El Gobierno de Honduras impulsa una ley que permitirá al Estado regular las transacciones de carbono. Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), aseguró que esta Ley beneficiará a las comunidades que por años se han dedicado a proteger el medioambiente; sin embargo, aún se desconocen los detalles bajo los cuales operará este mecanismo y tampoco se conoce en profundidad la política ambiental estatal en temas de cambio climático.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Portada: Daniel Fonseca
En noviembre de 2022, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) la implementación de «créditos soberanos de carbono» orientados a construir infraestructura resistente al cambio climático, actividades de restauración y recuperación de ecosistemas y para cuidar las áreas protegidas.
En esa cumbre, Medina indicó que en Honduras estaba disponible un mercado de carbono valorado en 32 millones de dólares, y que, además, contaban con el nivel de referencia de captura de carbono en el país para saber cuánto se está capturando y cuánto puede ser cotizado en el mercado de compra de crédito de carbono.
Ahora, el Congreso Nacional promueve una ley para que estas transacciones de carbono sean reguladas por el Estado, algo distinto al mercado de carbono voluntario, que ya existe en el país y es permitido. Esta legislación está a la espera de ser discutida en su tercer y último debate.
La «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática», presentada por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, tiene como una de sus consideraciones acercar la realidad hondureña a la justicia climática y crear un mecanismo que contrarreste los efectos adversos del cambio climático, el control de la emisión de gases de efecto invernadero, distribuyendo para tal efecto los beneficios y recursos de manera equitativa y justa.
Sin embargo, Honduras es uno de los países que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce. Según información del Banco Mundial, el país produjo en 2019 aproximadamente 22,390 toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una cantidad considerablemente menor comparada a la producción de GEI de otras naciones como China con más de 12 millones de toneladas, Estados Unidos con más de 6 millones y la India con más de 3 millones ese mismo año.
Además, según un portal de estadísticas, estos tres países encabezan la lista de los que más emisiones de GEI produjeron en 2020, representando China el 32.48% de emisiones a nivel mundial. El único país latinoamericano en figurar en esta lista fue México con un 1.13% de GEI producidos ese año a nivel mundial. La base de datos independiente EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research en inglés) calcula que Honduras produjo solo el 0.03% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2021.
La Ley que busca implementar el Congreso Nacional también deja una interrogante sobre los reglamentos o mecanismos que se implementarán cuando el Estado regule este mercado en Honduras. En el artículo 5, sobre la descripción de conceptos técnicos, la Ley solo detalla que estos «serán descritos en los respectivos reglamentos y manuales que emita el órgano regulador».
El Comité Nacional para las Transacciones de Carbono, según la propuesta de ley, estará conformado por un representante o titular de las siguientes entidades: la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la cual presidirá el comité.
Entre las responsabilidades del comité están la recepción, evaluación y dictamen de viabilidad de las solicitudes de transacciones de carbono forestal; el diseño, la creación e implementación de un sistema de registro de transacciones de carbono y la contabilización del carbono disponible y comprometido en el mercado.
🏛️ El presidente del Congreso Nacional, @Lredondo, introdujo en las últimas horas, un proyecto de decreto orientado a crear la Ley Especial de las Transacciones de Carbono para la Justicia Climática. pic.twitter.com/VkjwW7IVrh
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) December 8, 2022
La propuesta también indica que el financiamiento del Fondo de Transacciones de Carbono provendrá de las tasas y otros montos derivados de las transacciones de carbono, el cual será destinado hacia el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), siempre y cuando la recolección del carbono sea invertida en áreas de ampliación, mejoramiento de los sumideros de carbono y para sostener las actividades del comité.
«Este fondo también se utilizará para la actualización anual del inventario nacional de gases de efecto invernadero, diseño, creación, implementación y sostenibilidad del Sistema de Registro de Transacciones de Carbono Forestal. Asimismo, será utilizado para sostener las actividades del Comité Nacional para las Transacciones de Carbono», detalla la propuesta.
Para su jurisdicción, se designará al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.
