Pedro Pinto, de 67 años, lleva más de la mitad de su vida defendiendo el ambiente en el occidental departamento de Ocotepeque. En noviembre de 2022, dos de sus vehículos fueron quemados por desconocidos, él supone que son enemigos de su labor como defensor. En Honduras, defender el ambiente es un riesgo. Entre 2002 y 2014, 111 ambientalistas fueron asesinados en Honduras.
Texto: Allan Bu
Fotografía: Amílcar Izaguirre
Honduras todavía estaba bajo el mando de la bota militar, allá por 1979, cuando el joven Pedro Pinto recibió sus primeras charlas sobre defender los recursos naturales. Desde aquel entonces han pasado más de 40 años, pero don Pedro (sí, porque ahora es don Pedro) sigue defendiendo el agua, los bosques y la montaña del Güisayote en La Labor, un municipio del departamento de Ocotepeque, ubicado en el occidente del país fronterizo con Guatemala y El Salvador.
Pinto tiene más de cuatro décadas en una de las ocupaciones más peligrosas que hay en Honduras: defender el ambiente. De acuerdo con un informe presentado por la oenegé Global Witness, entre 2002 y 2014 , 111 activistas ambientales fueron asesinados en el país. Hubo casos mediáticos que no están contemplados en ese informe como las muertes de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y Berta Cáceres, el más reciente y por cuyo asesinato la justicia hondureña condenó a siete personas—las sentencias van de 30 a 50 años— pero la familia continúa exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales.
Don Pedro también ha estado amenazado de muerte, pero no abandona la lucha. En noviembre de 2022 recibió intimidaciones cuando desconocidos quemaron dos vehículos de su propiedad, además, uno de sus hijos fue atropellado por un vehículo desconocido mientras conducía su motocicleta y no descarta que este hecho haya estado asociado a lo anterior. Años atrás, en una finca, la cosecha de café que tenía en producción fue talada, causándole pérdidas.
«Es que ahí [en el Güisayote] se produce el agua que consumimos en La Labor», dijo este hombre de 67 años, quien aseguró haber coincidido en muchos seminarios con Berta Cáceres. Don Pedro recordó cuando la montaña del Güisayote fue declarada como reserva biológica el 5 de agosto de 1987, bajo el decreto legislativo 87-87. «Entonces comencé a defender la montaña y a sembrar árboles en la zona», dijo.
Desde marzo de 2022, don Pedro es empleado del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF). Al preguntarle cuál es la respuesta del Estado para apoyar su labor como ambientalista dijo con honestidad que «hasta ahorita me emplearon como técnico en el ICF [Instituto de Conservación Forestal], es la respuesta que he tenido, antes de eso solo recibí cursos y capacitaciones, pero a través de las oenegés, del Estado muy poco».
Don Pedro es un hombre que habla sin palabras rebuscadas. Conserva la energía de un joven y cultiva maíz y frijoles. Además, tiene una finca en donde produce café, plátanos y bananos. En el Municipio de La Labor, ubicado a unos 40 minutos de la cabecera departamental, Ocotepeque, el ambientalista tiene décadas de estar involucrado en la organización y gestión de juntas de agua, que administran el suministro en el municipio. Don Pedro también organizó y coordinó por varios años el Comité por la defensa del Güisayote.
La Labor es un pueblo pintoresco, de calles empinadas y con un comercio que ha florecido en los últimos años. En este municipio hay restaurantes, hoteles y cooperativas productoras de café. Está ubicado justamente a la orilla de la carretera CA-4, que une Ocotepeque con San Pedro Sula. La leyenda cuenta que su nombre se debe a la laboriosidad de sus primeros trabajadores. Actualmente está formado por ocho aldeas y 44 caseríos. En el mes de octubre en el municipio se celebra el Festival Del Maíz, una fiesta donde se pueden degustar ricos platillos derivados del maíz, para esas fechas se hace un desfile de carrozas, decoradas con tusas de maíz y otros objetos típicos.
El alcalde de La Labor, Lenín Villeda (Partido Nacional), expresó que la junta de agua en el barrio donde él reside es presidida por don Pedro y ha sido reelecto en varias ocasiones por los pobladores. «Es una persona muy noble en cuanto a la defensa de los recursos. Tiene vocación por la conservación del ambiente. Es el presidente de la junta de agua de mi barrio, lleva como 12 años, pero la gente lo ha elegido, no es dictador, yo he estado en las asambleas y la gente lo elige», dijo.
