La transparencia en el uso de fondos públicos y donaciones no ha sido el fuerte de los gobiernos hondureños. Ahora, el presidente Juan Orlando Hernández crea una secretaría que podría amenazar la auditoría social y el Congreso Nacional propone sacar dinero de fondos de pensión.
Texto: Lizz Gabriela Mejía
Fotografía: Martín Cálix
En medio de los señalamientos por corrupción durante el manejo de la pandemia del COVID-19 y de la emergencia por los desastres que ha dejado la tormenta Eta, el Gobierno creó la Secretaría de Transparencia que trabajará directamente con Casa Presidencial para tener acceso a la información acerca del uso de fondos públicos, préstamos y donaciones, especialmente los que se utilizan para contener la pandemia y reconstruir lo que a su paso destruyó el huracán. Esta institución fue creada mediante el Decreto Ejecutivo número PCM-111-2020 y fue publicado el 6 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el decreto, esta nueva institución será líder en la coordinación, promoción, facilitación e institucionalización de la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción.
Entre las dieciséis funciones mencionadas en el decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta destacan la asesoría al presidente de la República y el gabinete de gobierno para la correcta implementación de las políticas anticorrupción, dar seguimiento a las recomendaciones hechas por organismos internacionales y coordinar con entidades competentes en la materia la implementación de la política de Estado abierto. También busca crear un Índice Nacional de Transparencia y facilitar alianzas para formar el Observatorio Nacional de Transparencia.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, juramentó el pasado lunes a María Andrea Matamoros Castillo como la titular de la Secretaría de Transparencia, hija del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral David Matamoros Batson, quien ahora funge como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La trayectoria de Matamoros Castillo en el Gobierno data desde 2011. Comenzó como asistente ejecutiva de la Ministra de la Presidencia y de la Designada Presidencial. Después fue parte de una consultoría para el seguimiento del plan de transición al nuevo gobierno entre 2013 y 2014.
Durante 2014 y 2015 se desempeñó como directora ejecutiva del Despacho del Secretario de Estado Coordinador de Gobierno y luego fue nombrada como subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Encargada de Asuntos Consulares y Migratorios. En 2018, Matamoros Castillo fue designada como subsecretaria de Estado en el Despacho de Educación, cargo en el que no duró mucho, pues fue nombrada como secretaria de Estado en los Despachos de Comunicaciones y Estrategia y coordinadora de Marca País Honduras, cargo que ostentó hasta noviembre de este año, cuando fue juramentada como la máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia. Estamos hablando de seis puestos en nueve años.
El anuncio de esta nueva secretaría, que tendrá las mismas atribuciones que otras instituciones que buscan combatir la corrupción, tomó por sorpresa a muchos, ya que la población estaba enfocada en la colaboración para los damnificados por el huracán Eta.
Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), comenta que el jueves, un día antes de la publicación del decreto PCM-111-2020, en una reunión de trabajo le mencionaron que existía la idea de crear una Secretaría de Transparencia y le preguntaron qué le parecía esto, a lo que ella respondió que «habría que estudiar cuál va a ser el radio de acción de esta secretaría y cuáles serán sus competencias».
Durante esta plática, Ardón se enteró que ya solo faltaba afinar los detalles de este proyecto, porque le mencionaron que ya tenían a la persona que sería nombrada ministra.
«La sorpresa para todos es el domingo, cuando empieza a circular el PCM y que sale con fecha del viernes, entonces realmente no era un proyecto, era un acto consolidado y eso lo que establece es que ya había una decisión tomada de crear esta institución», dice Ardón.
«Presidente, reitero mi compromiso y lealtad con el pueblo hondureño para que juntos podamos construir una sociedad más justa y más transparente», indicó María Andrea Matamoros, al ser juramentada como ministra en la Secretaría de Transparencia.
Matamoros afirmó que «estamos dando un paso importantísimo que marca un antes y un después» porque, según ella, esta es la primera vez que Honduras tendrá una secretaría de Estado enfocada en este tipo de temas, ya que el objetivo de la institución es ser rectora de la integridad y transparencia para que dé paso a la participación ciudadana en procesos de veeduría social.
«La idea es prevenir la corrupción, fortalecer los controles internos dentro de cada institución, implementar el Gobierno Digital y modernizar el Estado», aseguró Matamoros Castillo. Además, mencionó que la transparencia es algo que le toca a toda la población hondureña, por lo que los distintos sectores de la sociedad y organismos multilaterales serán invitados a formar parte de una mesa multisectorial, con el propósito de construir una estrategia de transparencia que marque un antes y un después.
En su cuenta de Twitter, María Andrea Matamoros se comprometió para «hacer un trabajo diligente y puntual para que las Secretarías de Estado cumplan con las obligaciones ante el IAIP, así mismo atender todas las inquietudes que este pueda tener».
Mediante un comunicado, los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunciaron en contra de esta nueva secretaría, pues es contraria a lo que se establece en en el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, indicando textualmente que «no deben crearse nuevos organismos de la Administración Central o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos». Es por lo que decidieron no participar en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se menciona en el artículo 10 del decreto PCM-111-2020.
