Por Claudia López
Hace unos días leí una noticia muy prometedora: de las siete personas que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ejercen como jueces o juezas, tres son mujeres. Si bien, todavía no se alcanza la igualdad, vamos por ese camino. Recién solo era una mujer, ahora son tres, pero anhelo que un día sean cuatro, y por qué no, que sean mujeres todas las personas que integren esa corte. Una vez Ruth Bader dijo: «Cuando en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes (mujeres magistradas en la Corte Suprema de Estados Unidos) y yo digo: “cuando hayan nueve”, las personas quedan impactadas. Pero ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado».
Con frecuencia leo o escucho el cuestionamiento del por qué las mujeres debemos estar presentes en todos los espacios de poder, la respuesta es que por simple justicia y porque solo nosotras conocemos a fondo nuestras propias necesidades, por tanto, por justicia y por interés directo, al menos el 50 % de los espacios de toma de decisiones debería estar ocupado por mujeres, ya que que somos la mitad de la población en Honduras y en todo el mundo.
La realidad, históricamente, es que el patriarcado ha relegado a las mujeres al espacio privado, al trabajo no remunerado y al trabajo de cuidados que lamentablemente es definido como trabajo no productivo, a pesar de que es el trabajo invisible que sostiene a la humanidad. Dedicarnos exclusivamente a estos trabajos nos priva de realizar aportes que nos ayuden a todas y todos a avanzar, por ejemplo en la ciencia, en la economía, en la administración, en la tecnología y en la conducción de los Estados. Y si bien, aún haciendo malabares con un gran esfuerzo, salimos a lo público, nos encontramos con el inevitable «techo de cristal», ese límite invisible que no nos deja avanzar a los lugares donde verdaderamente se toman las decisiones más importantes que inciden de manera directa en las vidas de todas las mujeres y donde podemos generar los cambios necesarios para que cambien las circunstancias de todas y todos. Por ejemplo, es en los parlamentos donde se crean leyes y se aprueban presupuestos que dan ejecución y dotan de efectividad a los planes trazados por el Poder Ejecutivo que debería encargarse, entre otras cosas, de la elaboración de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Por tanto, qué importante es que en todos los espacios donde se toman decisiones estén presentes las mujeres, liderando, creando y ejecutando planes con miras a la mejora real de la ciudadanía y especialmente de las mujeres que somos la mitad, sin olvidar la mirada interseccional que hay que tener en cada decisión que se tome.
Para el caso, Honduras tiene obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de convenios de derechos de las mujeres, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), a través de la cual el Estado se comprometió a eliminar la discriminación contra la mujer. Este compromiso tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en el plano político implica que el Estado debe reforzar la debida diligencia y acelerar la participación real de las mujeres en espacios de poder, es decir que debe tomar «medidas positivas» para que la participación igualitaria procure como resultado representación igualitaria, y no con medidas paliativas, sino asegurar verdaderamente el 50 % de su cuota y que los partidos políticos cumplan con lo que la ley señala, sin la posibilidad de que luego de los comicios primarios —como ocurre actualmente— se vea disminuida.
El tema es amplio y tiene muchos matices y ópticas, por ello, es necesario hacer modificaciones a las leyes y las conductas de los partidos políticos. Pero es al Estado a quien le corresponde cambiar la realidad actual con medidas positivas, es decir reforzando la debida diligencia en cumplir sus obligaciones de eliminar la discriminación contra la mujer y no alentándola, pues en efecto impedir de facto la participación política de las mujeres al nombrar en las secretarias de Estado más importantes solo a hombres, tolera que en el imaginario colectivo se permee la idea de que las mujeres no son capaces de ejercer altos cargos. Cuando esto ocurre, el mismo Estado —que está obligado a revertir la discriminación— la institucionaliza, la normaliza, la tolera y la incentiva.
A estas alturas no es cuestión de que las y los ciudadanos no votan por mujeres, es que el Estado, a través de sus políticas públicas, no ha redoblado esfuerzos para que las mujeres aún con todos los impedimentos puedan decididamente participar en política u optar por sus competencias a altos cargos en el Estado. Lo anterior es evidente, pues actualmente solo un poco más del 20 % de parlamentarias son mujeres y apenas el 5 % de alcaldías son presididas por mujeres, y nunca en la historia del país una mujer ha sido presidenta, es decir que la tarea es ardua, y no debe seguirse postergando, pues si no se hace un cambio real, las necesidades de la mitad de la población seguirán pospuestas, esas necesidades reales y urgentes que solo las mujeres vemos como imperiosas porque atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas todos los días.
Es urgente asignar presupuestos suficientes para prevenir y sancionar de manera ejemplificante las múltiples violencias contra las mujeres en toda su dimensión, desde cambios en la currícula educativa, fortalecer la investigación de delitos contra las mujeres, sancionar adecuadamente las violencias (lo que se logra con investigaciones con enfoque de género), capacitar y formar de manera permanente a las personas operadoras de justicia encargadas de los casos (desde policías, fiscales investigadores, juezas y jueces, magistrados etc). También es urgente realizar planes reales que no sean simples programas asistencialistas para revertir lo que se conoce como la «feminización de la pobreza», planes adecuados para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el derecho a decidir, garantizar todos los derechos laborales a las trabajadoras domésticas remuneradas, entre otras cosas.
Se acerca un proceso electoral que ha estado precedido de un clima de desconfianza, violencia y otros males que nos acechan, pero podemos verlo también como la oportunidad de posicionarnos en el lugar que por derecho nos corresponde: esos espacios de poder donde podemos construir una sociedad igualitaria y ponerle fin a la injusticia y corrupción. Finalizo citando de nuevo a Ruth Ginsburg Bader, quien ha sido una referente en mi vida profesional: «Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción».