Pero don Pedro ha ido más allá de dirigir una junta de agua, estuvo al frente de la lucha contra la instalación de una minera de origen canadiense llamada Maverick, que había recibido una concesión para explotar mil hectáreas en la zona protegida del Güisayote durante el Gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). Los pobladores de La Labor y Santa Lucía intentaron, primero, detener a la minera mediante la vía legal y, después, hicieron presión en medios de comunicación, pero no hubo retroceso ni de parte del Gobierno ni de la empresa minera, quienes persistían en su intención por explotar el bosque. Don Pedro recordó que un periodista en Santa Rosa de Copán, adherido a su lucha, fue asesinado en esa época.
Pasaron casi dos años desde que se otorgó la concesión hasta que un día llevaron maquinaria a las tierras de la minera y días después apareció un rótulo donde se solicitaban 200 trabajadores para empezar a trabajar de forma inmediata. El 14 de abril de 2004, cientos de pobladores ocotepequenses se tomaron la carretera CA-4 para exigir que el Congreso cancelara la concesión. «Ya me recordó usted, el 14 de abril es el día de la dignidad, ese día nos tomamos la calle, estuvimos 52 horas en la toma, hasta que el Gobierno retrocedió», contó.
Pero en realidad el Gobierno no retiró la concesión, sino solamente la redujo, y a la empresa minera ya no le interesó la explotación e incluso puso anuncios en internet intentando conseguir un cliente para vender los terrenos que había conseguido en Ocotepeque. «Quizás a nadie le interesó», exteriorizó don Pedro pues nunca hubo explotación minera en La Labor.
En el primer período de Juan Orlando Hernández (2014-2018), los habitantes de La Labor y una aldea de este municipio llamada Santa Lucía, realizaron otra toma de carretera porque, producto de la iniciativa del diputado Roman Villeda — acusado en 2018 de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de Gobierno— el Congreso Nacional iba cambiar de categoría el Güisayote, que dejaría de ser reserva biológica para convertirse en parque nacional. «Habían agregado que en la montaña se podían hacer actividades comerciales», dijo don Pedro. Un día de manifestación bastó para que no tocaran al Güisayote.
El alcalde Villeda nos manifestó que la lucha de don Pedro ha llevado a que la vida de él y su familia estén en peligro pues la defensa del ambiente ha confrontado intereses. «Han contratado hasta sicarios para matarlo, siento que él debe tener mucho cuidado», dijo Villeda.
«Hasta sicarios han contratado para matarlo, siento que don Pedro debe tener mucho cuidado». Lenín Villeda, alcalde de La Labor
Amenazas y precariedad
Lo que menciona el alcalde Lenín Villeda encuentra asidero en la quema de dos carros propiedad de Pedro Pinto. A uno de sus vehículos le prendieron fuego en su casa de habitación y al otro en una finca, mientras los trabajadores cortaban café, el vehículo fue destruido por las llamas. «Noviembre [2022] fue el mes más jodido que todos los meses para mi familia, yo estoy acostumbrado a estas situaciones, pero mi esposa ha estado bien temerosa; cuando quemaron el segundo vehículo yo andaba en Tegucigalpa y ella andaba con los cortadores de café y ha quedado asustada», dijo al ambientalista.
No es la primera que atentan contra propiedades de don Pedro. «Hace unos siete años me cortaron una finca de café, siempre por la defensa del bosque, fue en el primer período de Juan Orlando Hernández», contó y después mencionó que él cree que estos últimos incidentes no fueron producto de su defensa de Güisayote, pero piensa que las agresiones pueden venir por la defensa de una zona que llaman el «astillero municipal», un terreno de unas 2,000 hectáreas que produce leña para los habitantes del municipio y es propiedad municipal, pero hay personas que quieren hacer un aprovechamiento ilegal de su madera.
