El 1 de febrero, el ministro de Educación, Daniel Sponda dio por inaugurado el año escolar 2022. Sin embargo, desde el 31 de enero maestros interinos realizaron protestas en diferentes puntos del país para exigir su contrato permanente y el cumplimiento del decreto 100-2021, que dejó la administración de Juan Orlando Hernández días antes de salir. Asimismo, el magisterio enfrenta otro problema, esta semana se conoció que fondos millonarios del Inprema fueron a dar al proyecto Palmerola, cuestionado incluso por la presidenta Xiomara Castro de constituir un monopolio a favor del empresario Lenir Pérez.
Texto: Francis Cálix
Fotografías: Fernando Destephen
La administración del expresidente Juan Orlando Hernández, un mes antes de salir del poder, tras ocho años consecutivos en el Ejecutivo, emitió el decreto 100-2021, que fue publicado en La Gaceta el 6 de diciembre de 2021, el cual ordena a la Secretaría de Educación (Seduc) el nombramiento permanente al personal del Programa hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) que, hasta 2021, haya laborado para dicho programa y ostente el grado de licenciatura.
Asimismo, ordena a la Seduc otorgar permanencia a docentes tutores del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y docentes interinos que hayan laborado en el cargo por dos años consecutivos y tengan una licenciatura.
Este dictamen corresponde a una serie de decretos que dejaron comprometida la administración de la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el decreto 107-2021 que establece el pago de prestaciones a secretarios de Estado, directores de instituciones desconcentradas y colaboradores del Poder Ejecutivo, el PCM 130-2021 que ordena otorgar contratos permanentes a todo el personal de Administración Pública Centralizada y el decreto 47-2020 para la contratación de personal médico que cubrió primera línea durante la pandemia por COVID-19.
Ante esto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció en contra del pago de prestaciones a funcionarios públicos del «servicio excluido» de acuerdo a la Ley de Servicio Civil. Asimismo, el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino comentó a través de su cuenta de Twitter que el anterior Congreso Nacional «hasta el último día continuó haciendo negocios en contra del pueblo hondureño» y que esto afectaría la labor del Gobierno de Xiomara Castro.
El Congreso Nacional actual hasta el último día haciendo negocios en contra del pueblo hondureño para beneficiar a grupos económicos que tradicionalmente ha hecho negocio con los impuestos del pueblo. pic.twitter.com/qbZpABj2OV
— Hugo Noe Pino (@hnoepino) January 19, 2022
En su discurso, durante la toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro afirmó que recibía al Estado de Honduras en bancarrota, con una deuda externa que «aumentó de 37,000 millones a 157,000 millones, 319 %» y que el pago de los intereses y del capital de esta deuda consume el 50 % de los ingresos del presupuesto general de la República.
No obstante, cuatro días después de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, un grupo de maestros protestó en las afueras de Casa Presidencial en Tegucigalpa, exigiendo contratos permanentes para docentes interinos y del Proheco, de acuerdo al decreto 100-2021.
Ese mismo día, el expresidente Manuel «Mel» Zelaya, quien no ha sido nombrado en ningún puesto en el Gobierno, aduciendo recibir órdenes de la presidenta Xiomara Castro, abrió los portones de Casa Presidencial para dejar ingresar a los maestros y dialogar con ellos.
Más tarde se anunció que el Gobierno de Castro aprobó más de 6000 plazas permanentes para maestros del Proheco e instruyó el inicio de un diálogo el 10 de febrero para analizar el decreto 100-2021 y vías que permitan el nombramiento.
Tras recibir a representantes del Proheco en Casa Presidencial, la presidenta @XiomaraCastroZ instruyó el inicio del dialogo el 10 de febrero para analizar el decreto PCM y vías que permitan el proceso de nombramiento. En el gobierno de la refundación la educación es prioridad. pic.twitter.com/dKuHrLvEQG
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) February 1, 2022
Hasta el año pasado se registraban 6619 docentes en el Proheco a nivel nacional. Este programa fue implementado en el país en marzo de 1999 «para proveer servicios educativos en las áreas rurales y pobres con la participación directa de los padres y madres de familia en la administración de los servicios educativos», según recoge un portal web del Gobierno.
Aunque el decreto 100-2021 tomaría vigencia hasta este año, el anterior Congreso Nacional aprobó el 15 de enero del 2022 el nombramiento inmediato de los maestros del Proheco aún cuando las nuevas autoridades de Educación no tomaban posesión de su cargo.
Recomendamos leer:Congreso Nacional anterior cerró su período y deja un legado de corrupción
El Secretario de Educación, Daniel Sponda –exdirigente magisterial– emitió un comunicado para los directores departamentales de Educación donde solicitaba suspender los procesos de nombramiento «hasta recibir nuevos lineamientos y coordinar las acciones encomendadas por Casa de Gobierno». Esto con el objetivo de nombrar nuevas autoridades departamentales que revisarán los nombramientos de los docentes.
En ese sentido, el pasado 3 de febrero, Sponda juramentó a los directores departamentales de Educación provisionales. Sin embargo, esta juramentación se hizo sin el previo concurso que establece el Estatuto del Docente para el nombramiento del personal de Educación. Ante esto, mencionó que era la última vez que se nombraría sin previo concurso.
