Texto: Allan Bu y Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix
El Valle de Sula, tan productivo como vulnerable, se enfrentará a una nueva temporada de lluvias con tramos de los bordos de protección dañados por Eta y Iota aún sin reparar, mientras Copeco ya ha decretado alerta amarilla por tres días.
El 1 de junio inició oficialmente la temporada ciclónica y el Gobierno de Honduras no reconstruyó los bordos que fueron destruidos en noviembre pasado tras el paso de los huracanes Eta y Iota, mientras tanto, los habitantes de las riberas del caudaloso río Ulúa ven cómo algunas de sus comunidades comienzan a inundarse con las primeras lluvias.
Los funcionarios que el año pasado anunciaron la construcción de una decena de represas, este año electoral, han guardado silencio sobre las mismas, porque el estricto debate implica hablar sobre reordenamientos territoriales, declaración de zonas como inhabitables y desplazamiento de familias. El Gobierno además ha incumplido su responsabilidad de reparar a tiempo la totalidad de los bordos, poniendo miles de vidas en peligro.
Rita Castellanos, de 76 años, pobladora de la colonia La Democracia de El Progreso, Yoro, asegura que si no se reparan los bordos es porque la intención del Gobierno es construir represas y desalojarlos de sus viviendas. «Ya no nos quieren ver, si construyen más represas es porque nos quieren desaparecer», expresó.
Los pobladores de las zonas vulnerables de Honduras han protestado constantemente durante seis meses para que el Gobierno repare los bordos, sin embargo, sus peticiones han sido ignoradas.
Doña Rita, que vive a la par del río Ulúa, ve con preocupación el papel que juegan las represas durante los huracanes, por los antecedentes de la Central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, que entre el 14 y 28 de noviembre del año pasado descargó 623 millones de metros cúbicos de agua, según El Heraldo. «Aunque digan que ahorita El Cajón no tiene agua, la verdad es que está hasta la madre de agua, lo que están esperando es que vengan más lluvias para abrir las compuertas. ¡Nos quieren matar!», aseguró.
El pasado jueves, tras una jornada de intensas lluvias en la zona noroccidental de Honduras, varias comunidades aledañas al río Ulúa resultaron inundadas, después de que el caudaloso río se extendiera a sus territorios debido a la ausencia de bordos de contención. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decretó a partir del viernes 11 de junio 72 horas de alerta amarilla en el Valle de Sula y las cercanías de las riberas de los ríos Ulúa y Chamelecón por las fuertes lluvias que han caído en la zona.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras tuvo que enviar lanchas el pasado jueves a dos aldeas que quedaron incomunicadas para rescatar a varias familias, algo que, evidentemente, no hubiera sido una amenaza para los pobladores en años anteriores porque los bordos estaban en buen estado.
En el comunicado de Copeco se anunció que los próximos tres días, producto de la convergencia de vientos y humedad se producirá inestabilidad atmosférica, precipitaciones y tormentas eléctricas en las regiones antes mencionadas.
Doña Rita, madre de tres hijos, ha habitado en la colonia La Democracia desde 1971 y a estas alturas no espera ayuda del Gobierno. Además, externó su preocupación manifestando que, si se vuelven a presentar huracanes como los del año anterior, quedarán nuevamente a la intemperie. «Tendremos que esperar a que Dios nos socorra, porque no tenemos para dónde agarrar. ¡Un pedacito de bordo es apenas lo que arreglaron y costó que lo repararan!». Doña Rita, cuyo cabello se ha nutrido de canas, se refiere a la reparación de apenas 20 metros de bordo del río Ulúa, colindante al puente La Democracia.
El Progreso,desde las primeras horas tripulaciones y lanchas se encuentran operando en el río Ulúa asistiendo afectados pic.twitter.com/EG69BDeFdU
— BOMBEROS HONDURAS (@BomberosHn) June 11, 2021
El jefe de ingeniería de la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula, Neil Díaz, le dijo a Contracorriente que entre 80 y 90 kilómetros de los bordos que protegen las comunidades del Valle de Sula sufrieron daños. En total, estas estructuras alcanzan 900 kilómetros.
Jerónimo Carranza, coordinador de articulación del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), dijo que el anuncio del Gobierno, como «medida para mitigar las inundaciones», de construir represas en puntos estratégicos del Valle de Sula, vendría a provocar desplazamientos forzosos que dejarían a miles de familias a la intemperie.
