Este es el perfil de un Ministerio Público en crisis, en uno de los países con los índices más altos de criminalidad, percepción de corrupción e impunidad en Latinoamérica. La crisis no es nueva, pero explotó a inicios de 2023, y ahora los fiscales y el personal administrativo de esa institución llevan casi seis semanas en huelga, con las instalaciones tomadas a nivel nacional exigiendo aumentos salariales. Mientras tanto, los partidos políticos comienzan a negociar cuotas de poder ante la próxima elección del fiscal general y fiscal adjunto de la república.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
En Honduras, ser víctima de un crimen significa quedar en el olvido y convertirse en otro número que incrementa las cifras de la impunidad; y en el caso de los actos de corrupción ejecutados por redes políticas y empresariales, la realidad no es diferente.
Según un informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 90% de los crímenes quedan en la impunidad en este país. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), establece que de las 21,269 denuncias por delitos contra la vida que recibió el Ministerio Público entre 2014 y 2017, solamente un 5.54% fueron llevadas como requerimiento fiscal ante el Poder Judicial.
«A veces hay exigencias desde los funcionarios públicos, exigencias desde las instituciones y desde la sociedad para que la Uferco se involucre en ciertas investigaciones, pero por otro lado no se nos asigna personal ni se asigna el equipo necesario. Entonces pareciera que son excusas, pero las investigaciones no se pueden hacer de esa manera», dijo Luis Javier Santos, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada para Redes de Corrupción (Uferco). La historia de la Uferco lleva implícita la impunidad y el debilitamiento de las instituciones ante el control criminal del Estado.
En enero de 2020, el Congreso Nacional, bajo el control del expresidente Juan Orlando Hernández, votó para no renovar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) establecida en 2016 mediante un acuerdo firmado entre el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En esos cuatro años, la Maccih, en conjunto con la Unidad Fiscal contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, facilitó el enjuiciamiento de 14 casos en los que acusaron a más de un centenar de altos funcionarios del Estado. Sin embargo, tras la cancelación del convenio de la misión, esa unidad fue disuelta y ahora muchos de los señalados han sido absueltos de las acusaciones.
En ese contexto crearon la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), liderada por el fiscal Luis Javier Santos, que quedó como legado de la colaboración con la Maccih. Sin embargo, sumado a las amenazas y problemas que enfrentan por su trabajo de investigación, a finales del año pasado, 29 empleados de esta unidad decidieron presentar un reclamo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Ministerio Público para que les sean restituidas las condiciones laborales que les quitaron desde la salida de la misión.
Sumado a este reclamo específico de los empleados de la Uferco, el resto de personal del Ministerio Público se ha tomado las instalaciones de la institución a nivel nacional con el objetivo de obtener mejoras salariales, pues muchos fiscales y personal administrativo llevan más de 10 años con el mismo salario. Esta crisis ha ido en aumento y ahora los empleados del Ministerio Público anunciaron que no realizarán levantamiento de cuerpos, autopsias y pericias forenses hasta que se cumplan sus exigencias.
Entre el colapso institucional y el silencio de Oscar Chinchilla, titular de esta institución, las piezas del ajedrez político entre el Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional comienzan a moverse y apuntan a la repartición de poder en la elección del nuevo fiscal general que tiene que concluirse a más tardar el 1 de septiembre de 2023.
Los falsos súper poderes de la Uferco
En 2016, alrededor de 200 abogados y abogadas solicitaron ser parte de lo que sería la nueva Ufecic, creada como brazo técnico de acusación del Ministerio Público en conjunto con la Maccih. De todos los postulantes, un poco más de 40 superaron el proceso de selección, entre los cuales destacó el fiscal anticorrupción Luis Javier Santos, quien fue nombrado jefe de la nueva unidad especial.
Todos los abogados y especialistas contratados por la misión en el marco de este trabajo fueron beneficiados con ascensos laborales y bonos especiales adicionales a su salario que salían del presupuesto del Ministerio Público. Sin embargo, en 2020 cuando el gobierno hondureño decidió no renovar el convenio de creación de la misión, todos los beneficios se anularon y los fiscales fueron colocados en sus antiguos cargos con sus salarios previos, pero ejerciendo el mismo trabajo.
Entre los afectados también estuvo el fiscal Luis Javier Santos, quien luego pasó a ser el jefe de la Uferco que se creó para darle continuidad a los casos que inició la Maccih y seguir el trabajo de investigación de redes de corrupción. Santos aseguró que el impacto de la suspensión de estos beneficios para él no fue tan grave en comparación con la mayoría de los empleados.