Lucky Medina, ministro de la Serna, explicó a Contracorriente que una de las finalidades de esta legislación es «ordenar» los datos en cuanto a bosques disponibles en el país y la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que captan los bosques.
«Nosotros esperaríamos también que sea un mecanismo para evitar cualquier tipo de fraude y, además, que solamente el Estado pueda decidir cómo hacer la reinversión. El hecho de apuntar hacia la justicia climática con esas transferencias de captura de carbono es para reconocer a las comunidades que han cuidado durante décadas y durante siglos sus recursos naturales, sus bosques, sus ríos, sus montañas y que sean ellos los primeros beneficiarios de cualquier transferencia que pueda acceder el Estado», aseguró Medina.
Para Marlon Escoto Valerio, quien fue delegado presidencial para el cambio climático en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández, la motivación de esta ley por parte del Estado sería tener mayor control de este mercado.
«Hablando de mercado regulado, Honduras podría aprobar esta ley, pero luego tiene que reglamentarla, que es lo más difícil, porque es la parte operativa, la institucionalidad, eso se va a llevar su rato porque las entidades como Mi Ambiente [ahora Serna] e ICF buscarían que en un mercado regulado ellos sean quienes representen al Estado e intentarían que las transacciones les beneficiaran de alguna manera en sus quehaceres», explicó a Contracorriente, Marlon Escoto.
Para el ingeniero agrónomo con un máster en Asentamientos Humanos y Medioambiente, es primordial que la población conozca a quién beneficiará esta legislación, teniendo en cuenta que deberían ser las personas que habitan o tienen vínculos con los territorios las que primordialmente resulten beneficiadas, algo prometido por el ministro de la Serna.
Del mercado voluntario al regulado
Escoto —quien fue ministro de Educación durante 6 años entre las administraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa y del expresidente Juan Orlando Hernández— tiene una amplia experiencia en el mercado de carbono voluntario con la empresa CC&E Climate Change and Education, la cual él preside y que se encarga de sacar los cálculos y emisiones en bosques privados con imágenes satelitales y tecnología.
Sobre el proceso, el ingeniero explicó que, primero, teniendo el plano y extensión del bosque privado con consentimiento del dueño, se digitaliza el mapa y se procesa de forma en la que, a través de un programa, calculan cuántas emisiones de carbono pueden capturar estas hectáreas de bosque.
Marlon Escoto continúa explicando que para esto analizan la calidad del suelo durante 20 años mediante un programa, de esta forma, garantizan si este ha perdido o ha ganado cobertura boscosa y si el bosque es apto para las transacciones de carbono.
Una vez que esto se determina, se envía la información a los colocadores o empresas que se encargan de concretar el trato entre el propietario del bosque privado y la empresa que esté interesada en contrarrestar los gases contaminantes que emite a la atmósfera. En un ejemplo concreto, Marlon Escoto mencionó que han calculado la captación de 2,070 toneladas de emisiones de carbono en un solo espacio, lo que equivaldría a 8,000 dólares anuales.
«Si un grupo corporativo europeo tenía que reducir, por decir algo, 200,000 toneladas de dióxido de carbono al año y por sus medios sólo puede reducir la mitad, para compensar la otra mitad acude al mercado de carbono, y los mercados de carbono voluntario funcionan con empresas intermediarias como todos los mercados que se conocen», explicó Marlon Escoto, quien agregó que, hasta el momento, el mercado de carbono en Honduras no tiene ninguna operación de mercado voluntario, y menos, de mercado regulado.
Pero, según el ingeniero agrónomo, todos estos avances se han pausado debido a la moratoria nacional en la venta de créditos de carbono forestal que estableció el Gobierno en junio de 2022.
Contrario a lo expresado por Escoto, el ministro de la Serna, Lucky Medina, afirmó que con el mercado de créditos de carbono regulado se tiene un mejor precio de transacción, se evitaría el fraude y también se garantizaría el interés de inversionistas o compradores de créditos de carbono que ven la intervención del Estado y de los Gobiernos en este mecanismo.
