El triunfo de Xiomara Castro cambia el panorama político hondureño y abre un «giro a la izquierda» en la nación centroamericana. ¿Logrará Honduras quitarse de encima el peso del autoritarismo y la corrupción sobre la que descansaba el Gobierno de Juan Orlando Hernández?
Por Daniel Vásquez
Fotografía: Martín Cálix
Un país políticamente inestable
Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América latina, se ha definido por una permanente inestabilidad política. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la sucesión gubernamental se dirimió primordialmente a través de la guerra civil y, de tanto en tanto, por elecciones amañadas en las que se obstaculizaba el voto opositor. Luego de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), el golpe de Estado fue la técnica de cambio de gobierno por excelencia, hasta que en 1981 —y por presiones externas— comenzó un período de alternancia democrática dominado por los partidos Liberal y Nacional. Esta forma de bipartidismo se vio bruscamente interrumpido por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, lo que creó las condiciones para un reacomodamiento del tablero político a partir de 2012. Sin embargo, el Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y los comicios generales de 2013 y de 2017 que llevaron al Poder Ejecutivo al nacionalista Hernández, volviendo a poner en escena las «elecciones estilo Honduras». Exdiputado entre 1998 y 2014 y expresidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, Hernández fue el primer mandatario hondureño en lograr reelegirse. Su padrino político fue el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), ahora relegado a una posición marginal y adversario suyo.
Émulo confeso del viejo dictador Tiburcio Carías, el régimen de Hernández ha significado un profundo retroceso para el país. Ha minado las bases del Estado de derecho y de la mutua vigilancia de los poderes. Se considera a sus titulares como hombres leales al presidente que, junto al alto mando militar, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo sostiene. Su gobierno ha enriquecido a sus aliados de la banca privada al otorgarles la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y les ha cedido el control de la comisión gubernamental de banca y seguros. Además, ha debilitado severamente la capacidad de maniobra de las empresas de servicios públicos, así como los sistemas de salud y educación. La pandemia también mostró claramente cómo se maneja el régimen del todavía presidente. Y es que las posibilidades de sobrevivir al COVID-19 han estado ligadas a la capacidad de pagar los altos precios requeridos por el tratamiento en un contexto en que el Partido Nacional ha puesto en cuestión los derechos laborales consagrados por el Código de Trabajo, al emitir una ley de trabajo por hora. Las cosas no terminan ahí. Bajo el Gobierno de Hernández se ha aplicado una política de neto corte extractivista, con sus consabidas depredaciones de bosques, minería a cielo abierto y entrega de los bienes comunes como el agua. Con el aparato estatal bajo su control, Hernández ganó las elecciones de 2013 y de 2017, pero contaminado por una fuerte impopularidad.
Pese a todo, el clan de Hernández ha sabido beneficiarse y hegemonizar el sistema de negociaciones cupulares imperante en Honduras teorizado por el profesor Charles W. Anderson, respetando las «reglas del juego» al responder cuidadosamente «a los intereses de todas las elites prominentes», que son esencialmente las facciones mayoritarias de los sectores empresariales, de las fuerzas armadas y de las iglesias. La embajada norteamericana ha jugado un papel tutelar en ese sistema. El prolongado régimen de Hernández se ha desenvuelto en medio de una cultura política de acuerdos entre pares, en la cual juegan un rol fundamental los grandes pactos entre quienes se consideran caciques de los partidos políticos.
La seducción populista
Las elecciones del domingo marcan un cambio de rumbo de la política hondureña. Con los resultados que se disponen hasta este momento, Xiomara Castro ha sido la triunfante en la contienda electoral. Perteneciente a una familia de hacendados y empresarios de la madera, vinculada históricamente al liberalismo, la coalición que lidera Castro ha sido la revelación de la campaña electoral. Sus críticas al Gobierno de Hernández le granjearon parte del apoyo popular y la ubicaron en la primera línea política. Autoidentificada como una persona de izquierda, Castro afirmó que su lucha es por desarrollar en Honduras un modelo basado en el «socialismo democrático».
