El pasado 5 de agosto capturaron a miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR) acusados de incendiar la posta policial de este municipio en la zona centro-sur de Honduras. Según los acusados, esta criminalización es consecuencia de su lucha por el Río Grande de Reitoca, desde 2018, ante la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón desarrollado por la empresa Progelsa. Actualmente, solo se encuentran las ruinas de un proyecto que está en pausa después de desarrollarse en un 70 %, sin embargo la división y la violencia han quedado en la comunidad.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Ezequiel Sánchez
Eran las 5:40 a. m. cuando a Gissela Rodas, integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), le notificaron por mensaje de texto que comandos policiales se dirigían al centro del municipio. Frente a esto, sus compañeros del Consejo Indígena decidieron reunirse para decidir qué acciones tomar. Minutos después, ellos recibieron otro mensaje, en esa ocasión les advertían: «Compas, mejor no esperen en la entrada porque son demasiados». Era el 5 de agosto y la comunidad seguía en cumplimiento del toque de queda decretado a raíz de la pandemia por COVID-19 (que continúa azotando al país).
Gissela cuenta que hasta la puerta de su casa llegaron agentes policiales a preguntarle por Wilmer Alonzo, su esposo y también miembro del CILR. También recuerda que, a pesar del nerviosismo, tuvo el valor de exigirle a los agentes una orden de allanamiento. También trató de grabar con su celular todo lo sucedido hasta que uno de los agentes la vio, se lo arrebató y lo tiró al suelo.
Minutos después de esto, su hermano, Orlando Rodas, líder del CILR, se entregó esa madrugada para evitar que le hicieran daño al resto de su familia. Fue detenido junto con otros miembros del consejo: Andrés Abelino Gutiérrez, Jairo Noé Oliva, Renán Zelaya Vásquez y Jorge Montes. Los policías buscaban a otros diez miembros del Consejo Indígena por suponerlos responsables del delito de incendio agravado a la posta policial del centro de Reitoca, un hecho ocurrido en marzo de 2020.
Orlando Rodas y sus compañeros no tuvieron la suerte de Magdaleno Flores, coordinador del CILR, quien tiene una orden de captura, pero no se encontraba en Reitoca cuando ocurrió la detención a sus compañeros. Magdaleno aseguró: «No sabía que yo tuviera orden de captura, soy un hombre de 49 años, nunca me han puesto las chachas».
Magdaleno explicó que la persecución y hostigamiento a sus compañeros se remonta al año 2018, cuando decidieron conformar el Consejo ante la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón por la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia Sociedad Anónima De Capital Variable (Progelsa), en la aldea La Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.
«Vimos que la empresa empezó de una forma muy suave, con herramienta de palo y piocha allá por el 2014, en tierras de Lepaterique, pero ya por el 2016 pudimos ver la maquinaria rompiendo y haciendo las excavaciones para una cortina y que ya iba en serio el proyecto, pero que la población de Reitoca no se daba cuenta», expresó Magdaleno.
Magdaleno también aseguró que la población de Reitoca nunca fue consultada acerca de la aprobación del proyecto, y que, además, no se puso en práctica la consulta previa, libre e informada que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento firmado por Honduras, al tratarse de comunidades indígenas lencas. Además, Reitoca cuenta con un título ancestral certificado por el rey Felipe de Castilla, de la corona española que data del año 1735, en el cual se habla de las comunidades indígenas lencas.
La quema de la posta policial
El Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán emitió un sobreseimiento provisional a los acusados de quemar la posta policial en marzo del año pasado, esto por suponerlos responsables del delito de incendio agravado en perjuicio de la Secretaría de Seguridad, y debido a que no se encontraron más elementos de prueba en contra de los acusados.
Su hermano, Orlando Rodas, cuenta que eran entre doscientos a trescientos policías los que entraron aquel 5 de agosto a Reitoca por medio de dos comandos policiales y otro en Alubaren, municipio aledaño. «Sé que tengo persecución por esta gente del Gobierno, empresa y ahora corporación municipal, por parte del alcalde», asegura. «Como sé lo bruscos que son, salí de mi casa, alerté a mi familia, mis hijos, mi esposa, a todo mundo», indica Orlando.
