A casi un año de la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Honduras está todavía lejos de ser libre de las ZEDE. Tres empresas operan aún bajo este régimen especial en el territorio nacional; una de ellas, Próspera en Roatán, ha advertido que si el Gobierno actual no negocia «de buena fe» demandarán al Estado por hasta 10,775 millones de dólares por daños y perjuicios. Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión con el fin de proteger las inversiones de sus ciudadanos en estas jurisdicciones que siguen funcionando sin el marco legal que les dio vigencia y beneficios fiscales.
Texto: Célia Pousset y Danielle Mackey
Fotografías: Fernando Destephen
En el edificio Beta de la ZEDE Próspera corren los lagartos, mientras, a la par, trabajan en computadoras un puñado de personas sentadas en una mesa común con vista hacia el mar Caribe. La primera oficina de esa ZEDE que brotó en la isla de Roatán en 2020, es un conjunto arquitectónico de curvas suaves, totalmente hecho de madera y ventanales con un patio sembrado de árboles tropicales. En la recepción, un cartel cita a Augustín López Pacheco, un hondureño afectado de poliomielitis conocido porque dedicó 50 años de su vida intentando fabricar un helicóptero en su casa de Siguatepeque:El problema es que todo es increíble y la gente no lo acepta. «Esa es la historia de Próspera –dice Jorge Colindres, el secretario técnico, a modo de bienvenida– creamos algo grande y la gente no lo quiere».
Jorge Colindres es el equivalente del «alcalde» de Próspera. Cumple con funciones gubernamentales, tales como manejar los procesos de inversión y los permisos de construcción, realizar auditorías, implementar servicios médicos, cobrar impuestos. Nos ofrece una vuelta por una pequeña parte de la ZEDE que, en su totalidad, abarca 1,000 acres repartidos entre Roatán (600 acres) y Puerto Satuyé en La Ceiba (400 acres). Antes de arrancar el tour, estrecha la mano a un residente que aparece en el umbral del edificio Beta, vestido con una camisa, un short y sandalias. «Les quiero presentar a Sean –dice Colindres– es un inversionista estadounidense. Actualmente vive aquí». El hombre, de aproximadamente treinta años, explica en inglés que su empresa asume servicios de diferentes bancos alrededor del mundo y cobra una comisión por cada transacción. Antes vivía en África, pero dice que los «beneficios fiscales de Próspera y la calidad de vida en la isla» le hicieron cambiar su rumbo.
Ni Sean ni Jorge Colindres muestran la menor preocupación cuando les mencionamos la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, en abril de 2022, y la obligación estatal de adherirse a otro régimen especial ya existente en el país.
A principios de mayo, el comisionado presidencial para la derogación de las ZEDE, Fernando García, expresó a Contracorriente la voluntad del Gobierno respecto a las tres ZEDE públicamente establecidas en el país: Ciudad Morazán, Orquídea y Próspera. «A pesar de que ellos han irrespetado el Estado de derecho en Honduras –dijo García–, nosotros no actuaremos de la misma manera, somos superiores como Estado, como soberano, y como Gobierno, y vamos a darles la posibilidad de que se establezcan conforme a esos regímenes jurídicos ya existentes en el país».
En Honduras existen diferentes regímenes especiales que otorgan beneficios fiscales justificados para impulsar la creación de empleos y la inversión extranjera, por ejemplo, las Zonas Libres (ZOLI), las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), el Régimen de Importación Temporal (RIT), o la Zona Libre Turística (Zolitur) en Roatán, pero ninguno es una opción para el secretario técnico de Próspera.
«Yo sigo operando como antes –afirma Colindres–. Hay un tratado internacional que dice que la ZEDE puede seguir por 50 años, ¿cómo vamos a desconocer los derechos adquiridos? Lo que quiero es continuar atrayendo inversión al país y generar empleo, habilitando un ecosistema competitivo para hacer negocios. Creo que somos el lugar más competitivo de todo el país y de Centroamérica».
El 16 de septiembre de 2022, los inversionistas de Próspera —a través de un bufete de abogados estadounidense llamado White and Case LLP— mandaron una carta al Gobierno dejando clara la intención de someter reclamaciones a arbitraje internacional si «negociaciones de buena fe no se llevan a cabo en un plazo de 90 días». El 16 de diciembre vence ese plazo.
«Vamos a ver qué anuncian y si se van a arbitraje o no. Se pueden echar para atrás porque pueden darse cuenta de que tienen a toda la población de Honduras y al Gobierno monolíticamente en contra», dijo Fernando García en una entrevista reciente brindada a este medio.
El monto de inversión por el que Próspera reclama es de 10,775 millones de dólares, según García ese monto se basa en proyecciones para los próximos 50 años.
Un diálogo de sordos
Lo que podría ocurrir si los inversionistas de Próspera deciden reclamar al Estado, es que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, tendrá que fallar a favor de una de las dos partes. El CIADI no es una corte, sino que es un centro de arbitraje privado en que las corporaciones pueden demandar a los gobiernos si creen que han actuado en contra de sus ganancias presentes o futuras, aun si sea por decisiones democráticas de los gobiernos o las cortes nacionales, incluso si sea por políticas públicas orientadas al bienestar público.
Fernando García estimó que los fallos de ese órgano han ido cambiando de tendencia al dejar de dar sistemáticamente razón a los inversionistas, por lo tanto muestra confianza en la posibilidad de que Honduras salga ganando. «Ahora se dan cuenta de que esas sentencias afectan mucho los derechos humanos y los derechos ambientales», dijo.
