El 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, el Congreso Nacional aprobó la «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras», pero ésta aún no ha sido sancionada por la presidenta Xiomara Castro. El tema ha generado el rechazo de políticos conservadores y de algunos padres de familia. Ellos argumentan que su implementación «confundirá a los niños y niñas en cuanto a su identidad de género». El debate ha fortalecido al movimiento «provida» en contra del enfoque de género y de derechos humanos en la educación sexual en Honduras.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
«De los 10 a los 14 años, han parido 4,721 niñas hasta febrero de este año», dijo Sherly Arriaga, congresista del Partido Libre en una conferencia de prensa sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras». Con esa declaración, la diputada hizo referencia a los embarazos en adolescentes en Honduras, el segundo país con la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La Comisión de Género del Legislativo anunció que se elaborará el reglamento para la implementación de esta Ley. Sherly Arriaga, quien preside esta Comisión, citó cifras de la Secretaría de Salud (Sesal) relacionadas con el embarazo de niñas y adolescentes en Honduras. La explicación de la congresista se dio luego de una reunión con distintos sectores del país, entre ellos organizaciones feministas, pastores de iglesias, la academia y representantes de las secretarías de Salud y Educación.
Arriaga detalló que, entre el 2018 y el 2023, 142,227 niñas han quedado embarazas en Honduras y que, en lo que va del año 2023, han ocurrido 524 abortos de niñas en en el país. Además, la congresista agregó que en este mismo período han ocurrido 127,499 partos de niñas entre los 15 y 19 años.
La diputada sostuvo que en ese mismo período, Honduras registró 9,637 abortos en niñas. «Son cifras escalofriantes, ¿verdad?», cuestionó Sherly Arriaga.
En un informe ejecutivo de esta Ley emitido por el Congreso Nacional, se señaló que la finalidad de esta normativa es «promover y garantizar la enseñanza de educación integral para la sexualidad basada en un enfoque de derechos» y además formar a docentes, padres de familia y cuidadores con las competencias adecuadas para disminuir la tasa de embarazos adolescentes, que es de 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años en Honduras.
También se explicó que la Ley no busca en ningún momento hablar sobre relaciones sexuales, orientación sexual o ideología de género y subrayaron que en esta legislación se busca reconocer el rol de las familias y los maestros en la vida de los y las educandas.
Aunque la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras ya fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer—, su discusión y rechazo ha trascendido a otros espacios de la sociedad hondureña. Uno de sus principales opositores ha sido el movimiento «Por Mis Hijos» también conocido por su campaña «Con Mis Hijos No Te Metas».
Este movimiento «provida», es decir, que está en contra del aborto y otras causas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tiene como finalidad detener la implementación de esta Ley en las escuelas, colegios y universidades.
«Por Mis Hijos»: un movimiento en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
David Andrade, fundador del grupo «provida» Generación Celeste —el cual también forma parte del movimiento Por Mis Hijos— explicó a Contracorriente que este movimiento ya existía previo a la aprobación de la Ley de Educación Integral, pero que a raíz de su aprobación se ha fortalecido a nivel nacional.
«Hemos tenido decenas de horas de reuniones para estudiar el tema y cómo íbamos a reaccionar y quiero decirle que, en lo que llevo de vida, nunca había visto un movimiento que creciera tan rápido, de manera natural, y sin financiamiento de una organización poderosa detrás de nosotros. Esto [el movimiento Por Mis Hijos] han sido padres y madres de familia de a pie que nos hemos organizado porque entendemos que el riesgo sobre nuestros hijos es mayúsculo», indica el activista provida.
Para Andrade, la implementación de esta Ley significa «corromper» los valores tradicionales de la familia y es una invitación a que el Estado intervenga en la crianza de los niños y niñas en los hogares. Los padres que forman parte de este movimiento se han organizado para recolectar firmas en contra de esta Ley en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y también han protestado en rechazo a su implementación.
Otra de las preocupaciones de los activistas «provida» es que esta Ley no fue socializada con padres de familia ni con el sector magisterial previo a su aprobación, sino que mas bien fue consultada con «lobbys Lgtbiq+ quienes están siendo utilizados por la ONU y por los gobiernos para entrar en conflicto con la familia».
