Luego de que Julissa Villanueva —viceministra de Seguridad quien lidera la intervención de los centros penitenciarios—, anunciara las primeras medidas del Gobierno para combatir la crisis en las cárceles, se han registrado dos enfrentamientos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Fuentes en el interior de este centro penitenciario aseguran que policías y agentes penitenciarios se han aliado con la MS-13 en la entrega de armas para atacar a la Pandilla 18.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Jorge Cabrera
En la tarde del 21 de abril se registró un nuevo enfrentamiento en el interior de la cárcel de máxima seguridad «El Pozo» en Ilama, departamento de Santa Bárbara, que dejó a doce privados de libertad heridos. Además, mientras los heridos eran trasladados al Hospital de Santa Bárbara, uno de ellos se dio a la fuga. Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha informado sobre este hecho; sin embargo, fuentes aseguraron a este medio que los doce heridos pertenecen a la Pandilla 18.
Este fue el segundo enfrentamiento en apenas tres días. El 19 de abril, también en el interior de «El Pozo» hubo una reyerta. El Instituto Nacional Penitenciario anunció por medio de un comunicado que se realizaría un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos que se realizan de manera permanente al interior de las instalaciones penitenciarias». Sin embargo, esto no ha sucedido e incluso en el más reciente enfrentamiento se reportó el uso de granadas.
Desde los amotinamientos suscitados en cuatro centros penitenciarios de Honduras el pasado 8 de abril, dentro de «El Pozo» se han registrado cuatro más. Fuentes que no identificamos por seguridad dijeron a Contracorriente que los últimos enfrentamientos han ocurrido debido a que policías y agentes penitenciarios están facilitando armas dentro de la cárcel a miembros de la MS-13.
Una de las fuentes aseguró que ya se había alertado al director de este centro penitenciario sobre el riesgo que corren los privados de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 ante una amenaza de ataque, sin embargo, no hubo medidas para frenar a miembros de la MS-13 que subieron a las terrazas de vigilancia para atacar desde allí.
«Los policías se están prestando para que ocurra una matanza a grandes escalas», dijo esta fuente, y otra agregó que «en cada noticia y en cada revuelta que hay solo 18 (miembros de la pandilla 18) salen heridos y es injusto».
Además, las fuentes coincidieron en que antes de todos los enfrentamientos que se han registrado en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, el director y autoridades de «El Pozo» ya estaban alertados de que esto puede ocurrir pero no hacen nada para evitarlo.
«Es en los centros penales que nosotros nos encontramos que estamos recibiendo ataques continuos de la MS [13], las autoridades están facilitando los medios y las oportunidades», contó otra de las fuentes.
«Por ejemplo, la situación que se dio el día de hoy [21 de abril], es algo lamentable porque se había puesto un sistema de seguridad encima de las azoteas del centro penal, tanto en los módulos de mínima como de procesados, y se había llegado a un acuerdo con los directores de que esta seguridad iba a estar estable 24 horas, y al momento de que se da este atentado en contra de la Pandilla 18, todos los policías que estaban en turno brindando la seguridad se bajaron. Solo bajaron ellos [los policías] y a los dos minutos se salieron varios miembros de esa estructura [MS13] por la terraza y empezaron a lanzar granadas, entonces nosotros estamos viendo que aquí la situación se está prestando para una matanza», dijo uno de los privados de libertad en esta cárcel.
Por otra parte, la Policía Nacional catalogó al enfrentamiento del 21 de abril como una planificada «fuga masiva», y que los privados de libertad que llegaron heridos al Hospital de Santa Bárbara estaban siendo esperados por «miembros de estas asociaciones ilícitas, quienes los estarían esperando en los hospitales haciéndose pasar por amistades, familiares o incluso como enfermeros, para que en su momento los miembros de la Policía Nacional que custodian a estos privados de libertad sean atacados y logren una fuga masiva desde los hospitales».
En esta nota de prensa, la Policía Nacional, aseguró que se intensificará el número de efectivos policiales contra «el verdadero plan de las maras y pandillas» en los diferentes hospitales para así no permitir la fuga de los privados de libertad que están siendo asistidos.
En una conferencia de prensa el pasado 18 de abril, Julissa Villanueva no descartó la utilización del «modelo de Bukele» para combatir el crimen organizado. En este sentido, agregó que para el combate a las maras y pandillas dentro de las cárceles se incluirá a expertos internacionales con estándares y se copiarán modelos para ajustarlos a la realidad hondureña.
«Dos factores importantes han incidido: la corrupción y la infiltración del crimen organizado dentro de las personas que cumplen una condena», señaló Villanueva como las causas de la crisis que vive el sistema penitenciario actualmente.
Hasta el momento, no se permiten visitas dentro de los cuatro centros penitenciarios en los que se dieron los amotinamientos el 8 de abril que son La Tolva en Morocelí, departamento de El Paraíso; El Pozo, en el departamento de Santa Bárbara y Siria y Támara en Francisco Morazán. El Instituto Nacional Penitenciario tampoco ha brindado más información sobre el último enfrentamiento en la cárcel de Ilama, Santa Barbara.