A pesar de la seguridad que muestra García, según expertos, alrededor del 60 % de estos casos son ganados por las empresas.
Si se avecina peligrosamente la posibilidad de un arbitraje internacional es, en parte, porque la comunicación entre el Grupo Próspera y el Gobierno de Honduras fue escasa. Cada parte alude que la otra no quiere dialogar.
A la carta del 16 de septiembre la precedieron tres cartas del bufete de abogados de Próspera al Gobierno. Todas pedían que el Gobierno confirme que «en vista de los diversos compromisos de estabilidad jurídica, el marco legal de ZEDE sigue en pleno efecto respecto de Próspera». Según Colindres, ninguna de esas cartas han sido respondidas. Dice que recientemente, el 23 de noviembre, Próspera propuso al Gobierno instituir un proceso de mediación bajo las reglas del CIADI —una petición que tampoco fue contestada.
«El 9 de marzo, yo conversé con ellos –dice el comisionado García–, les propuse que nos presentaran todas las reformas que consideran necesarias a las leyes de los regímenes especiales, y que informaran sobre los eventuales casos de corrupción que hubieran habido en el pasado. Fijamos un plazo hasta el 30 de marzo, pero nunca presentaron nada. No he vuelto a tener contacto con ellos. ¿Qué más apertura les podría haber demostrado al declarar que esperaba sus propuestas de reformas?».
García añadió también que «después de la derogación, ellos mandaron cartas dirigidas a la Presidenta, lo cual es incorrecto porque no son pares inter pares, pero como ellos consideran que son un Estado autónomo, creen que se pueden dirigir a la Presidenta, posteriormente cambiaron y se dirigieron al ministro de Desarrollo Económico».
La Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo del empresario Pedro Barquero, es la que tiene que tratar con los inversionistas, por ser la institución designada para la aplicación del tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica ( CAFTA-DR) al que se apegan los inversionistas para defender sus intereses.
Contracorriente intentó comunicarse con el ministro Barquero, pero no obtuvo respuestas.
Pedro Barquero fue quien anunció el jueves 3 de noviembre, en comparecencia pública en el Congreso Nacional, que Próspera preparaba una demanda por daños y perjuicios. «Próspera es el caso más extremo porque era una ZEDE con todas las características, era un Estado sobre otro Estado, con su propio estamento legal, ciudadanía, impuestos. Tiene la operatividad de captar inversionistas a su propio Estado, eso es complicado aceptarlo porque es una violación a la soberanía», dijo Barquero ese día.
Próspera: el modelo más acabado de las ZEDE
En Roatán, a unos trescientos metros del edificio Beta, se está construyendo una torre. La primera de las cuatro torres que Próspera planea edificar llevará 14 pisos. «Ya se está terminando de fundir el nivel 13», advierte Erick Pitsikalis, CEO de Dionysius y de Apolo Group, empresas desarrolladoras de las torres DUNA. «Es el proyecto más alto de Roatán –afirma orgullosamente Pitsikalis–. Aquí estamos generando cientos y cientos de trabajos, muestra que una empresa hondureña dentro de esta jurisdicción tiene más oportunidades de desarrollarse».
En el primer trimestre de 2022, al mismo tiempo que se derogaba la Ley Orgánica de las ZEDE, se iniciaba con la cimentación de esta torre que acogerá apartamentos, oficinas, comercios, restaurantes, piscina, gimnasio… «A lo largo de los años la isla ha vivido del turismo, sin embargo, está creciendo mucho en servicios de todo tipo, hay mucho turismo médico que se está generando, muchas necesidades de oficinas; esta residencia viene a atacar principalmente la necesidad de un producto de primer mundo a costos accesibles», comenta el desarrollador del proyecto, quien dice que una renta costará entre 400 y 800 dólares mensuales, y que ya se está estableciendo una lista de espera para la segunda torre.
Erick Pitsikakis afirma que 400 personas trabajan para la construcción de la torre: «Todos somos hondureños y la mayoría isleños», y que operan bajo los estándares de construcción de más alto nivel, avalados por un ingeniero ambiental. Pedimos ver el estudio que realizó el ingeniero, pero hasta ahora no hemos recibido este documento. «El permiso de construcción fue dado por la jurisdicción de Próspera», aclara Pitsikalis.
En Próspera todos los terrenos son privados. Jorge Colindres manifiesta que son más de ocho dueños diferentes de los 1,000 acres de la ZEDE. Hay que diferenciar Próspera Inc, la empresa, de Próspera la ZEDE. «La ZEDE como tal es una unidad gubernamental, es una subdivisión político-territorial del Estado de Honduras», dice Colindres, afirmando que esta todavía existe, pues, según él, «la derogación no afecta la vigencia de la ley».
Según las cartas que el Grupo Próspera ha mandado, son tres empresas distintas que conforman el Grupo: Honduras Próspera, LLC, y sus dos subsidiarias afiliadas, St. John’s Bay Development Company, LLC y Próspera Arbitration Center. Los documentos públicos sobre esas empresas muestran un grupo de personas y entidades de varios países.
