Este lunes la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó ante el juzgado un antejuicio contra Nasry Asfura, precandidato a la presidencia del movimiento Salvemos Honduras del Partido Nacional, por suponerlo responsable de utilizar fondos públicos para su campaña política en 2014. Mientras tanto en el Congreso Nacional se discuten las reformas electorales.
Texto: Fernando Silva
Fotografías de archivo: Deiby Yánes y twitter de Mauricio Oliva
Este lunes 26 de octubre, la Uferco presentó ante el Juzgado de Letras Penal Anticorrupción, una solicitud de antejuicio en contra de dos funcionarios de la alcaldía municipal del Distrito Central: el alcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. Entre los delitos de los que se les acusa están: lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El documento de investigación difundido en redes sociales y retomado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indica que, con el propósito de recaudar fondos para su candidatura, Nasry Asfura abrió una cuenta en Banco Ficohsa con la denominación «Aportes de Campaña Política», donde se depositaron trece cheques con un valor aproximado de 11,9 millones de lempiras (477 000 dólares), que provenían de un fideicomiso que buscaba captar todos los ingresos percibidos por la administración municipal.
La presentación de la solicitud para este antejuicio se hace después de que la semana pasada el Congreso Nacional aprobó la reforma a varios artículos de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, con el objetivo de establecer las disposiciones para la fiscalización de los movimientos en formación, las precandidaturas, y otros referentes al financiamiento en las elecciones primarias, por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF). Sin embargo, organizaciones de sociedad civil señalan que estas acciones son insuficientes y apuntan la necesidad de otras reformas contempladas en la nueva Ley Electoral que actualmente se discute en el Congreso para garantizar elecciones confiables y equitativas.
Este lunes 26 de octubre, la Uferco presentó ante el Juzgado de Letras Penal Anticorrupción, una solicitud de antejuicio en contra de dos funcionarios de la alcaldía municipal del Distrito Central: el alcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. Entre los delitos de los que se les acusa están: lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El documento de investigación difundido en redes sociales y retomado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indica que, con el propósito de recaudar fondos para su candidatura, Nasry Asfura abrió una cuenta en Banco Ficohsa con la denominación «Aportes de Campaña Política», donde se depositaron trece cheques con un valor aproximado de 11,9 millones de lempiras (477 000 dólares), que provenían de un fideicomiso que buscaba captar todos los ingresos percibidos por la administración municipal.
La presentación de la solicitud para este antejuicio se hace después de que la semana pasada el Congreso Nacional aprobó la reforma a varios artículos de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, con el objetivo de establecer las disposiciones para la fiscalización de los movimientos en formación, las precandidaturas, y otros referentes al financiamiento en las elecciones primarias, por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF). Sin embargo, organizaciones de sociedad civil señalan que estas acciones son insuficientes y apuntan la necesidad de otras reformas contempladas en la nueva Ley Electoral que actualmente se discute en el Congreso para garantizar elecciones confiables y equitativas.
Financiamiento de partidos
Las reformas a la Ley de Política Limpia se hicieron en diez de los artículos contenidos en la misma, entre los que se contempla que los desembolsos para el financiamiento de las campañas políticas tendrán un límite hasta cincuenta días antes de los comicios primarios y que los recursos que provengan de financiamiento público y privado deben depositarse en cuentas diferenciadas, atendiendo al tipo de financiamiento, esto también en el caso de los movimientos internos de cada instituto político.
Con respecto a la pauta televisiva que pueden adquirir, el artículo 28 apunta que «bajo el principio de equidad de pauta televisiva, los medios de comunicación, no pueden discriminar a ningún partido político, candidato, alianza entre partidos políticos, candidatura independiente, movimiento interno, movimiento en formación o precandidato. Para efectos de los límites de gastos en campañas electorales es obligatorio el reporte de la adquisición de publicidad por cualquier medio».
La dirección principal de estas reformas es ampliar la capacidad de acción de la UFTF para que no solo se encargue de fiscalizar el financiamiento de las campañas en los comicios generales, sino que también se fiscalicen los recursos que son recibidos para las elecciones primarias.
En ese sentido Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) e integrante de la iniciativa Voto Informado, apuntó que:
«Si la unidad no tiene los recursos no puede fiscalizar realmente, más allá de una revisión documental no puede ir a los departamentos a ver cómo fue que gastaron el dinero los partidos y de dónde salió ese dinero».
Para el 2021 el proyecto de Presupuesto General de la República, que todavía no se aprueba en el Congreso Nacional, contempla un presupuesto para el CNE de 1833 millones de lempiras (73,6 millones de dólares) que se distribuirán en el financiamiento de las elecciones y otros gastos operativos, solo 30 millones de lempiras (1,2 millones de dólares) serán destinados a la UFTF. Menos del 2 % de los recursos.
En un comunicado, Voto Informado señaló que la UFTF no cuenta con el presupuesto necesario, recurso humano y técnico, acceso al secreto bancario y herramientas necesarias para afrontar la responsabilidad que conllevan estas reformas, en ese sentido apuntaron como ejemplo que el informe de fiscalización de las elecciones generales de 2017 se entregó oficialmente hasta el 1 de octubre de este año, por lo que darle la responsabilidad de fiscalizar las elecciones primarias de marzo de 2021 sin fortalecer sus capacidades representaría tener un informe de ese proceso hasta 2024. «Otorgarle más obligaciones de fiscalizar a la UPL, puede ser una estrategia para sobrecargarla de trabajo sin que tenga capacidad objetiva para fiscalizar y consecuentemente, sancionar», señalan.