Por su parte el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) asegura que esta secretaría no está encaminada a combatir la corrupción y a generar transparencia, sino que busca disminuir las capacidades y atribuciones de los entes competentes en temas de corrupción. El pronunciamiento de esta instancia de sociedad civil finaliza mencionando que «lamentamos completamente la costumbre del actual Gobierno de aprovecharse de las situaciones de calamidad y de la distracción mediática para crear elefantes blancos, además de valerse que la ciudadanía estaba inundada para la publicación de un decreto que ni entre los mismos secretarios de Estado fue socializado».
A estos pronunciamientos se suma el Tribunal Superior de Cuentas, pues el Pleno de Magistrados ve con preocupación la publicación del decreto que contiene la creación de la Secretaría de Transparencia, iniciativa que en ningún momento fue socializada con ellos. Los magistrados de este ente contralor del Estado de Honduras se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo el pasado lunes 9 de noviembre, donde se concluyó la existencia de dualidad y subrogación de funciones que se le atribuyen a la Secretaría de Transparencia, que constitucionalmente competen al TSC y a otras instituciones e instancias del Estado. Tres días después, el TSC publicó en redes sociales un comunicado en el que advirtieron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para «defender la institucionalidad».
La pregunta que se hacen los distintos sectores de la sociedad es si esta nueva institución es una paralela al IAIP. A esto, Ardón responde que no es el caso, ya que el IAIP tiene una ley, una normativa que ya establece cuáles son las atribuciones, competencias y el radio de acción. Además fue creado mediante un decreto legislativo, que está por encima de un decreto del Poder Ejecutivo porque este último no tiene un mandato de ley.
El IAIP tiene como obligación garantizar a la población el derecho a acceso a la información, que es un derecho llave que permite ejercer otros derechos como rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, Estado abierto, gobierno abierto, libertad de emisión de pensamiento y libertad de expresión.
Estos derechos deben ser tutelados por una institución que cuente con independencia decisional, sin subordinación a uno de los poderes del Estado. Todos estos derechos no los garantiza la nueva Secretaría de Transparencia creada por el presidente de la República en consejo de ministros.
Para Rafael Jerez de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), esta secretaría de Estado no cuenta con poder coercitivo y es innecesaria, pues ya hay otros entes que cumplen con varias de las atribuciones y obligaciones descritas en el decreto publicado en La Gaceta.
También menciona que la población no confía en el Gobierno central y esta autoridad ha fallado en comunicar y socializar las acciones y proyectos a ejecutar, especialmente en tiempos tan críticos como los que enfrenta el país actualmente, donde se ha visto que la ciudadanía ha tomado el liderazgo en la pandemia y el desastre natural.
El abogado de la ASJ agrega que la creación de este ente puede ser una estrategia para promocionar una presunta transparencia institucional y así cumplir con algunos marcadores necesarios para solicitar fondos más adelante.
Tanto Ardón como Jerez, opinan que esta nueva secretaría estaría haciendo parte del trabajo que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público.
Manejo y veeduría de los fondos ejecutados
La población hondureña se ha volcado a apoyar a todos aquellos compatriotas que fueron fuertemente golpeados por el huracán Eta, después de que el ministro de Finanzas, Marco Midence, dijera que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para reconstruir la infraestructura dañada y auxiliar a los cerca de dos millones de damnificados en el Valle de Sula y la zona occidental del país. Durante una reunión con Juan Orlando Hernández, organismos internacionales y bancos multilaterales se llegó a la decisión de reorientar a esta emergencia algunos fondos que se habían destinado para la crisis sanitaria.
Los hondureños han estado pendientes de los movimientos financieros que ha realizado el Gobierno, pues se ha visto que las autoridades no han actuado de la mejor manera, tanto en el rescate como en el uso de los fondos disponibles. Incluso, varios ciudadanos llegaron a denunciar que la fuerza policial y militar no permitía el paso de los furgones que contenían donaciones recolectadas con esfuerzo de hondureños solidarios. Por otro lado, los hondureños en el extranjero se han enfrentado a distintos obstáculos, como el cobro de impuestos por ingresar contenedores con donaciones para los más afectados.
Debido a estas denuncias, el Congreso Nacional legisló esta semana para agilizar el ingreso de las donaciones. A la Administración Aduanera se le indicó aplicar todos los procedimientos y disposiciones administrativas necesarias para facilitar el despacho y repartición de las donaciones para contrarrestar los daños causados por este fenómeno natural. No será necesario realizar trámites adicionales ni estar inscritos en el registro de exonerados, tampoco contar con el certificado de elegibilidad para poder gozar de estos beneficios.
La desidia con la que Copeco y el Gobierno han trabajado esta última semana aumenta la desconfianza de la población, por lo que muchos ciudadanos han aportado víveres, insumos de bioseguridad e insumos de higiene personal sin involucrar al personal estatal. A pesar de que esto sea visto como una acción solidaria, no es sostenible, asegura Jerez, pues las donaciones, ya sean comida o dinero, se terminan.