«El mercado voluntario ha tenido algunas transferencias ya realizadas acá en el país —argumentó el ministro de la Serna— y de eso, por lo que nos han dicho en las comunidades, el Estado no tiene registro de absolutamente ninguno, no se sabe en qué condiciones ha ingresado ese dinero al país, si se ha pagado con algún tipo de tasa administrativa o en qué condiciones es contratada esta gente, si se está cumpliendo o no con la legislación nacional. Para evitar ese tipo de abusos y para evitar algunos fraudes potenciales, se declaró la moratoria junto al Instituto de Conservación Forestal (ICF)».
Además, Lucky Medina reafirmó que con el apoyo de los batallones verdes de las Fuerzas Armadas y la fiscalía del medioambiente se obtendrá información sobre la tala y quema ilegal de bosques, algo que podría afectar a los bosques que están participando de este mercado de créditos de carbono voluntario.
Respecto a las mediciones de captura de carbono, el ministro de la Serna aseguró que estas son cifras ya conocidas y calculadas por el Estado de Honduras.
«El país ha cumplido cuatro ciclos de Inventario Nacional Forestal, hay muchísimos datos e investigaciones, desde bosques de mangle en las costas hasta parcelas establecidas en el Parque Nacional Celaque, montaña de Santa Bárbara y Sierra de Agalta, que son los puntos más altos. Hay miles de mediciones realizadas en los cuatro ciclos de alimentación nacional forestal», indicó.
Además, Medina reveló que en el último Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro destinó 35 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para la recaudación de ecosistemas y para asegurar agua en comunidades rurales, algo que será ejecutado por la Serna.
La descarbonización como una alternativa de compensación directa
Lucía Vijil, investigadora y analista en temas de conflictividad socioambiental y asesora de Justicia Ambiental y Transparencia del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), opinó que apostar a la descarbonización en vez de la regulación de un mercado de créditos de carbono por parte del Estado podría ser una alternativa para realmente hacer frente a la emergencia climática.
La descarbonización o carbón neutro es un proceso en el que una empresa, institución o países pueden reducir las emisiones de carbono en la atmósfera que produce. Dentro de esto está la transición energética, dentro de la cual se implementa cada vez más el hidrógeno renovable o combustibles sintéticos como alternativa al petróleo tradicional.
Marlon Escoto explicó que en Honduras ya existen empresas o emprendimientos que implementan el carbono neutro en sus operaciones.
«Por medio del carbono neutral, las empresas tienen un sello de neutralidad de carbono. Aquí las empresas calculan sus emisiones y el valor de esas emisiones las compensa plantando un bosque, esta es la manera de cumplir en algunos países», indicó Escoto.
Además, el ingeniero aseguró que, aunque esto no es obligatorio en todos los países incluyendo Honduras, un café que es producido en una finca que efectúa el proceso de descarbonización y es producido en un lugar donde existe una vasta biodiversidad y que es procesado por una cooperativa de mujeres, lo cual es un principio de inclusión, es más atractivo a la inversión extranjera.
Sin embargo, Escoto indicó que a nivel estatal no se le da prioridad al también llamado carbono cero y que tampoco se valora el potencial que pueden tener las empresas de implementar este tipo de procesos en un país con una amplia biodiversidad y con la posibilidad de que se abra un mercado interno sobre esto.
Una dinámica mercantilista para mitigar el cambio climático
La investigadora del Cespad, Lucía Vijil, destacó que, en medio de la promulgación del mercado de carbono voluntario o regulado, han existido movimientos o grupos en contra por su fin mercantilista.
«Es importante ubicarnos un poco en temas de contexto y centrarnos en cómo los grandes movimientos sociales territoriales también han sido los principales opositores a estos mecanismos de transferencia o de venta de bonos de carbono, precisamente por esa dinámica mercantilista sobre quién sí y quien no posee oxígeno. Es una dinámica muy desigual que los países contaminantes le trasladen responsabilidad por su contaminación a los países no contaminantes», explica Vijil.
