Fotografía: Jorge Cabrera
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes de María Celeste Maradiaga
En la mañana del martes 9 de agosto de 2022, en los pasillos del Ministerio Público en Tegucigalpa, zona central de Honduras, los empleados se sorprendieron al escuchar una familiar consigna: «El pueblo, unido, jamás será vencido». Se trataba de la voz unísona de aproximadamente 300 garífunas. La mayoría procedentes del litoral Atlántico y liderados por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), quien caminó con decenas de sus compañeros por los pasillos interiores del Ministerio Público hasta llegar a la puerta de la oficina del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla. Miriam, dándole la espalda a dicha oficina, desplazó su mano derecha hacia la puerta y la tocó tres veces, con firmeza, con la parte posterior de sus dedos. La oficina del fiscal general estaba siendo sacudida. Miriam, que agitaba un legajo de papeles, con el semblante serio, dijo: «Aquí, hace un año, en esta oficina, dejamos una petición al fiscal general. Nunca en la vida nos contestó. Y fue hace un año –¡hace un año!–: fue el 20 de julio de 2021 que introdujimos esa petición. Y ni siquiera nos dirigieron a nosotros una carta».
Mientras Miriam Miranda hablaba, las voces de sus compañeros se hacían sentir con fuerza: «¡Queremos respuestas!, ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!». La comunidad garífuna apenas cabía en los pasillos. La respuesta de los empleados del Ministerio Público fue encerrarse en sus oficinas durante el tiempo que duró la protesta garífuna. Miriam prosiguió explicando que en esa carta, entregada al fiscal Óscar Fernando Chinchilla el año pasado, simplemente le pedían una cita para exponerle la necesidad de investigar la desaparición de un grupo de garífunas. «Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y, a siete meses de la sentencia de la Corte-IDH, no ha existido voluntad del Estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este Gobierno y no vemos tampoco voluntad política», dijo Miranda.
La Ofraneh exige el nombramiento de un fiscal especial para dar respuesta por los cuatro garífunas raptados el 18 de julio de 2020 en Triunfo de la Cruz. Entre los desaparecidos está Sneider Centeno, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz en el departamento de Atlántida y miembro de Ofraneh.También exigieron la eliminación de la Fiscalía de las Etnias, pues a su criterio estos no se encargan de investigar los delitos contra los pueblos originarios. «Las instituciones de este Gobierno solamente nos reciben y llevan a personas de los pueblos indígenas para tomarse fotos con ellos y ellas», agregó Miranda. La lideresa explicó que en el país el racismo institucional está latente, y que ellos –como pueblo originario– no llegaron a pedir dinero a Tegucigalpa «como aseguran los funcionarios», al tiempo que detalló que «no hay voluntad política tampoco de este Gobierno para poder reconocer los derechos del pueblo garífuna y de los pueblos indígenas».
NOTA: La protesta fue encabezada por el pueblo garífuna, sin embargo, también asistieron algunos representantes de otros pueblos originarios, entre estos, lencas y tawahkas. La sentencia a la que se refiere Miriam Miranda se registró el 8 de octubre de 2015 y fue dictada hace 7 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.