«Cuando la Maccih sale es cuando nosotros sentimos la primera situación que nos causó realmente una desmotivación en el trabajo, porque se imagina usted los que venían desde San Pedro Sula y otros lugares del país, y que aplicaron a un puesto por una mejora salarial y les regresaron al cargo anterior y al salario anterior, pero haciendo el mismo trabajo, entonces ese para nosotros fue el primer ataque que sentimos que iba dirigido a desmotivar el equipo», apuntó Santos.
Los fiscales, especialistas e investigadores que fueron seleccionados y contratados como parte de ese convenio con la Maccih y que recibieron dichos beneficios salariales, en ese momento de bonanza repararon sus casas, compraron carros propios, salieron de barrios y colonias conflictivas para mudarse a mejores zonas residenciales. Sin embargo, tras la salida de la Maccih muchos lidian con deudas impagables y se encuentran en riesgo por el lugar en el que viven.
Santos también explicó que el regreso a sus salarios anteriores fue inesperado, ya que previo al inicio del trabajo con la Ufecic, el fiscal adjunto Daniel Sibrian les aseguró que si recibían estos beneficios continuamente por al menos dos años, se les dejarían como parte permanente de sus salarios. Según Santos, la situación fue todo lo contrario a lo que les habían prometido.
Santos explica que durante el periodo de la Maccih se le ofreció un bono salarial de 10,000 lempiras a los investigadores y técnicos, 20,000 a los ingenieros, auditores y fiscales, y al jefe se le ofreció 40,000 mil lempiras. Todos estos beneficios fueron quitados tras la salida de la misión
A fin de mes, cuando algunos diputados que han sido señalados por la Uferco en actos de corrupción reciben salarios de casi 120 mil lempiras en el Congreso Nacional, en la oficina de la Uferco, según declaraciones del jefe Luis Javier Santos, algunos de los investigadores y especialistas son acreditados con un centavo de salario debido a las deducciones que les hace el Ministerio Público por sus deudas.
Santos también relató que un momento cotidiano y revelador sobre esta realidad es que cuando los fiscales de la Uferco acuden a las audiencias contra personas que son parte de redes de corrupción en el país, se encuentran con los abogados defensores de esos presuntos corruptos que reciben pagos de millones de lempiras por cada audiencia, que cuentan con asistentes pagados que les llevan agua y café, y les cargan los expedientes; mientras que del lado de los fiscales tienen que pensar si les alcanza el dinero para almorzar.
«Hasta para un almuerzo se nos exigían tres cotizaciones y en vez de ir a buscar tres cotizaciones mejor decidimos comprarlo de nuestra bolsa. Mientras los abogados de la defensa traen dos asistentes que les acomodan sus pruebas, les llevan agua, les llevan café y ganan quizá 10 veces más de lo que uno puede ganar en todo un mes. Abogados defensores del caso Pandora cobraron un millón por estar en la audiencia inicial que duró como una semana y eso es desproporcional en comparación con lo que ganamos los fiscales, y eso es en la Uferco, no digamos en otras unidades que hay fiscales que tienen 10 años de laborar y aún ganan 32 mil lempiras», explicó Santos.
Desde 2016 cuando estaba en funcionamiento la Ufecic, que luego se convirtió en la Uferco, se presentaron casos de corrupción en los que resultaron implicados 131 ex funcionarios y diputados, y 25 personas particulares. La fiscalía les acusó de malversar más de 615 millones de lempiras.
Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el 27 de mayo de 2022 le otorgó a la Uferco un estatus especial dentro del Ministerio Público, con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Este decreto les faculta para ejercer la acción penal sin la autorización del actual fiscal general, condición requerida por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, ordenaron aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad, saltándose la autonomía administrativa del Ministerio, y sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.
Dicha reforma no mejoró las condiciones bajo las que trabaja la unidad y no ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que el fiscal Santos ha solicitado desde hace más de 2 años, por lo que más de un centenar de líneas de investigación siguen detenidas.
Ana María Calderón, ex fiscal de Perú con 30 años de carrera y ex vocera de la Maccih que trabajó de cerca con el personal de esa unidad especial, explicó a Contracorriente que estas reformas no han sido efectivas, sino que han sido una especie de «ponerle una curita a una herida».
