Esto es lo que aprendí sobre secretividad como extranjera investigando las ZEDE en Honduras

En el contexto de la puesta en marcha de  las 2 primeras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o «ciudades modelo» en Honduras luego de casi 10 años de especulación y letargo, este ensayo ofrece algunas reflexiones sobre cómo y porqué —incluso para quienes hemos investigado de cerca el tema— estos proyectos específicos pueden aparecerse de manera sorpresiva. 

Texto: Beth Geglia

Portada: Martín Cálix

En el contexto de la puesta en marcha de  las 2 primeras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o «ciudades modelo» en Honduras luego de casi 10 años de especulación y letargo, este ensayo ofrece algunas reflexiones sobre cómo y porqué —incluso para quienes hemos investigado de cerca el tema— estos proyectos específicos pueden aparecerse de manera sorpresiva. 

Al inicio de la pandemia global, ciertos inversionistas anunciaron el lanzamiento de la ZEDE Próspera, ubicada en la isla de Roatán, y últimamente se reveló la ZEDE Morazán en Choloma, así como planes de otro lanzamiento en La Ceiba, al norte del país. Habiendo investigado el proyecto de las ZEDE hondureñas desde el 2014 y de manera más intensa del 2015 al 2017 en Honduras como antropóloga, considero que estas parecen salir de sus madrigueras luego de años de espejos y humo. Quienes hemos investigado las ZEDE en Honduras, sin poder predecir estos proyectos recientes, tenemos la responsabilidad de agregar nuestro testimonio como investigadores a la pila de evidencia sobre qué tan secretivos y antidemocráticos son.

Afortunadamente, en el campo de la antropología el proceso de realizar una etnografía es parte de la etnografía misma. Los silencios y espacios vacíos que dejan las preguntas que no logramos contestar revelan hallazgos adicionales sobre las relaciones de poder.

Del 2014 al 2017 los medios en Honduras reportaron que la primera ZEDE del país sería lanzada en Amapala, la municipalidad más al sur en el Golfo de Fonseca, donde pasé la mayoría del tiempo en investigación de campo. Para muchos hondureños era de conocimiento un mapa publicado en los principales diarios identificando los tres puntos de interés para las ZEDE: Amapala en el sur, Puerto Cortés y Puerto Castilla en la costa norte. El presunto interés de las administraciones de los nacionalistas Porfirio Lobo Sosa (presidente 2010-2014) y Juan Orlando Hernández (presidente 2014 a la actualidad) era construir un «canal seco» que conectara puertos a gran escala en cada uno de estos 3 puntos. Un «canal inter-oceánico» como tal, que competiría con un canal de inversión china a través de Nicaragua, ha sido de interés geopolítico para los Estados Unidos, incluso una fantasía de control colonial antes de la independencia centroamericana. De acuerdo con periódicos como La Prensa y La Tribuna, que parecían regurgitar los comunicados de prensa gubernamentales textualmente, la ZEDE de Amapala siempre estaba a solo meses de lanzarse. Eso duró varios años.  

Firmas de Corea del Sur contratadas por la agencia de cooperación surcoreana KOICA llevaron a cabo estudios de factibilidad y completaron un Plan Maestro para la ZEDE del sur en el 2015, en ambos casos los estudios no se hicieron públicos. Los realizadores de los estudios no tuvieron contacto con las comunidades que viven en la Península de Zacate Grande o la Isla del Tigre y se sabía muy poco de su proyecto y sus visitas a la región. Lo que sí fue compartido de este estudio de factibilidad fue que la ZEDE en el departamento sur de Valle tendría 3 puntos: Amapala, donde estaría el puerto; una pequeña parte de Nacaome, donde se ubicaría un centro de estudios agro-industriales; y Alianza, en un sitio en la frontera con El Salvador, el cual sería un centro de almacenamiento y comercio.  En una entrevista en septiembre de 2016, Octavio Sánchez, del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) me comentó  que habían alrededor de quince memorándums de entendimiento para la ZEDE de Valle firmados por varias empresas, incluyendo  estadounidenses y asiáticas. Por supuesto, se me negó mayor información. La supuesta inminencia del proyecto resultó como una distracción tanto para el público como para mí misma.