Este predio municipal fue comprado en el 1912 con fondos de la Iglesia Católica, cuya finalidad era que los pobladores lo utilizaran para crianza de ganado y la extracción de leña; inicialmente eran 4,000 hectáreas y ahora ha quedado libre la mitad y es ahí donde algunas personas quieren hacer uso irracional de los recursos, reveló el ambientalista. El problema es generalizado en el país, de acuerdo con datos del ICF, entre el 2019 y 2020, aproximadamente 200,000 hectáreas fueron afectadas por la tala ilegal y la deforestación.
Don Pedro sostuvo que otro incidente que le ha traído problema surgió cuando la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) detuvo dos camiones llenos de madera que no portaban permiso que, según sospecha, pertenecían a un diputado del Congreso anterior. Además, desde su función como técnico del ICF se detuvo el permiso para la apertura de una carretera que habría afectado bosques de pino, «mi trabajo es hacer las inspecciones, porque no soy yo quien determina si se dan o no los permisos, pero he sentido que alguna gente se ha molestado», dijo.
En marzo de 2022, don Pedro fue contratado como técnico del ICF y ahora asegura que tiene a disposición personal de la Policía Nacional para realizar alguna actividad o detener alguna acción ilegal en contra del ambiente, aunque su principal función es documentar los aprovechamientos de recursos para que en las oficinas centrales determinen si se ha respetado la ley o no.
Pero justamente ahora que es empleado del Estado es cuando más agresiones ha sufrido. En diciembre de 2022, cuando conversamos sobre los carros que le quemaron, el ambientalista nos dijo que en el ICF le habían sugerido que no saliera mucho de casa y que tomara medidas de precaución; en ese momento se planteaba la idea de pedir asilo en algún país de Centroamérica, pero «vamos a enfrentar la situación porque no podemos estar así», dijo.
«El Estado debería responder porque trabajo para el Gobierno», porque «los daños ocasionados es por enfrentar a gente que quiere dañar el bosque» nos dijo en esa ocasión en diciembre cuando esperaba una respuesta del Gobierno. Agregó que las autoridades regionales del ICF lo han apoyado, aunque no lo suficiente, porque hasta ese momento no tenía asignada seguridad ni para la casa ni para él. En una conversación posterior, don Pedro nos confirmó que en febrero del 2023, casi tres meses después de la quema de sus vehículos, se le había asignado un policía para que lo acompañara en sus actividades.
Don Pedro contó que la asignación del elemento de seguridad se logró gracias a la intervención del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que gestionó ante el mecanismo de protección la asignación de seguridad, aunque por cuya presencia el ambientalista no deja de ser vulnerable, pues es muy reducida. El ambientalista está adherido al Mecanismo Nacional de Protección y el jueves 13 de abril recibió un comunicado en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplaza al Gobierno de Honduras para que proteja su vida y la de su núcleo familiar, esto después de la denuncias realizadas por don Pedro ante ese organismo. También se presentó ante la Fiscalía y hubo acusados, pero al final, el caso fue desestimado por un juez, contó.
Que haya poca seguridad para el ambientalista pese a las amenazas en su contra no es una cosa extraña. El alcalde de La Labor, Lenín Villeda, manifestó que en el departamento de Ocotepeque solo hay un técnico del ICF y que para presentar una denuncia en un caso relacionado con el ambiente hay que ir a Santa Rosa de Copán —a 68 kilómetros de la cabecera departamental de Ocotepeque— pues en el departamento no hay un fiscal del ambiente pues la estructura fue cancelada en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández.
La Montaña
La montaña que Pedro Pinto ha defendido desde finales de la década de los 80 es la Reserva Biológica Güisayote, cuyo nombre se refiere a una variedad de ayote o calabaza. En esta montaña se encuentran variedad de ecosistemas, flora y fauna. En Ocotepeque, dicen que güisayote en lengua indígena significa «abundancia de alimento».
En el Güisayote, una zona protegida, nacen 40 arroyos que conforman nueve ríos, cinco de estos desembocan en el Océano Atlántico y cuatro en el Pacífico. En esta montaña tiene su origen el río Higuito, que en Santa Bárbara se une con el caudaloso río Ulúa.
