El pasado 17 de junio hubo una reyerta en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, que dejó como saldo tres muertos. Las Fuerzas Armadas de Honduras intervinieron el sistema penitenciario desde 2019, y este, en particular, lo catalogaron como un centro penal con un alto grado de conflictividad a lo interno. A dos años, esta junta no ha dado informes sobre los resultados de la intervención, mientras siguen ocurriendo los hechos violentos.
Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Calix
En las afueras del Instituto Nacional Penitenciario (INP) un grupo de familiares de privados de libertad protesta. Es 21 de junio y han pasado solamente cuatro días después del hecho en el que supuestamente la pandilla Barrio 18 atacó el módulo de mediana seguridad de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la cárcel de máxima seguridad La Tolva —en Morocelí, El Paraíso—, el resultado de esto fue tres muertos y treinta heridos.
Los manifestantes aseguran que no han visitado a sus familiares desde que por la pandemia se cancelaron las visitas, además se canceló el acceso al kit de aseo que siempre han recibido los privados de libertad por parte de los familiares. Ahora este hecho violento los pone en alerta.
De las instalaciones militarizadas del INP no salió nadie a responder sus exigencias. Un día antes de eso, el coronel Amilcar Hernández comandante de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), dijo en un medio de comunicación que miembros de organismos de Derechos Humanos y de ONG reciben dinero de las maras y pandillas y que además la Asociación de Familiares de Privados de Libertad que dirige Delma Rubí recibió 250,000 lempiras para elaborar la personería jurídica de esa organización.
Hernández al concluir su participación reiteró que «estos grupos criminales invierten millones y millones de lempiras para controlar las cárceles y donde a ellos les interesa ahí infiltran a una persona, y nosotros ya días estamos en eso, y ese es su modo de operar».
Sobre esto, la directora del del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Glenda Ayala lamentó que Hernández hiciera declaraciones sexistas y sin ningún fundamento: «Me parece un acto deliberado que esté cuestionando el actuar de muchos de los que trabajamos en el tema de derechos humanos cuando es nuestro trabajo hacerlo, lamentamos que en su afán de hacer protagonismo haga esas aseveraciones temerarias».
Ese día en las afueras del INP, los familiares denunciaron abusos ocurridos desde que los centros penales están intervenidos por militares, algunos mencionaron que han llegado a buscar a sus familiares para ver si les permiten la visita pero éstos han sido trasladados sin previo aviso.
Lo que pasa en las cárceles tiene un impacto directo en las comunidades, sobre todo si tiene que ver con maras y pandillas. Y el impacto de los señalamientos que hizo el coronel Hernández, familiar del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, puede ser aún más peligroso para los familiares de los privados de libertad.
Delma Rubí, representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, interpuso una querella en contra del coronel Amílcar Hernández por los delitos de injuria y calumnia con más de 27 pruebas.
«Después de las acusaciones que hizo el coronel Hernández contra mí, el INP giró un comunicado con cosas decomisadas entre ellas granadas, marihuana y armas y mi fotografía. Temo por mi vida, por la vida de mi hijo privado de libertad y por la de mi familia que tengo afuera», dijo Rubí a Contracorriente.
Agregó además que en los centros penales no existe ningún proyecto de reinserción social, y que su organización ha presentado varios proyectos ante las autoridades del INP, sin embargo estas no han sido escuchadas, las autoridades aducen que la organización no tiene personería jurídica.
«Nosotros como organización nacimos en las filas de las visitas y allí decidimos organizarnos como asociación de familias de privados de libertad, nuestro único fin es ayudar y velar por las necesidades de ellos, ayudar a los familiares que quedan aquí afuera sin ningún apoyo, a todos nos cambia la vida desde que somos familiares de un privado», dijo.
Ella, como coordinadora de la asociación dice que nunca se había visto un problema de estos y que considera que las acusaciones de Hernández se deben a que ella siempre ha denunciado los tratos crueles e inhumanos contra los privados de libertad: «Yo siempre he manifestado que a los militares les quedó grande la camisa, que su administración es un fracaso en los centros penales, he criticado el sistema, soy la piedra en sus zapatos», expresó.
El 17 de diciembre de 2019, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.
Los guerreros fuera de los centros penales
Marys Zulema Ordóñez de 65 años de edad tiene a un nieto privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, dice que desde octubre de 2019 no puede visitarlo y teme por su vida.