Los cinco integrantes del consejo detenidos junto con Orlando fueron llevados a Tegucigalpa y fueron acusados de quemar la posta policial de Reitoca el 8 de marzo de 2020. Los acusados manifestaron que, en efecto, sabían que se estaba haciendo una investigación, pero en ningún momento que ellos estaban siendo señalados. Esto porque no se les requirió previamente, ni se les llamó a dar declaraciones.
Reitoca está aproximadamente a 152 kilómetros de Tegucigalpa, capital del país. Una parte de la carretera que conduce al municipio aún no está pavimentada. A medida que se avanza hacia el centro de Reitoca, las fuentes del río atraviesan el camino. Una vez en el centro del municipio, los reitoqueños platican apaciblemente en el parque y reciben cordialmente a foráneos que se detienen en busca de direcciones.
El municipio es el más pobre de Francisco Morazán, con un índice de pobreza del 77 % según el Censo de Necesidades Básicas Insatisfechas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013. De 10,649 habitantes, el 91 % tiene una cobertura educativa hasta un nivel primario.
No ha sido un municipio conflictivo, según cuentan los pobladores, por lo que la quema de la posta fue un acontecimiento que preocupó a todo el pueblo.
En el juicio, el pasado 17 de agosto, Orlando Rodas indica que la denuncia fue presentada por el alcalde a la Dirección Departamental de Investigaciones (DPI), en un documento con su firma y no con un sello de la municipalidad. Los testigos argumentaron, según Orlando, que ellos prendieron fuego a la posta policial con cuatro policías adentro y que estos huyeron a un patio trasero al tirar los acusados, supuestamente, bombas molotov al patio del edificio. Pero Orlando destaca que «los bomberos tienen evidencia y fotos de que no hubo fuego en el patio».
El actual alcalde por el Partido Liberal, Marlon Nepthali Osorto, aseguró en entrevista con este medio que firmó la denuncia con la finalidad de que se investigara el caso, pero que, a causa de esto, los miembros del CILR creen que es una amenaza directa a su Consejo. «Ellos alegan que yo estoy con Progelsa, pero no es así, mi conciencia la tengo tranquila», manifiesta el alcalde del Partido Liberal y también candidato a reelección por la alcaldía de Reitoca, a su vez expone que, de ser posible, él está de acuerdo con dialogar con las personas que integran el CILR.
«Nosotros hicimos un Cabildo Abierto en 2018 en donde se declaró a Reitoca zona libre de extractivismo y libre de la represa de Progelsa», indica el alcalde, argumentando que ha estado en contra del desarrollo del proyecto hidroeléctrico desde sus inicios como autoridad de Reitoca.
Por otra parte, Orlando Rodas advierte que la razón detrás de estos ataques a personas que integran el CILR es porque la empresa continúa organizando reuniones en la comunidad cercana al proyecto hidroeléctrico. «La única forma de que ellos entren (Progelsa) es neutralizándonos a todos, paralizarnos, meternos presos, ya han intentado con soborno, solo falta que nos maten, pero ellos saben que no vamos a dar ningún paso atrás», afirma el miembro del Consejo Indígena.
Y añade que el CILR tiene un liderazgo amplio de unas sesenta personas que influyen fuertemente en el consejo, detrás de ellas, «casi en el mismo nivel son como mil doscientas personas dispuestas a morir por la defensa de nuestros ríos, eso es lo complicado que han tenido aquí en Reitoca», dice Orlando.
Los vínculos de la empresa con el emblemático caso Astropharma
Magdaleno Flores manifiesta que Víctor Manuel Meza, alcalde liberal de Reitoca en el período 2006-2010, mintió a la población sobre la construcción del proyecto, diciendo que se trataba de una represa de agua potable para beneficiar a los agricultores del lugar con el riego de sus cultivos. Los habitantes decidieron esperar a ver que pasaba, indica Magdaleno, pero fue en 2016 cuando subieron a la aldea La Guadalupe, entre los municipios de Reitoca y Lepaterique, y se dieron cuenta que el proyecto hidroeléctrico ya estaba construido en un 70 %.
Progelsa S.A. fue constituida en enero de 2007, y fue conformada inicialmente por Jack Arévalo Fuentes, Erika Pretushka Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canahuati y Julio Arévalo Fuentes. Fue presentada como Promotora de Generación de Energía Limpia, con la finalidad de tener como actividad principal la generación, venta y distribución de energía eléctrica de cualquier origen, para consumo interno o de explotación y con un capital social de 30,000 lempiras.
