Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Cortesía Organización de las Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) aprobó un mecanismo que permitirá investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua. El mecanismo se llevará a cabo por expertos a nivel internacional después de un monitoreo exhaustivo a la condición de crisis en la que vive el país centroamericano estos últimos tres años. Honduras, país limítrofe con Nicaragua, votó en contra de la aprobación de este instrumento.
La resolución —presentada por Chile— fue respaldada por Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Francia y Reino Unido; pero fue votada en contra por Bolivia, Cuba, China, Honduras, Eritrea, Venezuela y la Federación Rusa, denominados como aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución quedó aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra, indicó el medio de comunicación nicaragüense Confidencial.
La crisis en materia de derechos humanos en Nicaragua se remonta a 2018, año en el que 300 personas fueron asesinadas y 2,000 más heridas en las manifestaciones masivas en contra del régimen de Daniel Ortega A su vez, cientos de personas fueron detenidas y torturadas. Según un informe presentado por la organización Human Rights Watch, la represión en Nicaragua continúa, y conforme ha pasado el tiempo y más países se agregan a la lista de aliados del Gobierno de Ortega, este se ha encargado de disolver organizaciones, cerrar medios de comunicación, perseguir periodistas y expulsar a observadores internacionales.
«En primer plano parece una decisión lamentable por parte de Honduras, sobre todo porque refleja el doble discurso del Gobierno (de Xiomara Castro) alrededor del tema de derechos humanos. Por un lado,cuestionan al régimen de Juan Orlando Hernandez por las violaciones de derechos humanos que cometió en su administración; pero al mismo tiempo no condenan y se oponen ante las Naciones Unidas para que se cree una comisión internacional de investigación de los crímenes de Daniel Ortega. Yo creo que esta decisión no se puede justificar de ninguna manera», manifiesta Joaquin Mejía Rivera, abogado defensor de derechos humanos en Honduras.
Mejía también comparte que,previo a esta decisión, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al actual vicecanciller de la República, Gerardo Torres, para solicitar que en esta reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se votara a favor de este mecanismo. «Se pidió votar en apoyo al pueblo nicaragüense, sin embargo, parece que ni siquiera lo que planteamos las organizaciones es escuchado por el Gobierno; es decir, que no puede alegar ignorancia», manifestó el abogado.
Tanto el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, como el canciller Enrique Reina. no atendieron las solicitudes de entrevista de Contracorriente conrespecto a este tema.
Joaquín Rivera, abogado defensor de Derechos Humanos, asegura que previo a esta decisión enviaron una carta al vicecanciller de la República, Gerardo Torres, solicitando que Honduras votara en apoyo a la población de Nicaragua.
Arístides Mejía, excanciller hondureño y analista político, asegura que un Estado que se presume democrático y abanderado de los derechos humanos debería de votar bajo estas reglas y no conforme a las reglas que le puedan simpatizar a otros Estados considerados «aliados». «Podría decirse que Honduras tiene un gobierno respetuoso de los derechos humanos pues hasta el momento no hay denuncias que señalan al Gobierno de represivo, sin embargo, siendo un Gobierno cuyo partido procede de vivir múltiples violaciones a los derechos democráticos y a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado en 2009, debería de recoger esa tradición y ser totalmente celoso de que en ningún otro lugar del mundo se viva esa represión», indica.
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2021, hasta octubre de ese año, el Ministerio Público recibió 49 denuncias por tortura, 70 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 34 por desaparición forzada. Además, la Oacnudh documentó casos de posibles violaciones de derechos humanos donde habrían participado miembros de las fuerzas de seguridad, particularmente en el contexto de retenes y detenciones, incluida la muerte de tres personas.
También, según información recopilada por la Oficina, en 2021 al menos 302 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos. De estas personas, 119 pertenecen a pueblos indígenas o afrohondureños y 169 se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De las 302 víctimas, diez fueron asesinadas y al menos siete personas habían sufrido incidentes previos. Dos de ellas incluso eran beneficiarias de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Protección desde 2014 y 2018, respectivamente.
El analista político Aristides Mejía asegura que el Gobierno de Honduras no puede autodenominarse abanderado de los Derechos Humanos al votar en contra de que se investiguen las infracciones a los Derechos Humanos en Nicaragua.
Durante el golpe de Estado en el año 2009 en Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató graves violaciones a los derechos humanos de habitantes, incluyendo muertes, declaraciones arbitrarias del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. Además, la CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos en Honduras.
«Está claro de que el régimen Ortega-Murillo es un régimen represivo que ha cerrado universidades, organizaciones de sociedad civil, asesinado a más de 300 personas que protestaban en la calle; ha realizado juicios sin las debidas garantías y sin el debido proceso y ha condenado a mucha gente, y también ha provocado el exilio de muchos. Todo eso ha sido comentado por las propias Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede justificar esta posición de Honduras con relación a Nicaragua. A mí me da vergüenza y pena que este Gobierno hable de hacer las cosas de manera diferente cuando está haciendo exactamente lo mismo del régimen de Hernandez Alvarado», agregó por su parte Joaquín Mejía Rivera.
