Expertos opinaron sobre crisis en el Legislativo.
Texto: Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen
La crisis en el Legislativo inició con la formación de dos juntas directivas paralelas; una liderada por el diputado Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH), la otra, encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre). Después esta crisis se extendió a la aprobación de diversos decretos con vicios de ilegalidad; uno de ellos es un decreto que condena al golpe de Estado, el cual incluye una amnistía para presos políticos y presos de conciencia, entre estos, funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, el pasado viernes 4 de febrero, algunos expertos afirmaron que esta ley representa un pacto de impunidad y podría volver más tensa la situación política que vive el país.
Este lunes 7 de febrero se le puso fin a la disputa por la presidencia del CN después de que se firmara un acuerdo entre 17 disidentes de Libre, representados por Jorge Cálix (quien depuso su intención de ser presidente del Legislativo) y las autoridades de ese mismo instituto político, cuyo coordinador es el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), esposo de la presidenta Xiomara Castro. A pesar de esto, la discordia sobre lo aprobado en el periodo en el que aparentemente no hubo quórum en el Congreso Nacional, sigue intacta.
Las posiciones de algunos de los analistas están en sintonía de lo manifestado por el primer exfiscal en la historia de Honduras, el abogado Edmundo Orellana, quien ahora es asesor en una de las secretarías del gabinete del nuevo gobierno. Orellana catalogó dicho decreto como un Nuevo Pacto de Impunidad y por otro lado, Salvador Nasralla, Designado Presidencial, quien piensa que ese decreto de amnistía debe ser revisado por expertos ya que este solo debe beneficiar a los perseguidos políticos y no a los que cometieron delitos y abusaron del poder.
Un nuevo “Pacto de Impunidad”. https://t.co/JPokpmFimz
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) February 3, 2022
El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo realizó una sesión en las instalaciones del hemiciclo el día 2 de febrero a pesar de no contar con la presencia de 43 diputados propietarios del Partido Nacional, 14 liberales y 17 disidentes de Libre. Sin un listado oficial de los diputados propietarios presentes y sin la certeza de que había quórum se presentaron una serie de proyectos de ley para la aprobación del pleno, dos de ellos enviados por la presidenta Xiomara Castro.
Por su parte, el diputado del partido Libre, Rasel Tomé, propuso una ley en condena al golpe de estado que incluye la derogación del decreto 141-2009 emitido por el Congreso Nacional de aquel entonces que removía al presidente Manuel Zelaya de su cargo y la oficialización de la Plaza Isis Obed Murillo, en honor al primer mártir del golpe.
En esta ley se incluye una amnistía «amplia, absoluta e incondicional» a defensores del territorio y medio ambiente, protestantes criminalizados, presos políticos y a funcionarios del gobierno de Zelaya que han sido señalados por actos de corrupción. Algunos delitos que esta amnistía contempla incluyen el abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude en perjurio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Memoria histórica, persecución política y pactos de impunidad
Según algunos expertos, esta ley es un ejercicio de memoria histórica que busca proteger la integridad de las víctimas de persecución política tras el golpe de estado. Sin embargo, otros afirman que el decreto trasciende su propósito al hacer mención de una serie de crímenes relacionados a la corrupción y que blindarían las malas prácticas de funcionarios de Zelaya cometidas antes de 28 de junio de 2009 y que no guardan relación con el propósito de la ley.
Mario Sorto Gallardo, sociólogo hondureño, opinó en nuestro Space que la actual crisis legislativa y jurídica del país solo puede ser entendida como el resultado de 12 años de gobierno del Partido Nacional y los pactos de impunidad que se realizaron durante su gestión. «Tenemos que entender que venimos de un sistema político y social en el cuál toda la institucionalidad era operada por redes de corrupción», aseguró en el Twitter Space.
Durante este periodo, diversos defensores del medio ambiente, dirigentes estudiantiles y ex funcionarios públicos denunciaron ser víctimas de persecución política. Entre ellos se encuentran los defensores del río Guapinol quienes llevan 29 meses en prisión preventiva acusados por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.
Por su parte, en 2014 la actual secretaria de finanzas, Rixi Moncada, denunció ante la Corte Suprema de Justicia que existía una resolución de las instituciones bancarias para denegarse a abrirle una cuenta con el argumento de aparecer en el sistema con «cargos políticos». Esto luego de que la Fiscalía contra la corrupción la acusara en julio de 2009 por abuso de autoridad y fraude mientras era gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cargos desestimados por falta de pruebas.