«Es necesaria la existencia de una ley de carrera fiscal que les otorgue autonomía a los fiscales, no solamente podemos darle facultades a una fiscalía mientras las otras siguen abarrotadas de casos y siguen supervisadas bajo una sola persona que es el director de fiscales. La propia Ley del Ministerio Público y su estructura vienen a debilitar la institución ya que los fiscales deberían ser autónomos y deberían estar en la facultad de terminar una investigación y presentar requerimientos sin que nadie les obstaculice», apuntó Calderón.
La ex vocera de la Maccih también apunta que estas reformas pueden darle independencia a los fiscales pero también requieren mucho compromiso y formación que vale la pena si les ofrecen garantías de que no serán cambiados ni degradados como ocurre actualmente, que un fiscal que se encuentra en una investigación en Tegucigalpa puede ser cambiado a un pueblo y degradado de su puesto de trabajo.
«En la Uferco quedaron solos ante una tarea tremenda, son casos que realmente requieren muchísimo apoyo y mucha dedicación porque investigar la corrupción no es una tarea fácil, hay que hacer investigaciones muy dedicadas con mucho cuidado. Las pruebas que se obtienen para llevar ante el juez en los casos de corrupción son realmente mucho más complejas que las pruebas de otros delitos», finalizó Calderón.
El reclamo administrativo que presentaron el fiscal Luis Javier Santos con otros 29 colegas ante las autoridades del Ministerio Público, fue rechazado en primera instancia, por lo que acudieron ante la Corte Suprema de Justicia para que se les restituyan los derechos adquiridos que tenían mientras laboraban en la Ufecic-Maccih. Dicho reclamo, según afirmaciones del mismo Luis Javier Santos, le impediría ser elegible para el puesto de fiscal general en la elección que tiene que realizarse próximamente en el Congreso Nacional.
Una crisis que pudo evitarse
El pasado 13 de marzo por la mañana, medios locales reportaron que el cuerpo de un desconocido flotaba sin vida sobre las aguas del río Choluteca cerca del Mercado La Isla en el centro de Tegucigalpa. Decenas de personas entre ellos bomberos, policías y personas particulares se acercaron entre la curiosidad o el morbo para presenciar la terrible escena.
El cuerpo se mantuvo en la misma condición hasta la mañana del 14 de marzo tras la presión mediática y ciudadana que señaló el incumplimiento del deber de los empleados de medicina forense del Ministerio Público que ante el paro de laborales se habían negado a realizar el levantamiento, autopsia y reconocimiento de esta persona.
Para el 17 de marzo de 2023 las protestas de los empleados del Ministerio Público estaban por llegar a las seis semanas exigiendo mejoras salariales del 10% y ajuste del 15% por concepto de costo de vida que estipula la Ley del Ministerio Público para sus empleados. Hasta la publicación de esta nota toda la operatividad de la institución se encuentra detenida, y otras instituciones como el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y la Corte Suprema de Justicia a través de los jueces de paz se han puesto a disposición para realizar el levantamiento y resguardo de los cadáveres. Además, los fiscales del Ministerio Público tampoco están acudiendo a las audiencias de los casos que se están desarrollando en los juzgados nacionales por lo que la administración de justicia en el país también se encuentra detenida.
El fiscal general Oscar Chinchilla no se ha pronunciado públicamente sobre esta crisis que se ha ido agudizando desde la primera protesta del 6 de febrero cuando el personal salió a exigir sus demandas tímidamente de 8 a 9 de la mañana para evitar interferir con sus labores diarias. En ese momento varios empleados manifestaron que sus jefes inmediatos les habían amenazado con aplicarles sanciones si acudían a la protesta.
Un par de semanas después, los empleados en protesta comenzaron a cerrar calles cercanas a las oficinas regionales del Ministerio Público en todo el país y dejaron de recibir denuncias y realizar trámites investigativos y administrativos. A partir del 13 de marzo también se pararon las operaciones de Medicina Forense y las protestas se extendieron a algunas vías principales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Contracorriente solicitó una entrevista al fiscal general a través del personal de relaciones públicas del Ministerio Público; sin embargo, el personal se limitó a responder que el fiscal general no ha dado declaraciones al respecto.
El vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino declaró en conferencia de prensa el pasado 14 de marzo, que la lucha por mejorar sus condiciones salariales es justa y que como Poder Legislativo serían enlaces con el Poder Ejecutivo a fin de encontrar una solución al problema. Además, apuntó la responsabilidad de esta crisis hacia el fiscal general Oscar Chinchilla.