Doña Marys cuenta que su nieto, a quien crió como hijo propio, fue capturado por la FNAMP mientras andaba viendo un partido de fútbol en el campo de su colonia, enfrenta cargos de extorsión, su abuela dice que él era un joven estudioso y no estaba en maras o pandillas. Después de tres años, este joven sigue en prisión sin tener una sentencia firme aún, algo que viola el debido proceso.
«Mi hijo ya cumplió tres años de estar en Ilama y no sé cuánto tiempo va estar allí, no me lo han sentenciado, porque no le ven nada en el expediente, estoy preocupada porque él es que me mantenía la casa», comentó doña Marys, mientras se manifestaba en las afueras del INP, la tragedia en la Tolva la convocó allí aunque los familiares tenían demandas diversas y muchos estaban en otros centros penitenciarios.
Doña Marys dice que con lo acontecido los últimos días en los centros penales, tiene miedo que a su hijo le pueda pasar algo allá adentro, «¿Cómo van a meter armas si a uno le revisan hasta el blumer (ropa interior) para poder entrar a hacer la visita? nosotros le pedimos a las autoridades que nos dejen pasar los alimentos y que autoricen visitas», agregó.
Gaby Martínez es miembro del Ministerio Pasión por las Almas, congregación que es dirigida por el apóstol Carlos Gerardo Cerrato. Gaby, también andaba alzando su voz frente a las instalaciones del INP el 23 de junio: «Queremos que nos abran las puertas de los centros penales para poder ir a predicar, para llevar una palabra de vida, una palabra de edificación, a un marero, sicario o drogadicto no lo va a cambiar un hombre, solo lo cambia el poder de Cristo, en estos lugares hay necesidad de una palabra, necesidad de Cristo», decía mientras se unía a las demandas de los otros familiares de privados de libertad.
Gaby comentó que el ministerio ha hecho varias peticiones al INP para que los dejen entrar a los diferentes centros penales del país, y así poder darle charlas, cursos y talleres a los reclusos, sin embargo no han recibido respuesta.
El apóstol Pablo Gerardo Cerrato de 53 años de edad es originario del Departamento de Olancho y es el pastor de este ministerio que se ha enfocado en brindar apoyo a los privados de libertad, según el mismo Cerrato.
«Pasión por las almas nació en el corazón de Dios en los Estados Unidos, en septiembre de 1997, cuando yo me convertí», dice el apóstol, quien dejó la pandilla Barrio 18 a la cual pertenecía desde que se brincó en Los Ángeles, California, y ahora se llama «un guerrero de Cristo». A las instalaciones de su iglesia las llama «El cuartel general».
«Me fui buscando el sueño americano a Estados Unidos. Lamentablemente, agarré la puerta ancha, estuve en la 18, empecé a vender droga, a usarla, gané mucho dinero, pero Dios en su misericordia me arrastró y me llevó para New York», cuenta.
El ahora apóstol dice que en Nueva York lo atraparon, le dieron ocho años de cárcel y allí dentro de la prisión comenzó a hacer ayunos, a rezar y le surgió la idea de crear una iglesia que se llamara Pasión por las Almas. «Y Dios me dijo: “te levanto como punta de lanza para levantar al unigénito de errores en Honduras, vas a ir a lugares donde nadie quiere ir, yo te entrego centros penales, albergues, prostitutas, sicarios, pandilleros, drogadictos, las familias”. Con ese sueño llegué en el 2003, deportado a Honduras».
Carlos, el apóstol, comentó que esperó cuatro años para que Dios estableciera su hogar, se casó y ahora tiene dos niños. Fue así como empezó con cuatro guerreros, dice él, su esposa y sus hijos.
El Ministerio empezó en el centro penal de Támara, en el centro para menores infractores Renaciendo, y llegaron a evangelizar a policías también, luego salieron a las calles, a los mercados. Ahora están en todos lados, asegura.
Hechos violentos y repetitivos en las cárceles
Parecía una guerra dentro de la Tolva, el 17 de junio circularon videos desde adentro y desde afuera de las instalaciones de seguridad donde se escuchaba las detonaciones. La portavoz del INP, Digna Aguilar, manifestó que miembros de la Pandilla 18 desde los ventanales del módulo en donde ellos conviven, perpetraron un ataque a los integrantes de la MS-13 cuando se encontraban en las canchas gozando de su hora de esparcimiento.
Aguilar informó que quienes perdieron la vida de manera violenta corresponden a los nombres de Rosman Joel Salgado Solís, Óscar Monge Mendoza y Sergio Pineda Argueta. Extraoficialmente se manejó que eran miembros de la MS-13.