Al fundar Progelsa, Jack Arévalo Fuentes tenía experiencia en el sistema público hondureño en lo que respecta a la energía y la gestión de aguas. Arévalo fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el periodo de 1986 a 1990, luego presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional desde 1998 hasta 2002; ya conformando Progelsa, fue gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) desde junio de 2009 hasta enero de 2010.
Por otro lado, los cimientos de la empresa comenzaron a cambiar hasta llegar a compañías offshore vinculadas a la empresa Astropharma, la misma del escándalo tras un caso de ventas irregulares de medicamentos al Estado. En el año 2010, la señora Kasmir Ibukane Garay Suazo, en representación de la sociedad Bluesky Capital Financial Inc —y siendo también representante de la empresa Río Hydropower Corporation dentro de Astropharma en el mismo año— conforma junto a Boris Iván Arévalo, representante de Progelsa, Aerowind S. A. de C. V. con un capital inicial de 100,000 lempiras.
Bluesky Capital Financial Inc y Río Hydropower Corporation no solo tienen en común de apoderada legal a Kasmir Ibukane Garay, sino que ambas fueron conformadas en el mismo año (2010) y constituidas en Panamá. En el caso de Hydropower, compró el 99 % de las acciones de G.K. American Electronic, empresa que pasa a ser dueña de Astropharma, compañía fundada por la familia Gutiérrez Arévalo en 2009.
En 2011 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), ahora llamada MiAmbiente, otorgó a Progelsa la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, estableciendo mediante el Informe y Dictamen Técnico nro.642-2011 que el proyecto hidroeléctrico Río Petacón es «ambientalmente viable y que cumple las medidas de control ambiental establecidas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA)», según reportaje del medio de comunicación digital Criterio.
Contracorriente intentó contactar en reiteradas ocasiones a MiAmbiente, sin embargo, nunca se obtuvo una respuesta.
Un par de años después, el 10 de agosto de 2013, es celebrado el Contrato nro. 082-2014 de suministro de energía eléctrica entre Progelsa y la ENEE. Aquí se establece que la ENEE en su condición de comprador de energía «manifiesta estar de acuerdo en recibir la potencia y Energía Eléctrica comprometida por el vendedor», en este caso, la Planta Petacón, 11,890 kw de capacidad instalada y una producción asociada de energía eléctrica promedio anual estimada de 26,500 MWh al año, utilizando como fuente el agua.
En 2015 el capital social de Progelsa ascendió a 23 millones de lempiras, y es constituida además por Nadia Kafaty Geadah, representante de la sociedad Investment Corporation S. A. (Incor S. A.), mayor accionista de Progelsa en ese entonces. Es aquí donde el Consejo de Administración renuncia y es elegido un nuevo consejo integrado por Danielle Boscolo Meneguolo, presidente; Pietro Barbujani, vicepresidente; Oscar Enrique Kafaty Geadah como secretario; Julio Alejandro Pohl García como vocal I; y Boris Iván Arévalo como vocal II.
En el siguiente año, se entregan facultades de riguroso dominio a Daniele Boscolo Meneguolo en su condición de representante legal de Progelsa para suscribir contratos para el financiamiento del proyecto hidroeléctrico «Petacón» con el Banco Atlántida S. A. y Banco Hondureño del Café S. A. (Banhcafe). En este contrato también actúa como ejecutora especial de acuerdos de la sociedad mercantil de Progelsa Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto Roberto Micheletti Bain (junio 2009–enero 2010).
Nunca se obtuvo respuesta de Progelsa a pesar de las solicitudes de entrevista por parte de Contracorriente.
En esos años Orlando Rodas comenta que el alcalde Meza estaba en negociaciones con Progelsa, en virtud de que Meza nunca aprobó un sistema de riego por gravedad desde lo alto de Reitoca que beneficiaría a todo el municipio. El presupuesto de este proyecto fue de dos millones de lempiras, y ya estaba aprobado, solo faltaba su ejecución, asegura Orlando Rodas.
Orlando Rodas, del CIRL, manifiesta que el exalcalde de Reitoca ya estaba en negociaciones con Progelsa, debido a que nunca se ejecutó un proyecto de riego en beneficio de la comunidad.