La reserva cuenta con una superficie de 14,081 hectáreas, 4,592 de ellas constituyen el área núcleo y 9,489 el área de amortiguamiento. Se encuentra en la jurisdicción de los municipios de La Labor, San Francisco del Valle, San Marcos, Mercedes, Sinuapa y Fraternidad. Pertenece a la Cordillera del Merendón. En Ocotepeque, además se encuentra la Reserva Biológica El Pital, Reserva Biológica Volcán Pacayita, que comparte con Lempira y el Parque Nacional Montecristo Trifinio, que es una área protegida tripartita entre Honduras, El Salvador y Guatemala.
En Honduras están bajo la vigilancia y protección del ICF 91 áreas entre parque nacionales, refugio de vida silvestre y reservas biológicas. Pese a la declaratoria, muchas de estas zonas han sido y siguen siendo vulneradas, como el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde pobladores de comunidades circunvecinas libran una batalla contra Inversiones Los Pinares, que extrae óxido de hierro de la zona núcleo del parque. Otra zona protegida, prácticamente destruida, es el Parque Cuyamel Omoa, que también se enfrenta a su desaparición.
En La Labor, Ocotepeque, personas involucradas en la defensa del ambiente como su alcalde, asesorados por la Asociación Ecológica de San Marcos (Aesmo) han tenido la iniciativa de comprar más de mil hectáreas en la zona de amortiguamiento del Güisayote, donde nacen las fuentes que le permiten tener agua al municipio. Villeda aclara que no es únicamente un esfuerzo municipal, pues los fondos de la alcaldía son una parte, pero también contribuyen las juntas de agua, restaurantes, hoteles, cooperativas y otro tipo de comercio. El alcalde explica que pese a tener un decreto de área protegida, hay personas que tienen títulos ancestrales, «entonces esa gente cultiva ahí y comprar la tierra es una medida para quitar esa agricultura que hay ahí».
Villeda aseguró que la Aesmo ha sido clave en este proceso porque ellos hacen los estudios y la negociación para que no haya «mano peluda» (fraudes), «la escritura la hacen a nombre de todos y a la vez de nadie, ahí está la Municipalidad, juntas de agua, empresa privada o sea que nadie puede vender y únicamente es para la conservación del bosque, este modelo ha sido bien efectivo y las juntas de agua se han empeñado a comprar donde nacen las fuentes de agua, con esto evitamos la agricultura migratoria».
El modelo de protección de recursos naturales de La Labor ahora está siendo imitado por otros municipios de Ocotepeque como San Marcos, San Francisco del Valle, Sinuapa y Lucerna, además de algunos del sur de Lempira. No es una casualidad, que haya sido La Labor —el municipio donde don Pedro Pinto tiene más de 40 años defendiendo el ambiente— el primero en desarrollar esta metodología para proteger las fuentes de agua.
«Yo he dirigido los sistemas de agua del municipio por años y vimos la necesidad que el agua se nos está agotando en algunas aldeas» explicó don Pedro, quien sostiene que en La Labor no hay problemas de agua ya que hace muchos años se compraron 100 hectáreas para proteger la cuenca de agua y a esta altura hay casi 2,000 hectáreas dedicadas exclusivamente a la producción de agua, «son intocables», murmuró haciendo un ademán cerrando las manos en cruz y luego separándolas.
Pero en Honduras siempre hay batallas que librar para gente como don Pedro, actualmente promueve la defensa de una de las microcuencas del municipio, pues asegura que un juez, abusando de la autoridad, otorgó 10 pulgadas de agua a favor de una procesadora, cuando eso es una competencia de las municipalidades, según lo manda la ley.
En este país de gente buena, pero hundido en la pobreza y la violencia, ser defensor del ambiente es un riesgo enorme y serlo en Ocotepeque, un departamento olvidado por los políticos, quizás lo sea todavía más. A don Pedro le preguntamos si se ha sentido solo después de tantos años de lucha. «A veces, pero nunca he dudado porque este es un patrimonio que se debe ver como algo necesario», dijo, mientras a sus espaldas, como un gigante verde, aparecía imponente el Güisayote.
«Ha valido la pena el esfuerzo, tenemos zonas bellas como el Güisayote», nos dijo en diciembre de 2022, justo después de los atentados en su contra. En abril, volvimos a conversar con don Pedro y seguía amenazado, pero seguía defendiendo su montaña. Al terminar la llamada, don Pedro dijo que se iba a combatir un incendio que un pirómano inició en la zona núcleo del Güisayote, «después de hablar con usted, me voy», dijo
