La Secretaría de Salud incumplió un requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ante una solicitud presentada por Contracorriente en la que pedimos copia de los resultados de las pruebas en las que presuntamente resultó positivo por COVID-19 el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ahora el pleno de comisionados del IAIP emitió una resolución legal para la entrega de la información, que si se incumple llevaría el caso ante la Procuraduría General de la República.
Texto: Fernando Silva
Fotografía tomada de la página web de Casa Presidencial
El pasado 18 de junio Contracorriente solicitó, vía Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), la copia íntegra de los resultados de prueba rápida y proteína c-reactiva (PCR) para COVID-19 concluyente del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto ante la manifestación pública de Hernández la noche del 16 de junio en cadena de radio y televisión en la que afirmó que, junto a su esposa, Ana García Carías, recibieron el diagnóstico positivo en pruebas de laboratorio. Más tarde la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado reforzando las declaraciones e indicando que la prueba positiva era una PCR para la detección del virus.
En ese mismo comunicado se indicaba que el presidente y la primera dama estaban tomando el tratamiento MAIZ compuesto por Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc, esto como parte del método sugerido por la Secretaría de Salud para bajar la carga viral en pacientes positivos por COVID-19. Seis días después en un informe de transparencia publicado a través de María Andrea Matamoros, en ese entonces secretaria de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, se reportó que hasta ese momento el gobierno había destinado 50 millones de lempiras para la compra de los medicamentos que conforman los tratamientos MAIZ y CATRACHO -otro tratamiento aplicado por el gobierno- en su primer fase de adquisición.
En el caso del tratamiento MAIZ, el Centro de Medicina Veterinaria de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ya había mostrado su preocupación en un comunicado donde indicó que «se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser segura o efectiva para prevenir o tratar el coronavirus o el COVID-19».
Finalmente Hernández fue ingresado la mañana después de su anuncio público en el Hospital Militar, esto como precaución ante el resultado de los exámenes que presuntamente detectaron «infiltrados leves en sus pulmones», según el doctor Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
«Su estado general de salud es bueno, sin embargo, los hallazgos de hoy han provocado que el equipo médico, integrado por neumólogos, intensivistas, cardiólogos, recomendaron e indicaron que su manejo sea intrahospitalario», señaló Contreras.
Cinco días después, el 23 de junio, la Secretaría de Salud categorizó la información de la prueba del presidente como reservada y denegó la solicitud violentando la Ley de Acceso a la Información Pública y estándares internacionales. La justificación enviada por la unidad de transparencia de dicha secretaría indicaba que «de acuerdo al art. 3 Literal 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace referencia a los datos personales confidenciales como ser los relativos al estado de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen».
Mientras se mantuvo en hospitalización, Hernández participó en un conversatorio virtual con productores y sancionó una reforma a la Ley de Auxilio al Sector Productivo que declaraba una prórroga en la declaración tributaria de pequeños empresarios. Hernández se ausentó de sus labores de manera presencial como presidente al estar hospitalizado, sin embargo no delegó sus funciones a un designado presidencial, en medio de una emergencia nacional. Finalmente, el 2 de julio Hernández recibió el alta hospitalaria y dijo en conferencia de prensa al salir del centro hospitalario: «hemos superado una prueba más que la vida y Dios nos han dado, estoy feliz por este momento», y cerró afirmando que «de la mano de Dios, ¿quién dijo miedo?» . Ese día se reportaron 49 muertes a causa del virus a nivel nacional.
Hernández fue anunciado como el primer presidente de América que contrajo la COVID-19, sin embargo, a pesar de las resoluciones del IAIP, la Secretaría de Salud ha ocultado la información de los resultados ante una solicitud hecha por Contracorriente.
El 7 de julio Contracorriente interpuso recurso de revisión en contra de la Secretaría de Salud donde se señalaba entre diversos puntos que, en primer lugar, la información solicitada no amenaza con causar daño al presidente, ya que fue él mismo quien anunció el resultado de las pruebas de laboratorio; y en segundo lugar, que de no obtener la información, se causa perjuicio al interés público ante la ausencia del presidente de sus labores durante 15 días. Además, se apuntó que si la prueba resultó negativa, implica responsabilidad administrativa y política frente a todo el país.