El abogado Rafael Jerez durante su intervención en el Twitter Space hizo un paralelismo entre la redacción de la ley de condena al Golpe de Estado y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada por el Congreso anterior en octubre de 2019, la cual blinda de cualquier repercusión penal, civil o administrativa por las acciones que los diputados hayan realizado en el ejercicio de sus funciones.
Otra legislación que comparte la consideración de Pacto de Impunidad es la Ley Especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programa sociales de octubre de 2019 en el cual el Congreso Nacional le dio potestad al Tribunal Superior de Cuentas para que, en caso de otorgar una constancia que eximía de responsabilidades a un funcionario, el Ministerio Público ya no podría investigarlo.
«Los pactos de impunidad vienen a ser obstáculos para el ejercicio de la acción penal pública, para que se deduzcan responsabilidades administrativas e incluso para que la procuraduría general de la república puede ejercer la representación del estado. Lo que estamos haciendo es desmontar las instituciones del estado», comentó Rafael Jerez.
El diputado de Libre Rasel Tomé, quien propuso esta ley, sería uno de los beneficiados directos de la amnistía ya que asegura que fue uno de los políticos perseguidos tras el Golpe. En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a Tomé con tres años de prisión e inhabilitación para ser funcionario público al encontrarlo culpable por el delito de abuso de autoridad mientras era comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) durante la administración de Zelaya de 2006-2009.
De la misma forma, tanto Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007 como Enrique Flores Lanza, acusado por el delito de malversación de caudales públicos, serían exonerados de estos cargos.
Nombramiento del procurador y subprocurador de la República
Durante esta sesión los diputados retomaron el nombramiento del nuevo procurador y subprocurador de la República que había sido aplazado en la primera legislatura del 27 de enero. Tradicionalmente, según explicó el abogado Juan Carlos Aguilar, es durante esta primera reunión que se establece el cargo de procurador, el cual es propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, los diputados decidieron posponerlo hasta conocer mejor las hojas de vida de los candidatos.
El 2 de febrero este punto de la agenda fue resuelto en menos de diez minutos, lo que algunos expertos del derecho han catalogado como una «elección exprés» que recuerda a las prácticas utilizadas por el Congreso Nacional anterior controlado por los diputados del Partido Nacional. José Manuel Diaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas fueron juramentados como Procurador y Subprocurador de la República para el periodo de 2022-2026. La prontitud con la que se realizó esta acción no es la única polémica alrededor del nombramiento.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que, para ocupar este cargo, solamente hace falta ser hondureño por nacimiento, mayor de 25 años y ser abogado en funciones. Sin embargo, una reforma a la Constitución aprobada en 2013 —mientras Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso—, determinó que para ser nombrado procurador el candidato debe ser notario público, requisito que ni José Manuel Diaz Galeas o Tomás Emilio Andrade Rodas cumplen.
El título de notario es brindado exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, por lo que queda en potestad de este órgano decidir quiénes podrían ser nominados como procurador.
De ser ratificado, Díaz Galeas sustituirá a la procuradora Lidia Estela Cardona que habría dejado su cargo en junio de este año. En 2015, Cardona fue parte de la Sala de lo Constitucional que permitió la reelección presidencial para Juan Orlando Hernández.
Crisis en el Legislativo genera vicios de origen
En el análisis de los expertos que participaron el Twitter Space de Contracorriente, coincidió en que el llamado «Pacto de impunidad» así como el nombramiento del procurador y subprocurador de la república tienen su origen en el nombramiento de dos Juntas Directivas y que, mientras no se resolviera con un acuerdo entre ambas partes, toda resolución que tomen estaría cargada de ilegalidad.
«No se está haciendo el análisis de fondo que estos proyectos necesitan», comentó la ex diputada por el partido Liberal Karla Medal. «Es momento que se tenga como práctica que previo a la aprobación o discusión de cualquier proyecto el mismo sea debidamente socializado con las partes», asegura.
«Todo lo que hagan cualquiera de los dos Congresos va a llevar consigo una cierta duda», dijo el abogado Dennis Hércules, antes de que el conflicto tuviera una salida política. Según su opinión, el oficialismo apostó al desgaste de la Junta Directiva de Jorge Cálix que no tuvo más sesiones y que cada contaba con menos apoyo de diputados propietarios.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia decidió no tomar parte en la disputa del Congreso Nacional ya que consideró que los sendos recursos de inconstitucionalidad, presentados en su momento por las dos juntas directivas, no tenían sustento legal.
