Fotografía y texto: Jorge Cabrera
Kenny Ramírez, una venezolana de 21 años, llegó el 8 de agosto de 2022 a Tegucigalpa junto a su esposo y su hija de un año. Bajo la lluvia, pedía dinero sosteniendo un rótulo que decía: «Soy una inmigrante venezolana, por favor, ayúdame a seguir mi viaje a los EE. UU». Kenny contó que inició su recorrido desde su país natal y que ha pasado momentos amargos, siendo uno de los peores su paso por la selva del Darién entre Colombia y Panamá. La escena de esta venezolana es frecuente en algunos bulevares y calles de Tegucigalpa, donde se ven venezolanos solicitando ayuda para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Algunos de ellos realizan trabajos temporales para recaudar dinero y en ocasiones les toca dormir en las calles cubiertos por plásticos junto a sus hijos, resfriados por la lluvia o el frío. Algunas veces tienen suerte cuando las manos bondadosas de algunos hondureños les ayudan, logrando así recaudar dinero para continuar su viaje. «Si Dios lo permite esta noche tendremos una rica cena», dijo Kenny y explicó que se quedaron sin nada porque les robaron todo en el paso por el Darién. «Desde entonces, vamos pidiendo dinero en cada país al que llegamos para continuar el camino. Llevamos un rumbo sin rumbo porque nadie nos espera allá [en EE. UU]». Pero no es solamente el hambre y la exposición al frío a lo que más temen estos migrantes en su paso por Honduras: «solo queremos un poco más para poder continuar, porque aquí nos da un poco de temor, como sabe, venimos de una dictadura violenta, la de Maduro, y ser dañados en otro país por su violencia no es nuestra idea de futuro», explicó esta venezolana.
El pasado miércoles 03 de agosto, el Congreso Nacional reformó el decreto No.42-2022 —aprobado el 5 de abril— para eximir durante seis meses del pago de sanciones a migrantes que transitan por el territorio hondureño con rumbo a los Estados Unidos. Antes de la reforma, el decreto de amnistía era únicamente por 90 días, pero el Ejecutivo no lo sancionó a tiempo. La negativa del Gobierno causó mucha inconformidad por parte de grupos de derechos humanos, no obstante, con dicha reforma la vigencia de la amnistía se extiende seis meses. El decreto No.42-2022 beneficia a migrantes en situación de irregularidad que hayan ingresado al territorio hondureño antes del 1 de diciembre de 2022 y que no hayan regularizado su estatus migratorio.
Constantemente, en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua en la zona oriente del país, se ve llegar a miles de migrantes provenientes en su mayoría de Venezuela, Cuba, Haití y de diferentes países de África, quienes han tenido que pagar multas de HNL 5,880 (aproximadamente USD 240) por cada persona adulta y, aunque la ley ya ha sido publicada, muchos migrantes continúan quejándose porque aún les toca pagar su paso por Honduras. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que entre el 2014 y junio del 2022, ingresaron de formairregular 182,664 migrantes. A partir de enero de 2020, ingresaron de forma irregular 82,521 extranjeros. De esos, 40,879 presentaron pasaporte cubano, 15,340 haitianos y 11,935 venezolanos. Los grupos de apoyo de migrantes en Danlí y Trojes estiman que ingresan al país entre 500 y mil migrantes, diariamente.
Los flujos migratorios mixtos en tránsito por la frontera sur de Honduras no han cesado. Desde inicios del año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las zonas de acceso usadas mayormente son los pasos ilegales (puntos ciegos) en los municipios de Danlí y Trojes, departamento de El Paraíso y por Choluteca.
Algunos migrantes denuncian que además de haber sido víctimas de altos cobros por cruzar a Honduras también han sido engañados. «Aquí nos están cobrando hasta la manera de caminar, lo que para los hondureños es un precio relativamente normal, a nosotros nos los triplican por ser inmigrantes y por no tener papeles. Lo peor es que antes de entrar, desde Nicaragua, nos dijeron que ya no pagaríamos ninguna multa y decidimos ingresar por la frontera de Las Manos, pero terminamos pagando HNL 11,515 (aproximadamente USD 470) por mi esposo y por mí. Gracias a Dios no nos cobraron por mi hijo, lo único que cambió fue que pude pasar normal sin punto ciego, pero a mí y mí familia nos tocó pagar cuando se suponía que ya no teníamos que pagar nada», dijo Stefany Mijares, otra migrante venezolana, en su paso por Tegucigalpa.
