El pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) reclamó al Estado de Honduras, a través de una protesta dentro del Ministerio Público, la falta de investigación en la desaparición forzada de cuatro garífunas en el norte de Honduras. No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
Alrededor de 300 garífunas, con el apoyo de algunos líderes lencas y de otros pueblos originarios, entraron en medio de cantos y rituales ancestrales al Ministerio Público en Tegucigalpa el pasado 9 de agosto de 2022. Esto con la misión de reclamar al fiscal general Óscar Chinchilla la poca o nula investigación en el caso de los cuatro garífunas desaparecidos el 18 de julio de 2020.
Antes de llegar al Ministerio Público, integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) se manifestaron en avenida La Paz en la capital, cerca de la Embajada Americana. A través de un megáfono, una voz solicitó la aparición de los cuatro garífunas desaparecidos. «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!», fue la consigna de la organización.
Posteriormente se desplazaron al Ministerio Público, donde Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, tomó la determinación de entrar al edificio junto a representantes de 46 comunidades garífunas que estaban con ella. Detrás de ella iban todos los que exigían justicia por la desaparición forzada de los cuatro garífunas y quienes llenaron los pasillos del Ministerio Público exigiendo una reunión con el fiscal general.
En la madrugada del 18 de julio de 2020, personas armadas y con chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) secuestraron a cuatro garífunas, entre ellos, el presidente del Patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Albert Snaider Centeno.
«Solo entren tres», cuenta Miriam que le dijo el guardia de seguridad antes de dejarla entrar al edificio. «No, aquí no hay tres», le contestó ella.
Después de entrar llegaron frente a la oficina de Óscar Chinchilla, el fiscal general, pero nadie abrió la puerta.
Luego de un par de horas de permanecer dentro de las instalaciones del Ministerio Público, el grupo de Ofraneh salió a emitir un pronunciamiento en el que condenaban la inoperancia y los tratos racistas del Gobierno respecto a los distintos pueblos originarios. Mientras ellos se encontraban ahí, ninguna autoridad del Ministerio Público los recibió o dialogó con ellos acerca de sus peticiones.
Miriam Miranda, tras emitir un pronunciamiento final en las afueras del Ministerio Público, explicó a Contracorriente que esta acción fue impulsada por la lucha histórica que tienen como Ofraneh, organización en la que son conscientes de que sin presión, sin lucha y sin resistencia, no hay avance. La coordinadora de la Ofraneh recordó que el año pasado se conformó una delegación exigiendo respuestas por la desaparición forzada de los cuatro líderes garífunas, sin embargo, según Miranda, esto no funcionó..
«El pueblo garífuna tomó la decisión de entrar porque ya está cansado, sabemos que la próxima vez que nos miren van a poner barrotes y nos van a correr rapidito para que no entremos, pero siempre hay forma de entrar», expresó.
Hasta la fecha, a pesar de los reclamos del Ofraneh y la presión internacional, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público no presenta avances en la investigación de este hecho.
Además, en agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado de Honduras investigar la desaparición de los cinco garífunas y la protección de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Piedra Parada, al norte de Honduras. En el 2015, la CorteIDH emitió sentencias a favor de las comunidades del Triunfo de la Cruz y Piedra Parada en Tela, departamento de Atlantida, por violación del derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral y el derecho a la consulta previa, libre e informada.
De esto nada se ha cumplido, dijo Miriam, pues en sus territorios habitan de manera ilegítima empresarios, funcionarios y narcotraficantes, quienes además instalan sus proyectos sin consulta previa al pueblo garífuna.
«Muchos de estos funcionarios públicos no solamente tienen una playita, o una casita para ir a visitar, también se han apoderado de los territorios, se han apoderado de la playa, se han apoderado de nuestras tierras, y siguen apoderándose de nuestros territorios. Estamos nosotros cansados y cansadas, va a llegar un momento en el que no van a poder acercarse a ninguna comunidad garífuna», sostuvo Miriam.
Los intereses detrás de que no se investigue la desaparición forzada
El abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tábora, quien acompaña al El Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de La Cruz (Sunla) en la investigación de este caso, explicó a Contracorriente que el 20 de julio del 2021 la Ofraneh presentó al Ministerio Público una solicitud en la cual exigen la creación de un mecanismo de investigación en el cual tenga participación el pueblo garífuna, esto, según Tábora, ante la inoperancia de los entes investigativos.
El Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de La Cruz (Sunla, en garífuna), está integrado por los familiares de los garífunas desaparecidos y por un grupo multidisciplinario de profesionales en distintas áreas. El defensor de derechos humanos indica que esta iniciativa surge debido a la poca información que proporciona el Ministerio Público sobre la desaparición forzada de los cinco garífunas.