El 28 de agosto de 2017, se formó en Delaware una empresa LLC llamada Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras. Dos años más tarde, el 17 de julio de 2019, se cambió de nombre a Honduras Próspera, LLC, según un documento del estado de Delaware que lleva la firma del abogado de la empresa, Nicholas C. Dranias, un exlitigante de la fiscalía general del estado de Arizona. El 1 de diciembre de 2020, Erick A. Brimen, un profesional en banca de inversiones y finanzas que está identificado como el CEO de la empresa, registró un cambio de clasificación en la cual la empresa deja de ser una LLC y se convierte en «Honduras Próspera, Inc.»
Aunque esté registrado en Delaware, según los documentos fiscales a partir del año 2020, su lugar principal de operaciones está en Washington, D. C. Además del abogado Dranias y el CEO Brimen, están los directores Rodrigo Quercia, un brasileño que ha trabajado en banca de inversiones en Hong Kong y Brasil; Joel Bomgar, un empresario y congresista de la legislatura estatal de Mississippi; Gabriel Delgado Ayau, un emprendedor de tecnología y criptomonedas centroamericano; y Thomas Murcott, quien fue un ejecutivo en una empresa de bienes raíces que está desarrollando una ciudad privada en Corea del Sur. Todos aparecen en la página web de Próspera como parte del equipo ejecutivo.
El 10 de junio de 2019, el abogado Dranias incorporó en Delaware otra empresa llamada Prospera Land SPV 1 LLC, la cual cambió de nombre el 2 de julio de 2021, a St. John’s Bay Development Company, LLC. Es una subsidiaria de Honduras Próspera, y también hay indicios que St. John’s Bay aparece en documentos públicos como deudora en una transacción que involucra a Honduras Próspera, como el acreedor garantizado.
Unos meses después de la formación de St. John’s Bay, en noviembre de 2019, se estableció en el estado de Texas otra subsidiaria que se llama Próspera Arbitration Center, LLC. Su dirección laboral es la misma en Washington, D. C que Honduras Próspera, Inc. En los documentos fiscales, aparece como CEO Humberto N. Macias, y, como directores, el abogado Dranias y John Gemmill.
Según el sitio web de Próspera Arbitration Center, la empresa tiene un equipo amplio de abogados y exjueces, la mayoría con larga trayectoria de trabajo en Arizona. Además de Dranias y Gemmill, quien fue un juez en Arizona, está John Pelander, un exjuez de la Corte Suprema de Arizona, y Kenneth Mangum, exjuez de una corte estatal de Arizona. Cinco más aparecen como árbitros, uno de ellos que es experto en el derecho constitucional estadounidense, dos que son abogados australianos, una que es consultora en relaciones públicas y políticas, y otro que es un abogado chileno-alemán. Hay un abogado más, nombrado como «oficial de arbitraje», quien es hondureño, Ricardo A. González. El sitio nombra «alianzas institucionales» que incluyen al Gobierno de Honduras, el CAMP, la ZEDE Próspera, y algo que se llama el Próspera General Service Provider.
Una cuarta empresa relacionada con la ZEDE se llama Circular Factory, Inc. Ha sido cubierta por la prensa hondureña como una fábrica de alta carpintería que espera instalarse en Roatán como parte de la ZEDE Próspera. La corporación nació el 19 de septiembre de 2021, cuando una persona con domicilio en Santa Mónica, California, la incorporó en Delaware. Según los documentos de hacienda del estado de Delaware en 2020 y 2021, el lugar principal de operar de la empresa es, sin embargo, Londres, Reino Unido. Hay indicios que dicha empresa también aparece en documentos públicos como deudora en una transacción que involucra a Honduras Próspera, Inc. como el acreedor garantizado.
El investigador Jose Palma Herrera, quien produjo un estudio llamado El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI : las zonas de empleo y desarrollo económico, la versión de las ciudades chárter rechazada por su creador Paul Romer, sostiene que entre todas las ZEDE, Próspera es la más acabada, y por lo tanto la más «maquiavélica».
«Si uno mira los diferentes proyectos de ZEDE, Orquídea aprovecha el recurso tierra, y Ciudad Morazán es un complejo industrial. Próspera es diferente. Próspera es la ejemplificación de lo que las ZEDE querían ser», afirmó Palma Herrera.
«La particularidad de la ZEDE es que no es un enclave de un solo uso, como lo son las mineras, sino que son enclaves multiusos. Cualquier tipo de concesión que exista —centros financieros, centros logísticos, ciudades autónomas, distritos especiales de inversión, zonas económicas especiales…— fue colocado dentro de la figura legal de la ZEDE según la Ley Orgánica. No es una zona libre de comercio, no es una zona especial de desarrollo, no es una concesión de territorio para explotación, la ZEDE abarca todo. Ahí vemos lo maquiavélico de este tipo de enclave», explicó el investigador.
De hecho, Próspera tiene diferentes ramas de actividades y planea invertir en un centro financiero internacional, en manufactura ligera, proyectos de energía avanzados, y turismo médico como parte de un plan de inversión de 500 millones de dólares hasta el 2025.
A Jose Luis Palma Herrera le preocupa la gestión del territorio en el caso de Próspera: «Para esos módulos que están construyendo, Próspera vende pedazos del territorio hondureño, es una fragmentación que nos hace reflexionar: ¿Se trata de una venta o de un préstamo? No sabemos mucho».
Lo que sí sabemos es que el crecimiento de la ZEDE se efectúa a través de un proceso de«incorporación territorial», según el secretario técnico, que consiste en comprar terrenos con el consentimiento del dueño en una escritura pública.