Xiomara Castro es esposa de Manuel Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado en 2009. Anteriormente miembro del Partido Liberal, Zelaya fue víctima de un golpe tras evidenciar un giro al estilo del «populismo refundador» sudamericano. Las críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el acercamiento a Venezuela y al llamado bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (Alba) y la tentativa de modificar la Constitución le granjearon la enemistad de una parte de la elite tradicional. Cuando el golpe se consumó, su esposa Xiomara Castro saltó a la palestra y se ganó la simpatía de un sector de la ciudadanía hondureña. Cuando Zelaya fundó el Partido Libertad y Refundación (Libre), Castro se convirtió en la primera figura de la organización. En 2012, apenas un año después, Castro se lanzó como candidata presidencial. Pero en 2013 quedó en segundo lugar con 28.8 % de los votos. Quiso volver a intentarlo en 2016, pero acabó abandonando la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y, entonces, el candidato mejor posicionado para enfrentar a Hernández. Nasralla perdió la elección por un escasísimo margen y denunció un «descomunal fraude electoral».
Xiomara Castro volvió a lanzarse como candidata en enero de 2020. Con la venia de su marido, derrotó a sus tres oponentes internos dentro de Libre con el apoyo de seis sobre las nueve corrientes internas del partido, e inició el camino hacia la presidencia. Su campaña estuvo centrada en la crítica de las leyes destinadas a sostener al juanorlandismo, en la promesa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, en la crítica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) —a las que calificó de una entrega de la soberanía popular a empresas internacionales—, en el rechazo al «modelo neoliberal» y a la corrupción. Además de su promesa de vender el avión presidencial —al que calificó de un lujo que el país no puede permitirse cuando buena parte de la población atraviesa severos problemas sociales—, afirmó que Honduras buscará relaciones con China, marcando así una agenda alejada del histórico «norteamericanismo» de la dirigencia política local. Castro prometió además terminar con el régimen de «narcodictadura» que, según su perspectiva, encarna Juan Orlando Hernández.
Su campaña también tuvo un eje de especial importancia: el que se refiere al rol de las mujeres. Castro se manifestó contra la violencia de género y el acoso sexual, pero ha sido ambivalente en relación al aborto. Ha tenido declaraciones favorables en base a ciertas causales, pero también ha sostenido posiciones más ambiguas. La virtual presidenta electa ha sido duramente criticada por sus pasadas manifestaciones en favor del chavismo. Sus detractores la han acusado de querer implantar el comunismo en el país y de generar un clima de desconfianza en el mundo empresarial. Ella ha respondido que es una «socialista democrática» que busca una política que tenga a los seres humanos en el centro de las preocupaciones. Tras conocerse los resultados preliminares, que dejaron a Castro veinte puntos por encima de Nasry Asfura —que obtuvo 33 % de los votos— y de Yani Rosenthal, del Partido Liberal —que consiguió el 9 %—, la futura presidente del país sostuvo la importancia llamar a un diálogo con todos los sectores para la puesta en marcha de una democracia directa y participativa. El Ejecutivo adquiere, sin lugar a dudas, una nueva dirección.
Los partidos políticos y sus perspectivas
Las elecciones del domingo despertaron gran afluencia e interés gracias a los efectos que suponen la salida de Hernández, en un país en que las tasas de abstención tradicionalmente se ubican en la mitad del censo electoral. El partidizado Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una participación histórica de 68.09 %, aun cuando las novedades son escasas: los actores en contienda cuentan con décadas de experiencia en el sistema político de negociaciones cupulares, colaborando en la construcción de una cultura de la ineficiencia y de la corrupción en donde la carrera política aparece ante todo como un medio para el enriquecimiento. El lenguaje político de los competidores se inscribe en la tradición personalista de las lealtades y vínculos partidarios en beneficio de prebendas y favoritismos clientelares.
Esta figura del Estado como «botín de los triunfadores» fue nítidamente evidenciada en el trabajo de las instituciones judiciales estadounidenses. Frente a la debilidad de la justicia en Honduras, Estados Unidos ha extraditado y arrestado en su territorio a reconocidos políticos y gánsteres hondureños que violaron las leyes estadounidenses. Fue en este contexto que la justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua en Nueva York el hermano del presidente y exdiputado Antonio Hernández, a causa de su implicación en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en complicidad con el cártel de Los Cachiros, liderado por Devis Maradiaga, cuyas declaraciones fueron pieza clave en varios juicios. Maradiaga afirma haber colaborado con conocidos profesionales de la política local, volviéndolo uno de los narcotraficantes más célebres del país. En marzo de 2021, reveló haber pagado sobornos de varios cientos de miles de dólares al presidente Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez, y a los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo.