El alcalde Marlon Nepthali Osorto asegura que desconoce información relacionada con este proyecto y sobre alguna conexión entre el alcalde de ese entonces (Meza) y el proyecto hidroeléctrico. Del mismo modo, Osorto manifiesta que ha revisado papeleo, puntos de acta, firmas y demás documentos y que nunca ha visto algún convenio o aprobación de la Planta Petacón por parte del exalcalde.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 86 % de la población de Reitoca se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y su principal obtención de agua es por medio de vertiente, río o arroyo.
Esto es lo que ha llevado a muchos del municipio, como a Orlando Rodas, a buscar una salida del país. «Me tuve que ir de migrante otra vez, solo, hablamos con mi papá y me dijo: “No importa hijo, si toca vivir abajo de un puente pues vamos a vivir abajo del puente”, porque yo ya me había ido a la quiebra con mis sistemas de riego. Había hipotecado la casa con mi papá, saqué 180,000 lempiras en Banadesa, pero no pude pagarlos», explica Orlando. Ese fue el segundo de tres viajes que ha emprendido a Estados Unidos.
El asentamiento legal de Progelsa
Mediante los Decretos Legislativos nro 73-2016 y 74-2016 es aprobado en el Congreso Nacional el inicio de operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón. En el decreto nro. 73-2016 está incluido el Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para su efecto de aprobación, y teniendo en ese entonces a Oscar Kafaty Geadah como representante legal de Progelsa.
Este contrato establece que el proyecto entrará en vigencia una vez aprobado por el Congreso Nacional y a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; a su vez indica que la duración del mismo «será de cincuenta (50) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente contrato, pudiendo ser renovado o prorrogado a su vencimiento».
Luis Redondo, actual diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y candidato a diputado por la Alianza Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH) en las próximas elecciones, asegura que todos los contratos o decretos de generadores energéticos que llegan al poder legislativo son usualmente presentados por diputados del Congreso Nacional, y que estos deberían ser presentados al pleno con el contrato de la empresa adjunto, sin embargo, esto no es así desde enero del 2014 y en su lugar mandan los dictámenes sin contrato y dictaminados favorables para solo firmar.
«Los contratos de generación de energía que han pasado por el Congreso Nacional desde los tiempos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández nunca han cumplido los requisitos de ley para poder ser aprobados mediante la aplicación de la ley orgánica, entonces, están mal formulados de manera intencional», explica el diputado.
Por lo anterior, Redondo detalla que es posible pedir la inconstitucionalidad en estos casos, pudiendo establecer una nulidad o vicios de nulidad en estos contratos y, de esta manera, solicitar a los generadores de energía la debida seguridad jurídica y la prueba de si sus contratos han sido debidamente aprobados. «Las empresas han sido cómplices de comprar proyectos “llave en mano” al solicitar que estos se aprueben sin cumplir con los requisitos de ley», señala el abogado.
«Si se puede poner orden, pero debe de existir voluntad política, es decir, que no ganen los mismos que le dieron los contratos a ellos (a Progelsa); porque si no, esos contratos van a seguir ahí los cincuenta años», reclama.
Por otra parte, el acuerdo prescribe que la Secretaría Estado en los Despachos de Energía (SEN) podrá poner fin al Contrato de Operación en forma unilateral por las causas indicadas en el artículo 72 de la Ley Marco del Subsector Eléctrico y también por «La incapacidad de la empresa generadora en rehabilitar el proyecto después de un evento de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo razonable a juicio de la Comisión Nacional de Energía (CNE)», siendo ahora la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Mauricio Villeda Zúniga —hijo del excandidato presidencial y actual diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal, Mauricio Villeda— comparece como ejecutor especial de acuerdos de Progelsa en 2017. Actualmente, Mauricio Villeda hijo, su padre, Mauricio Villeda Bermúdez, Julio Pohl, Anna Paola Michelleti y demás abogados, integran el equipo del bufete Gutiérrez Falla & Associates Law Firm.
Con la representación de Mauricio Villeda hijo, se amplía el capital social a 270,652,100.00 lempiras, siendo accionistas Banhcafe con 154,352,000 millones de lempiras, Sorgente S.r.l. con 100 lempiras y Sorgente Chile Spa (con sede en Santiago de Chile) con 116,201,000 lempiras, figurando Marcio Haroldo Aplicano en representación de Banhcafe y Anna Paola Michelleti en representación de Sorgente S. de R. L.