Próspera surgió a los ojos de la ciudadanía durante la pandemia por COVID-19, pero el proyecto ya estaba pensado cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica en 2013, bajo el Gobierno de Profirio Lobo Sosa. Desde ese año, se sujetaron terrenos de baja densidad poblacional al régimen ZEDE y, en diciembre de 2017, se incorporó la primera parcela de tierra al Registro Especial de Propiedades de las ZEDE, bajo en nombre de ZEDE village of North Bay. Asimismo, el CAMP emitió un certificado de inscripción en 2017, pero ese documento no ha sido publicado.
En marzo de 2021, Tristan Monterroso, el entonces secretario técnico de la ZEDE Próspera emitió una resolución donde autorizó a la Fundación Próspera a servir como vehículo público-privado de banca terrestre.
El documento estipula: «Se autoriza a la Próspera Foundation SA a adquirir, consolidar, poseer y transmitir la titularidad de terrenos fuera de la jurisdicción de Próspera ZEDE mediante operaciones contractuales voluntarias con el fin de incorporar dichos terrenos a Próspera ZEDE en asociación en coordinación con promotores públicos o privados o residentes de Próspera ZEDE.»
La vigilancia queda intacta en Crawfish Rock
Esa posibilidad de extensión explica en parte el miedo de la comunidad vecina de Próspera, Crawfish Rock, donde viven más de 500 habitantes, la mayoría negros de habla inglesa.
Es domingo por la mañana. Se escuchan voces al interior de las tres iglesias evangélicas de la comunidad, dos de ellas en inglés y una en español. El pueblo es casi desierto, y los que atraviesan la plaza principal visten ropa elegante y se dirigen hacia un templo, ya un poco atrasados para la reunión religiosa. Una mujer viene a saludar, con recelo, preguntando a quién buscamos. Se llama Luisa, es la Presidenta del Patronato de Crawfish y ella también va a la iglesia. Nos pide volver en la tarde y se disculpa por la frialdad: «Nosotros no confíamos a primera vista, los de Próspera pueden enviar a personas para recolectar información. Seguimos en contra de ellos».
Por la tarde, Luisa nos lleva hacia la orilla del mar y cuenta que «en su masterplan estaba diseñado que, en nuestra playa, iban a construir un puerto y más atrás un aeropuerto. ¿Ya entienden por qué defendemos lo que tenemos? Si no reaccionamos, nos va a pasar lo mismo que a los hermanos garífunas. Con una ciudad de esa clase a la par, ¿usted cree que van a dejar a Crawfish Rock, una pobre comunidad, en medio de ellos? Jamás. Aunque ellos digan que no es su plan desalojarnos, nosotros sabemos que la comunidad está en peligro. Vamos a salir afectados. Sin dinero aquí no somos nada».
Luisa revela que en la comunidad pocos son los que trabajan para Próspera, pero que sí hay algunos. Entre ellos, su hermana que cultiva vegetales de la huerta de Próspera y los vende afuera. «Yo le digo a mi hermana : “Usted está siendo esclavizada. No es un trabajo digno”. Gana 7,000 lempiras al mes (unos 350 dólares), y tiene que pagar los rastrillos y demás instrumentos. Ni es el salario mínimo –recalca Luisa, antes de lamentar–: los que trabajan para Próspera están viendo el dinero, y no el futuro de la comunidad. Por un billete, pueden dar la espalda a sus raíces».
Jorge Colindres afirmó que, en Próspera, pagan 37.5 % más alto que el salario mínimo: «La tabla de 2021 dice que para el sector de la agricultura, el salario más bajo es de 7,500 y el más alto es 14,000, entonces el empleador tiene que ver esos datos y sumarle el 37.5 %».
Luisa evoca también que, como presidenta del Patronato, debe luchar contra el poder del dinero y la persuasión de Próspera, y tratar de mantener a la comunidad unida.
«Hace un par de semanas, algunos empleados de Próspera fueron a manifestarse a favor de la ZEDE. Lo que no se sabe es que los de Próspera los invitaron a una reunión con pizzas para hablar sobre el transporte de los niños. Cuando llegaron allá, les dieron pancartas y les hicieron protestar. Llamaron a los medios. Es la estrategia que utilizan con la gente pobre de la comunidad», explicó.
Venessa, la vicepresidenta del Patronato elegido por la Comunidad de Crawfish, añadió que «la falta de transparencia de Próspera siempre ha sido una de mis grandes inquietudes; nunca han sido transparentes con la comunidad. Nunca hemos sido consultados. Nunca explicaron qué era la ZEDE. Según nosotros era un hotel más. Es preocupante que todo sea hecho en secreto. Próspera puede expandirse a cualquier lado. Si ellos no hubieran tomado la decisión de seguir con su ZEDE a cualquier costo, tal vez un diálogo hubiera sido posible. Pero, quieren quedarse como ZEDE, a nosotros no nos conviene como comunidad ni como hondureños».
Cuando preguntamos por el conflicto con Crawfish, el secretario técnico de Próspera negó que hubiera uno: «No hemos afectado a nadie y, si alguien se siente afectado, pues lo invitaremos a que presente evidencia ante un foro competente. Con la comunidad no hemos tenido problemas de tierras. Yo voy a Crawfish Rock y me compro mi coca (refresco) , tranquilo, no se siente el ambiente tenso. No es que estamos en un tema intensivo en minería o algo por el estilo que pudiera causar un un choque a los vecinos».
Aunque no se trate de minería, Luisa sí se preocupa por la edificación de la torre DUNA: «Queremos que el Gobierno mande una comisión ambiental a estudiar porque se nota la destrucción forestal de la zona».
