) (2014-2016).
Después de esto, fue liquidador de la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en 2016, fue asesor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) (2017-2020) y en su expediente constata que él o su cónyuge han tenido o tienen una relación laboral o profesional con Pharma Investments, Emilio J. Jarr y Compañía, Banco de Desarrollo Rural de Honduras (Banrural) y la Cooperativa de ahorro Elga.
En el 2013 fue asesor de la Junta Interventora del Ministerio Público, fue escribiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2005 y se auto postuló como candidato a magistrado en el último proceso de elección en 2022. No tiene formación en materia de derechos humanos ni derecho penal.
Una de las tachas en su contra fue alegando que «si se elige a Pablo Reyes como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le podría influir para que su hermana [Marcela Amador Theodore] sea reintegrada en su cargo luego de ser despedida por irregularidades en su condición de juez de letras de lo contencioso administrativo». Ante esto el abogado Reyes confirmó el vínculo de consanguinidad con Amador Theodore, pero indicó que esto no influye en su postulación para fiscal general o fiscal adjunto de la República.
En la segunda tacha se acusa al abogado Pablo Reyes de tener un conflicto de interés con un exdiputado que fue vinculado con el tráfico de madera. En la denuncia se detalla que el candidato a fiscal es cónyuge de Valentina María Suarez, quien es hija del exdiputado Valentín Suarez, quien estuvo vinculado al caso «Red de Diputados» por recibir fondos de organizaciones como ADELHN, VOSOAC y otras. La tacha también detalla que esta información se puede verificar en un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y que la Uferco también cuenta con información de esto, y que existe una denuncia de prevaricato contra los jueces, por lo que no considera que haya una sentencia definitiva.
Además, esta misma denuncia señala que la hermana de la esposa del candidato Pablo Reyes está asociada y trabaja en Sulambiente, empresa que posee el contrato de recolección de basura en San Pedro Sula y, actualmente, está siendo investigada por el Ministerio Público. La tacha también menciona que otro hermano de la esposa del abogado Reyes es socio de Pharma Sula.
Ante esto, el candidato respondió que al señor Valentín Suarez, su suegro, se le vinculó a este caso pero que él tenía las autorizaciones de administración forestal por parte del Estado, y que además tienen vínculos que lo exoneran de esa responsabilidad. Sobre la vinculación del señor Suarez en el caso Red de Diputados, el candidato contestó que no aparece en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, a su vez también contestó que no conoce los negocios de los hermanos o familiares de su esposa. Ambas tachas fueron declaradas sin lugar por unanimidad de la Junta Proponente.
De obtener la titularidad del Ministerio Público, ha dicho que su planificación consta en fortalecer la Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público, implementar procesos de reclutamiento y selección de personal con pruebas de confianza, asignar mayor presupuesto y personal a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía de la Niñez) reestructurar, profesionalizar y fortalecer el brazo legislativo y científico del Ministerio Público, como la ATIC y Medicina Forense, crear la Unidad de proyección para fiscales asignados a procesos de casos de corrupción, crimen organizado o narcotráfico, implementar capacitaciones y velar por la asignación presupuestaria.
Hasta el momento se desconoce en qué fecha del mes de agosto será la elección de las máximas autoridades del Ministerio Público en el Congreso Nacional. En la sesión legislativa del miércoles 2 de agosto, Luis Redondo dijo que la Junta Directiva y jefes de bancada estaban próximos a reunirse para definir cómo será la elección.
El artículo 22 de la Ley del Ministerio Público señala que la elección del fiscal general o fiscal general adjunto deben darse con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de miembros del Congreso Nacional, es decir, con 86 votos.