¿Afectará esto las relaciones del nuevo Gobierno con Estados Unidos?
El Gobierno de Xiomara Castro ha entablado buenas relaciones con el Gobierno estadounidense desde el inicio. En la toma de posesión de su mandato, el pasado 27 de enero, la mandataria recibió a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien expresó su inminente apoyo a Honduras a través de distintos programas. Esta visita resultó en una reunión de Castro con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, José W. Fernández, en el marco del programa Call to Action, el cual forma parte de la Alianza para América Central (Partnership for America), programa coordinado por Kamala Harris. Este programa pretende reunir al Estado y la empresa privada hondureña junto con Estados Unidos y una delegación empresarial estadounidense que invierte en temas de cambio climático, educación y salud en Centroamérica.
En esta reunión,hace unas semanas, se presentaron: Pedro Barquero, actual ministro de Desarrollo Económico; el doctor José Matheu, ministro de Salud; y Miguel Medina, ministro de Inversión. Por el lado de Estados Unidos, ejecutivos de empresas como Microsoft, CARE, Mastercard, Weber Shandwick, entre otras.
El vicecanciller Gerardo Torres dijo hace unos días en una entrevista con Contracorriente que,a nivel de Estado, este programa pretende obtener distintos resultados a través de la inversión y el crecimiento económico en el país, como ser la reducción de migración, la lucha en contra de la pobreza y en contra del hambre, y tener un Estado que pueda garantizar el verdadero cumplimiento de los derechos de la población.
El analista político Arístides Mejía asegura que la decisión de Honduras en apoyo a Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede ser mal vista por Estados Unidos considerando las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Ortega.
Visitas de distintos gobernantes al país
Hace unos días, la administración actual dio la bienvenida a Rafael Correa, expresidente de Ecuador. En su visita, Correa analizó la situación financiera del país, dio recomendaciones con respecto a ello en el Congreso Nacional, y, en materia financiera, se reunió con autoridades del Banco Central de Honduras (BCH), Secretaría de Finanzas, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Desarrollo.
La llegada del exmandatario ecuatoriano fue aplaudida por políticos y figuras importantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), pero fue criticada y señalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, el cual envió una carta a la embajada de Honduras en señal de protesta por la visita del expresidente a tierras hondureñas. A esto Correa respondió en Twitter tildando de «sinvergüenzas» al Gobierno ecuatoriano.
¡El colmo del ridículo!🤦🏻♂️
— Rafael Correa (@MashiRafael) March 31, 2022
Nota de «protesta» del Gobierno ecuatoriano por mi visita a Honduras, y, además, pareciera ser redactada por un Villavicencio o una Llori.
¿No entienden que NADIE les cree?
¡SINVERGÜENZAS!#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/lgg0m06cm8
En 2020, el expresidente Rafael Correa fue declarado culpable por el delito de corrupción, siendo condenado a 8 años de cárcel. Correa fue considerado culpable por ser instigador de un delito de cohecho pasivo agravado en el caso denominado «aso Sobornos 2012-2016», una red de sobornos dentro del cual el exmandatario ecuatoriano recibió aportes para la financiación de su movimiento político Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas; entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Otra de las visitas esperadas por el Gobierno hondureño ha sido la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien se entregarían las llaves de la ciudad en su visita; sin embargo, esta no se concretó.
Las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos aumentaron cuando una investigación de El Faro señaló que el Gobierno de Nayib Bykele habría negociado con maras y pandillas salvadoreñas para bajar la tasa de homicidios en el país en 2020. Siguiendo con esto, Bukele cuestionó el señalamiento de Estados Unidos a dos de sus funcionarios por formar parte de negociaciones con grupos del crimen organizado. «Estados Unidos no quiere cooperación, sino sumisión», manifestó el presidente de El Salvador.
Por otra parte, la relación con Honduras ha sido distinta. Después de la legalización del bitcoin en El Salvador —primer país del mundo en oficializar la criptomoneda como medio de pago oficial— y de la cercanía de Bukele con personas de la familia presidencial, la llegada del Bitcoin parecía ser una realidad hace unos días, sin embargo, el Banco Central de Honduras (BCH) desmintió cualquier relación con la llegada de la criptomoneda al país.
El pasado 26 de marzo Nayib Bukele ordenó decretar al poder legislativo de El Salvador entrar en régimen de excepción debido a que solo en el día anterior, 25 de marzo, se registraron 14 homicidios. Sin embargo, periodistas salvadoreños y organizaciones de ese país atribuyen a las fallidas negociaciones de Bukele con los grupos criminales esta ola de violencia, además, indican que cercenan el goce de los derechos de la población del país Centroamericano.