Sin embargo, Erick Pitsikalis, asegura que construir de manera vertical era más amigable con el medioambiente y preservaba el bosque.Incluso asegura que le han puesto DUNA a esta torre porque significa «agua» en garífuna.
Puede extrañar la elección de ese nombre garífuna por parte de un grupo empresarial cuyo equipo ejecutivo no cuenta con una sola persona negra. El investigador Jose Luis Palma Herrera plantea ese problema de la inclusión: «¿Qué pasa con las comunidades? ¿Serán absorbidas o serán parte? Ellos mencionan mucho que van a fomentar empleo, pero ¿qué papel van a jugar los habitantes de Roatán? ¿Van a trabajar como vigilantes y aseadoras?».
Cuando preguntamos a Jorge Colindres acerca del riesgo de gentrificación de la zona a causa de Próspera, no supo contestar porque desconocía esta palabra.
La gentrificación es la rehabilitación urbanística y social de una zona que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos por otros de un nivel social y económico más alto.
En su idea de la Ciudad Modelo, Paul Romer defendía la idea del know-how, que los hondureños saquen provecho del conocimiento para ayudar a desarrollar el país. Pero, hasta ahora, lo que se da es que los habitantes de la isla trabajan en la construcción, la vigilancia y la huerta. No son ellos los que pueden compartir la mesa común del edificio Beta al lado de inversionistas extranjeros.
Batalla legal e ideológica
Cuando Próspera hace mención de la «estabilidad jurídica» que le permite mantenerse como una ZEDE, se habla mucho de los «50 años» de garantías legales. ¿De dónde sale este dato? De un tratado internacional que fue firmado entre Honduras y el Estado de Kuwait ( publicado en La Gaceta en abril de 2014), y que versa sobre la «promoción y protección recíproca de inversiones». En ese acuerdo, se menciona que «en el caso de las inversiones realizadas bajo el régimen de ZEDE (…) todos los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones se mantendrán como garantía y deben ser garantizados las inversiones y los inversionistas del Estado de Kuwait por un plazo no menor de 50 años»
¿Por qué aplica a otras inversiones procedentes de otros países? Según Próspera, es por el principio de «Nación Más Favorecida» inscrito en el artículo 32 de La Ley Orgánica de las ZEDE y el artículo 10.4 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA-RD.
El artículo 32 de la extinta ley ZEDE mencionaba: «Las partes naturales y jurídicas que operen dentro de las ZEDE recibirán trato en base al principio de Nación Más Favorecida, para lo cual obtendrán la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido a las demás partes en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras».
«Básicamente, dado que Honduras otorgó ese tratamiento a las inversiones nacionales de Kuwait, la misma garantía de estabilidad jurídica se vuelve aplicable y exigible para los inversionistas de países miembros del CAFTA (es decir Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos) e incluso a inversionistas de cualquier nacionalidad», afirma Jorge Colindres.
Este argumento está mencionado en las cartas enviadas por Próspera al Gobierno, las cuales añaden además otros factores de estabilidad jurídica del régimen: el hecho de que Honduras firmó en 2004 el tratado de libre comercio CAFTA y debe proteger a los inversionistas estadounidenses, y que, en 2021, el secretario técnico de la jurisdicción Próspera firmó un Acuerdo de Estabilidad Jurídica con Próspera, la empresa, para asegurar hasta el año 2064 las garantías legales de la ZEDE.
«No puede haber estabilidad jurídica si desde el principio la normativa era nula de origen por violentar la Constitución», sostiene Fernando García, el comisionado presidencial para la derogación de las ZEDE.
García explica que la normativa de las ZEDE violentaba los preceptos del artículo 374 de la Constitución que indica: «No podrán reformarse en ningún caso los artículos constitucionales que se refieren a la forma del gobierno, al territorio nacional (…)».
Afirma que los artículos relacionados a la soberanía nacional son intocables, lo que se llama artículos pétreos : «Reformar estos artículos es posible solamente por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, de un plebiscito o de un referendo. Ninguna de las tres cosas se dio, entonces la nulidad de origen de esa normativa es clara, y cualquier asesor jurídico de las empresas les habría advertido que no deberían de invertir».
Gustavo Solórzano, el gerente de asesoría legal en Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) —una institución que ha publicado un informe sobre la falta de garantías legales tanto para los inversionistas de las ZEDE como para el Estado en caso de arbitraje internacional—, dijo a este medio que «está bien que el Congreso haya derogado la Ley, impide que otras ZEDE nazcan, pero el Ejecutivo tuvo que haber declarado la nulidad de las ZEDE ya existentes, y darles una opción a los inversionistas. Hoy nos encontramos con un problema porque todo está amarrado con tratados internacionales, como el CAFTA y el tratado con la república de Kuwait. El Gobierno sigue manifestando la inconstitucionalidad de las ZEDE sin que haya una sentencia judicial. Mientras no exista una sentencia que declare inconstitucionales las ZEDE, esas inversiones tienen cierto nivel de seguridad jurídica».
El abogado del Cohep insiste en la necesidad de interponer una nueva acción de inconstitucionalidad, porque hasta ahora existe una «presunción de constitucionalidad».
La Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 26 de mayo de 2014, declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE. Como contexto, cabe mencionar que el primer proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) fue declarado inconstitucional, pero que, dos meses después de ese fallo, cuatro jueces fueron destituidos y la nueva CSJ votó a favor del proyecto reformado. Esta maniobra, conocida en Honduras como un golpe técnico al Poder Judicial, estuvo al mando de Juan Orlando Hernández, expresidente quien fue extraditado a los Estados Unidos y ahora enfrenta un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico.
