En 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$50 millones para la contención y respuesta de casos de Covid-19 en Honduras. Con este fondo fue contratado personal médico para combatir el virus en primera línea. Sin embargo, de septiembre a noviembre de 2021 más de 5, 000 trabajadores de la salud fueron despedidos, aún cuando existe un decreto para su nombramiento permanente.
Texto: Francis Cálix
Fotografía: Archivo Contracorriente/ Martín Cálix
«Vimos aquí morir compañeras, familiares de los compañeros que se enfrentaron a la pandemia, que antes eran héroes y ahora son desempleados», lamentó Juana Acosta, presidenta de la Asociación Nacional Unificada de Auxiliares de Enfermería de Honduras (Anuaeh), en una entrevista para Contracorriente durante un plantón que realizaron en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) el 17 de enero, en el marco de una serie de protestas simultáneas que se desarrollaron en distintos puntos del país.
Un estudio del Centro de Estudios por la Democracia (Cespad) indica que hasta mayo de 2021 -cuando el personal sanitario trabajó con limitaciones de bioseguridad y carencia de vacunas- se registró la muerte de al menos 170 trabajadores del personal sanitario y 9, 808 casos confirmados de Covid-19.
De acuerdo con Juana Acosta, solo en su centro de trabajo, al menos 157 personas fueron despedidas de todas las áreas: médicos, microbiólogos, auxiliares de enfermería y personal de apoyo que cubrían la primera línea contra el Covid-19 en el INCP, también conocido como Hospital del Tórax.
«Nosotras, durante la pandemia, hasta 24 horas estábamos en este hospital porque no había personal, nadie quería arriesgar su vida cuando estas compañeras decidieron hacerlo. Arriesgaron vidas de sus familiares, murieron familiares de ellas. No es justo que las autoridades (de la Secretaría de Salud) quieran deshacerse de este personal», manifestó Acosta.
En ese sentido, exigieron a las autoridades de Salud el reintegro del personal médico a sus áreas de labores. «Es penoso que estemos en la calle exigiendo un derecho que les corresponde a los compañeros. No debería ser así. Esto lo hacemos porque beneficia al paciente mismo; hay salas de 25 pacientes con dos enfermeras y no es justo», alegó Acosta.
En el Centro Cívico Gubernamental, que ha servido como triaje en Tegucigalpa, varios trabajadores de la salud también exigieron su reintegro a sus áreas de labores.
«Este es el personal sanitario que el Gobierno ha despreciado, que ha despedido, que no le han pagado desde el mes de noviembre cuando decidieron que ya no iban a contratarles más. Este es el personal sanitario que con su propia vida ha sostenido a los pilares de un sistema que ellos (autoridades de la Secretaría de Salud) han pretendido eliminar», manifestó la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) y diputada electa por el Partido Salvador de Honduras (PSH).
De acuerdo con la Revista Médica Hondureña del CMH, desde los primeros casos de COVID-19 en Honduras, reportados en marzo de 2020, han fallecido 166 médicos, incluyendo tres estudiantes del último año de la Carrera de Medicina (médicos en servicio social). En 2020 fallecieron 82 y hasta el 23 de octubre de 2021, fallecieron 84.
Según Figueroa, son más de 5, 000 trabajadores del área de la Salud que están a la deriva a pesar de que se necesitan en los distintos centros hospitalarios del país. Asimismo manifestó que el deterioro a la salud ha sido una constante por la mala gestión del actual Gobierno que «ignora que el personal de salud tienen derechos e ignora que el pueblo hondureño tiene derecho a tener atención médica que no la está recibiendo por la indiferencia, la indolencia que tienen los funcionarios que actualmente dirigen la Secretaría de Salud».
Decreto 47-2020: una promesa sin cumplir
La mayoría de este personal médico despedido ─enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, licenciadas en enfermería, personal de lavandería y de cocina─ fueron contratados a través de un préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en abril de 2020.
A través de un comunicado de prensa, el BID informó que el Gobierno había solicitado «la reorientación de US$50 millones (HNL 1,223,005,000) provenientes de cuatro préstamos activos al desarrollo e implementación de un nuevo proyecto de salud» que serían utilizados para el Plan de Contención y Respuesta a Casos de Coronavirus en el país así como la contratación de personal médico.
Sin embargo, este mismo personal contratado para combatir la primera línea durante la pandemia por Covid-19 fue despedido entre septiembre y diciembre del año pasado cuando culminó su contrato. Aún cuando el Congreso Nacional aprobó el Decreto 47-2020 para otorgarles plazas permanentes.