«Las comunidades ya entendieron este asunto de que a los bordos no se les ha dado la suficiente atención porque lo que se pretende es construir represas. Prácticamente es una amenaza definitiva a la vida de las comunidades, las comunidades están claras de que se va a dar finalmente el paso de la ley de ordenamiento territorial en donde se declararán sus zonas como inhabitables, eso quiere decir que, si eso se da en las comunidades que están prácticamente en las riberas del río Ulúa y el río Chamelecón, eso traerá despojo y desplazamientos de familias. Porque ya se hacen anuncios de que los van a llevar a otro lado, pero qué garantía tiene el Gobierno para seguir impulsando a los sectores agrícolas y, además, devolverles a estos pobladores lo que ya tienen construido», explica el coordinador de articulación territorial del ERIC-SJ.
Un reportaje de Contracorriente, denominado «Las tormentas, el desastre perfecto para construir más represas sin consulta», explica que «el Gobierno de Honduras ha prometido que la construcción de catorce represas en todo el país evitará inundaciones como las ocurridas con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre del año pasado. Sin embargo, estos proyectos han sido controversiales por su falta de transparencia y consulta lo que genera conflictos en las comunidades».
Y es que días después de los dos huracanes que golpearon a Honduras a finales del año pasado, el presidente Juan Orlando Hernández junto al Consejo de Ministros emitieron el PCM 138-2020 declara como prioridad catorce megaproyectos de represas, y etiqueta como de interés nacional el diseño, la construcción, ampliación y operación de estos.
Uno de los mayores interesados en la construcción de las represas en la zona norte es el empresario y presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canahuati, quien expresó a Diario Tiempo: «no vamos a parar hasta que se haga lo que tengamos que hacer para reducir la vulnerabilidad en el Valle de Sula que representa el 50 % del Producto Interno Bruto del País (PIB)», tras firmar un acuerdo para ese fin.
Tras las nuevas lluvias del pasado jueves, el tema volvió a sonar, pero en la empresa privada. El representante de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el ingeniero Osmín Bautista, dijo al medio local Villavisión que «simplemente con bordos jamás vamos a poder proteger el Valle de Sula. Se necesitan las represas, tanto Jicatuyo y Los Llanitos en la cuenca alta del río Ulúa, El Tablón en el río Chamelecón y reparar el dragado que dejó la Tela Rail Road Company».
En mayo de este año, según una publicación de Radio América, Banco Atlántida fue beneficiado con la firma de un contrato suscrito con la Secretaría de Finanzas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), después de que se hiciera una reforma al contrato de fideicomiso para la generación de energía y desarrollo de proyectos públicos para control de inundaciones, mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la constitución de una alianza público-privada.
Jerónimo advierte que, si se logran construir estas represas, una gran cantidad de familias quedará a la intemperie, porque en estos lugares es donde tienen sus medios de vida. «Las comunidades seguramente saldrán a defenderse, si es esta es la intención de parte del gobierno».
Sobre el porqué no hemos escuchado mayores anuncios del Gobierno sobre las represas este 2021, Carranza establece que es porque estamos en año político, con las elecciones generales programadas para noviembre. «Así que el plan de reordenamiento territorial no lo sacarán en este momento, porque ellos saben que se meterían a problemas en el sentido que necesitan votos. Eso lo trabajarán y establecerán una vez pasando todo este escenario».
Carranza lamenta que, salvo algunas excepciones, las acciones de protesta por parte de los ciudadanos del Valle de Sula siguen siendo débiles. «Están articulados de una manera frágil debido a las regalías del Gobierno. Las bolsas de comida hicieron que bajara la determinación que tenían las comunidades para reclamar al Estado de Honduras que reconstruyera sus casas, reparara sus sistemas de agua y asumiera la responsabilidad de reparar y reconstruir los bordos», dice Carranza.
«Debido a la ausencia de bordos, si hoy viniera un huracán, todo el Valle de Sula y la zona noroccidental, se verían afectados, porque quizá solo en un 20 % o 30 % están atendidas las obras que fueron destruidas», agrega.