«El argumento popular de que se ha lesionado la soberanía no es suficiente, es un argumento político y no jurídico. El punto más débil para fallar contra las ZEDE es el CAMP.LaConstitución estipula que sólo el Congreso Nacional puede autorizar la creación de una nueva jurisdicción y nunca se hizo de esta manera porque la Ley Orgánica dejó establecido en uno de sus artículos que, en el caso de municipios de departamentos con acceso al mar se les consideraba como de baja incidencia poblacional y, por lo tanto, no hacía falta el visto bueno del Congreso. Fue entonces el CAMP —conformado por algunos hondureños y muchos extranjeros— el que daba la autorización de creación de las ZEDE. Estas personas no tenían la calidad de funcionarios públicos. ¿Cómo es posible que una persona que no es funcionario público pueda otorgar concesiones estatales?», planteó Solórzano.
El abogado concluyó diciendo que la mejor opción es la de la conciliación, porque en caso de arbitraje internacional, habrá demasiados riesgos tanto para el Estado de Honduras —que puede perder y enfrentar una demanda que representa casi el 40 % de su PIB— como para los inversionistas.
Para Fernando García, los inversionistas sabían muy bien lo que hacían y querían aprovecharse de lo mejor de las normativas hondureñas y de las ZEDE: «Nadie les ha aprobado las inversiones, ellos pueden alegar que no tenían que someterse porque gozaban de la extraterritorialidad, es verdad, sin embargo, al mismo tiempo querían que se les aplicará la ley nacional de impuestos sobre ventas para que se les exonera de pagar impuestos».
Señaló también que la discusión es más difícil con Próspera que con las otras ZEDE por la corriente ideológica que sustenta la ZEDE, un libertarismo importado de Estados Unidos que García califica de «anarco-capitalismo».
De hecho, Próspera es una adaptación de zonas económicas especiales de China y de la Región Administrativa de Hong-Kong en donde existen un sistema de derecho anglosajón, un reloj financiero propio, políticas de libre comercio y cortes especializadas.
El abogado Oscar Hendrix, activista contra las ZEDE, considera que la batalla que libran Próspera y el Gobierno es ante todo política: «Ciudad Morazán y Orquídea no son proyectos tan ideológicos como lo es Próspera que desarrolla una filosofía libertaria. Parte del rescate del Estado de Derecho, es asumir que ese proyecto desmiembra la cohesión social. Ellos creen que vienen a hacer el bien, pero irrumpen en el tejido social y la gobernabilidad».
Un mecanismo legal controversial
La razón por la que el estado hondureño está sujeto a un sistema privado de arbitraje internacional es por un mecanismo controversial y relativamente reciente que está consagrado en muchos tratados de libre comercio. Dicho mecanismo se llama la Solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS por su nombre en inglés, Investor-State Dispute Settlement), y consiste en la estipulación que, en caso de que una corporación crea que un gobierno ha afectado a sus ganancias presentes o hipotéticas del futuro, puede demandar al Estado frente a un tribunal especializado. Los árbitros son abogados privados que reciben un pago por cada caso que deciden, en vez de ser jueces asalariados, y la mayoría de los casos son ganados por las corporaciones, según analistas. En estos tribunales, los gobiernos no pueden demandar a las empresas, y los casos solamente giran en torno a las ganancias de la empresa, sin considerar otros factores como la corrupción, la protección y violación a los derechos humanos y al medioambiente, y la democracia y la soberania nacional.
El mecanismo de ISDS es fruto de un proceso que arrancó a mediados del siglo pasado, según la obra de Nicolás Perrone, un especialista en derecho económico en la Universidad de Valparaíso, Chile. Un grupo de inversionistas, abogados y empresarios de Europa y los EE. UU. estuvo preocupado tras lo que consideraron una creciente práctica de intervención de los gobiernos del sur global en sus propias economías, y la nacionalización de unas industrias en Irán, Indonesia y Egipto —algo que ya habían hecho muchos países europeos después de la segunda guerra mundial.
Ahora ISDS se sigue defendiendo como una protección necesaria para garantizar cierta estabilidad al inversionista extranjero a la hora de invertir en, por ejemplo, un país que frecuentemente experimenta turbulencia política y económica, aunque los países ricos como los EE. UU. también son sujetos al mecanismo y se han enfrentado con arbitrajes.
Hoy en día, ISDS se encuentra en cientos de acuerdos bilaterales y multilaterales que fueron en su mayoría firmados entre los finales de los años 80 y durante los años 90, según Jen Moore, una investigadora con el Instituto para los Estudios de Política (en inglés, the Institute for Policy Studies, o IPS), quien ha escrito varios informes sobre los impactos del sistema de arbitraje en Latinoamérica. «Es una herramienta política para que las corporaciones transnacionales en el norte global afirmen y mantengan su control sobre los recursos naturales y servicios del sur global», dijo en una entrevista con Contracorriente. «Se repite la dinámica colonial», resumió.
Ahora las corporaciones se aprovechan cada vez más del sistema de arbitraje. Antes del año 2000, hubo menos de 50 casos de este tipo, según la Universidad de Columbia, pero hoy se sabe de más de 1,000 casos que han pasado por los tribunales especializados, donde los gobiernos de más de 100 países se han defendido. (Como estos casos no son clasificados como información pública, no se sabe con certeza la cantidad completa de casos presentes y pasados, dice Moore).
