La Junta Nominadora reveló el listado de las y los mejores candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los cuales están familiares de políticos, militantes de partidos políticos y personas acusadas de actos irregulares. Ahora, queda en manos del Congreso Nacional la elección de la nueva Corte, mientras las presiones de grupos económicos y políticos para elegir a sus ungidos prevalecen.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen
La Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional la nómina con un listado de 23 candidatas y 22 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por unanimidad, los integrantes de la Junta votaron a favor de que se eligieran solo 45, lo mínimo exigido por la Ley, dentro de los cuales hubo 10 que lograron avanzar tras desvirtuar tachas y denuncias en su contra.
Entre las candidatas que más destacan está Ana Pineda Hernández, ministra de Derechos Humanos en el Gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.
Pineda aseguró en su entrevista que existen relaciones desiguales entre los hombres y mujeres a la hora de impartir justicia, representando esto un desafío para el Poder Judicial, un desafío que ella aseguró estar dispuesta a enfrentar como magistrada. Pineda es la candidata a magistrada con el mayor puntaje en su calificación.
Uno de los candidatos que continúa en la carrera para ser magistrado es Milton Jiménez Puerto, excanciller de la República y excomisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, este logró salir avante de las denuncias y tachas presentadas en su contra, las cuales tenían que ver con actos de corrupción acontecidos mientras ostentaba cargos durante el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), y de cometer faltas graves según las leyes de tránsito al agredir a policías en estado de ebriedad. Ambas fueron declaradas sin lugar por parte de la Junta Nominadora.
Otro de los candidatos que continúa en la elección es Daniel Arturo Sibrián, actual fiscal adjunto del Ministerio Público. La resolución de este candidato no se encuentra en el portal de transparencia de la Junta Nominadora, sin embargo, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva presentó una tacha en contra de este candidato por ser destituida de su cargo como directora de Medicina Forense por Daniel Sibrián, debido a que Villanueva constató que la muerte en contra de Sherill Hernandez, investigadora de la ATIC asignada a casos de grupos organizados, se trató de un asesinato y no de un suicidio como concluyó el caso.
Diputados del @Congreso_HND este FUNCIONARIO ACTUAL DEL MP tenía 8 tachas y denuncias se las borraron
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) January 24, 2023
Es Liberal y es parte de la fiscalia corrupta afín a la narco dictadura es responsable del círculo de impunidad. No PERMITAN SU NEGOCIACIÓN @Lredondo @raseltome NO OLVIDAR pic.twitter.com/amfzu1Hh6B
El candidato mejor evaluado fue el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Roy Pineda. Pineda es actual magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, representante en ese órgano del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Otro de los candidatos es Luis Fernando Padilla, quien ha sido fuertemente cuestionado porque fue el abogado defensor de los diputados Tomás Zambrano y Antonio Rivera, acusados en el caso Fe de Erratas en el 2018. Padilla también pertenece a la firma legal Antúnez y Asociados, una de las contratadas por Juan Orlando Hernández en su proceso de extradición.
Otro candidato relacionado al expresidente Hernández, quien está a la espera de su juicio por delitos de narcotráfico, es Edin Yobany de la O. Según denuncias presentadas en su contra, al candidato se le acusó de tener vínculos profesionales y personales con Hernández Alvarado, al asistir a fiestas en el occidente del país en donde su familia y la del exmandatario solían coincidir. Además, de la O fue acusado de favorecer a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo al determinar que «no era funcionaria» en el juicio.
Yuri Melara también es otro de los candidatos con un pasado cuestionable. En el pasado se le acusó de seguir un procedimiento viciado de nulidad y de obstrucción a una investigación mientras fungía como Fiscal General Adjunto. Además, al candidato se le revocó la visa americana, y se le denunció de intervenir para obstruir las investigaciones sobre el tráfico de madera y tala de árboles en Olancho.
Puedes ver las denuncias o señalamientos a candidatas y candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí:
En el caso de la candidata a magistrada Tirza del Carmen Flores -hermana del actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza-, se le cuestionó en la etapa de entrevistas por su parentesco con el antes mencionado, a lo que la abogada respondió: «considerando que la parte afectiva es innegable, las personas cercanas a mí no pueden negar mi actuación independiente, y que, al ejercer la jurisdicción de hace muchos años, es indistinto tener familiares en el poder ejecutivo u otros poderes del Estado».