«Si hoy viniera un huracán, todo el Valle de Sula y la zona noroccidental se verían afectados porque quizá solo en un 20 o 30% están atendidas las obras que fueron destruidas», Jerónimo Carranza, ERIC-SJ
El analista del ERIC asegura que están en riesgo la vida de las personas y los cultivos en el sector sur de El Progreso y los ex campos bananeros. «Creo que la afectación sería crucial y catastrófica, con una simple tormenta tropical ya mete en problemas serios a estas comunidades».
Mientras tanto, Carranza advierte que en Honduras ya se están viendo «los desplazamientos que están ocurriendo por las ZEDE y esta dinámica se puede ir replicando en estas zonas con tierras tan fértiles y productivas. Esas cosas sí se están pensando y será una tarea fuerte construir una plataforma de lucha».
José Antonio, otro habitante de la colonia La Democracia, asegura que al vivir a la orilla del río Ulúa, corren un enorme peligro porque «el agua se filtrará por cualquier lado».
Por su parte, Kerin Cáceres, de 29 años, dice que es una situación preocupante porque los bordos no están terminados al 100 % y el gobierno responde con violencia cada vez que protestan. «Solo vinieron a tapar un hoyo que habían dejado las lluvias. Pero no nos sentimos nada seguros. En las protestas hay bastante gente preocupada, pero al gobierno no lo veo ayudando. Lo que hace es lanzar gases lacrimógenos».
550 millones para los bordos
El ingeniero Neil Díaz, de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, afirmó a Contracorriente que prácticamente en todos los municipios del Valle de Sula hubo daños en los bordos: Choloma, Puerto Cortés, La Lima, San Manuel, El Progreso, Pimienta, Villanueva, Potrerillos y Omoa. Además, en El Negrito, Yoro y Tela, Atlántida.
Díaz manifestó que después del paso de las tormentas, la Comisión logró identificar unos 70 proyectos para rehabilitar y fortalecer los bordos. Agregó que las ejecuciones de los mismos empezaron en diciembre de 2020, pero solo en los lugares donde las condiciones permitían, en la mayoría de lugares no había acceso.
Explicó que a principios de 2021, comenzaron a ejecutarse 16 proyectos de rehabilitación y hasta el momento hay más de 60 licitados. «Del proyecto 17 en adelante comenzaron en abril. Ya tenemos más de 35 que se están trabajando actualmente».
De los aproximadamente 90 kilómetros de bordo que fueron dañados por las tormentas de noviembre pasado, el ingeniero Díaz manifestó que se han reparado y rehabilitado unos 70 kilómetros. «Hay algunos proyectos que terminaron en mayo, pero ahora en junio se terminarán muchos más», dijo el profesional que habló con este medio antes de que se reportaran inundaciones en Chamelecón y El Progreso, Yoro.
Afirmó que están verificando si hay algún tramo que no ha sido reportado, «de repente hay algunos canales de drenaje donde hay algún daño que no ha sido reportado, pero es poco. La mayoría ha sido evacuado, atacando sobre todo los daños de bordos en los principales ríos: Chamelecón y Ulúa».
En contraste con lo anterior, en el sector Rivera Hernández, el pastor evangélico Adrián Hidalgo lideró una cruzada para que sea reconstruido un tramo de 15 metros de bordo de contención que se encuentra deteriorado justo detrás de la colonia Asentamientos Humanos. «Es una ruptura 15 por 15 metros, pero la restauración propuesta es de 90 por 15 porque hay áreas que el agua socavó la tierra de la orilla y se llevó una parte», dice el pastor.
Hasta el momento la solicitud realizada desde abril a la Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula no ha tenido respuesta, pese a que el boquete deja en estado de alta vulnerabilidad al menos ocho colonias de este sector. En esta institución les dijeron que no estaban enterados, pero que su solicitud será atendida la próxima semana.
El pastor considera que hubo negligencia de este gobierno pues dice que personal técnico de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Insep, visitó el lugar donde está el daño, pero que no realizaron el reporte a la Comisión del Valle de Sula. «Entendemos que la gestión de Mario Pineda (Ministro de Insep) de lo que se trataba era de limpieza de calles, escombros y lodo, pero siendo una autoridad creo que ellos estaban para pasar un informe», se queja Hidalgo.
El ingeniero Díaz, por su parte, reveló que el estimado para rehabilitar la totalidad del sistema de bordos son unos 550 millones de lempiras (23 millones de dólares), de los cuales ya tienen disponibles 490 millones.