En ese sentido, Glenda Ayala, representante del Conaprev, dijo: «una vez más, hemos podido verificar la vulneración que hay en los centros de privación de libertad, ante el sistema de autogobierno que impera en los centros penales».
Ayala Mejia afirmó que el Estado debe responder a la sociedad y decirle qué está pasando, debe aclarar quienes están asignados a la seguridad porque de alguna manera son responsables con lo que está sucediendo en los centros penales.
«Esto no puede haber ocurrido si no es con la colaboración de las autoridades de los centros penales, no es posible que en un centro tan militarizado como la tolva pasen este tipo de cosas», dijo Ayala.
Según datos del Conaprev, solo en el año 2019, 59 personas perdieron la vida en los centros penales. Los tratados internacionales recomiendan que los centros penales deben ser manejados por personas civiles, puesto que son personas con experiencia, y al Estado de Honduras se le ha recomendado la desmilitarización de los centros de privación de libertad y la desmilitarización de la seguridad pública.
Desde el 2019 que la junta interventora tomó el mando de los centros penales no ha dado ningún informe en todo este tiempo, denunció la titular del Conaprev que desde entonces ha solicitado los informes mensuales cuya única respuesta es la omisión.
«Nos hemos reunido con la junta interventora, no nos han dado los resultados que esperábamos, hemos planteado nuestros motivos de preocupación, hemos pedido avanzar con una política penitenciaria con enfoque de género y que tenga por finalidad retomar el orden y el control de los centros penitenciarios», agregó.
Ayala Mejía dijo que llama la atención cómo en estos centros denominados de máxima seguridad se pueden meter armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y que esto trae la interrogante en manos de quién están los privados de libertad.
El Conaprev le ha recomendado a las autoridades que en vez de policías militares hayan agentes del INP y el sistema ha rechazado la solicitud, en virtud que manifiestan que los agentes penitenciarios son los que más introducen y trasiegan artefactos a los centros penales. «Tengo más de veinte años trabajando en esta materia y nunca había visto tanto trasiego de armas como las que veo ahora, esto es una situación de nunca acabar, hoy son unos mañana pueden ser otros», denunció Ayala Mejía.
Ayala es del criterio que en los centros penales hay un sistema de autogobierno, son los coordinadores de los grupos los que dicen quién va al médico, quién come primero y quién después y son ellos los que buscan la forma de traficar con el consentimiento de las autoridades: «En los centros penales no se mueve una hoja sin que la autoridad no lo sepa y sin que ellos no estén confabulados con esto», dijo.
Esta no es la primera tragedia carcelaria en Honduras, en los últimos veinte años, la violencia al interior de las cárceles hondureñas ha dejado como resultado hechos violentos que han marcado la historia del país. Solo en 2003, 69 personas fueron asesinadas en una masacre en la Granja Penal El Porvenir, en el departamento de Atlántida. En 2004, murieron calcinados 107 privados de libertad, en la Penitenciaría de San Pedro Sula.
En 2012 ocurrió la más grande, 362 personas murieron asfixiadas y quemadas, en un incendio en la granja penal de Comayagua. Un año después, un tiroteo entre pandillas cobró la vida de tres personas en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto y un amotinamiento dejó como saldo 13 personas fallecidas en el Centro Penal de San Pedro Sula.
En octubre de 2019, después del juicio contra Juan Antonio Hernández (hermano del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández), Nery Orlando López Sanabria, quien era testigo clave en el caso, fue asesinado al interior de la cárcel de máxima seguridad El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Ese mismo año, pero en el centro de rehabilitación de menores Renaciendo, cuatro jóvenes perdieron la vida tras una riña entre diferentes pandillas.
En 2019 se registraron más hechos violentos. En la cárcel de La Tolva, un pandillero identificado como Pavel Eduardo Flores, alias «el Sanguinario», asesinó a balazos a cinco reclusos, también se registró un amotinamiento en la cárcel de Tela, Atlántida, que cobró la vida 21 privados de libertad y 19 privados de libertad murieron tras un enfrentamiento entre miembros de bandas criminales recluidos en el centro penal de El Porvenir, en La Ceiba, al norte de Honduras.
Para el abogado penalista, Celso Alvarado estos amotinamientos son un patrón histórico: «Quienes hemos venido dando seguimiento junto al sistema penitenciario sabemos que había un patrón sistemático por parte del Estado y de las autoridades del INP con respecto a permitir que personas bajo su custodia, bajo la tutela y bajo la protección del Estado puedan perder la vida», indicó.