Sin embargo se sabía de otros planes que circulaban. En el 2011, Future Cities Development liderado por Patri Friedman, fundador del Instituto Seasteading, y la empresa de Michael Strong llamado MKG, firmaron un memorándum de entendimiento con Coalianza, bajo la administración de Lobo, para una ciudad semi-privada. Aunque Friedman declaró en una entrevista que no se había ofrecido un sitio específico para la «city-stead» de Future Cities, los medios hondureños reportaron que el proyecto sería en la municipalidad de Trujillo en la costa norte, un territorio mayormente garifuna afro-indígena que ha sido de gran interés para el desarrollo de las ZEDE. En el 2012 la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra de las reformas constitucionales para las ZEDE (en ese entonces denominadas Regiones Especiales de Desarrollo) poniendo fin al proyecto con Future Cities Development, sin embargo la compra ilegal de tierra por inversionistas canadienses para turismo a gran escala persistió, lo que muchos creyeron que era un sitio de pruebas para una ZEDE futura en Trujillo.

En el 2014, los miembros de la Oficina Presidencial de las ZEDE (compuesta por dos personas en ese entonces, resaltando la falta de capacidad y recursos materiales asignados al proyecto) me contaron que había doce ZEDE en proceso. Luego de preguntar, pude obtener que uno de estos proyectos de interés era una ZEDE de turismo médico en Gracias, Lempira, un proyecto que no ha avanzado en los seis años subsiguientes. Hubo también intentos de instalar una ZEDE en Suyapa, justo afuera de la capital de Tegucigalpa, aparentemente para convertir a la Basílica de la Virgen de Suyapa en un tipo de zona de turismo religioso. La organización comunitaria detuvo exitosamente ese proceso en marcha, y ha permanecido mayormente fuera del radar nacional. En el 2015, la misma oficina me contó que había cuatro grupos de inversionistas elaborando propuestas para ZEDE, pero me negaron  información más específica.

Hablé con Guillermo Peña Panting de la organización libertaria Eleutera, quien dijo estar elaborando una ZEDE de diversas industrias, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula o alrededores. Dijo estar en contacto con el gobierno de EE. UU. sobre cuestiones de transparencia, pero nada concreto aún. La razón por la que pedí hablar con Panting fue debido a su presencia en un evento promocionando las ZEDE en San Francisco al que atendí ese verano, co-organizado por el Instituto Seasteading. El Presidente Hernández canceló su participación en ese evento a último minuto. El evento provocó una ruptura pública entre el CAMP en Honduras y los inversionistas tecno libertarios de Silicon Valley quienes habían abanderado las ZEDE como una oportunidad novedosa para experimentar con  «ciudades startup» y «ciudades flotantes» autogobernadas. La tensión se basaba en un choque entre la retórica de “mejores prácticas” del CAMP y la de “gobernanza experimental” de estos tanques de pensamiento. A partir de allí no se sabía qué tan probable era la participación de estos grupos de tendencia libertaria en las ZEDE, aunque en una entrevista con Patri Friedman, me dijo que retomaría un proyecto en Honduras si se presentaba la oportunidad. 

Hubo cansancio en el país sobre un asunto que parecía estancado y con crisis más apremiantes que atender: la persecución de líderes comunitarios y ambientalistas, acaparamiento de tierras, privatización del sector público, y la evidencia cada vez mayor de enlaces entre altos mandos en la administración de Juan Orlando Hernández y cárteles de la droga. Hernández viajaba periódicamente a la Isla del Tigre en Amapala declarando que «el tiempo del Sur ha llegado», pero nada llegó jamás. La promoción entusiasta jugó un rol tan grande en la producción del imaginario de las ZEDE y la construcción de poder del Estado, que era imposible determinar cuáles declaraciones, si es que alguna, eran ciertas. El gobierno de Honduras negociaba en lo que la antropóloga Anna Tsing llama una «economía de apariencias» y parecía que el esfuerzo para atraer la inversión dependía en el espectáculo y en la pretensión de que este proyecto fallido progresaba.