Actualmente, en América Latina hay varios casos en moción. Por ejemplo, el estado mexicano se está defendiendo de una demanda por 2.36 mil millones de dólares en ganancias futuras perdidas de una mina de fosfato marino debajo del océano, cuya dueña es la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration. El caso entró bajo el tratado NAFTA, después de que el gobierno decidió que la empresa no cumplía con los estándares para recibir el permiso ambiental necesario para operar. En México hay un movimiento social fuerte en contra de la mina liderado por una cooperativa de pescadores locales que cree que perdería su forma de ganarse la vida por los disturbios y daños que causaría la mina.
En Colombia, cuando la Corte Constitucional colombiana falló a favor de la protección de una zona montañosa de páramos, puso fin al deseo de una empresa canadiense, Eco Oro, de explotar ahí una mina. Menos de un mes después, la empresa colocó una demanda frente al CIADI por 764 millones de dólares.
En un informe escrito por Moore y su colega de IPS, Manuel Pérez-Rocha, examinaron los 38 casos relacionados a la minería contra gobiernos latinoamericanos que comenzaron entre 1998 y 2019. En alrededor de la mitad de los casos, las empresas nunca habían comenzado a explotar su mina cuando demandaron al Estado. Detrás de muchos de los casos había también una protesta social fuerte en contra de la actividad de la empresa por razones de derechos humanos y ambientales. Pérez-Rocha también ha encontrado que el 69 % de los casos involucrando a la industria extractivista que comenzaron entre los años 1995 y 2021 son iniciados por empresas con domicilio en uno de cinco de los países más ricos del mundo: los EE. UU., Canadá, el Reino Unido, Holanda, y Australia.
Los investigadores revelan que hay varias maneras a través de las cuales ISDS ha desamparado a las poblaciones del sur global y favorecido a los intereses de la empresa privada. Una es el hecho que la demanda suele ser muy cara para los gobiernos, lo cual es aún más difícil de absorber si el demandado no es un país rico. Son alrededor de 40 % de casos en que, dice Moore, la corporación no gana, porque o se negocia antes del arbitraje y así se evita, o el gobierno gana —aun así, el proceso puede costar miles de dólares en defensa legal.
Así fue lo que le pasó al gobierno vecino de El Salvador, cuando una empresa minera canadiense demandó al Estado en 2009 por 301 millones de dólares cuando se le negó permisos para operar después de haber recibido el permiso para explorar por oro. A la vez, hubo un movimiento social fuerte y amplio en todo el país en contra de la minería, por los riesgos que suponía al río que es la fuente de agua principal del país. El caso también procedió en el tribunal CIADI, y es uno de los pocos en los cuales ganó el gobierno. Después de la victoria, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en declarar ilegal la minería metálica. Pero el arbitraje demoró 7 años, y la defensa le costó a El Salvador más de 10 millones de dólares. (Como parte de la decisión de los árbitros, la empresa tuvo que reembolsar a El Salvador $8 millones de dólares.) También fue costoso en términos de la vida humana: a lo largo de la lucha antiminera y el arbitraje, fueron asesinados en distintas circunstancias al menos tres ambientalistas.
Cuando pierden es peor. Por ejemplo, cuando Ecuador decidió cancelar su contrato con una empresa de petróleo, Occidental, la empresa lo demandó en CIADI por 1.77 mil millones de dólares. Perdió Ecuador. En 2014, también perdió Venezuela, cuando otra empresa de petróleo, Exxon, lo demandó por 1.6 mil millones de dólares después de que Venezuela nacionalizó los proyectos petroleros.
Los expertos además señalan que ISDS tiene una lógica fundamental que, comparándola con los sistemas públicos de derecho como las leyes nacionales e internacionales, parece hasta absurda. «Amplía la noción de los derechos de propiedad, donde los derechos de propiedad no son solo lo que uno ya posee, sino que uno tiene algún tipo de derecho de propiedad a las ganancias futuras anticipadas. Si una acción regulatoria o legislativa priva a una entidad privada lucrativa de sus ganancias futuras anticipadas, eso se trata como una incautación de propiedad por la cual el gobierno debe indemnizar a la empresa» dijo Basav Sen, investigador y colega de Moore en IPS. «Es un argumento extremadamente descabellado. Ni siquiera se aplica en los derechos de propiedad en los EE. UU.».
Dada la situación, algunos países han rechazado firmar cualquier tratado que estipule ISDS; como Brasil, cuya postura no ha afectado el flujo constante de inversión extranjera hacia el país, según un estudio sobre la inversión internacional de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, algunos líderes europeos han comenzado a denunciar el sistema.
La sombra de los Estados Unidos
A pesar de las dudas sobre ISDS —y de la certeza moral de los funcionarios de la administración de Xiomara Castro— el mecanismo sigue vigente a través de CAFTA, y por lo tanto el Gobierno hondureño está suscrito a ello. El Gobierno estadounidense ha subrayado esta realidad en sus declaraciones, incluido a este medio. «El Departamento está consciente de las inquietudes planteadas por la sociedad civil y por el Gobierno de Honduras sobre las ZEDE y también está consciente de las quejas de las empresas estadounidenses sobre la derogación de las ZEDE», dijo a Contracorriente un representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Pero la postura estadounidense va más allá. Analistas de las ZEDE han notado que la administración Biden parece estar dispuesta a alimentar la idea que, por hacerle caso a la voluntad popular hondureña, la administración Castro está poniendo en juego la reputación del país ante el mundo. En su informe anual más reciente sobre el clima para inversiones, el Departamento del Estado dijo: «Las ZEDE eran en general impopulares y algunos las consideraban un vector de corrupción, pero su eliminación generó preocupaciones en la comunidad empresarial sobre el compromiso del gobierno con la estabilidad comercial y el estado de derecho».