«¿Dónde está el fiscal general? ¿qué gestiones está haciendo para resolver este problema que lleva más de un mes? ¿Dónde están los recursos que señalan los mismos empleados, de 500 millones de lempiras, que no fueron utilizados y que podrían ayudar a resolver?», cuestionó el congresista.
El último precedente parecido se dio en el 2008 con la huelga de fiscales que tuvo como protagonistas al ahora diputado Jari Dixon, el abogado Víctor Fernández, la fiscal Soraya Morales y el fiscal Luis Javier Santos, quienes estuvieron en huelga de hambre durante 38 días exigiendo que se investiguen casos de corrupción de alto impacto que las máximas autoridades habían engavetado, y exigían la destitución del entonces fiscal general Leónidas Rosa Bautista y el fiscal general adjunto Omar Cerna.
El fiscal Luis Javier Santos se manifestó en sus redes sociales sobre esta crisis, y apuntó que los menos beneficiados son los mismos servidores del Ministerio Público, ya que se puede dar pie a introducir reformas legales que vendrían a debilitar más a la institución. Además, apuntó la falta de interés de las máximas autoridades sobre la crisis, y aseguró que esto «denota la poca importancia que se le da al tema de justicia en nuestro país».
La abogada Elky Alvarado, fiscal del Ministerio Público desde hace 28 años y miembro de la junta directiva de la Asociación de Fiscales de Honduras que es la organización que lidera estas protestas, explicó a Contracorriente que no están de acuerdo con el fiscal Santos sobre que los servidores de esta institución son «los menos beneficiados» y aseguró que han sustentado sus demandas en análisis técnicos financieros.
Desde 2002, hace 21 años, la abogada Alvarado ocupa el cargo de Titular Dos actualmente se encuentra asignada al Módulo de Recepción de Denuncias y apuntó que en la institución no se está respetando la carrera fiscal, en su caso, por ejemplo, hace años debió ser ascendida a Titular Uno.
«La aspiración que tenemos profesionalmente es ascender y mejorar nuestras capacidades. Para lograr ascender se sigue exigiendo tener una maestría, obviamente pagada por nosotros porque no nos la paga el Ministerio Público; sin embargo, cuando se obtiene una maestría o un doctorado tampoco se da el ascenso porque dicen que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para aumentos selectivos y hay presupuesto para contratar gente y colocarla en puestos que pudieron ser ocupados por personas que tienen las capacidades dentro de la misma institución. Eso ha coartado, desmotivado y frustrado el derecho que todos tenemos de superarnos en un trabajo porque incluso se ha menospreciado el conocimiento que podemos tener personas con muchos más años de experiencia por beneficiar a personas que no tienen esos méritos», explicó la abogada Alvarado.
La abogada Alvarado también reconoció que la infiltración del crimen organizado en el Ministerio Público ha sido determinante en los últimos años para evitar que se investiguen casos de corrupción y crímenes de alto impacto. Explicó que fiscales honestos de esa institución han interpuesto denuncias en diferentes instancias, incluido el Congreso Nacional, contra autoridades y jefes que han dilatado investigaciones e incluso han cambiado a fiscales de región con el objetivo de detener el trabajo investigativo.
«Compañeros del Ministerio Público en muchas ocasiones han preferido ser maltratados y ser movilizados de una sede a otra por investigar un caso o por investigar varios casos con relación al crimen organizado, los fiscales tenemos una resistencia bárbara para aceptar que cambien a un compañero cuando está haciendo cierta investigación», apuntó la abogada Alvarado.
Por su parte, el fiscal Luis Javier Santos explicó que hay fiscales en el MP que tienen denuncias por haber recibido sobornos pero no hay casos resueltos que eviten llegar a otros actos irregulares mucho mayores.
«Yo conocí una fiscal que el día de su cumpleaños los abogados defensores le llenaban su escritorio de regalos y arreglos florales, y eso aparte de ser antiético es prohibido, y claro porque un abogado como consecuencia de qué me va a regalar un arreglo floral que cuesta entre 1,500 y 2,000 lempiras», apuntó Santos.
Santos también relató que compartió trabajo con un fiscal que durante todo un año no trabajó, sino que se sentaba en el escritorio a leer el Código Penal y leer expedientes, pero que durante todo ese tiempo no tomó declaraciones ni libró oficios.