Ante esto, Andrade aseguró que no se sumarán a la creación del reglamento de esta Ley, aun cuando en la conferencia de prensa se invitó a los sectores disidentes de la misma a formar parte de esto, debido a que «no serán utilizados para blanquear esta Ley».
«Esta ley nació torcida y no, no nos van a utilizar a nosotros para blanquear esta ley porque nació mal. Hay que demoler esta ley y llamamos a la señora presidente (sic) a que nos convoque a padres de familia y al magisterio a redactar una nueva ley sin la participación de la ONU», manifestó David Andrade.
Desde @ONUHonduras, respaldamos la importancia crítica de la Ley de Educación Integral para la Prevención de Embarazo Adolescente, y solicitamos, respetuosamente, la sanción de la Presidenta a dicha ley como parte del compromiso del Gobierno en torno a los derechos de la niñez pic.twitter.com/PrRlSc5ESX
— Alice H. Shackelford (@aliceshackel) June 2, 2023
La licenciada Ana Miriam López, docente y quien además dirigirá el proceso para la construcción de reformas curriculares para la implementación de la Ley de Educación Integral, indicó que, aunque ya se haya aprobado esta Ley, en la Secretaría de Educación tienen el propósito de integrar a todos los sectores para la construcción de contenidos curriculares diseñados para todos los niveles educativos y que a medida se vaya creando el reglamento se podrán despejar todas las inquietudes acerca de esta normativa.
«Abrimos el espacio para que ellos [los movimientos «provida»] participen, vean y garanticen que no estamos promoviendo agendas de otro tipo que no sea el de respetar los derechos de nuestras niñas y niñas en nuestro país, independientemente de su ideología y también religiosidad, los maestros tendrán que acatar este reglamento», indicó la licenciada a Contracorriente.
López también descarta que el tema de «ideología de género» sea algo que esté contemplado en la implementación de esta Ley y desmintió que se estén compartiendo formularios o se esté preguntando a los niños en las escuelas acerca de su identidad de género cuando hasta este momento se empezará a diseñar el reglamento que se aplicará en el sistema educativo.
Educación sexual también para educadores
La doctora Lizeth Coello, coordinadora de proyectos en la Red de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) y quien fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro como directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), opina que, si bien la salud sexual de los niños y niñas es responsabilidad de las familias , el Estado debe garantizar su bienestar y garantizar espacios seguros para informar a la niñez sobre estos temas.
En este sentido, la doctora Coello explicó a Contracorriente que en ocasiones los niños y niñas no reciben información correcta respecto a temas de salud sexual y reproductiva; más bien, en algunos casos, los conceptos que ellos tienen están distorsionados al crecer en familias disfuncionales, en las que el abandono de padres y madres o posibles entornos violentos hacen que los niños y niñas no crezcan con la información adecuada sobre esto.
Coello también mencionó que los docentes deben estar bien capacitados para que no repliquen conductas inapropiadas referentes a niñas y a niños. Sobre esto, ella aclara que es importante que se preste atención al tipo de música o bailes que se reproducen en las escuelas, debido a que es por estos medios por los que los niños pueden tener un concepto erróneo sobre la sexualidad.
«Por ejemplo, en actos que hace la escuela, los maestros están permitiendo que niñas dentro de los actos bailen o hagan actuaciones inapropiadas con música que tiene una letra espantosa respecto a la sexualidad en donde se objetiviza(sic) a la mujer. La educación sexual y reproductiva, reitero, pasa también por asegurar docentes con una educación sexual; no sólo es focalizarse en los niños sino también desarrollar estrategias para los docentes», indicó Lizeth Coello.
Además, la experta en temas de niñez asegura que, si bien los religiosos y las iglesias tienen un papel importante en la sociedad hondureña, estas deben de recordar que Honduras es un estado laico y que no deben de interferir cuando el Estado está intentando implementar una política de educación sexual. La doctora también indicó que, aunque los sectores conservadores en Honduras muestren rechazo hacia el uso de la Pastilla Anticonceptivo de Emergencia (PAE) esto es algo necesario para prevenir embarazos en niñas y adolescentes.