El candidato del Partido Liberal, el banquero Yani Rosenthal, guardó prisión por tres años en una cárcel estadounidense por lavado de activos para Los Cachiros. Es hijo del banquero Jaime Rosenthal, quien fuera vicepresidente (1986-1990) y exdiputado del departamento industrial de Cortés (2002-2006). En su dilatada carrera política, Yani ocupó cargos de dirección en el Partido Liberal, fue ministro de la presidencia (2006-2008) en el Gobierno de Zelaya, diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y precandidato a la presidencia en 2012. Ganó las primarias en 2021, pero no funge como dueño de partido. Los Rosenthal fueron propietarios de Diario Tiempo, del Banco Continental y de Canal 11, un medio privilegiado para su campaña. Su emporio comenzó a decaer tras el escándalo internacional que lo vinculó con la banda de Maradiaga. La condición de exconvicto le restó credibilidad a su intento de presentarse como «el centro» frente a una «derecha corrupta y una izquierda radical», tal como declaró en su campaña.
Por su parte, el candidato nacionalista Nasry Asfura era percibido como la continuación del régimen de Hernández. De haber ganado, Asfura se habría visto en la incómoda situación de tener que proteger al actual mandatario, quien es acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido de parte del «Chapo» Guzmán un aporte de un millón de dólares para financiar su candidatura en 2013. Para ese mismo propósito, los nacionalistas saquearon los fondos del Seguro Social y de la Secretaría de Agricultura. La candidatura de Asfura, que ha sido incondicional al presidente, heredó con el legado de un gobierno que es altamente corrupto y que está políticamente desgastado. Su principal activo fueron los recursos públicos y de la cooperación internacional que se manejan a través de la más importante estructura clientelar del Partido Nacional: el programa Vida Mejor. El Partido Nacional también dispone de abundantes recursos financieros obtenidos por el robo de fondos públicos durante la pandemia y de los onerosos préstamos aprobados por la mayoría mecánica con que disponen en el Congreso.
Xiomara Castro tuvo, por su parte, otros condimentos que se agregan a los explicados anteriormente. En primer lugar, fue promovida por su marido, Manuel Zelaya, que busca recuperar las riendas del Estado desde que fue expulsado por un golpe en 2009. La familia Zelaya formó parte de un grupo de ricos hacendados, históricos empresarios de la depredación del bosque y fue parte de la clase política que maneja el Estado desde la década de 1980. Por eso fue sorprendente su giro a la izquierda como presidente. Su larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal y una década de «coordinación general» de Libre, le permitió al matrimonio Castro-Zelaya acumular un capital político considerable, en el que juegan un papel decisivo en los vaivenes del sistema. Zelaya fue expulsado momentáneamente del juego político debido a las proclamadas simpatías con el castrismo y el chavismo, la tentativa de amañar a su favor la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y convocar a una «Consulta Popular de la Cuarta Urna» con pretensión hegemónica. Pero la forma de la asonada, mediante un golpe de Estado, marcó la política hondureña durante estos doce años de autoritarismo.
Zelaya se reintegró el tablero gracias a los «Acuerdos de Cartagena» firmados en 2011 con el Gobierno de Lobo. Frente a la aún inhabilitada figura de la reelección, decidió promover la candidatura de Xiomara Castro en 2013 con el Partido Libre, que es básicamente un desprendimiento del otrora poderoso Partido Liberal y que dispone de una pequeña ala de izquierda organizada. Libre le arrebató al liberalismo alrededor de la mitad de sus adherentes. El perfil carismático de Castro ha sido exitoso entre su militancia, aun cuando su presencia parece limitarse al periodo electoral y pese a que sus apariciones mediáticas son escasas. Ha sabido aprovechar la herencia simbólica y material de su esposo, evitando esta vez vociferar como en campañas anteriores que «votar por Xiomara es votar por Mel». Aunque todavía en 2016, Zelaya apostaba abiertamente por su retorno a la presidencia, el malestar general que el Partido Nacional le imprimió a esta perspectiva lo ha convencido que la mejor estrategia es evitarlo, reduciendo además las apariciones públicas con Castro.