Afirmó que lo que ha habido es una distorsión a nivel de Estado y una potenciación de los procesos de militarización. Según el profesional del Derecho las entidades de seguridad deben ser eminentemente civiles no castrenses, puesto que la historia de Centroamérica ha demostrado que la violencia en manos de entidades castrenses más que disminuir incrementa y en los centros penales básicamente hay una muestra.
«Es increíble que le llamen centro de máxima seguridad si hay armas de grueso calibre, donde se producen muertes y hay granadas a lo interno», detalló Alvarado.
La vocera del INP, asegura que los cuerpos de investigación de inteligencia del Estado están haciendo las investigaciones respectivas para deducir la responsabilidad penal contra las personas que hayan participado en la introducción, filtración o la facilitación de transporte para el ingreso de estas armas de fuego y de artefactos explosivos en la Tolva.
Alvarado, por su parte, agregó que existen mafias penitenciarias que son alentadas y promovidas por los mismos funcionarios responsables de velar por el respeto a la vida y por los derechos de los demás internos.
Alvarado, indicó que se debe exigir al Estado un proceso de investigación seria e imparcial, para determinar cuáles fueron los factores que originaron las muertes de estas personas en los centros penales, ya que el Estado está obligado a tutelar la vida y la integridad física de estas personas.
Carlos Guillermo Paz, quien es el director ejecutivo de Cáritas Diócesis de San Pedro Sula, considera que uno de los factores que lleva a las disputas en los centros penales es la sobrepoblación de privados de libertad y que la concentración de población penitenciaria en establecimientos de máxima seguridad generó una política arbitraria de uso de los traslados como medida disciplinaria.
Paz, expresó a Contracorriente que entre el 56 % y el 60 % de la población en las cárceles de máxima seguridad no tiene sentencia, con lo cual es prácticamente imposible poder seguir el principio de progresividad.
Ayala del Conaprev agrega que no hay un buen manejo de quiénes van a los centros de máxima seguridad, destinados a miembros de maras y pandillas. Dice que se ha comprobado por los jueces de ejecución que en los centros de máxima seguridad hay personas que no pertenecen a maras y pandillas y que hay una resolución emitida por la jueza de ejecución de Danlí en donde le ordena al director del INP el traslado de más de 400 personas que no pertenecen a estas estructuras.
La concentración de población penitenciaria ha hecho una especie de híbrido porque hay población joven que no tiene nada que ver con pandilla, agrega el abogado Paz. «Nosotros en Cáritas conocemos varios casos de jóvenes que no tienen relación directa con pandillas. Sin embargo, cuando se les captura los vinculan con estas bandas delictivas y lo que hacen las autoridades es que prácticamente están facilitando la colocación de estos jóvenes en la militancia y ellos terminan aceptado los actos delictivos que se les encomienda. Vemos que en vez de prevenir han terminado favoreciendo la alimentación de estas redes de criminalidad” expresó Paz.
Con respecto a la junta interventora militar que dirige los centros penales, Paz considera que de esta no se sabe la finalidad: «muchos nos preguntamos si no estaban allí para borrar las evidencias del crimen organizado, porque esos asesinatos están vinculados con señalamientos graves de corrupción y de crimen organizado de altos funcionarios en las cortes de Estados Unidos, esta junta en vez de dar respuesta lo único que ha generado son mas preguntas, no puede ser posible que los mismo que investigan estas muertes están señalados en estas cosas», concluyó.
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De la iglesia Pasión por las Almas salen guerreros para Dios, dice su pastor, un hombre que se dice rehabilitado. La entrada de esta iglesia está pintada verde olivo como el traje de las Fuerzas Armadas.
«La Biblia dice en Mateo 25:31: “estuve en la cárcel y me visitaste”, Hebreos 13:3: “acordaos de los presos”. Visitar a los presos es una orden de Dios. Nosotros sabemos que la cárcel es la penúltima puerta para la oportunidad que Dios le da al hombre para vivir o morir, allí es donde Dios nos manda a predicar la palabra. Usted no le puede decir a un preso de La Tolva: “venga congreguese” , porque no se puede congregar, la iglesia tiene que salir donde ellos».
Cerrato considera que en los centros penales no hay seguridad pero sí sobornos: «Es imposible que un familiar introduzca una arma y el Gobierno no hace ni deja hacer, nosotros antes teníamos día específico para ingresar a los centros penales, ahora tenemos dos años de que no nos autorizan la entrada», reclama.
El apóstol comentó que su plan es tener un apóstol en todos los centros penales del país a nivel nacional para poder transformar a los privados de libertad: «lo que nosotros queremos es una reinserción», concluyó.