Jerez menciona que lo que se vive en Honduras puede llevarnos a una nueva crisis, pues la población en todo el territorio nacional está pasando por circunstancias peores que las que en 2017 desencadenaron las protestas después de las elecciones generales, luego de la reelección de Juan Orlando Hernández.
En vista de todas las irregularidades que se han registrado a lo largo del año con los fondos destinados a la pandemia, el IAIP anunció la creación del Portal de Emergencia Huracán Eta, en el que las instituciones estatales están obligadas a publicar toda la información que surja de todas las gestiones administrativas realizadas para que la población hondureña pueda ver la documentación soporte de las donaciones, entrega de medicamentos, gastos e inversiones realizadas para atender a los compatriotas afectados por las torrenciales lluvias.
El Portal de Emergencia Huracán Eta se divide en cuatro secciones: programas y proyectos, remuneración de empleados, compras y contrataciones. En las categorías de compras y programas y proyectos, los usuarios podrán revisar los documentos en las etapas de evaluación y de adjudicación. Además, en la categoría de compras estarán disponibles los datos de los proveedores y la vinculación con los datos de COVID-19.
Al consultar por la sección de donaciones, el ingeniero Belarmino Reyes, gerente de verificación del IAIP, aseguró a Contracorriente que este apartado seguirá disponible en el Portal Único de Transparencia, pero en los próximos días se hará la vinculación con el portal de la emergencia por el huracán.
Este nuevo portal estará disponible para todo público a partir del lunes 16 de noviembre con la información recabada hasta el momento. Cabe señalar que las instituciones gubernamentales y las municipalidades están obligadas a actualizar el portal cada cinco días.
De esta manera se espera llevar un control de los fondos a utilizar en la reconstrucción de las zonas afectadas y el apoyo a los damnificados, además de garantizar a la población hondureña el acceso a la información pública.
Proyectos de ley que podrían resultar en corrupción
Mientras la población hondureña colabora con los damnificados del huracán Eta y se prepara para la entrada de la depresión tropical Iota, en el Congreso Nacional se presentó el proyecto de ley para crear la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes). Esta sería una sociedad mercantil capitalizada con las aportaciones realizadas en instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Entre las instituciones a incluir en esta sociedad estarían los bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los institutos de previsión.
Los recursos obtenidos a través de las instituciones mencionadas anteriormente serían destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura que favorezcan al crecimiento socioeconómico e inclusivo en el país, además de beneficiar a la mayor parte de la población. De esta manera se busca promover la inversión nacional y extranjera directa en iniciativas rentables que conlleven a una distribución de las ganancias obtenidas.
En el proyecto de ley se hace mención sobre las inversiones con los recursos de los entes gubernamentales hondureños, estas deben ser realizadas en el país en instrumentos en valores nacionales de capital o deuda que sean emitidas para el financiamiento de obras de desarrollo. «A fin de captar recursos extranjeros y de fomentar las inversiones de organismos internacionales, la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible que se constituya podrán estar domiciliadas dentro o fuera del país», indica el proyecto presentado en el hemiciclo legislativo.
Además, se hace la salvedad que el Consejo de Administración ni sus integrantes serán responsables de inversiones que provoquen pérdidas por valoración en la cartera de Fondes, dando a entender que los órganos de dirección de los inversionistas institucionales serán responsables por las pérdidas solo si la inversión se autoriza en contradicción a las opiniones técnicas.
El proyecto de ley para la aprobación del Fondes tiene cierta similitud con el sistema chileno, en el que el Gobierno puede disponer de los fondos de pensiones y jubilaciones para hacer inversiones que a corto o largo plazo generan ingresos para el Estado. Después de la inversión, se devuelve el dinero a las instituciones públicas o privadas que lo prestaron y las ganancias van a las arcas del Estado.
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, a través de Twitter expresó que había leído el dictamen del proyecto de ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés y le llama mucho la atención el artículo 20, «¿por qué incluir una norma que limita la responsabilidad en que pueden incurrir sus miembros?», pregunta Santos al referirse al artículo 20 de este documento. Agregó que «según dicho artículo, sus miembros podrán abusar de la ley, traficar con influencias, falsificar documentos, apropiarse de fondos siempre que no sean sobornados, se enriquezcan o laven dinero. La inclusión de este tipo de normas en dictamen de proyecto de ley hace que se dude de todo».
Pero Santos no es el único que no confía en esta idea, ya que Hugo Noé Pino, economista y expresidente del Banco Central de Honduras, opina que se viene una piñata con el dinero de los jubilados, pues los administradores del FONDES no se responsabilizarán por las pérdidas derivadas de las malas decisiones que se tomaron. También comentó que «la aprobación por el Congreso Nacional de Fondes para la utilización de los recursos de los institutos de previsión social y del RAP en proyectos de dudosa rentabilidad es un abuso de “JOH” y Mauricio Oliva. Estos dineros son de los aportantes para sus jubilaciones».