"El día de hoy es la última ocasión que vamos a nombrar Directores Departamentales de Educación sin previo concurso, pero eso no limita, concentrémonos en la calidad de nuestro sistema educativo."📚
— Secretaría de Educación de Honduras (@Educacion_HN) February 4, 2022
🎙️: Prof. Daniel Sponda#EducaciónHonduras #EducaciónParaLaVida pic.twitter.com/YclWhewGXF
No obstante, la suspensión de los nombramientos provocó que los docentes regresarán a las protestas para exigir sus derechos.
José Mata, un profesor interino, viajó desde Quimistán, Santa Bárbara, para exigir su plaza permanente en las afueras de Casa Presidencial durante una toma el pasado 2 de febrero. En una entrevista dada a Contracorriente, comentó que lleva 12 años trabajando por contrato de manera interina y que no ha existido voluntad para darle un contrato permanente a pesar de que aprobó cuatro concursos.
Además contó que en su comunidad han tenido dificultades para dar clases durante la pandemia por COVID-19. A pesar de que las clases presenciales están suspendidas desde el 2020, José comenta que asisten cuatro días a la semana a los centros educativos porque no hay electricidad y no hay señal de teléfono para brindar clases virtuales como se ha hecho en otros sectores del país.
Recomendamos leer:Honduras iniciará año lectivo en febrero como el más rezagado de América Latina
En opinión del profesor José, el ministro de Educación «ha fallado a su palabra» y considera que «parte de la seriedad de un ministro es actuar, sabiendo y entendiendo que está afectando a su mismo gremio. Tarde o temprano va a salir de ser ministro y le tocará regresar a las aulas de clases», comentó.
Por su parte, don Hernán López de 76 años trabaja como vigilante en un centro educativo de la capital y comentó a este medio que acompañó a los maestros en la protesta porque también busca su permanencia laboral. López tiene más de quince años de trabajar como vigilante por un sueldo de HNL 9600 (USD 392) por lo que ─en su opinión─ no es justo «que en tantos años no se haya podido hacer algo (para darle un contrato permanente) y no porque no lo hemos pedido, nos han engañado», comentó.
Asimismo, afirmó que detrás de los nombramientos pueden existir «intereses políticos porque ellos (las nuevas autoridades) tienen que meter a su gente a trabajar. Tienen compromiso con el pueblo que los apoyó a ellos o al partido».
Luego de las diferentes protestas, el Partido Nacional emitió un comunicado exigiendo a las nuevas autoridades de Educación y Salud que cumplieran con el decreto 100-2021 y el decreto 47-2020 que ordena a la Secretaría de Salud a contratar de forma permanente a personal sanitario de primera línea contra el COVID-19.
Asimismo, los dirigentes del Partido Nacional exigieron «el respeto a la Ley y los derechos laborales» del personal al que benefician estos decretos que fueron aprobados durante la presidencia de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional.
El Partido Nacional durante estuvo en el poder mantuvo una serie de programas clientelistas a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) cuestionada por sus nexos con la corrupción y usar los fondos con fines clientelistas. A través del programa «Vida Mejor» guías de familia ─generalmente mujeres─ se encargaban de hacer trabajo comunitario como limpiar escuelas o parques, entre otras labores. A cambio de beneficios sociales debían lealtad al Partido Nacional.
Conflicto Inprema – Palmerola
Esta primera semana del año lectivo también se presentó otro conflicto para el sector magisterial, puesto que se autorizó la transferencia de USD 110 millones (HNL 2,697,750,000) del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) a la empresa Palmerola International Airport S. A.
Este hecho fue denunciado a través de una conferencia de prensa por la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH), el Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) y el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh).
El pasado 10 de enero el sector magisterial protestó en varios puntos de la capital en contra de esta inversión en Palmerola. Luego de esto la Junta Interventora del Inprema suspendió la negociación, por lo que las futuras inversiones del Inprema quedarían en manos del nuevo Gobierno y de las nuevas autoridades del Instituto.
Sin embargo, a través de un comunicado las organizaciones magisteriales denunciaron que en los días 26 y 27 de enero «de forma abusiva e irresponsable» la Junta Interventora ─integrada por Elis Omar Figueroa Maradiaga, Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López─ autorizaron la transferencia de los fondos. Asimismo, solicitaron al Ministerio Público «investigar el trasfondo de la transacción» y la intervención de la presidenta Xiomara Castro en el Instituto.
Por otro lado, en una conferencia de prensa el director de Palmerola, Peter Fleming afirmó que no pondrán en riesgo el futuro y los ahorros de los maestros y que el Inprema recibiría cuatro veces más de los intereses que recibía.
Por su parte, el director legal de Grupo EMCO Erick Spears informó que los fondos del Inprema en el sistema bancario recibían un interés del 2 % y que después de la inversión el Inprema tendrá anualmente una retribución de 215 millones de lempiras.
El ministro de Educación, Daniel Sponda comentó a través de la cuenta de Twitter de la Seduc que «la operación de Palmerola con los recursos del Inprema es la estocada final del Partido Nacional (…) Estamos ante una estrategia para desestabilizar el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro», afirmó. La presidenta ya había anunciado en diciembre de 2021 que «Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra (el aeropuerto) Toncontín» por lo que sería revisado y modificado en ley.