Una campaña desesperada
El proceso electoral adquirió un giro inesperado el pasado 13 de octubre cuando, tras una reunión con el expresidente Zelaya, Salvador Nasralla anunció su afiliación a la fórmula presidencial de Libre en calidad de vicepresidente. Nasralla es el presentador de televisión más conocido del país y ha atraído la simpatía de los electores más jóvenes por su lucha abierta contra la corrupción del régimen actual. Obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2017 como candidato de Libre, luego de ser expulsado del Partido Anticorrupción con el que participó por primera vez en 2013. Desde el 12 de noviembre, la coalición la compone adicionalmente el excandidato del movimiento Honduras Humana, Milton Benítez, conductor del programa El Perro Amarillo, que ha ganado reputación por sus denuncias contra la corrupción y la banca.
La súbita suspensión de la enemistad que perduraba desde el comienzo de la «crisis poselectoral» de 2017 entre Nasralla y los Zelaya, permitió que nasrallistas, indecisos e independientes, se sumasen progresivamente a Libre, optando por el voto de castigo contra el régimen de Hernández. La coalición despierta expectativas al prometer desmontar el proyecto gubernamental desarrollado por el Partido Nacional, criticando sin ambages a su «pandilla de ladrones». Pese a la multiplicidad de identidades políticas que la componen, la estrategia populista de la coalición fue exitosa. En una muestra de desesperación, el Partido Nacional aceleró la entrega del Bono de Vida Mejor del Bicentenario, decretado hace un mes, equivalente a 7000 lempiras en efectivo por beneficiario (289 dólares), acudiendo descaradamente al mecanismo de compra de votos. En un país con un pasado anticomunista visceral, el Partido Nacional se ha servido de los elogios de Zelaya en favor del régimen cubano, al igual que con los venezolano y nicaragüense, para intensificar una campaña anticomunista contra Xiomara Castro. Buscando afianzar su posición con las iglesias, los nacionalistas concentraron su campaña en buscar provecho de una postura un tanto ambigua de los Zelaya sobre el matrimonio igualitario y el aborto. Asfura llegó a firmar un acuerdo «pro-vida» con la Confraternidad Evangélica de Honduras, orientando su discurso en la defensa de valores tradicionales.
A pesar de las querellas de orden ideológico, Hernández mantuvo buenas relaciones con su vecino Daniel Ortega y los principales líderes de la oposición nunca dejaron de acudir a las reuniones a puerta cerrada con el Partido Nacional. Poco después de una reciente reunión con Ortega en Managua, las autoridades hondureñas encarcelaron al candidato independiente y excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, que ha ganado notoriedad por denunciar el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Si los niveles de represión política de Honduras no igualan los de Nicaragua, la situación es preocupante con un aproximado de 26 militantes asesinados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de octubre de este año.
Lamentablemente, las elecciones no se focalizaron en contrastar alternativas para resolver estas y otras problemáticas urgentes que enfrenta el país. Por el contrario, buena parte de las campañas se basaron en la solicitud del «voto en plancha», en desprestigiar a las y los adversarios o, en el mejor de los casos, en proponer soluciones mágicas sustentadas en el cortoplacismo electoral. Para los grandes jefes de los partidos, sus clanes internos, sus fieles lugartenientes y quienes participan en sus redes clientelares —en particular para los familiares y amigos de los candidatos—, lo esencial es ocupar un lugar en el sistema de negociaciones cupulares. Honduras es una suerte de democracia oligárquica.
Con todo, gran parte de la ciudadanía decidió ejercer su derecho al voto de manera pacífica. Aunque los caudillos tradicionales de los partidos políticos declararon ganadores a sus candidatos antes de tiempo, los competidores han respetado tácitamente los resultados. No se registraron mayores disturbios, protestas o conflictividades sociales similares a las conocidas en 2017. La calidad del espinoso avance democrático alcanzado está por verse en este país de tradiciones políticas autoritarias. ¿Los vencedores contemplarán reconstruir el Estado de derecho y la interdependencia de los poderes del Estado? Honduras requiere establecer una política social incluyente que restaure los equilibrios sociales básicos que animaron la ola reformista que vivió el país desde la huelga de 1954 hasta el reformismo militar.