En cambio, el Congreso Nacional aprobó una reforma al Decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Gobierno saliente, violentando procesos administrativos y que costaría a las arcas del Estado entre 300 a 500 millones de Lempiras, según estimaciones del Consejo hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Juana Acosta comentó que a inicios del mes tuvieron una reunión vía Zoom con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, presidida por el doctor Denis Castro Bovadilla, donde se dialogó sobre la aprobación de un supuesto presupuesto de 1,259 millones de lempiras para el reintegro del personal médico. Sin embargo, «hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Lo vemos injusto porque ellos sí se reúnen en dos horas y aprueban grandes sueldos para ellos», dijo.
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En el artículo 1 del Decreto 47-2020, publicado en La Gaceta el 1 de junio de 2020, se instruye a la Secretaría de Salud y demás instituciones del Gobierno de la República prestadoras de servicio de salud o que por otras razones tienen contratado personal de salud, «a emitir los acuerdos de nombramiento permanente del personal médico y sanitario, asistencial y personal de apoyo a los servicios médicos que actualmente labora bajo la modalidad de contrato, incluyendo el contratado a través del Proyecto “Código Verde Más” que haya participado de forma efectiva, en la atención de pacientes infectados por COVID-19 y en acciones preventivas para evitar el contagio del mismo; siempre y cuando no tengan ya una plaza permanente en el Sistema de Salud Pública del país».
Sin embargo, el cumplimiento de este Decreto continúa siendo una exigencia del personal sanitario. Luego del plantón realizado el 17 enero, la Secretaría de Finanzas informó a través de su cuenta de Twitter que el presidente saliente Juan Orlando Hernández emitió un certificado para la creación de 8,822 plazas para personal de primera línea de la SESAL.
SEFIN informa que con instrucciones de @JuanOrlandoH y en cumplimento del DL-47-2020 se emitió certificación para la creación de 8,822 plazas para personal de primera línea de la SESAL. Se exhorta a las autoridades de @saludhn y @dgschonduras a agilizar el proceso de nombramiento
— SEFINHN (@SEFINHN) January 17, 2022
En opinión de la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, «aún contratando todos los médicos que están, todavía le quedan en deuda al pueblo hondureño. Hay un mínimo que se requiere para la atención (médica). Si se contrataran estos 18 mil médicos que hay inscritos en el Colegio Médico, aún así estarían en déficit en cuanto a exigencias de atención en Salud».
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, comentó en una entrevista con Hoy Mismo que después de una reunión con la Comisión de Presupuesto del Gobierno Nacional, el CMH y la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, no llegaron a ningún acuerdo para solucionar la problemática y que cuando le consultaron a la ministra sobre la contratación del personal médico ella respondió «están despedidos, no muertos».
Contracorriente intentó contactar a la Ministra de Salud vía teléfono para conocer sus declaraciones, sin embargo cuando respondió la llamada pospuso la entrevista para otro momento y no volvió a contestar.
Personal médico en un sistema de salud precario
Figueroa comentó a Contracorriente que «con un médico que hubiera muerto hubiera sido suficiente razón para que ellos (autoridades de Salud) hicieran acciones. Lejos de eso compraron mascarillas que no eran autorizadas para atención médica, hicieron desfalco con la compra de mascarillas, con los hospitales móviles, con las contrataciones, o sea que realmente lo único que retrata es la indiferencia que ellos han tenido con la población hondureña».
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El personal médico tuvo que enfrentarse a una pandemia en un sistema de Salud precario y sin presupuesto para afrontar una crisis. Según informó Contracorriente, a pesar de estar viviendo una pandemia y tras el paso de los huracanes Eta y Iota, en 2021 sólo se destinó el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto del sistema de Salud, un 0.2% menos que en 2020. En contrapartida, el Gobierno asignó el 2.4% del PIB a Defensa y Seguridad, un 0.2% más que en 2020.
De acuerdo a datos del Cespad, en Honduras, 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud y se estima que el 18% de la población (más de 1.5 millones de hondureños) no tiene acceso a los servicios de salud.
Asimismo, Honduras es uno de los países con los menores niveles de inversión en salud con US $101 (HNL 2,470) por persona, muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe: US $392 (HNL 9,589) por persona. Sin embargo, la mayor proporción del gasto en salud es costeado por las mismas personas, según registra un artículo del CMH.
Por otro lado, la corrupción durante la pandemia por Covid-19 también fue un factor influyente para agravar la crisis sanitaria. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un total de 14 informes que identifican irregularidades en la gestión para enfrentar la pandemia, desde sobrevaloraciones de equipo médico, obras inconclusas hasta colusión entre empresas y las empresas mercantiles.
En ese sentido, Suyapa Figueroa dijo a Contracorriente que uno de los retos del nuevo Gobierno de Xiomara Castro será aprobar «leyes que verdaderamente garanticen el acceso a salud de la población, que garanticen la transparencia en los procesos de compra, las adquisiciones y que garantice que el pueblo hondureño finalmente va a tener un Gobierno consecuente con sus necesidades no con las necesidades de los grupos de poder que son los que han primado en este momento y que siguen primando y seguirán si nosotros no los detenemos».