La Unidad de Política Limpia nace en 2016 por una iniciativa respaldada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) con el objetivo de combatir la corrupción y el financiamiento ilegal de las campañas electorales, su proceso de aprobación tenía relación con las denuncias del desvío de fondos del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con destino a las cuentas del Partido Nacional para la campaña presidencial del 2014, donde Juan Orlando Hernández resultó electo como presidente de Honduras. En ese caso el mismo Partido Nacional admitió el desvío de fondos y Hernández prometió la devolución del dinero.
La ley que finalmente se emitió propició la creación de la UFTF adscrita al presupuesto del CNE, sobre esto en la presentación del informe Costo de la Democracia en Honduras, Ismael Zepeda del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh) apuntó en declaraciones a medios de comunicación que «se les sigue asignando el mismo recurso cuando ya se sabe que ese presupuesto no alcanza para cumplir con los procesos de fiscalización».
Por la pandemia, las oficinas de la Unidad de Política Limpia permanecen casi siempre sin el personal, al llegar a preguntar por alguno de los tres comisionados que lideran esta unidad aparece un oficial de policía que no sabe con certeza el día que alguien llegará para atender a la prensa. En comparación, los precandidatos de los diez movimientos internos del Partido Nacional, Liberal y Libre que competirán en las elecciones primarias de marzo del próximo año, todos los fines de semanas están realizando concentraciones políticas, en su mayoría sin medidas de bioseguridad.
A pesar de la ausencia presencial de la UFTF en sus oficinas, a inicios de julio emitieron un comunicado en el que ampliaban el tiempo para que cada instituto político presentara su Informe Anual del Patrimonio, según lo contempla la ley, colocando como fecha límite el pasado 14 de agosto, si no presentaban el informe serían objeto de multas. Sin embargo, en una reunión de los comisionados, Javier Franco, representante del Partido Liberal y German Espinal, de Libre, votaron a favor de dispensar del pago de multas establecidas en la ley a los partidos políticos que presentaron su informe de manera extemporánea y los que no presentaron su informe financiero. Esta decisión fue denunciada como «ridícula y una aberración jurídica» por parte de Kilvett Bertrand, secretario de Comunicaciones y Estrategia del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), quienes sí presentaron la información en el tiempo requerido.
Sobre la solicitud de antejuicio en contra del precandidato nacionalista que también implicaría financiamiento ilícito en las elecciones, la UFTF no ha emitido ninguna declaración. Las implicaciones del candidato nacionalista no son novedad en la administración pública, por lo que Gustavo Irías, director ejecutivo de Cespad, apuntaba sobre esta ley en un informe de 2017 que «es preocupante que en las fuentes prohibidas para el financiamiento privado no se esté considerando a las empresas y ejecutivos con contratos de concesiones con el Estado. En especial cuando las evidencias indican que es a partir del financiamiento de este tipo de empresas que se articulan redes de corrupción pública-privada. Estas redes de corrupción constituyen canales idóneos para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado».
En el período en el que la Maccih estuvo en el país presentaron trece casos que en total sumaron a 129 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar más de 460 millones de lempiras (18,5 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde oenegés o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.
Además del desvío de fondos públicos, en el juicio de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño, también se evidenció el involucramiento del narcotráfico en los últimos procesos electorales. En ese sentido, Alexander Ardón, alias «Chande», un excapo narco y exalcalde de la ciudad de El Paraíso, relató que sobornó con más de 2 millones de lempiras (80 000 dólares) al hermano del mandatario, este dinero presuntamente fue destinado a la campaña electoral de Hernández. Además, explicó que el el excapo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán también entregó un aproximado de 25 millones de lempiras (1 millón de dólares) a la campaña presidencial.
Discusión por paridad electoral y transfuguismo
Han pasado más de cuarenta días desde que el CNE convocó a elecciones primarias y aunque diversos candidatos a elección popular, en su mayoría funcionarios actuales, se han movilizado por todo el país, como parte de su campaña política, no se ha logrado la aprobación de las reformas electorales que diversos sectores de sociedad civil han señalado como esenciales para evitar una nueva crisis política.
En un comunicado, Voto Informado señaló que «ir a elecciones con la legislación desfasada actual propiciará un escenario de total inseguridad jurídica, no habrá mecanismos de resolución de conflictos electorales sin una legislación que establezca el debido proceso».
Rafael Jerez apuntó que si ya existe un nuevo diseño institucional por el que se creó el CNE también es necesario un marco normativo renovado en el que se contemplen temas que se exigen desde que finalizó la crisis postelectoral de 2017: segunda vuelta y transparencia en el sistema de transmisión de resultados. Otro aspecto que tendrá que discutirse en el marco de la nueva ley será si la UFTF seguirá adscrita al CNE o finalmente obtendrá independencia institucional. Jerez recalcó que la nueva ley electoral debe ser aprobada antes de las elecciones primarias.
En reiteradas ocasiones la Junta Directiva del Congreso ha suspendido sesiones por falta de consenso para aprobar artículos de la nueva ley, dilatando el proceso de reforma que expertos señalan como urgente. Entre los primeros artículos que se han aprobado de esta ley está el respeto a la paridad, alternancia e igualdad de género en las elecciones y la prohibición para inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en elecciones primarias en otro partido político.
«El Congreso Nacional deja una deuda pendiente para reformar profundamente la legislación de financiamiento de las campañas políticas para evitar la penetración del financiamiento ilícito proveniente de la corrupción y el narcotráfico», señaló por último la iniciativa Voto Informado.