En 2015 pude obtener copias de los planes  para una ZEDE que envolvería dos municipalidades —Trujillo y Santa Fe—, pero sólo porque las obtuve de una fuente anónima. Los estudios fueron conducidos por el arquitecto Dino Rietti a través de Coalianza, la agencia de promoción de alianzas público-privadas del país. Describían una ZEDE de múltiple función de alrededor de 866 kilómetros cuadrados (el área designada variaba en los documentos) y una inversión total de 1 898 850 000 de dólares en las primeras etapas, repleta con una zona de desarrollo de bienes raíces y turismo, una zona marítima, zona de manufactura, zona agrícola industrial, zona de conservación, y el Puerto Castilla que sería concesionado a  una compañía llamada BDR. Era un plan de ordenamiento territorial bajo el esquema ZEDE.

Cuando entrevisté a Rietti en la sede de Coalianza, me describió un proyecto de ciudad fantástico una mezcla de la ciudad de Miami con los famosos canales de Venecia, antes de llevarme apresuradamente fuera de su oficina. Las comunidades de Trujillo y Santa Fé han estado en alerta alrededor de la especulación sobre las ZEDE en sus tierras, pero el proyecto nunca se desarrolló.

Supe de un esfuerzo para constituir una ZEDE minera en los departamentos del norte en Olancho, Yoro, y Colón porque pagué 110 dólares —un costo prohibitivo para la mayoría en Honduras— para asistir al Congreso Internacional de Minería en el hotel de lujo Clarion en Tegucigalpa, en julio del 2015. De acuerdo a la presentación, llamada Parque Minero en Olancho, la ZEDE se llamaría Mamucol, por la Mancomunidad Mamucol (la mancomunidad es una alianza de gobiernos municipales) y abarcaría hasta 27 licencias de exploración minera para oro y óxido de hierro, de las cuales un estimado de 4 o 5 serían viables para extracción. Según la presentación, estas 4 o 5 minas duplicarían el producto interno bruto atribuido a la actividad minera. La ZEDE Mamucoy incluiría un distrito de energía en su extremo sur con un proyecto de biomasa en el bosque de Agalta. Finalmente, según mis notas, aproximadamente 10 000 hectáreas de bosque tropical preciado serían plantadas para su exportación, lo que generaría billones de dólares en los siguientes 25 años. Ese proyecto se llamaría Proyecto Agalta y se ubicaría ventajosamente cerca de los puertos tanto de Castilla como de Cortés, en la costa norte.

Rastreé este proyecto hasta Fundemun, una ONG hondureña creada para brindar asistencia técnica en desarrollo a gobiernos municipales. Según un Convenio Interinstitucional firmado en diciembre de 2014, Fundemun recibió 15 millones de lempiras de fondos estatales (alrededor de 615 940 dólares) en el 2014 como asociación público-privada a través de Coalianza. Los fondos fueron apropiados a través de la Orden Ejecutiva #068-2014, en la cual el presidente Hernández creó lo que se llamó el Programa Nacional para el Desarrollo de Empleo e Ingresos en la Energía Comunitaria para una Vida Mejor. Esta Orden Ejecutiva declaró la producción de energía en biomasa un asunto de interés nacional y asignó fondos para que Fundemun ayudara en el desarrollo de este sector.

En una entrevista que agendé con la organización, conocí que Fundemun trabajaba en la parte de energía de biomasa de la propuesta ZEDE discutida en el congreso de minería. En ese entonces en el 2016, trabajaban con el alcalde de San Esteban, Olancho, y la organización estadounidense de caridad HOI para desarrollar una ZEDE que produciría biocombustible del bosque del Valle de Agalta. Un oficial de Fundemun, quien pidió no ser citado con su nombre, me contó que buscaban incluir la ZEDE en un acuerdo entre países para que pasara desapercibida .  En ese entonces, me ofreció compartir documentos sobre el proyecto de la ZEDE en el Valle de Agalta solo si firmaba un contrato de confidencialidad, presentándome un abogado y una pila de documentos allí mismo. Elegí no firmar, porque información que no podía publicar me era de poca utilidad y el mantenerla me haría cómplice en las prácticas de secretividad del estado hondureño. Les pedí que me enviaran el acuerdo que querían que firmara para revisarlo con un abogado, pero nunca lo hicieron.