Otro cuestionamiento a la ahora candidata, quien figura en el puesto número 13, fue por parte del representante del Claustro de Profesores de la Universidad Nacional de Honduras (Unah), Waldo Rivera, quien aseguró, luego de que la Junta Nominadora anunciara el listado de los mejores 45 candidatos magistrados, que la postulante Tirza Flores no contaba con su exequátur notarial, por lo que la candidata a magistrada respondió en su cuenta de twitter con un documento en donde garantiza ser abogada notaria.
La candidata Gloria Bertila Oyuela, que logró quedar en el puesto 23, la última del listado de candidatas, aseguró en su entrevista pública que, de aprobar el Congreso Nacional el aborto, esto podría representar un atentado contra la vida, y que en casos de violación se tendría que aplicar una Ley específica, pues «está el valor de la vida de una mujer, pero también está el valor de no nacido».
Lucía Vijil, analista e investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), aseguró que las respuestas de los postulantes sobre temas como los anteriores están alineadas con el conocimiento que pueden tener en esas áreas o el discernimiento de lo que manda la Constitución de la República.
«La academia tiene una deuda histórica con reivindicaciones políticas, el derecho por sí solo ya es conservador a pesar de que se han avanzado en normativas más progresivas en materia de derechos humanos, sin embargo, la academia, y particularmente la de Honduras, tiene ese problema», explica Vijil.
Vijil calificó como preocupante que los posibles magistrados y magistradas no sean capaces de discutir a alto nivel lo que está ocurriendo realmente, «porque hay otras estructuras en estos conflictos, como los grupos criminales, el narcotráfico, y la deuda histórica del Poder Judicial en relación a los asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el territorio», manifestó la investigadora.
Para la abogada Brenda Mejía, quien pertenece a la Colectiva de Abogados por los Derechos Humanos, el proceso de selección de candidatos a la nueva Corte que se llevó a cabo por la Junta Nominadora ha sido un mejor trabajo comparado con los procesos anteriores.
La abogada Brenda Mejía cuestionó a la expresidenta del Colegio de Abogados, Anny Belinda Ochoa, quien quedó en el puesto número 8 entre las 23 candidatas. De las 11 tachas y denuncias presentadas en su contra, Ochoa salió avante de todas después de que la Junta resolvió declararlas sin lugar, algo de carácter de análisis, según la abogada Brenda Mejía.
«Sabemos que (Anny Belinda Ochoa) es del Partido Nacional (PN), y que fue presidenta del colegio de abogados por el PN por el frente Patria y Justicia que pertenece a este partido. Incluso, en su Facebook usted puede ver que agradece a sus amigos (por su triunfo) y ahí tiene una foto de Ebal Díaz, quien fue a votar por ella. Entonces es muy claro que ella es nacionalista y que parece ser una ungida del partido», manifestó la abogada Mejía.
Además, la profesional del derecho mencionó que, aunque 2 de las 11 tachas que estaban en su contra inicialmente fueron inadmitidas, continuaba siendo la postulante con más tachas y denuncias en su contra con 9, las cuales logró desvirtuar y continuar en el proceso de elección.
Entre las denuncias en contra de Ochoa estuvieron: Omitir investigaciones en contra de funcionarios judiciales, dejar impunes actos de responsabilidad administrativa de jueces allegados a la presidencial de la CSJ y el Partido Nacional, dictar un fallo a favor de una adopción en favor de una familia de alta posición política y económica, y se negó, mientras era Inspectora General de Tribunales en 2018, a realizar investigaciones mandadas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) en contra de tres magistrados que dictaron sobreseimiento a los 22 imputados en el Caso Pandora.
Brenda Mejía consideró que la Junta Nominadora estuvo conformada por personas de distintos sectores que demostraron ser transparentes sin embargo, consideró que hubo algunos que recibieron algún tipo de presión.
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Victor Fernández expresó en un podcast de Contracorriente que, aunque en la Junta Nominadora hubo personas con un discurso y cercanía con el reclamo histórico de la sociedad hondureña para que se adecenten la justicia en Honduras, siempre existieron presiones por parte de distintos sectores del país.