«El Congreso no ha derogado el proyecto, pienso que trabajará para debilitarnos, pero eso no va a ser posible, la mayoría de la gente sabe que no podemos perder la única fuente de agua que tenemos», expresa Magdaleno Flores.
Luis Redondo asegura que los habitantes de Reitoca pueden pedir la derogación del decreto que aprueba el inicio de operaciones de la hidroeléctrica, debido a que no existió una consulta previa e informada a la comunidad, y pudiéndose amparar en el cabildo abierto realizado en el 2018 como en el Convenio 169 de la OIT firmado por Honduras.
Magdaleno detalla que desde los inicios del Consejo Indígena de Reitoca (CILR) en 2018, antes llamado Protección Río Reitoca, las autoridades han atacado directamente a sus compañeros. En enero de 2018 fueron heridos de bala Andrés Gutiérrez y Miriam Osorto, cuando se encontraban en el campamento a las afueras de la hidroeléctrica y comandos policiales quisieron desalojar a las personas que estaban en el lugar. Un año después, policías secuestraron a dos compañeros, a quienes trasladaron en carro particular después y torturaron en el camino. Fueron regresados siete horas después, explica Magdaleno.
Orlando Rodas ha sido una figura destacada en la defensa del Río Grande de Reitoca y describe que desde sus inicios en la defensa del río ha sido hostigado por las autoridades. «Dijeron que yo había traído armas y que era un exmilitar, esto por una fotografía en donde tengo una mochila con estampado militar que había traído de los Estados Unidos», manifiesta Orlando.
La organización y resistencia del CILR en la instalación del campamento a las afueras de la cortina de la hidroeléctrica también disparó las alarmas de las autoridades de la zona. Orlando asegura que por esta razón también se le señaló de tener formación militar, debido a que la población del lugar nunca había puesto resistencia a la represión de las autoridades, como en otras ocasiones.
«Una vez llegaron doscientos cincuenta (militares) y a eso se le hizo resistencia, otra vez habíamos estado por quince días en el campamento, llegaron con policías, aún así, pusimos resistencia. Yo fui uno de los primeros en subir a la montaña para ver lo que pasaba con el proyecto», indica Orlando. Además, explica cómo según las autoridades él ha sido financiado por distintas organizaciones para crear caos en Reitoca e impedir la realización del proyecto hidroeléctrico.
«Una vez me encontré con mi hijo en una manifestación, verlo defenderse y luchar al lado mío me llenó de satisfacción, pero al mismo tiempo de temor. Aprender a vivir con este dolor, ver que mi hijo está creciendo y saber que mis padres sufrieron cosas así, que yo estoy sufriendo cosas así». Orlando toma una pausa al hablar de su familia e hijos, su garganta se anuda al hablar de ellos. Pero se repone y explica que últimamente ha pensado en mandar a sus hijos a Estados Unidos debido a las pocas oportunidades de empleo y al hostigamiento que él vive en la defensa del río.
De igual manera, él también está considerando irse del país por una cuarta vez, aunque afirma que es mayor el sentimiento de lucha. «Pienso en el dolor que esto causa a mi familia, pero ¿y si a mí no me pueden quitar esto de luchar? No me arrepiento. Y no me voy a arrepentir. Reitoca es como la piedra en el zapato de todo el país, porque lo que es Reitoca y Guapinol son en este momento las banderas de lucha», asegura Orlando.
Un conflicto político
«Al final lo han hecho más políticamente, yo fui a la lucha dos veces, pero miré muchas cosas que no me parecieron y yo como una persona jurídica, como una persona de gobierno, no me quise exponer», asegura Marlon Nepthali Osorto, actual alcalde de Reitoca.
El edil manifiesta que no tiene nada que ver con el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, debido a que este empezó antes, y su mandato inició hasta el año 2018. Las relaciones entre el alcalde y el CILR no han sido las mejores, en virtud de que el primero asegura que la lucha del Consejo Indígena ha sido política y con la finalidad de colocar a alguien afín al consejo en la alcaldía.