A las personas en Honduras se les niega la información más básica sobre el funcionamiento de su gobierno, y esto permea en todo nivel. En la región del sur, se me dio repetido acceso a documentos de títulos de tierras que habían sido denegados por años a mis interlocutores en comunidades rurales, a pesar de ser documentos públicos. La Ley de secretos oficiales y de clasificación de la información, aprobada en el 2014, ha hecho aún más peligroso para periodistas e investigadores publicar información de interés público, criminalizando la distribución de información clasificada relevante a la «seguridad nacional». Como he explicado, de cierta manera mi privilegio como investigadora internacional me costeó el acceso, mientras en otras ocasiones se me negaba la misma información básica, al igual que a las y los hondureños. sobre un proyecto con tanto en juego para el futuro del país  Ciertamente, elegí no entrevistar a algunos de los más altos niveles, tales como Ebal Díaz, quien fue investigado por la DEA al lado del presidente Hernández y su hermano «Tony» Hernández por casos de narcotráfico. Díaz fue uno de los arquitectos de la ley de las ZEDE y miembro del comité de máxima poder de su gobernanza, el CAMP, pero una investigadora tiene la responsabilidad ética de velar por su propia seguridad también.

En 2017, después de un evento de promoción en Tegucigalpa y tan solo semanas antes de una crisis electoral, se reportó que las empresas Energy Transfer, Port Royal, Lacthosa, Emco Group, Lamericom, Dong Ju, Raptor Mining, y Wonder Foods habían escrito cartas de interés en las ZEDE. Pero también parecía que los planes a gran escala para las ZEDE pregonados por el gobierno, tales como el puerto a gran escala en Amapala, tardarían mucho más ya que requerían un mayor nivel de inversión e infraestructura. Era probable que empresas a pequeña escala a cargo de terratenientes y/o tecno-capitalistas, como asentamientos residenciales y turísticos, o zonas industriales existentes sencillamente convertidas a un marco legal ZEDE, serían las primeras ZEDE, si es que alguna lo hacía, en avanzar. Esto es lo que estamos viendo con Roatán y Choloma. Pero es posible que estos proyectos de ser «exitosos» inspiren la confianza de los inversionistas y conlleven a ZEDE más extensas territorialmente. Los materiales de promoción de Próspera identifican a Cuyamel, Puerto Cortés, La Ceiba, Puerto Castilla, y Amalala como posibles sitios para sus próximos emprendimientos. 

Del 2016 al 2017 trabajé con una ONG de garantías civiles para presentar solicitudes de información a diversas agencias hondureñas bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una de los objetivos  principales que teníamos era conseguir la lista actual de miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el comité presidencial con la facultad de aprobar nuevas ZEDE. El CAMP que fue ratificado por el Congreso en el 2014 estaba repleto de oficiales estadounidenses de la era Reagan, pensadores  libertarios y neoliberales internacionales, y empresarios, pero el CAMP tiene la habilidad de reemplazar sus miembros y llenar sus vacantes sin buscar aprobación del Congreso. En entrevistas, varios oficiales hondureños me dijeron que la composición del CAMP había cambiado significativamente desde el 2014. Cuando pregunté quiénes actualmente servían en la comisión, la respuesta fue siempre que no me podían decir. 

Con nuestro acto de libertad de información pretendíamos saber quién fungía actualmente en el CAMP, ver el Plan Maestro para la ZEDE de Valle y saber qué otras ZEDE estaban en consideración, de ser así. No conseguimos la información. Acerca del CAMP, la Casa Presidencial respondió que no manejaban la información al respecto y nos dirigieron a una “Dirección Ejecutiva” de las ZEDE, un ente que no existía en alguna ley del país. Esta no respondió.  Solicitamos al  Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras contestar una pregunta  de alta importancia legal y constitucional para el país: ¿El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas y el Secretario Técnico establecido en la Ley Orgánica de las ZEDE son sujetos obligados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Es decir, ¿este ente se rige bajo la ley nacional del país?  Por lo tanto, no fue sorpresivo que el suscrito del acuerdo aprobando las ciudades ZEDE de Próspera y Morazán, Carlos Pineda Pinel, sea un actor desconocido en el proceso. Los hondureños aún no saben exactamente quiénes sirven en este cuerpo que esgrime un tremendo poder para entregar su territorio a inversionistas privados para formar sus propias formas de gobierno.