La Ofraneh exigió la creación de una fiscalía especial para la investigación de este hecho, y que se nombre a un fiscal especial en el caso. También pidieron que se tome en cuenta la participación activa de las víctimas en el proceso, debido a que la Fiscalía especial de las Etnias no está llevando el caso de los cuatro garífunas desaparecidos, sino la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
«Hay que recordar que en el Ministerio Público la Fiscalía Especial de Etnias solo cuenta con tres fiscales para atender todo Honduras, para atender todas las violencias contra los pueblos indígenas en el país. Y solo el pueblo garífuna tiene aproximadamente de 10,000 denuncias presentadas en esa fiscalía y no hay ninguna respuesta», manifestó Edy Tábora, quien agregó que el Ministerio Público no está a favor de los pueblos ni de la ciudadanía en Honduras, sino que está puesta a disposición de los grupos de poder, las mafias de la corrupción y del crimen organizado.
Tábora calificó como alarmante la postura tomada por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su titular Manuel Antonio Díaz Galeas, quien –según Tábora– está empecinado en que no se puede realizar un proceso de saneamiento en las tierras garífunas en vista de que estas están en manos de terceros. Esto lo han expresado en las dos sentencias de la Corte-IDH contra el Estado de Honduras en los casos de Piedra Parada y Triunfo de La Cruz. En este último, la Corte Interamericana ordenó la restitución y el saneamiento de las tierras del pueblo garífuna.
«Todos los pueblos están siendo objetos de unos mecanismos graves de despojo del territorio y de violencia, que al final tiene por finalidad desaparecer los pueblos indígenas de este país, desaparecer su cosmovisión, pero que no lo van a lograr porque son pueblos que se han mantenido en resistencia durante siglos», manifiesta Edy Tábora.
El defensor de derechos humanos considera importante que se conozca la lucha de los pueblos garífunas, quienes están exigiendo sus derechos ancestrales y son preexistentes al Estado. «Son pueblos que cuentan con derechos que se han ido aprobando a través de normas internacionales, pero que en Honduras no se avanza ni a nivel normativo ni a nivel práctico en la garantía del respeto de los derechos indígenas en el país», señaló el abogado Edy Tábora.
Denuncia de racismo institucional
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, rechaza la forma en la que algunos representantes del Gobierno actual se han dirigido hacia los pueblos indígenas, lo que, a su juicio, demuestra que vivimos en un estado racista y que se sustenta en las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos.
«¿Cómo es posible que en este país exista ese racismo institucional, donde se mira a los pueblos indígenas como lo peor? Cuando en otros pueblos, como en Paraguay, hasta los funcionarios públicos hablan guaraní, un idioma indígena», indicó Miriam, quien señala que en la sociedad hondureña se menosprecia a los pueblos originarios cuando en realidad han sostenido al país con su lucha.
La coordinadora de Ofraneh mencionó que en ningún momento esta movilización era para solicitar dinero ni para tomarse fotografías con los funcionarios públicos.
Miranda se refirió a las declaraciones del expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, quien mediante una reunión pública con líderes lencas del departamento de Lempira trató despectivamente a distintos alcaldes de ese departamento. «No hay dinero, que no entendés», le dijo el expresidente a Darwin Reyes, presidente del proyecto de pavimentación en Lempira, cuando este preguntó acerca de la continuación de un proyecto carretero en el departamento. Manuel Zelaya también se refirió a Reyes como alguien «durito» para entender. Finalmente expresó que si él no entendía, los demás ahí presentes tampoco entendían.
En ese mismo evento, otro miembro de las comunidades lencas intervino en la conversación para aportar su opinión: «Somos lencas y entendemos lo que se nos dice, y comprendemos, y tenemos pensamiento crítico», dijo.
«Nos dicen (a los pueblos originarios) que no entendemos –aseguró Miriam Miranda–, que somos brutos, ¡si los brutos son ellos! Ellos que no entienden y vienen a decirnos después de 500 años que no entendemos, ¿y por qué seguimos vivos? Porque conocemos lo que queremos y sabemos nuestros derechos. Van a seguir persiguiéndonos, judicializándonos y criminalizándonos, pero no nos van a hacer desaparecer, que es lo que quieren ellos. Han querido hacernos desaparecer a todos los pueblos originarios y no han podido».
Miriam Miranda agregó que el país no avanza por estos comportamientos y que la refundación del país no está en los funcionarios, sino en la población y los distintos pueblos originarios. La coordinadora de la Ofraneh sostuvo que la lucha de todos los pueblos y organizaciones indígenas debe de ser la misma: velar por el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos.
El informe Situación de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Oacnudh) contabiliza que 169 defensores del medio ambiente y de la tierra fueron víctimas de ataques. Además, el informe calificó como «preocupante» que a la fecha no existieran avances en la investigación de los hechos ni en las acciones para ubicar a estas personas a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.
