Los clientes de Doris Imelda Madrid, la denunciante de Gabriela Castellanos

El 27 de octubre, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), participó en el foro «Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica» que se desarrolló en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la reunión, Castellanos expuso cómo funcionan las redes de corrupción en Honduras y mencionó que el mecanismo que tienen «presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández», actual presidente de la República. Un día después, Gabriela Castellanos, fue denunciada por presunto nepotismo y malversación de caudales públicos. 

Texto por Francis Cálix
Fotografías por Martín Cálix

La mañana del 28 de octubre, un grupo de abogados liderado por la extitular del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la abogada Doris Imelda Madrid, informó que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público en la que se acusaba a Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de contratar a familiares —en el segundo grado de afinidad— entre 2014 y 2016. 

Según la denuncia, Melvin David Cálix Navas, esposo de la cuñada de Castellanos, habría sido contratado para una Consultoría en Seguridad del CNA en 2014, para la Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría en Seguridad para el Reclutamiento y Selección de Candidatos para la Seguridad del Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de casos, en febrero y julio del 2016. Asimismo, Josué Alejandro Vásquez Fonseca, cuñado de Castellanos, fue contratado para la Prestación de Servicios Profesionales para el avalúo del edificio del CNA, en abril de 2014. 

Madrid indicó que encontró las contrataciones en el Portal de Transparencia que estableció como proyecto cuando fue comisionada del IAIP y las denunció porque era su «obligación moral como ciudadana» denunciar a Castellanos. De igual forma, mencionó que «en su artículo 22, numeral 1, el Código de Ética del Consejo Nacional Anticorrupción indica: “no se permite la contratación de personas de relaciones conyugales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como las contrataciones directas de amigos o excolegas”». 

En una entrevista del medio El ConfidencialHN, Madrid dijo: «Mi tiempo lo mido yo, yo tengo más de tres, cuatro meses de estarlo siguiendo porque yo no soy investigadora, yo no suplanto a un organismo de investigación, yo doy seguimiento ciudadano porque seguirlo es mi deber». Asimismo enfatizó: «No quisiera que el tema se politizara porque no tiene ni debe politizarse, ni porque también vamos a ir a elecciones, ni cosa que se parezca, sencillamente es un tiempo». 

Lester Ramírez, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Contracorriente que esta denuncia surge de las declaraciones de Castellanos en Washington:«Un día después de lo que ella dice hay una reacción tratando de denunciarla y la persona que presenta la denuncia es una abogada del Partido Nacional».  

Por otro lado, Raúl Pineda, abogado y analista político, coincide en que «la denuncia presentada ante el Ministerio Público y otras acciones que se han hecho simultáneamente, y otras que se harán en el futuro, son derivadas de esta acusación (de Juan Orlando Hernández como principal actor de las redes de corrupción), de esa afirmación y de la participación de la licenciada Gabriela en el evento que se dio en Washington. Esa es una acción de retaliación, de castigo, de venganza». 

De igual forma, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) manifestó en un comunicado «su preocupación por el ataque hacia CNA, que busca poner en duda la credibilidad y honorabilidad de dicha institución y de su directora, Abogada Gabriela Castellanos».

Los clientes de Doris Imelda Madrid 

Doris Imelda Madrid, es una abogada y notaria pública, reconocida por el cargo que ocupó como comisionada presidenta del IAIP en 2014, fue propuesta por el expresidente Porfirio Lobo Sosa para ocupar este cargo. En 2016, presentó su renuncia por presuntas presiones relacionadas a la Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, negó que su renuncia fuera por ese motivo. 

Madrid también es reconocida por haber sido defensora legal de militares considerados violadores de derechos humanos en la década de los ochenta. Algunos de ellos fueron: Raymundo Alexander Hernández Santos, comandante de la Dirección de Investigaciones Especiales (DIES); Juan Evangelista López Grijalba, exdirector de la Dirección General de Investigación; y el mayor Manuel de Jesús Trejo, acusado por la captura ilegal y tortura de seis estudiantes universitarios que protestaban contra la desaparición forzosa de personas en 1982. 

En años más recientes, Madrid y su firma «Bufete Madrid y Asociados», ha servido como representante legal de Roberto David Castillo Mejía, condenado (aún  sin sentencia) por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016. También fue defensora de los imputados en el caso de Astropharma: Lena Gutierrez, expresidenta del Congreso Nacional y sus familiares Julio César Gutierrez, Ginette Gutierrez y Marco Tulio Gutierrez, acusados de delitos contra la salud pública, falsificación de documentos y la venta fraudulenta de aspirinas vencidas a la Secretaría de Salud en 2015. Sin embargo, fueron absueltos por falta de pruebas. 

Asimismo, otro de los casos a cargo de Madrid fue el del fallecido exministro de Finanzas William Chong Wong, acusado de malversación de caudales públicos en el Caso Pandora en el que varios funcionarios públicos desviaron fondos del Estado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). También fue representante legal de Evelyn Guevara, quien estuvo por trece días como directora  de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h), implicada en el caso «Hospitales móviles», durante la pandemia por COVID-19. 

Finalmente y el más reciente caso de Madrid es el del alcalde por el Partido Nacional de Talanga, Roosevelt Ávilez, quien fue capturado por el presunto delito de lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. 

La extitular del IAIP tiene una larga trayectoria defendiendo casos de personas vinculadas en la corrupción, por lo que para el analista político, Raúl Pineda, el interés de Madrid en denunciar a Castellanos puede pasar por dos cosas: «Que ella es una patriota enfervorizada o que está cumpliendo un mandato de un cliente que está entronizado en las altas esferas del poder, es una iniciativa personal de ella —que no lo creo— o ha sido el cumplimiento de la satisfacción de una solicitud de alguien de las altas esferas que está molesto por este tipo de situaciones y que no se atrevió a dar la cara y que utilizó a la distinguida abogada Madrid para ejercitar este tipo de acciones». 

Según el portal web del CNA, esta organización tiene 120 casos presentados, 17 casos judicializados y 103 casos en impunidad, entre los que se destacan el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, redes de corrupción de la Secretaría de Salud, empresas fantasma en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y varios informes de investigación relacionados a la corrupción durante la pandemia por COVID-19. 

Es por ello que Pineda considera que la denuncia a Castellanos «es consecuencia natural de las acciones del CNA y con esto lo que se refleja es que las acciones del CNA —por lo menos las que hicieron en Washington— están generando una amenaza o una suerte de temor en los sectores poderosos de Honduras».