Cuando las noticias surgieron últimamente sobre la segunda ZEDE en Choloma, y que la propuesta para la ZEDE Próspera en Roatán fue presentada al CAMP por primera vez en 2017, un colega hondureño y yo  lamentamos que «es imposible mantenerse delante de las ZEDEs». Pero ese es precisamente el punto.

Este argumento no es para nada sorpresa en Honduras donde se ha visto cómo las administraciones posgolpe han trabajado sistemáticamente para socavar la democracia y la transparencia. De hecho, podría parecer generoso, ya que la secretividad difícilmente es el aspecto más ofensivo del desarrollo de las ZEDE. En los años desde el golpe del 2009, hemos visto un afianzamiento del poder de redes corruptas narco-estatales. Como la Organización Franteral Negra de Honduras (Ofraneh), y la Asociación  para el Desarrollo de la Península de, Zacate Grande (Adepza) y muchas otras organizaciones hondureñas han denunciado desde el 2010, las ZEDE nacen a raíz de este acaparamiento de poder y representan una violación al concepto de la soberanía popular para los pueblos de Honduras. Pueden ocasionar el despojo de tierras, como ha sido la tendencia con nuevas zonas económicas especiales y proyectos de «nuevas ciudades» alrededor del mundo. Los artículos 25 y 26 de la Ley de las ZEDE describen cómo las expropiaciones de la tierra deberán tomar lugar, permitiéndole al Estado ejecutar la expropiación para tomar la tierra que se considere necesaria para la zona o la expansión de la misma. Tanto la ZEDE Morazán en Choloma como la ZEDE Próspera en Roatán (así como los planes acá mencionados) chocan de cara con años de declaraciones del gobierno y sus asesores extranjeros de que se iba a dar el permiso para las ZEDE únicamente en territorios no habitados. En los años 2014 al 2017, el gobierno hondureño operó un sitio oficial de las ZEDE que declaraba, contrario a la Ley de las ZEDE, que los inversionistas necesitan ser dueños de sus tierras previo a proponer la ZEDE ante el CAMP. Pero hoy en día las comunidades de Roatán viven en la incertidumbre de una posible expropiación. No fue hasta el 24 de septiembre de 2020, después de la aprobación de Próspera, que se emitió una normativa (Normativa ZEDE 002-2020) acerca de estos artículos opacos en la Ley Orgánica de la ZEDE sobre la expropiación. Ofraneh también denuncia que La ZEDE Próspera no respetó el derecho de las comunidades de Roatán a la consulta libre, previa e informada, un derecho garantizado por el estado de Honduras y reiterado en la misma Ley de las ZEDE.

Aunque representan solo la punta del iceberg, comparto  estos detalles de mi proceso investigativo ya que en muchos de los espacios en que circulo —en la academia y en el norte global— muchas de las ideas intrínsecas al modelo de las ZEDE mantienen su atractivo. Irónicamente, el valor de este modelo a menudo se enmarca en términos de «transparencia» o «Estado de derecho», cuando la verdad es lo contrario. Los inversionistas y promotores de las ciudades startup que entrevisté en los Estados Unidos creyeron que sus proyectos no estaban inexorablemente entrelazados con el contexto de la represión y los actos autoritarios de su principal socio de negocios, el gobierno hondureño. Algunos probablemente creen en la idea de que la justificación de la zona recae en su supuesta habilidad, una vez creada, de brindar a Honduras una alternativa a su «estado fallido». Pero declarar que estos proyectos son  «más democráticas que la democracia» es infundado e ilógico. Las ZEDE deben ser entendidas como una extensión de la falta de transparencia y las violaciones que las produce.