En el Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto en el cual ordenó el uso libre y legal de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como su venta y distribución. La prohibición de esta pastilla estuvo vigente por más de 10 años en Honduras.
«[El uso de la PAE] es una muestra de que realmente tenemos interés en apoyar y proteger a las mujeres que son víctimas de abusos y de violencia sexual. Por eso es también importante la educación sexual, porque debemos comprender y madurar que el tema de las relaciones sexuales debe de afrontarse con responsabilidad, seriedad científica y metodología académica, por eso, la aprobación de esta Ley debe de generar un proceso de reflexión, de análisis, y, sobre todo, de oportunidad para que la mujer decida sobre su accionar después de un abuso sexual», destacó la doctora.
¿Cómo ha sido el abordaje de estos temas?
Para Tatiana Lara, directora del programa presidencial Ciudad Mujer, la aprobación de la Ley de Educación Integral representa un avance importante para prevenir los embarazos en adolescentes. Desde 2017 hasta finales de marzo de 2023, el programa Ciudad Mujer ha atendido a 3,572 adolescentes embarazadas a nivel nacional, según información de este programa proporcionada a Contracorriente.
Con la implementación de esta Ley, Lara asegura que esto podría acercar más a las estudiantes de colegios que quieran informarse más sobre el tema de salud sexual y se podría ampliar la cobertura que ya tienen en su oferta de servicios.
Sin embargo, para Marcela Molina, jefa del Departamento de Orientación del Instituto Jesús Milla Selva, aún no se tiene certeza si esto ayudará a prevenir los embarazos en adolescentes, y aseguró que primero hay que dar tiempo y experimentar con la implementación de la Ley.
Molina destacó que, antes de la aprobación de esta Ley, en el instituto ya se impartían clases de educación sexual, pues consideran primordial que los niños, niñas y adolescentes conozcan sobre salud sexual considerando que mediante las redes sociales pueden informarse de forma errónea sobre estos temas.
«Lo que hacemos es prevenir al joven para que no arruine su vida desde muy pequeño porque ellos ahora tienen información pero de forma errónea a través de redes sociales como Facebook o Instagram. Lo que nosotros pretendemos como institución es que a los niños les llegue la información de una forma eficaz para prevención de embarazos a temprana edad», explicó la orientadora.
Además, la docente destacó que, hasta el momento, no han tenido problemas con los padres de familia a la hora de hablar de estos temas y que como docentes están obligados a informar a los niños y niñas sobre temas de salud sexual, lo que vendría a reformarse con la implementación de esta Ley.
La propuesta del «Día del Niño No Nacido» y un enfoque antiderechos
Una de las primeras personas en posicionarse en contra de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras fue Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional, quien aseguró al momento de la aprobación de esta Ley que esta no había sido debidamente consultada y que además se había introducido en la agenda sin el conocimiento de todos los congresistas en la cámara legislativa.
Sin embargo, Edgardo Casaña, diputado por el Partido Libre y presidente de la Comisión de Educación, aseguró en conferencia de prensa sobre los «mitos y realidades de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras» y que los principales opositores a esta Ley en el Congreso Nacional decidieron no participar en la discusión de la misma cuando fue aprobada.
«No cuestionaron nada de la Ley y entonces el tema se volvió religioso, ideológico y se volvió politiquería barata. Nunca hubo hubo alusión a lo que esa Ley establece», destacó el congresista de Libre.
Semanas después de la discusión de esta Ley, el 25 de marzo, la congresista por el Partido Nacional, quien se reconoce como abanderada de la familia tradicional y conservadora, introdujo el anteproyecto de Ley para declarar ese día como el «Día del Niño No Nacido», algo que ya es conmemorado en otros países por grupos «provida».
Bermúdez, quien además es doctora de profesión, explicó a Contracorriente que esta iniciativa nace con la finalidad de «salvar vidas», contrario a la finalidad de la Ley de Educación Integral, la cual, según esta congresista, busca confundir y «hacer creer a los niños que tienen vulva y a las niñas que tienen pene».
