Estamos cerrando un año de pérdidas que aún no podemos contar, algunos analistas económicos aseguran que Honduras ha perdido el equivalente al 50 % del producto interno bruto. El año 2020 se termina y nos deja ante un panorama desastroso para un país que lleva décadas tratando de reconstruirse después de un huracán, de un terremoto, un golpe de Estado y en general de una crisis institucional que solo promete agudizarse aún más en el año electoral. Honduras trata de reconstruirse de sí mismo, de una historia de destrucciones que su élite política se encarga de convertir en un ciclo de corrupción.
Lo que viene es una lucha por la supervivencia mucho más despiadada. Buscarán sobrevivir los más de tres millones de afectados por las inundaciones en las últimas dos semanas, pero también los políticos señalados por corrupción y la maquinaria del Partido Nacional, tan deslegitimada y conocida por su gestión irresponsable en las emergencias, tanto de la pandemia como de las inundaciones.
Las repetidas reconstrucciones de Honduras han sido la excusa para la corrupción, las obras de infraestructura destruidas por los ríos en estos días son muestra de ello. Honduras vive un eterno loop del desastre. Algo parecido a un vehículo atrapado en un atolladero, que consume recursos, energía pero que no avanza, sino al contrario se hunde en el lodo, mientras sus conductores disfrutan pisando el acelerador. Ellos son los reconstructores de la destrucción del país.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández, que cierra su segundo periodo entre la incompetencia y la burla, se ha especializado en colocar a funcionarios y funcionarias públicas de la «juventud» de su partido en puestos clave, donde han sido responsables del mal manejo de toda la emergencia nacional. Pero además de esto, se ha especializado en crear juntas interventoras con militares, miembros de iglesias evangélicas, representantes eternos de sociedad civil y políticos que por algún caso de corrupción o escándalo pasado han quedado en la llanura. Es por esto, que mientras familias enteras aún buscan entre el lodo y la basura sus pertenencias y reconstruir sus vidas, el presidente nombra un consejo consultivo para la reconstrucción del país.
Pero las acciones del presidente, consolidadas en una campaña publicitaria como es costumbre, no se harán sin recursos. Es por eso que ya pidió ayuda al G-16 y ha dicho que invertirá más de 1.211 millones de lempiras en la reparación y mejora de red vial pavimentada y no pavimentada, así como en el montaje de puentes desmontables y en la reparación y hasta edificación de nuevas viviendas en las zonas afectadas. Las instituciones que se harán cargo de estas obras son de las más cuestionadas en su gobierno: la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h).
El consejo consultivo es una jugada vieja con nuevo nombre, no podemos olvidar quiénes son sus integrantes y los papeles que han desempeñado en crisis pasadas.
Podemos comenzar con Rubén Sorto, el primero en decir que sí a esta misión. Sorto es un ingeniero que ha sido asesor en temas de inversiones en el Gobierno de Hernández, además, este año inauguró una planta procesadora de café de alta tecnología en El Paraíso, con el apoyo del Gobierno a su empresa BioFortune. «Hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser hondureño, de lo que ustedes están haciendo aquí y se los agradezco», dijo el presidente cuando la inauguró justo antes de que llegara la pandemia en Honduras. Sorto ha sido un defensor del Gobierno, anteriormente se había pronunciado diciendo que no es culpa de éste las altas tasas de desempleo en el país.
Por otra parte tenemos a Gabriela Núñez, ella se desempeñó como ministra de Finanzas durante el Gobierno del liberal Carlos Flores Facussé, sin duda es una de las más controversiales del grupo, ya que su trabajo como ministra durante la emergencia del Mitch dejó mucho que desear. Ella ya formó parte de una comisión de reconstrucción en aquel entonces y 22 años después seguimos sufriendo las secuelas de ese trabajo. Núñez demandó al Estado de Honduras por su despido ilegal en 2008 perpetrado en el Gobierno de Manuel Zelaya, y el Estado debió pagarle 7 millones de lempiras. Pero su revancha estuvo cerca, ya que después del golpe de Estado contra Zelaya fue nombrada brevemente como ministra de Finanzas en los seis meses del Gobierno golpista, los más nocivos para las arcas estatales en ese año. Estados Unidos la castigó brevemente por catorce meses suspendiendo su visa, pero luego se la restituyeron y Núñez quedó limpia de cualquier cuestionamiento, ahora incluso la llaman a reconstruir el país.
Otro de los nombres más escandalosos en esa lista es el de Milton Jiménez Puerto, excanciller de Honduras en el Gobierno de Zelaya también, hasta que renunció tras su detención en Miami por conducir en estado de ebriedad. Durante su mandato, medios nacionales reportaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores aumentó su planilla más del 50 %. Jiménez Puerto sería la cara de la oposición política en este grupo, que sin duda cuidó tener miembros de diferentes partidos aunque eso no garantizó que fuera plural en absoluto.
Luego están los nombres de siempre, como el de Omar Rivera, quien de seguir aceptando puestos de veeduría y representación de sociedad civil deberá clonarse. Actualmente es miembro del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) que se fortaleció después de su renuncia a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y se ha encargado de hacer recorridos por los hospitales y centros de triaje del país como observador del manejo de la pandemia. Por otro lado está llamado a la reconstrucción del doctor Miguel Sierra Hoffman, creador del tratamiento CATRACHO, quien insistió incluso cuando aún no estaba probado, que la hidroxicloroquina debía usarse como tratamiento para la COVID-19. Ahora está probado que no es un medicamento seguro para tratar esta enfermedad.
Y luego está Rocío Tábora, exministra de Finanzas, quien salió de su cargo luego de filtrarse una llamada en la que movió influencias para que las compras de la pandemia fueran canalizadas a través de Invest-h, aprobado directamente por el presidente de la República. Tábora amenazó con demandar desde la institución del Estado a quienes publicaron ese audio. Al final, las compras de Invest-h terminaron siendo un fraude. Ella estará en la reconstrucción de Honduras e Invest-h comprará ahora puentes móviles, seguro que gracias a su experiencia con los hospitales móviles, la mayoría de los cuales siguen sin estar en uso.
La lista sigue, como sigue la ilegitimidad del Gobierno de Hernández y como sigue la lluvia que continúa anegando el valle más productivo del país. Por ahora la ciudadanía menos afectada está convocando a protestas exigiendo un alto a la corrupción.
Se termina 2020 y con la navidad llega el clientelismo que en éṕoca de hambruna y calamidad, se vuelve la respuesta a todo. Y con el viejo año viene la promesa del nuevo, en Honduras un año electoral.
Mientras el equipo de los reconstructores se sube al vehículo a pisar el acelerador, son los olvidados de siempre quienes intentan empujar el vehículo desde afuera, como siempre, empujando, pero también hundiéndose en el lodo.
Son ellas y ellos, los que son fotografiados con la bolsa de comida insuficiente o con una lámina para su maltrecha casa, los que tienen que separarse de uno o varios miembros de la familia que migran hacia Estados Unidos porque la remesa es la última esperanza. Los que ahora están inundados y se han vuelto prioridad en el discurso oficial, pero han sido masacrados y estigmatizados por vivir en territorios controlados por pandillas. Ellos, los que ni siquiera pueden salir a protestar, son los que van a reconstruir el país como hace dos décadas, ya sea trabajando en el enorme rubro del comercio informal y precario o trabajando en Estados Unidos y mandando sus remesas. Son las familias quebradas las que han reconstruido sus barrios en medio de la violencia y las que sostienen la economía improductiva de Honduras.