Paradójicamente, cuando la presidenta Castro se ganó las elecciones, el Secretario de Estado de la administración Biden, Antony Blinken, mandó un comunicado de felicitación enfatizando que su gobierno estaba dispuesto a colaborar a favor de las instituciones democráticas y el desarrollo económico, y en contra de la corrupción —exactamente las tres áreas donde las ZEDE han despertado más críticas.
Un detalle importante de recalcar es que muy temprano en la vida de las ZEDE, en septiembre de 2012, el economista de quien nació la idea de construir las ciudades modelos en Honduras, Paul Romer, públicamente se separó del proyecto, por falta de transparencia e indicios de corrupción, lo cual sirvió como una alerta roja muy visible.
Adicionalmente, tres meses más tarde, en diciembre de 2012, la reforma constitucional necesaria para permitir las ZEDE se logró solamente gracias a un acto de corrupción: el golpe a la Corte Suprema. Y a través de la última década, se ha visto claramente en la cobertura mediática la consternación y el rechazogeneralizado de la población hondureña hacia el proyecto.
Según el récord público, la empresa Honduras Próspera no se formó hasta agosto de 2017 —es decir, cuando ya habían pasado cinco años llenos de señales fuertes y constantes de problemas graves con la propuesta de las ZEDE, tanto al nivel político como legal y social—. Sin embargo, en su informe anual sobre el clima para inversión, el Departamento del Estado no cuestiona el argumento de Grupo Próspera que hicieron su inversión «apoyándose en buena fe en la legalidad de la ley ZEDE».
En octubre de este año, dos senadores estadounidenses mandaron una carta abierta al Secretario Blinken insistiendo aún más en la idea de que cualquier inversionista extranjero tendría razón de sentirse amenazado por la decisión de la administración Castro de respetar la democracia. Los senadores Ben Cardin, un demócrata de Maryland, y Bill Hagerty, un republicano de Tennessee, repitieron en su carta los argumentos de Grupo Próspera, aseverando por ejemplo que Honduras estaba arriesgando «efectos perjudiciales para la reputación» del país con «el riesgo de volverse irreparables» si se violaba la garantía de estabilidad jurídica de 50 años.
«Cualquier expropiación directa o indirecta de las inversiones estadounidenses» en las ZEDE «sería considerada como un ataque directo a las garantías del CAFTA-DR y seguramente provocaría una pérdida devastadora de la confianza del sector privado», escribieron. La carta además cita a dos analistas estadounidenses que argumentan que las ZEDE son importantes en términos geopolíticos, porque son, según ellos, una manera de diluir la influencia de China en Centroamérica. Ninguno de los senadores respondió a una solicitud de entrevista de este medio.
A medida que los días pasan y que se avecina la fecha clave del 16 de diciembre, Próspera multiplica sus comunicaciones acusando una y otra vez al Gobierno de negarse a participar en el proceso de consultas que ordena el CAFTA-RD. Los mensajes en la cuenta oficial de Twitter se hacen más regulares y más insistentes. Pedro Barquero y Jorge Colindres, los principales actores de la disputa, se responden vía esa red social, como si fuera el último terreno de diálogo después de negociaciones que nunca pudieron ser.
Hoy por hoy, parece que el Gobierno y la ZEDE Próspera viven en dos realidades diametralmente opuestas. Si para el primero el CAMP fue derogado al mismo tiempo que la Ley Orgánica, para la segunda sigue funcionando como antes. Si para el primero, ya no hay ZEDEs, la segunda reivindica su permanencia. Sin embargo, lo más peligroso para el Gobierno es la posibilidad de que otras ZEDEs sigan el camino de Próspera. Fernando García lo admitió:«Orquídea puede adherirse a otro régimen especial, pero Massimo Mazzone nos dijo que lo que le convenía a Próspera le convenía también a Ciudad Morazán». El empresario italiano, fundador de esa ZEDE radicada en Choloma, no respondió a nuestra solicitud de entrevista.
Mientras tanto, en el edificio Beta, inversionistas siguen estrechando la mano al secretario técnico con confianza. ¿Los últimos? Una pareja de estadounidenses, casi en edad de jubilarse, planea abrir una clínica de microcirugía en Roatán, una práctica científica emergente que consiste en transferir tejidos sanos en cuerpos enfermos para curarlos. De eso se trata el turismo médico. «¿ Cómo lo ve? –comenta Colindres–. ¿No es tan mala Próspera?».
1 comentario en “Negociación o arbitraje internacional: el futuro incierto de la ZEDE Próspera”
Es urgente elaborar e implementar una estrategia con acciones encaminadas al desarrollo, fortalecimiento y acompañamiento con mayor presencia del gobierno hondureño en la comunidad de Crawfish Rock, comunidad vecina de Próspera, para evitar su cooptación desde cualquier ámbito y que también vaya dirigida a estrechar sus lazos con el resto de la Isla de Roatán, especialmente con los sectores opuestos a Próspera.