«Lo denuncié y la supervisión de fiscales me dijo que leer los expedientes también era trabajo o sea que lo que se quiere en el Ministerio Público es que si usted está sentado en un escritorio leyendo y no presenta nada es el empleado ideal en materia de corrupción», apuntó.
Todas las irregularidades internas y la debilidad institucional en el Ministerio Público son el escenario perfecto para una crisis y generan pocas esperanzas con respecto a los índices de criminalidad e impunidad que mantiene el país.
En el último informe del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), publicado en 2022, Honduras se encuentra en la décima posición de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo con una puntuación de 6.98 sobre 10. Además, en el caso de percepción de corrupción según el índice de 2022 publicado por Transparencia Internacional, Honduras ocupa el cuarto lugar de peor percepción de corrupción en el continente, solo por detrás de Venezuela, Nicaragua y Haití.
Otro factor que ha desembocado en esta crisis es el mal manejo interno de las autoridades del Ministerio Público quienes incluso han sido denunciados públicamente por acosar laboralmente a miembros de la institución. Ese es el caso de la abogada Soraya Morales, directora de la oficina de Supervisión Nacional en la institución, a quien, según una denuncia interpuesta en agosto de 2022 a la que Contracorriente tuvo acceso, se le acusa por ejercer «acoso laboral, explotación laboral ilícita, constante hostigamiento, maltrato laboral y daño psicológico».
Esta denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especial para el enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia y se hizo pública a través de medios de comunicación en el país; además, la Asociación de Fiscales emitió un pronunciamiento en el que denunciaban los tratos de la funcionaria. La respuesta de la abogada Morales fue realizada a través de un comunicado en el que acusó al abogado que presentó la denuncia y aseguró que dichas reclamaciones «denotan una rasgo de misoginia ya que pretende atraer en mi contra (…) el desprecio de la sociedad)». Finalmente, las denuncias no fueron procesadas ni investigadas.
Las piezas en la elección del nuevo fiscal general
Representantes de la Asociación de Fiscales de Honduras apuntaron que estas protestas no están relacionadas ni buscan sacar provecho de la coyuntura política ante la próxima elección del fiscal general; sin embargo, los partidos políticos ya iniciaron a negociar la repartición de poder en esa institución y algunos sectores de la sociedad han apuntado a la actual crisis del Ministerio Público como un instrumento de sus intereses.
En el acuerdo que las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y Libre firmaron para concretar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se incluía un punto en el que estos actores políticos acordaron realizar reformas en la Ley del Ministerio Público y «respetar el principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional», entre ellas se encuentra el MP.
La abogada Ana María Calderón dijo a Contracorriente que ella tiene la esperanza de que el nuevo fiscal general no sea elegido según preferencias políticas partidarias, y lleve las reformas que necesita la institucionalidad del Ministerio Público, más allá de los aumentos salariales.
«El fiscal general es la figura esencial para un Ministerio Público autónomo, independiente, entonces se requiere que este proceso de selección pueda ser lo más transparente posible y se seleccione a la persona que realmente reúna las capacidades académicas, que no tenga vínculo político. Además, es esencial que pueda participar la veeduría nacional e internacional y que no se trate de cuotas, como he podido ver en la elección de los jueces de la Corte Suprema», apuntó Calderón.
Además, agregó que es necesario que el nuevo fiscal lleve una ley de carrera fiscal efectiva, una reforma general a la institución, y un marco legal anticorrupción que contenga normas de prevención y ética de los funcionarios.
El fiscal Luis Javier Santos explicó que es lamentable que, según la información que le ha llegado, dentro de las negociaciones se encuentra darle a algún partido la dirección de fiscalía que es clave para que el próximo fiscal general logre concretar las reformas.
«Políticos que no conocen la estructura del Ministerio Público pueden llegar a negociar eso y desconocer que el trabajo en la Dirección del Fiscalía debería estar dirigida por un fiscal y por un fiscal que conozca toda la estructura del Ministerio Público, pero aparte de eso la política del nuevo director de fiscales debe ir concordancia con el fiscal general para poder generar los cambios necesarios en la institucionalidad».
Luis Javier Santos aseguró que con estas negociaciones es posible que nos enfrentemos a un escenario similar a la elección de los magistrados de la CSJ, y advirtió que si eso pasa «las organizaciones que se involucren van a ser utilizadas solamente para validar el proceso y los que participen en el proceso».