«Si usted me pregunta a mí, y se lo voy a decir como madre de familia, yo creo que en Honduras no se ocupan más leyes para prevenir el embarazo adolescente; lo que necesitamos es un país seguro, un país con oportunidades, un país donde la educación sea equitativa e igualitaria para todos», argumentó la diputada Bermúdez.
En esto coincide el activista «provida» David Andrade, fundador de la organización Generación Celeste, quien insiste en que la educación sexual no debe estar orientada a genero ni derechos humanos, sino más bien a «asumir responsabilidades».
«La gente que sale adelante y la que prospera no lo hace a base de reclamar derechos, lo hace a base de asumir responsabilidades. El enfoque de derechos es muy aguado y es una trampa. Nuestra perspectiva es la responsabilidad y el autocontrol», indica Andrade.
David Andrade, también es director de un programa en el occidente de Honduras llamado «Atrévete». Este programa, según explica su director, está orientado en formar liderazgos y, de esta manera reducir los embarazos adolescentes. El programa nació en el municipio de Gracias, Lempira, en 2010. Ahora, según Andrade, trabajan en el departamento de Olancho y en Choluteca.
Andrade aseguró que Atrévete está financiado principalmente por la iglesia Vida Abundante y la organización estadounidense Marvelous Ways International. Sin embargo, David Andrade dijo que, a pesar del apoyo de una iglesia evangélica, su estrategia para prevenir los embarazos adolescentes no está enfocada en lo religioso.
Para el pastor José Gerardo Irías, la decisión de aprobar esta Ley va más allá de prevenir los embarazos en adolescentes, y está más bien enfocada en «atentar contra los principios bíblicos y morales». Además, el religioso opinó que, en vez de impartir educación sexual en las escuelas y colegios, se debería de invertir en educar por medio de televisión a los niños y niñas sobre estos temas, y también debería de implementarse la lectura de la biblia en los centros de enseñanza.
«Hemos pedido desde 1987 que se apruebe el Día Nacional de la Biblia, pero los diputados y las maestras no están de acuerdo porque dicen que eso atenta contra los principios de los niños, ¿Pero sí están de acuerdo en que se aprueben leyes que atentan contra los principios morales de nuestros niños? La biblia es el libro más leído a nivel mundial y el que ha transformado a drogadictos, borrachos, homosexuales, el que ha ayudado a gente que estaba a punto de destruir su matrimonio, la Palabra es la única que puede restaurar a nuestra Honduras», manifestó el pastor Irías a Contracorriente.
Pese a sus declaraciones, el pastor José Irías aseguró no estar en contra de las personas Lgtbiq+; en su lugar, aseguró que «muchos de ellos asisten a sus iglesias» y también afirmó que sus derechos deben reconocerse en Honduras.
«En ningún momento nosotros tenemos algo en contra de ellos [personas Lgtbiq+], los amamos, pero tenemos que ser contundentes y muy claros en decirles a dónde van, si a ellos les tocara morir pues nosotros creemos en salvar el alma, no otra cosa», indicó el religioso.
Previo a las elecciones generales de 2021, Contracorriente desarrolló un análisis sobre la confesión religiosa de los políticos antes de que iniciaran los comicios electorales. Según este análisis —el cual surgió a partir de encuestas realizadas en la plataforma ¿A Quién Elijo? —, la confesión religiosa en los políticos influye en sus posturas sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
El análisis realizado por este medio constató que, de los candidatos y candidatas encuestados que dijeron pertenecer a la religión evangélica, el 57% se posicionó en contra del aborto por las tres causales. En cambio, de los entonces aspirantes a un cargo a nivel de alcaldía, diputación o a nivel presidencial que no se identificaban con ninguna religión, el 68% estuvo de acuerdo con la legalización del aborto por las tres causales.
Además, el último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) señaló que, si bien desde el Poder Ejecutivo se han realizado acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, éstas continúan enfrentando barreras en el ejercicio de sus derechos en el ámbito público y privado, entre ellas, la penalización de la interrupción del embarazo.