Daños por Eta y Iota
A finales del año pasado, entre el 4 y el 18 de noviembre, los huracanes Eta y Iota devastaron el país, especialmente los municipios del Valle de Sula y los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Colón, Atlántida y El Paraíso. De acuerdo con cifras oficiales, los meteoros dejaron 91 muertos, (aunque las Fuerzas Armadas reportaron que 125 cadáveres habían sido rescatados de las aguas después de las tormentas) y 2 941 000 de afectados en todo el país.
Además, 37 puentes colapsaron y 57 quedaron dañados. Se contaron 171 tramos afectados en todo el país. En cuanto a las viviendas, un informe realizado por las Naciones Unidas mencionaba que 1,200 viviendas fueron dañadas tras el paso de las tormentas.
No obstante, en el departamento de Santa Bárbara, de acuerdo con información recopilada por la La Prensa, unas 2,235 viviendas quedaron destruidas y otras 5429, resultaron dañadas. La información recogida por el diario fue elaborada por cada uno de los 28 municipios del departamento. Los daños también pusieron en precariedad la seguridad alimentaria del país, pues las primeras estimaciones en pérdidas de la agricultura arrojaron que se perdieron: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12 415 de maíz y 21 238 de frijol. También fueron afectados cultivos de cebolla, yuca, tomate, melón, sandía, sorgo, entre otros. Además, se anegaron unas 15 000 hectáreas de caña de azúcar y alrededor de 150 000 hectáreas de palma africana.
El economista Alejandro Kafati, miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh, dijo a la agencia Efe que Honduras perdió hasta 12 500 millones de dólares por los efectos de la pandemia de COVID-19 y las tormentas.
Uno de los municipios más afectados fue La Lima, cuyo alcalde, Santiago Motiño, le dijo en una entrevista a Contracorriente, que solo en esa comuna las pérdidas alcanzaban los 24 000 millones de lempiras ( 1 000 millones de dólares) entre daños a viviendas, infraestructura del Estado y cultivos.
En El Progreso, Yoro, la coordinadora de la Comisión de Albergues, Nohely Girón, manifestó a este medio que en esa municipalidad llegaron a tener 92 albergues y unas 15 familias alojadas en los mismos.
“Las estimaciones para rehabilitar la totalidad del sistema de bordos son unos 550 millones de lempiras (unos 23 millones de dólares)”.
El ingeniero Diaz agregó que la mayoría de la infraestructura de bordos fue hecha por las compañías bananeras asentadas en Honduras que en aras de proteger sus cultivos de las inundaciones realizaron estar construcciones, luego el gobierno se ha hecho cargo de su mantenimiento.
Expresa que en los bordos es muy importante el mantenimiento por parte de las comunidades, gobiernos locales, patronatos e incluso empresas que están en las cercanías porque los recursos con los que cuenta el gobierno para este tema son «limitados».
Odalma Henríquez, es coordinadora de la Cruz Roja en Chamelecón. Ella piensa que los miembros de las comunidades protegidas deben ser los primeros interesados en conservar de manera óptima los bordos. «Ahora estamos pidiendo (al gobierno) que vengan a reforzarlo más, pero también estamos viendo que se deben reforzar las capacidades en las comunidades», manifestó.
Explicó que después de realizar inspecciones, ella y su grupo de trabajo se han dado cuenta que hubo partes del bordo que la misma comunidad dañó, ejemplifica esta situación diciendo que, «cada bordo por la parte de adentro tiene unos gaviones, que están hechos a base de piedras y unas mallas que lo protegen, el agua pega ahí y no lava tierra. Pero los pobladores lo que hicieron fue cortar las mallas y llevarse las piedras porque quizás las necesitaban para construir las viviendas», dice.
Aclara que no se puede achacar toda la responsabilidad de las inundaciones a las acciones de la gente, pues de acuerdo con sus registros, la cantidad de agua que el bordo del río Chamelecón puede soportar son 10 metros y en noviembre el río pudo alcanzar hasta 15 metros de agua, «pero debemos sensibilizar a la población que no pueden seguir haciendo eso, aunque siempre vamos a correr un riesgo».
Henríquez también explicó que en Chamelecón el riesgo no solamente viene del río, pues por la topografía del suelo, que son terrenos muy bajos, hay un 35 % del sector que se inunda por retención de aguas lluvias, «debemos tener ese cuidado», concluyó.