«Yo tengo entendido que han habido muchas presiones para desestimar tachas y denuncias, y tambien he entendido que a la Junta Nominadora le ha llegado ya el listado de gente que los partidos (políticos) y los actores económicos quieren como futuros magistrados, y que, mínimamente, hay presiones para que no descarten a la gente que ya tienen en sus listas, al menos las tres fuerzas político partidarias que se están disputando o que van a negociar la elección (de la nueva Corte Suprema de Justicia)», dijo Fernández a Contracorriente el pasado viernes 13 de enero.
Recomendamos escuchar: ¿Gol por la justicia o por la impunidad? un podcast de Contracorriente.
En relación a las presiones que podría haber recibido la Junta Nominadora, Josué Padilla, representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro vocero de la Junta Nominadora, aseguró a Contracorriente que él no recibió ninguna instrucción , ni siquiera del actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta.
«A mí el presidente Rolando Argueta nunca me ha pedido ningún de instrucción o dirección, no me ha pedido por ningún candidato y no me ha preguntado por ninguna decisión, simplemente me ha pedido que cuide el nombre del Poder Judicial y con el resto de magistrados lo mismo», argumentó Padilla, refiriéndose a los seis magistrados actuales que buscaban ser reelectos en el proceso actual, pero que fueron descartados.
Padilla también mencionó que los reclamos de postulantes que han quedado fuera del proceso por tachas o denuncias que han sido declarados con lugar no representa una presión para la Junta Nominadora, sino más bien, un derecho que tienen los postulantes como todo ciudadano.
#ActualidadCC | La postulante a la CSJ, Miriam Barahona, quien ha quedado fuera del proceso, presentó ante la @JNominadoraHN un recurso de reposición por dos denuncias en su contra que fueron declaradas con lugar. FotoCC | Archivo pic.twitter.com/hGmJymdWQD
— Contracorriente (@ContraC_HN) January 20, 2023
Respecto a los señalamientos que han existido de unos postulantes a otros, Brenda Mejía resaltó el que realizó el postulante Raúl Pineda, abogado constitucionalista. Pineda denunció que Wendy Carolina Escobar, -quien también quedó fuera del proceso de elección de la CSJ- era esposa del abogado defensor de Magdaleno Meza, quien fue acusado de narcotráfico y asesinado en «El Pozo» cárcel de máxima seguridad en octubre de 2019.
Según una publicación del medio digital noticias 24/7, Pineda aseguró que esto debió ser desde un inicio motivo suficiente de descalificación, sobre todo porque en la fase de tachas y denuncias ninguna fue presentada en contra de la postulante.
Otro de los expostulantes que quedó inconforme con su descalificación en el proceso fue Fredis Cerrato, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), quien dijo a Contracorriente que, en la resolución declarada con lugar en su contra, existió una postura dividida y fue una decisión tomada con «tendencia política y gremial».
«Al final lo que me fui a meter en las manos de la gente con la que habíamos tenido diferencia en la lucha gremial», sostuvo Cerrato.
La resolución en contra de Cerrato y declarada con lugar por parte de la Junta Nominadora detalla que Cerrato refrendó y aprobó en Consejo de Ministros, mientras era Secretario en los despachos de Industria y Comercio, los decretos para realizar una consulta popular (más conocida como Cuarta Urna) en el 2009, periodo en el cual Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial, fungía como presidente de la República, mientras el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativa ya había ordenado la suspensión de la misma.
Las decisiones de Fredis Cerrato también podrían estar motivadas desde otros espacios. La abogada Brenda Mejía señaló que, entre una de las expectativas de la ciudadanía estaba tener al expresidente del Colegio de Abogados como presidente de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo del actual asesor presidencial y expresidente, Manuel Zelaya Rosales.
«Con Fredi Cerrato se decía mucho que era el ungido de Mel, eso era lo que escuchábamos y que incluso lo querían como el presidente de la Corte, eso era lo que andaba en el aire», señaló Mejía.
Según la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema De Justicia (CSJ) aprobada en julio de 2022,luego de la etapa de entrevistas, la Junta Nominadora pasa a evaluar a los postulantes según los criterios establecidos en una matriz de evaluación, y, finalmente, entregar la lista con las y los mejores candidatos al Congreso Nacional.