Por otra parte, el CIRL expresa que Marlon Nepthali Osorto ha utilizado distintos mecanismos para llegar y quedarse en la alcaldía de Reitoca. «En las elecciones del 2017 compró su candidatura con dinero», señala Magdaleno Flores, explicando que Osorto es concuño del exalcalde Víctor Manuel Meza, quién ahora cumple una pena de 146 años en prisión al ser declarado culpable por seis delitos de asesinato en el año 2016. Al igual que Victor Manuel Meza, Marlon Osorto también es candidato por el Partido Liberal.
El actual alcalde de Reitoca asegura que nunca han sido cercanos, más que en reuniones familiares en su momento. «Lo he ido a visitar a prisión un par de veces, pero nada más. Yo en realidad fui como un outsider, yo creo que la gente quería ver algo de afuera, algo nuevo, y eso fue lo que sucedió en Reitoca. Nunca he andado en política, ni he trabajado en política, yo tengo mi negocito ahí y juego al fútbol», explica Osorto.
«Yo no tengo absolutamente nada que ver con el proyecto porque primeramente eso no empezó cuando yo estaba, vino a reventar en el 2018. Cuando yo agarré la batuta ya había avanzado más de un 50 % la represa», asegura el alcalde.
El candidato a reelección por el Partido Liberal argumenta que en las elecciones primarias se dio algo «atípico», ya que fue tanta la afluencia en las urnas de votación en Reitoca, que las papeletas se acabaron y por eso se quedó mucha gente sin votar. Del mismo modo, el alcalde indica que siempre en el Partido Liberal, pero por la otra corriente, estaba Johel Zelaya, afín al Consejo Indígena, pero que este resultó perdedor y eso causó que miembros del CILR provocaran caos y violencia en la comunidad ese día, pues lo que buscan es el poder, asegura el alcalde.
El actual alcalde de Reitoca, Marlon Osorto, asegura que el verdadero propósito del CIRL ya no es la defensa del río en Reitoca, sino tener a alguien afín al Consejo Indígena en la alcaldía.
«Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros ganamos fue un caos, golpearon a un niño en la cabeza y a un señor también en la frente. Yo estaba en la casa que fue apedreada, pero yo soy una persona que todo se lo dejo a Dios y al final yo creo que Reitoca tiene que cambiar y también creo en la justicia de mi país», afirma el alcalde.
Un habitante de Reitoca, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, dijo que al Consejo Indígena se han integrado individuos que no tienen como finalidad la protección del río en Reitoca, sino crear caos y división. «Se han tomado varias veces la alcaldía, han querido saquear fondos de la misma y han amenazado a personas del lugar que no estén de acuerdo con sus acciones, aunque todos estemos en contra del desarrollo de la hidroeléctrica», asegura esta persona.
La fuente confidencial expresa que el vuelco en contra del alcalde Marlon Nepthali se da porque anteriormente él brindaba apoyo al campamento del Consejo Indígena en las afueras de la represa, pero cuando este proyecto quedó en pausa y cesó el apoyo económico, el CILR se posicionó en contra del alcalde. «Ahí hay bastantes intereses propios y no hay causas tan nobles. Respetamos su labor en la defensa del río, sin duda, pero todo ya se ha vuelto político», declara.
El Consejo Indígena Lenca, por su parte, afirma que el alcalde actual ganó por medio de fraude las pasadas elecciones. «El alcalde actual trajo un contingente policial, andaban entre cincuenta a sesenta policías en horas de la madrugada, gasearon las urnas y se las llevaron al Infop. Después resulta que el alcalde aparece con la mayor cantidad de votos, pero en realidad el pueblo sabe que ellos lo que hicieron fue robarse las urnas para poder revocar el gane de Johel Zelaya», explica Magdaleno Flores.
Magdaleno asegura que el alcalde está en contra de las acciones del CILR, y, por lo tanto, a favor del proyecto hidroeléctrico. El Consejo Indígena pretende inscribir a Rosibel Flores —miembro del CILR y esposa de Orlando Rodas— como candidata a alcaldesa por el Partido Libre en estas próximas elecciones generales.
«Tenemos que pensar la situación, la gente está lista para apoyar algo más, no sabemos si será ella o si ella va a disponer para que sea otro, porque ir a elecciones en contra de alguien que ya es non grato en el pueblo, es tremendo», dice Magdaleno, dando indicios de que todavía queda mucho conflicto por delante para Reitoca.