El recurso de revisión fue recibido por el pleno de comisionados y el 15 de julio el abogado Hermes Moncada, comisionado presidente del IAIP, firmó un requerimiento en donde ordenaba a la licenciada Alba Flores, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la entrega de la información en un plazo máximo de tres días, si no, citaba el documento: «se impondrán sanciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública».
Finalmente, el requerimiento fue enviado a la Secretaría de Salud hasta el 5 de agosto y resuelto un día después con la misma justificación con la que se denegó la información en principio. Ante esto no se impusieron las sanciones del caso por lo que Contracorriente solicitó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio según la Ley de Transparencia.
Ante esta demanda, la Unidad de Servicios Legales del IAIP emitió el dictamen USL-356-2020 en el que se da lugar al recurso interpuesto, provocando la emisión de la resolución del pleno de comisionados del IAIP del 30 de octubre en el que se ordena nuevamente «la entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información solicitada», especificando que se ha determinado como consentimiento las declaraciones públicas realizadas por Hernández. La comunicación de esta resolución fue emitida el pasado lunes, sin embargo, hasta el momento de esta publicación Contracorriente no ha recibido ningún llamado de la Secretaría de Salud.
El incumplimiento de esta resolución llevará a que el IAIP traslade en los próximos días el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que ejecute la resolución y aplique una sanción económica a la licenciada Alba Flores como titular de la Secretaría de Salud, dicha sanción puede ser de 36 000 lempiras (1400 dólares) hasta 600 000 lempiras (24 000 dólares).
El abogado Vladimir Mendoza, comisionado secretario del IAIP, señaló que es dudoso el motivo por el que Hernández, como presidente de la República, no puede presentar los resultados de la prueba PCR si otros precandidatos de partidos políticos dieron a conocer los resultados de sus diagnósticos en los últimos meses.
Mendoza explica que la misma Ley de Transparencia «no deja ir un poquito más allá», ya que tenían la intención como pleno de realizar ellos mismos la ejecución administrativa del caso para la entrega de la información, pero apunta que hay un impedimento en la ley que le da estas atribuciones exclusivas a la PGR.
«Esperamos que la PGR trabaje de acuerdo con la importancia del caso, porque hemos visto que muchos de los recursos de revisión que llegan a esa instancia no se interponen las acciones en los juzgados correspondientes», y agregó que esperan pronto una reforma en la Ley de Transparencia donde se defina rango constitucional para dicha institución.
Mendoza explica que desde que este pleno entró en funciones hace un año se han remitido más de 400 casos ante la PGR, sin embargo, también señala que carecen del recurso técnico y humano para el trabajo requerido. «No nos han aprobado presupuesto ni para el equipo de bioseguridad», explica.
La Secretaría de Transparencia que controlará el presidente
Aunque no son acontecimientos vinculados, el mismo día que el IAIP comunicó la resolución del pleno a la Secretaría de Salud también se nombró a María Andrea Matamoros Castillo —hija de David Matamoros Batson, titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)— como ministra de la nueva Secretaría de Transparencia creada mediante decreto ejecutivo PCM 111-2020 en el que se define que «esta Secretaría emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público, será de carácter obligatorio».
Este decreto ejecutivo autoriza la creación de tres oficinas de dirección y un despacho presidencial que centralizará las denuncias ciudadanas por corrupción y se encargará de asesorar al presidente en temas de transparencia. En ese sentido, diversas instituciones privadas y de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestaron su descontento ante lo que califican es una acción encaminada a disminuir las capacidades adquiridas por las instituciones en la lucha contra la corrupción.
Ante la oposición por la creación de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno señaló que se trataba de mantener el privilegio de grupos económicos y familiares, sin embargo, el nombramiento de Andrea Matamoros se hizo sin considerar que su padre ya es funcionario.
Además, en un comunicado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló su preocupación ante la «existencia de dualidad y subrogación de funciones que se le atribuyen a la Secretaría de Transparencia, que constitucionalmente competen al TSC y a otras Instituciones e Instancias del Estado», y señalaron que de no corregirse este decreto emprenderían acciones legales para garantizar el respeto a sus atribuciones como ente fiscalizador.
El abogado Vladimir Mendoza señala que lo más preocupante para ellos es «que el IAIP vaya perdiendo la institucionalidad que tanto necesita, si se ha creado una institución paralela que puede ejercer las mismas funciones que el IAIP va a confundir al ciudadano y, además, ¿quién puede garantizar que la información que reciba esta institución será custodiada y no será alterada o eliminada?».