La analista del Cespad aseguró que el mercado de carbono no hará nada para cambiar la estructura ni el comportamiento de los países ricos en cuanto a los gases de efecto invernadero que producen. Además, Vijil dijo que es necesario conocer el proceso de consulta que se pudo haber llevado para construir esta Ley, en vista de que en ella se menciona la participación de defensores del ambiente, los cuales, en su mayoría, son pueblos originarios.
«¿Cómo estás trasladando el mensaje a la ciudadanía sobre qué son los bonos de carbono? —cuestionó la investigadora—, habiendo tantas experiencias negativas en América Latina en relación con esto. Lo único positivo es que le entran divisas a tu país, porque cuando revisas la Ley solo ves que se menciona los beneficios económicos a las comunidades, sí, pero no hay nada conciso en cuanto a cuál será el porcentaje que obtendrán».
Para Lucía Vijil también existe incongruencia por parte del Gobierno a la hora de promulgar una Ley de justicia climática cuando, por otro lado, se está avanzando en una concesión petrolera y tampoco se detiene la minería a cielo abierto.
«Estas cosas no han permitido que se haga una lectura completa sobre cuál es realmente la política ambiental nacional, una que no solo nos hable sobre las comunidades que están cerca de los bienes comunes de la naturaleza, sino del desplazamiento de especies, la extinción de especies, cómo se están alterando los ciclos ecológicos, el cambio climático, todo este tema realmente no está en agenda y no hay, para mí, una lectura clara de hacia dónde vamos», destacó Vijil.
La investigadora opinó que por el desconocimiento sobre estos temas, ésta Ley seguramente será aprobada por el Congreso Nacional, por lo cual, recomienda tres aspectos fundamentales a la hora de su implementación.
Primero, mecanismos de información claros y transparencia en las transacciones de carbono, cuáles empresas y en qué países están comprando y podrían ofrecer comprar bonos de carbono. En este sentido, ejemplifica el caso de Canadá, como un país que podría ofrecer comprar bonos a Honduras, pero que también es un país en el que invierten en temas mineros. Esto, para Lucía Vijil, podría representar un desbalance político.
Como segundo elemento crucial está tener los mejores requerimientos en el marco del reglamento para esta Ley. Ser claros en si esta Ley beneficiará a las comunidades, debido a que, siendo así, se tiene que garantizar la protección a las zonas que pueden capturar carbono y a las personas de estos lugares, en vista de que los defensores del ambiente continúan siendo criminalizados y judicializados en Honduras.
«A la par de realzar el bosque también se debe destacar a quienes han sido esos cuidadores eternos, y que por un mandato muy ancestral y de que se asumen en la naturaleza, también deben establecer mecanismos paralelos que les permitan figurar en la acción de la asesoría de los bienes comunes», apuntó Vijil.
Por último, la analista consideró como elemental la transparencia en el manejo de estos fondos y la liquidación de los mismos. En este sentido, Lucía Vijil indicó que, si no se establece esto desde el principio, puede ser un fondo que se preste a ser utilizado para cualquier cosa.
«Los países más pobres somos los que asumimos una cuota y entramos a ese mercado, tan turbio y macabro de querer pagar una deuda para que no sancionen más a los grandes países que contaminan», indicó Vijil, quien reafirmó que existe una dinámica llena de matices en el mercado de carbono.
3 comentarios en “Honduras busca entrar en el mercado de carbono sin claridad sobre su regulación ”
Excelente artículo!!, que recoge criterios interesantes de tres actores diferentes: El gobierno, ONG y la academia si lo podemos llamar así a la empresa del Dr. Marlón Escoto CC&E Climate Change and Education. Como toda Ley tiene sus ventajas y desventajas, al beneficiar a unos y afectar a otros. Sin lugar a dudas, amerita socializar la propuesta para tener mayor claridad y comprensión
No es fasil que la ciudadanía crea en el proyecto si no se llega a el directo así debería sel el beneficio para comprometer lo a cuidar con incentivo
Pregunta. A cuanto estarían pagando la tonelada de carbono . O como se le conoce bono de carbono .
En Honduras